El camino de las 56 niñas hacia la dignidad

Las 56 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción (HSVA) mueren una y otra vez. Vidas y muertes víctimas de la violencia más atroz que develan lo peor del Estado de Guatemala y de la sociedad que lo sostiene. Cuarenta y una de ellas dejaron de existir encerradas en ese cuarto de menos de 50 metros cuadrados diseñado únicamente para albergar a 26 personas. Y las 15 niñas sobrevivientes, que resultaron con heridas y cicatrices para toda la vida, cargan sobre sus espaldas el peso del estigma, la indiferencia y la impunidad.

Un 8 de marzo de 2016 para nunca olvidar. Ese día, cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos invita a reflexionar sobre los obstáculos políticos, económicos y sociales para el desarrollo integral de las mujeres, este grupo de niñas se convirtió en la constatación del irrespeto y abandono del Estado de Guatemala hacia las personas con mayor vulnerabilidad por la pobreza y la exclusión.

Recientemente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos en Guatemala (OACNUDH) presentó un informe que contribuye al esclarecimiento de la verdad sobre la tragedia en el Hogar Virgen de la Asunción. Un documento que se convierte en una pieza fundamental para entender el hecho como consecuencia de una sociedad con altos niveles de desigualdad y exclusión y de un Estado con instituciones deficientes para todo, especialmente para asegurar la vida y la integridad de la niñez y adolescencia que necesita protección.

Pero, sobre todo, el informe de OACNUDH las reconoce a ellas, las 56 niñas víctimas que fueron violentadas, abandonadas, estigmatizadas y condenadas, y que ahora, las sobrevivientes, exigen la restitución de su dignidad. No, ninguna de ellas era delincuente, ninguna de ellas había cometido ningún delito que las hiciera merecedoras de morir o de perder partes de su cuerpo como pies, manos, dedos o párpados. Ninguna de ellas merecía eso.

Sin embargo, en Guatemala, en donde la desigualdad, la exclusión y el racismo es parte de la normalidad, se ha posicionado una serie de valores que criminaliza y condena la pobreza. Y así funciona el Estado. En vez de atender de manera integral a los niños y las niñas que requieren protección, se les trata como delincuentes. Y la sociedad, ahora con mayor ímpetu a través de las redes sociales, hacen eco de esta manera distorsionada de concebir la realidad.

El informe de OACNUDH señala que “la infraestructura y las condiciones de vida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción eran inadecuadas para su propósito de acogimiento y protección a niñas, niños y adolescentes. Su diseño se asemejaba más a un centro de reclusión para privar a niñas, niños y adolescentes de su libertad, con muros altos, un portón de entrada resguardado por agentes de seguridad privada y ventanas con rejas”.

Una cárcel para vigilar y controlar a quienes necesitaban del abrigo que no encontraron en su entorno familiar, ya sea por la violencia o por las condiciones de pobreza que genera la desigualdad y la falta de oportunidades. Tratadas como delincuentes, la voz de las niñas nunca fue escuchada. Denunciaron hacinamiento y malas condiciones de vida, violencia, trata de personas y explotación sexual. De hecho, seis de las denuncias sobre la situación del HSVA fueron sido presentadas ante al Ministerio Público por varias de las niñas que murieron ese 8 de marzo.

Pero el Gobierno no puso atención ni hizo ningún esfuerzo por cambiar y fortalecer el sistema de protección a la niñez, pese a las denuncias de las niñas víctimas del HSVA, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de la preocupación expresada por OACNUDH. Las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las niñas, niños y adolescentes del HSVA llegaron tarde, cuatro días después de la tragedia.

Por ello se entiende que durante la noche del 7 de marzo de 2016 las niñas decidieran huir de un lugar en donde se les maltrataba. Pero el Estado actuó nuevamente bajo la lógica de la represión y de la violencia. Las persiguió y detuvo, las concentró por más de nueve horas frente al edificio, las encerró con candado en un cuarto más pequeño que el lugar en donde concentraron a los niños, les impidió ir al sanitario y las obligó a evacuar sus necesidades en el mismo espacio en donde debían consumir sus alimentos y luego, cuando sus cuerpos eran abrasados, desoyó sus gritos de auxilio.

La violencia y la muerte como respuesta ante la vulnerabilidad que generan una sociedad injusta y un Estado que no garantiza oportunidades de desarrollo y de una vida digna para toda su población. La deuda con las 56 niñas del HSVA se saldará con la investigación, juzgamiento y sanción por los eventos del 7 y 8 de marzo de 2016 y con la implementación de medidas de reparación digna e integral para las sobrevivientes.

Pero fundamentalmente, con los cambios institucionales y estructurales para garantizar que ningún niño, niña o adolescente bajo la protección del Estado sea víctima de cualquier tipo de acto de violencia. Mientras tanto, las 41 niñas del HSVA seguirán muriendo, una y otra vez, ya sea por la estigmatización o la impunidad; y la recuperación de las 15 sobrevivientes se hará imposible. El camino, imperativo, es hacia la dignidad.