Un país pequeño con grandes niveles de conservadurismo, debate el tema en todos los niveles sociales, en radio, prensa, televisión, en los cafés y a lo interno de las familias.
Enrique Jelenszky es un admirado abogado panameño quien está casado desde hace 9 con John Winstanley. Enrique, quien actualmente reside en Sudáfrica, en donde se reconoce su matrimonio, viaja comúnmente vía el Reino Unido, país de procedencia de su esposo, como persona casada. Al arribar al suelo panameño se le considera soltero. En su país de origen, Panamá, así como sería en todos los países de Centroamérica, persiste la negativa de reconocer el derecho a la institución civil del matrimonio a las parejas del mismo sexo.
A esta valiente primera pareja le acompaña una segunda, conformada por el panameño Álvaro López-Levy y su esposo Kenneth Gilberg quien es estadounidense. Ambos casos se encuentran actualmente en discusión ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en donde se pide la inconstitucionalidad de las leyes que establecen que el matrimonio sólo es entre “un hombre y una mujer” o bien directamente prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para unos el caso es complejo, sobre todo para aquellos con concepciones religiosas con respecto al homosexualismo, pero para quienes hemos trabajado en los casos y nos basamos en derecho, es un claro caso de discriminación hacia un grupo específico de la sociedad. La Constitución de Panamá no prohíbe las uniones entre parejas del mismo sexo, más aun, el país cuenta con una larga trayectoria de compromiso con los Derechos Humanos de todos, así como el irrestricto respeto a los acuerdos y tratados internacionales. Por ende, nuestro reclamo se fundamenta también en esos acuerdos, basándonos en la protección que nos da la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por todos los países del hemisferio, que prohíbe cualquier tipo de discriminación y en el desarrollo hecho por la Corte Interamericana quien ha establecido en reiterados casos que no puede haber discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. El negar acceso a la institución y protección del matrimonio civil es una directa violación del principio de no discriminación al fundamentarse en una retrógrada estigmatización de las personas LGBTI basada en la orientación sexual.
Este caso es sumamente importante no sólo para el desarrollo social de Panamá y el fortalecimiento del sistema derechos humanos, sino también para la región centroamericana, que es la región americana junto con el Caribe, con los peores índices de violencia y discriminación contra las personas con orientación sexual diversa. Si bien somos una región en donde ya no existen las leyes anti sodomía (siendo Panamá el último país de Latinoamérica en despenalizarla en 2008), lastimosamente se registran graves niveles de violencia y discriminación y hasta sistemáticos asesinatos de personas LGBTI, especialmente mujeres trans, en países como Honduras, Guatemala y el Salvador, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Más del 70% de los ciudadanos del Continente Americano vive en un territorio donde se permiten las uniones entre parejas del mismo sexo. Argentina fue el primer país en legalizarlo, seguido en Suramérica por Brasil, Uruguay y Colombia y con actuales significativos avances en Chile. Es legal en Canadá, Estados Unidos y México, por ende en toda Norteamérica y en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico, territorios de Francia y los Países Bajos, representando al Caribe. Centroamérica es entonces la única subregión americana donde en ningún país se aceptan las uniones entre parejas del mismo sexo.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá tiene en sus manos una decisión histórica para sus ciudadanos y para el concurso de naciones centroamericanas, en donde Panamá, siendo un referente del desarrollo económico de la región, puede también convertirse en un referente de inclusión y diversidad, cimentado en el respeto a derechos fundamentales de todos sus ciudadanos sin distinción.
Debemos ser realistas en que el desarrollo social de nuestros pueblos llevará su tiempo en el tema del matrimonio igualitario, pero está en manos de personas con poder de toma de decisiones el corregir una larga historia de estigmatización a las personas LGBTI. Hemos avanzado, con grandes retos, en temas de derechos de las mujeres, personas afrodescendientes y pueblos originarios, pero no podemos continuar la invisibilidad al legítimo principio de igualdad ante la ley que se reclama.
Yo soy panameño, mi abuela era Guatemalteca y conservo mucha familia en Guatemala. He tenido la oportunidad de estudiar y trabajar con personas de todos los países de Centroamérica, he visitado también casi todos esos países y, si bien todos tenemos nuestras diferencias e identidades, compartimos ese sentido de país pequeño, de vida en familia, amabilidad, de recibir con los brazos abiertos, por lo que me niego a aceptar que seamos una región que rechace un cambio generacional irrenunciable. Tenemos la oportunidad y el deber como personas preocupadas por el desarrollo y bienestar de nuestras sociedades de impulsar la igualdad, el amor y la justicia. Animo a los defensores de derechos humanos, progresistas, jóvenes y en fin todo aquél que desea apoyar al movimiento de Derechos Humanos, a monitorear y apoyar el caso panameño y que podamos ser una humilde pero poderosa inspiración para que en la región centroamericana seamos todos iguales.
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