Por otro lado, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) señala que el tráfico de especies silvestres es la segunda causa de pérdida de biodiversidad, antecedida sólo por la destrucción de hábitat. Y advierte que la aves son el principal blanco de los traficantes. Dos ejemplos son la extinción de la guacamaya verde (Ara militaris) en Guatemala y el estimado de tan sólo 300 guacamayas rojas (Ara macao) en libertad.
Se estima que ocho de cada diez animales silvestres que se sacan de su hábitat para traficarlos, mueren antes de alcanzar su destino. Para esto, los traficantes realizan una serie de acciones que pueden ir desde asesinar a la madre para robar a las crías, drogar a los animales y ocultarlos en los motores para su traslado hasta pintarlos para exhibirlos y hacerlos pasar por otra especie. Cuando se logra su decomiso el proceso para rehabilitarlos y reintroducirlos puede ser largo y costoso, pero esto es en el mejor de los casos, ya que muchas veces ya no es posible regresar a los individuos al medio natural. Un ejemplo de este trabajo puede ser el realizado por la Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre (Arcas).
En el informe mundial de delitos contra la vida silvestre (2016) de las Naciones Unidas se indica que el comercio ilegal podría reducirse si cada país prohibiera, en legislación nacional, la posesión o negociación ilegal de vida silvestre. También establece que es necesario fortalecer la investigación y monitoreo para utilizarlos como base para las políticas de conservación y estrategias de cumplimiento. El informe también señala que debe mejorarse la asistencia técnica y financiera para fortalecer la justicia penal en cuanto a las respuestas ante los delitos contra vida silvestre, así como la implementación de medidas para prevenir y para combatir la corrupción, las cuales puedan abordarse entre investigadores de vida silvestre, guardaparques y otros funcionarios.
En Guatemala, el artículo 82 de la Ley de Áreas Protegidas (decreto 4-89) ya establece sanciones con prisión de cinco a 10 años, y multas entre Q10 mil a Q20 mil, por transporte, intercambio, comercio o exportación ilegal de vida silvestre. Sin embargo, la falta de recursos, la corrupción e impunidad, entre otros factores que también afectan en otros ámbitos en el país, no permiten que las medidas preventivas y de respuesta sean eficientes en muchos de los casos.
A principios de año, agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) y de Conap rescataron un quetzal (Pharomachrus mocinno) en un centro comercial de la zona 16 de la capital que luego entregaron al Zoológico La Aurora para evaluarlo y rehabilitarlo. Sin embargo, el ave falleció y el diagnóstico fue desnutrición crónica.
Si tomamos en cuenta la distribución natural de esta especie, que habita bosques nubosos, la explicación más lógica es que lo tenían como mascota, es decir, fue víctima del tráfico de vida silvestre. Además, esta especie tiene hábitos y requerimientos nutricionales específicos que, como resultado de su cautiverio, no los cumplieron. Al igual que otras especies en nuestro país, el quetzal está amenazado por la reducción de su tamaño poblacional a causa de la cacería, el tráfico ilegal y la pérdida de su hábitat.
En un país donde cinco de cada diez niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica (afectando al 80 por ciento de niños indígenas), es irónico cómo la muerte de un ejemplar de nuestra ave nacional viene a recordarnos la realidad nacional. Esta muerte encierra ejemplos de corrupción, incumplimiento de ley, desnutrición e indiferencia. En este país estamos matando hasta al ave nacional, ¿existe alguna ironía más grande que esa?
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