Para establecer una democracia por procedimiento, Guatemala debe de alguna forma llegar a un logro que, hasta ahora, se les ha escapado a sus líderes políticos post guerra y a las presiones de la sociedad civil. Ellos deben crear un sistema político gobernado por reglas, procedimientos e instituciones más justos y transparentes.
Yo pasé varios días de la semana pasada en Guatemala, reuniéndome con gente que abarca todo su espectro político para indagar en sus opiniones acerca de la crisis política actual y su resolución. La decisión de la CICIG de señalar a Álvaro Arzú, el encumbrado enemigo y personificación del poder político y económico estaba en la mente de la gente. La caja de Pandora se abrió y todo el mundo se sintió sorprendido, tomado por sorpresa y sacudido, lo cual es entendible.
Sin embargo, para mi sorpresa, cómo pueda o no reaccionar Arzú no dominó nuestras discusiones. Eso fue más el rompehielos de cada una de mis conversaciones. La energía de la gente estaba enfocada en otra parte. Nuestras conversaciones cambiaron rápidamente a discusiones acerca de las reformas políticas y electorales. Escuché a individuos y grupos, compartirme lo que pensaban. Ellos describieron sus ideas acerca de la posibilidad de una reforma. Confesaron debates internos tensos entre sus incipientes organizaciones acerca de cómo mover hacia delante la legislación electoral y de partidos políticos. Reflexionaron acerca de lo que debían contener las reformas. Y opinaron acerca de cómo mejor participar en el proceso, abriendo y aprovechando nuevos espacios políticos.
Me sorprendieron dos dimensiones contrastantes en lo que observé. Por un lado, me di cuenta que la democracia se había puesto en marcha; por el otro, sentí que estaba siendo empujada hacia un lado.
En la parte más positiva, observé los dolores de crecimiento de la democracia. Los ciudadanos, jóvenes y viejos, urbanos y más rurales, se están organizando pública y privadamente. Están insistiendo ser escuchados y tomados en cuenta. Están utilizando métodos tradicionales de acción cívica, protagonizando protestas masivas y abriendo asambleas civiles. Acciones como éstas requieren agallas. Es difícil en una sociedad en la que actores poderosos, en este caso el Congreso y sus aliados criminales, son sordos y recalcitrantemente resistentes. Es aún más difícil cuando los adversarios son expertos en sembrar un terror que recuerda un conflicto armado demasiado cercano que permanece bordado en la memoria colectiva.
Y, aún así, está sucediendo. Conversaciones como las que tuve la semana pasada, casi nunca ocurrían hace una década. Hace cinco años, algunos ponían énfasis en la necesidad urgente de una reforma electoral y de partidos políticos, o recordaban la urgencia de completar el proceso de paz, aprobando finalmente las reformas constitucionales prometidas. Estas conversaciones también tendían a suceder en voz baja, a través de mensajes encriptados o detrás de puertas cerradas. Y conferían un mensaje de impotencia y de pesimismo. Había poca esperanza de empujar de verdad una agenda semejante.
Ese ya no es el caso. Casi todas las personas con las que me reuní me confirieron vitalidad y urgencia: ellos miran este como un momento que es suyo para aprovecharlo. Ellos intuyen que no tenía más opción que actuar. Y si no empujan y lo hacen fuerte, los “malos” van a ganar y la política de corrupción y criminalidad va a prevalecer. Ellos ya no sienten la necesidad de hablar en susurros o en clave. Nos reunimos en cafés, bares y restaurantes. Nos enredamos en debates en voz alta y escandalosa acerca del camino político más viable para avanzar. Ya no importó quién escuchara, ni siquiera miramos a nuestro alrededor. De hecho ellos hablaron alto y claro, aprovechando cada ocasión para asegurarse que sus voces de cambio fueran escuchadas.
Ellos saben que su batalla apenas está comenzando. Ellos necesitan reconciliar las divisiones internas acerca de cómo proceder. Todavía están averiguando qué pedir, qué tanto empujar y cuándo llegar a un acuerdo. Los participantes en movimientos cívicos nacientes están involucrados en debates acerca de si vale la pena y cómo convertirse en un partido político. Esto está forzándolos a confrontar con el dilema más difícil al que se enfrenta la sociedad civil en el contexto de las transiciones democráticas. ¿Se cambian de protesta a propuesta? ¿Deberían hacerlo? ¿Pueden cambiar de tácticas organizativas disruptivas a formular ideas constructivas que informen la toma de decisiones políticas? ¿Es el momento de cambiarse de la calle a los corredores institucionales del poder? ¿Qué hay que ganar? ¿Qué hay que perder?
También observé cómo se plantaron las semillas de lo que podría generar la inclusión de lo que históricamente ha eludido a los proyectos políticos guatemaltecos. En los casos más prometedores, ambos Justicia Ya y un grupo emergente de empresarios del sector privado, La Cantina, me transmitieron un entusiasmo por acercarse a las comunidades en el interior para formular y avanzar una visión verdaderamente nacional de la reforma y el desarrollo político y económico. Aún más alentador es que no están acercándose a este proyecto con nociones, agendas o respuestas preconcebidas. Ellos quieren escuchar, aprender y aliarse.
Al mismo tiempo, me preocupa sin cesar que el proceso de la reforma electora y de partidos políticos está siendo estructurada por tecnócratas. Hasta cierto punto, esto es normal, natural y necesario. El proceso legislativo requiere el tipo de experiencia que pueden proporcionar los mejores abogados y tecnócratas.Pero también existe un riesgo real que las discusiones se vuelvan demasiado técnicas, ignorando los cinco principios democráticos que son los ingredientes clave de la democracia procedimental. Éstos, enunciados y explicados brevemente más abajo, deben guiar el trabajo en las siguientes semanas.
La democracia política requiere de un proceso electoral verdaderamente libre, justo y competitivo. Las discusiones acerca del financiamiento y acerca de bajar las barreras de entrada para partidos políticos nuevos pertenecen con justa razón bajo este rubro democrático. ¿Por qué? Porque en una democracia política, las elecciones tienden a representar la mejor, sino la única oportunidad para que todos los ciudadanos puedan expresar de la misma forma su voz política. Cuando ciertos actores tienen más influencia que otros, los resultados electorales son injustos y están contaminados. Y cuando las voces de los votantes están severamente circunscritas, entonces las elecciones pierden el examen democrático.
La representación constituye el segundo ingrediente clave. Las discusiones acerca de barreras de entrada y la lluvia de ideas acerca de hacer distritos, por ejemplo, son integrales para asegurar la representación democrática. El concepto de la democracia representativa pertenece a la era moderna. El cambio de la democracia directa asociada con la Atenas Antigua, al modelo contemporáneo de democracia representativa ocurrió por una razón. La población creció tanto y los individuos se volvieron demasiado ocupados como para ir a la plaza central de forma regular y debatir las cuestiones políticas del día. Como resultado, la sociedad le confió el trabajo de gobierno a políticos profesionales electos por un grupo de votantes. Pero con una salvedad y un compromiso. A los políticos se les otorgaban los derechos y responsabilidad de gobernar, pero con una condición. No podían hacer lo que les placiera. Se les requería legislar en formas que representaran las demandas y necesidades de aquéllos que los habían electo.
La responsabilidad es un tercer componente básico de la democracia procedimental. Las democracias necesitan atrincherar mecanismos que puedan meter las manos de los oficiales electos al fuego. Los oficiales electos deben entender las consecuencias políticas y legales de ignorar a sus representados o de quebrantar la ley. Deben encarar un prospecto real de perder la reelección o de ser retirados de sus cargos. La inmunidad y la impunidad son antiéticas, tanto para la representación como para la responsabilidad.
La igualdad política representa el cuarto principio. Este es un de dos elementos democráticos que generan el mayor grado de debate entre los pensadores democráticos. Para un grupo de demócratas, muchas veces etiquetados como demócratas substantivos, la igualdad política requiere realizar una agenda de gobierno dedicada a disminuir las graves desigualdades sociales y económicas. Si esto no se puede lograr, exponen los demócratas substantivos, entonces ciertos individuos siempre van a ostentar más poder sobre otros, distorsionando así las dimensiones electorales y representativas de la democracia.
La democracia política que está en este momento sobre la mesa de negociaciones en Guatemala, pide menos. Sólo insiste en la igualdad política - que se les conceda a todos la misma oportunidad justa de que sus voces sean escuchadas. Depende de los resultados electorales y del proceso político representativo resultante, que se decida si y cómo introducir (o no) cambios que pudieran aplanar el terreno de juego. Para los demócratas procedimentales, la desigualdad política da a luz a más igualdad de forma incremental.
Asentir o consentir es una quinta característica de la democracia política. Deben haber mecanismos implementados para que los ciudadanos puedan opinar en el proceso político. Aquí también difieren los pensadores democráticos acerca de cuánta participación es necesaria. Para los demócratas participativos, el aporte ciudadano debe ser regular y constante.
Para los procedimentalistas puros, en cambio, un proceso electoral justo, competitivo y transpartente, aunado con mecanismos representativos, es un medio suficiente para garantizarles a los ciudadanos su participación política.
En el actual clima político guatemalteco de recelo popular y completa falta de confianza en el sistema de partidos políticos y los oficiales electos, pueda ser necesario que se mezclen las dos formas. Los ciudadanos con los que me reuní claman por más que sólo el voto. Ellos quieren poder decidir acerca de cómo diseñar un sistema que en el que puedan confiar y quieren monitorear su implementación.
Sexto y final, el gobierno democrático prodecimental descansa sobre dos tradiciones clave: el gobierno de la mayoría combinado con el respeto por los derechos de las minorías. Estos son principios antiguos que sirven a las metas electorales, representativas, de responsabilidad y basadas en el consentimiento de la democracia. El gobierno de la mayoría hace posible que se logren cosas, sin pasar atropellando los derechos de las minorías. Las democracias políticas deben encontrar formas de cuidarse contra lo que los filósofos políticos John Stuart Mill y Alexis Tocqueville describieron como la tiranía de la mayoría, sin caer en la trampa alternativa de facilitar la tiranía de la minoría que destaca James Madison en los tratados Federalistas.
Entonces, ¿eso en dónde nos deja? Los guatemaltecos que me expresaron sus esperanzas y sueños la semana pasada, tienen ideas diferentes del país que quieren construir y cómo hacerlo. Sin embargo, también ofrecen en común, el sentido de urgencia en desmantelar el imposiblemente contaminado status quo y reemplazarlo con una democracia política que funcione. Son francos, están ansiosos de participar y están determinados a que se les escuche. Están dispuestos a confiarles algo del trabajo a los tecnócratas, pero no sin supervisión ciudadana y no a expensas de poner en práctica una democracia procedimental que se aproxime a los ingredientes clave de la democracia procedimental. En este momento en el que los guatemaltecos se mueven tentativamente hacia la reforma, es importante recordar que hasta la versión más modesta de la democracia debe ser basada en principios y debe ser, al menos, pues democrática.
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