En junio de 2013, Ortega proclamó con bombo y platillo que habíamos llegado a la “Tierra Prometida”, cuando otorgó a un oscuro empresario chino, Wang Jing, y a la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND), una concesión canalera lesiva de la soberanía nacional a través de la ley 840.
La ley Ortega-Wang no solamente entregó a Wang Jing la totalidad del territorio nacional para la presunta construcción del canal, sino que le otorgó plena discrecionalidad para desarrollar o transar una decena de megaproyectos, urdidos en un esquema de negocios deliberadamente especulativo.
Según las promesas de Ortega, el gran canal interoceánico se debería inaugurar a finales de este año, y en su construcción a estas alturas ya se habrían creado 250 mil empleos, y la economía estaría creciendo desde el año pasado entre un 12% a un 15% anual. Así está escrito en los planes oficiales que anduvieron promoviendo por el mundo el delegado personal de Ortega ante Wang Jing, su hijo y operador de negocios Laureano Ortega Murillo, y el ministro Paul Oquist, vendedor de ilusiones del régimen.
La realidad de este cuento chino, como todo mundo sabe, es que Wang Jing se desapareció desde hace tres años, su empresa nunca excavó una pulgada de tierra, ni pudo reunir la décima parte de los 50,000 millones de dólares de inversión en seis años, por lo cual, según la propia ley canalera, el Estado nicaragüense ya está facultado para abrogar esta ley sin incurrir en ningún perjuicio económico para el país. Pero eso le corresponderá al nuevo gobierno democrático y al nuevo parlamento que enterrarán a la dictadura de Ortega, después de unas elecciones libres.
Mientras tanto, lo único que le ha dejado al país este megaproyecto negociado en secreto, sin ninguna transparencia, es el acto más escandaloso de corrupción de la historia nacional, en el cual el único beneficiario ha sido la familia Ortega- Murillo. Una verdadera megaestafa, que deberá ser investigada por la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Nicaragua (CICIN), una entidad supranacional que como la CICIG de Guatemala y la CICIES de El Salvador, se establecerá por mandato popular en la nueva Nicaragua.
Después de cuatro años de silencio, cuando ha quedado a la vista pública el fracaso del canal, Ortega ha intentado resucitar el muerto ante el alto mando de las Fuerzas Armadas en una patética puesta en escena, que refleja la decadencia un régimen que ya no tiene nada que ofrecer, ni siquiera a sus partidarios, porque desde hace más de 15 meses está inhabilitado para gobernar.
El anuncio de la resurrección del canal significa que la era pos Ortega ya comenzó. Porque lo que está implantado en la agenda nacional, no es el canal de Wang Jing, sino la salida de Ortega del poder y la abrogación de la ley 840 por un nuevo gobierno democrático. Y lo que estará presente en la agenda del Ejército de Nicaragua, una vez separada la cúpula que representa el general Julio Cesar Avilés, no son los planes de protección y defensa de un imaginario canal interoceánico, sino los planes de desarme de las bandas paramilitares bajo un nuevo gobierno democrático.
El único legado palpable del nonato canal interoceánico es el movimiento campesino que se organizó para luchar en defensa de sus tierras, y reivindicó la defensa de la soberanía nacional. Un movimiento autónomo, que hoy lideran los campesinos Medardo Mairena y Francisca Ramírez, y que con sus más de 100 marchas de protesta, despejó el camino de la rebelión de abril. Ese movimiento campesino que derrotó a la dictadura en la ruta canalera, en las marchas, en los tranques, en la cárcel, y en el exilio, hoy forma parte inseparable del presente y el futuro de la construcción de Nicaragua, mientras que Ortega forma parte del pasado, y será sepultado en el panteón de los vendepatrias.
Luis /
Esto es un editorial de opinión me imagino porque hay pocos datos por no decir ninguno para que sea una investigación.