Se firmó la paz, pero no cambió nada
El cascarón vacío que es el Estado guatemalteco y su falta de agencia para la paz, ha implicado que en nuestro país nunca llegara a implementarse una estrategia política integral para la reconciliación. Tan necesaria para navegar las ambigüedades, complicaciones y paradojas generadas por las transacciones insatisfactorias inherentes a todo proceso negociador.
En este sentido, las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) hubieran sido un buen punto de partida. Anclar a partir de ellas un proceso social que, a medida que se avanzara en la atención a las necesidades de justicia, memoria, reparación y no repetición, facilitara un diálogo social sobre la interpretación de la historia. Que del significado de la reconciliación, surgiera un nuevo imaginario de coexistencia y unidad. Sin embargo, tan sólo cinco años después de su presentación, ya era claro que la voluntad política necesaria para tal esfuerzo no existía.
El informe de verificación de la Naciones Unidas de 2005, instó a las autoridades políticas y a las instituciones estatales a "…comprometerse sinceramente con el cumplimiento de las recomendaciones de la CEH y con los compromisos contendidos en los Acuerdos de Paz que aún se encuentran pendientes..". Una manera diplomática de declarar que esa sinceridad había estado ausente.
El mismo año, reconociendo en la convocatoria oficial que “...pese a todos los esfuerzos realizados a lo largo de los últimos años por construir la cultura de paz, la cultura de violencia continúa siendo parte de la cotidianeidad, ya que por diversos factores y circunstancias, se vive un proceso dinámico de interrelaciones sociales destructivas, con el agravante de la ausencia de formas pacíficas capaces de transformar los conflictos o políticas institucionales que los atiendan...."se llevó a cabo un proceso participativo, en el que funcionarios de gobierno y miembros de la sociedad civil elaboraron por consenso, una política pública como marco de acción para atender los retos de la reconciliación.
En ésta, la reconciliación fue definida como “...un proceso que trasciende las relaciones entre víctimas y victimarios y que atañe a procesos sociales y que debe ser impulsado por la sociedad en su conjunto y por actores políticos gubernamentales...”y que atiende “... la capacidad de establecer relaciones de confianza entre grupos sociales que alguna vez estuvieron confrontados, por la reparación y resarcimiento de los daños, y por el reconocimiento del pasado.... [y]...orientada a recuperar la memoria histórica, a apoyar los procesos de diálogo, negociación y manejo de conflictos entre sectores confrontados y afectados, y hacia la construcción de nuevas formas de convivencia”.
El documento, concebido como una estrategia para retomar el espíritu de los Acuerdos de Paz y sus objetivos a una década de su firma, incluyó una larga lista de acciones concretas y mecanismos para atender cuestiones que iban desde la construcción de la ciudadanía participativa, el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y los pueblos indígena. Y la utilización del sistema educativo para fomentar el conocimiento y la comprensión del conflicto armado y sus consecuencias: una estrategia operativa que simultáneamente abordaba el pasado y se proponía transformar el futuro.
Y, sin embargo, el resultado fue nuevamente decepcionante: una Secretaría de Paz cuyo papel marginal en sucesivos gabinetes de gobierno evidenció, más allá de la retórica, la baja prioridad asignada a la implementación de los Acuerdos. Un ambicioso programa de reparaciones que, aunque bien diseñado, no produjo resultados claros debido a rencillas entre los grupos de la sociedad civil y recurrentes cambios de personal con cada nuevo gobierno.
Sin acciones políticas bien definidas, no hay reconciliación
Un programa nacional de capacitación sobre cultura de paz y reconciliación para sensibilizar a los funcionarios públicos cuyo impacto es cancelado por el ausencia de una acción política consecuente.
Como lo expresó la titular de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPREDEH) bajo la administración de Colom, Ruth del Valle, activista de sociedad civil que aceptó colaborar en dicho gobierno, “…el estado no ha tenido la capacidad de entender lo que es un proceso de reparación y por qué lo necesita. No es un problema de voluntad política para este gobierno. Pero es difícil de entender para el Ministerio de Finanzas y la Secretaría General de Planificación…(y)...muchos los funcionarios del gobierno no vinculan esto con el conflicto …ni con las responsabilidades de reparación”.
En realidad, veinte años después de la firma de los Acuerdos de Paz la sociedad guatemalteca no terminaba de reconciliarse. Para 2015, el país se encontraba en un momento de apogeo de tensiones políticas y sociales acumuladas: las políticas gubernamentales -o su ausencia- estaban destruyendo los pocos avances en los indicadores de desarrollo social registrados después de la firma de los acuerdos.
El conflicto social aumentaba en torno a cuestiones de cuidado del medio ambiente y explotación de recursos naturales. La confianza en las autoridades políticas se encontrabaen niveles bajísimos debido a la corrupción grotesca que afectaba a los más altos niveles de la administración pública. Y la polarización sobre el tratamiento de la pasado se profundizaba a medida que los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto avanzaban.
Era un escenario en el que el Estado aparecía como generador de la conflictividad social por omisión, resultante de la ausencia de políticas públicas en la materia y la incapacidad de la institucionalidad estatal para atender necesidades básicas de desarrollo en la sociedad.
De un estado ausente a un estado partícipe de la corrupción
Pero de una responsabilidad por omisión el Estado pasó a ser responsable por comisión, en el marco de los procesos judiciales por corrupción abiertos por el Ministerio Público contra las redes de corrupción que involucran a políticos y empresarios de todo nivel. Tras el enjuiciamiento del entonces Presidente Otto Pérez Molina, la entonces Vice-Presidenta Roxana Baldetti y un buen número de funcionarios de su gobierno, Alejandro Maldonado Aguirre asumió la Presidencia de la República en una gestión interina marcada por dos objetivos mínimos: permitir la celebración de los comicios electorales que ya estaban programados, y mantener el funcionamiento de la administración en tanto asumía un nuevo mandatario electo popularmente.
Las elecciones, marcadas por la crisis política y la lucha contra la impunidad y la corrupción, se caracterizaron por un fuerte rechazo a los partidos políticos tradicionales. El orden político clientelar establecido a partir de 1996 fue rebasados por un espíritu ciudadano de repudio a los ‘políticos tradicionales’ que, junto con una dinámica judicial que comenzaba a revelar sus corruptas componendas, allanó el camino a la victoria a un partido recién creado y desconocido, y la elección a la presidencia de un candidato improbable cuyo único mérito era su anonimato político, y su única virtud (autoproclamada) el no ser “…ni corrupto ni ladrón”.
El nuevo período presidencial comenzó con un mandatario electo por efecto de la oleada de protesta social anticorrupción y anti-impunidad, una clase política en su gran mayoría clientelar y corrupta arrinconada por una ciudadanía activa y una coalición cívica emergente, y un sistema judicial que, aunque con limitaciones y deficiencias, finalmente comenzaba a dar muestras de poder funcionar como corresponde en un estado democrático de derecho. La lucha contra la corrupción y la impunidad parecía convertirse en un nuevo espacio de convergencia dentro de la sociedad: un nuevo ‘consenso moral’ más allá de posicionamientos ideológicos, sociales y culturales,que se perfilaba como vector para una conciliación / reconciliación hasta entonces esquiva.
Pero los eventos se desarrollaron en el sentido contrario: al jalar la frazada de la impunidad comenzaron a quedar al descubierto las estructuras, las modalidades y los arreglos de una corrupción extendida que involucraba a actores en los distintos ámbitos de la sociedad,y que había sido ‘normalizada’ por décadas de práctica consuetudinaria.
De aplaudir el castigo a la venalidad de una clase política desvergonzadamente avorazada durante las jornadas del 2015, actores empresariales que habían sido sus socios comenzaron a considerar excesivo un celo judicial que comenzaba a revelar su propio involucramiento en corruptelas vergonzantes.
Dentro del Ejecutivo, lo que inicialmente pareció ser un respaldo presidencial tácito del Presidente Jimmy Morales a la colaboración entre el Ministerio Público y la CICIG, se convirtió en un rechazo explícito al descubrirse el involucramiento de su hermano y su hijo en una operación que, no obstante su poca monta, tuvo una enorme cobertura mediática acarreando el correspondiente costo político, situación que los novatos asesores del Presidente no supieron manejar.
Y lo que apuntaba a una coalición cívica emergente alrededor del esfuerzo anticorrupción, comenzó a desgranarse con actores políticos y empresariales que migraron hacia la constitución de lo que la opinión pública ha llamado un ‘Pacto de Corruptos’, en el que convergen actores que se rehúsan a asumir las consecuencias de actos pasados, con aquellos que están decididos a utilizar la corrupción como mecanismo de cooptación y captura del Estado.
No se trata únicamente que una coalición perversa de tal naturaleza plantee nuevos obstáculos al surgimiento del ‘consenso moral’ necesario para fundamentar la coexistencia pacífica en la sociedad, sino que de manera intencional y aviesa fomenta la polarización social y política, intentando convertir la lucha contra la impunidad en expresión de oscuros ‘intereses internacionales’, y a la CICIG como instrumento de un complot político que atenta contra la soberanía nacional.
Como el cangrejo: de vuelta al autoritarismo
El recurso a un discurso deslegitimador no es nuevo; desde la firma misma de los Acuerdos de Paz han existido actores vociferantes que se han negado a abandonar las trincheras mentales de la Guerra Fría, interpretando cualquier proceso de transformación política y social en categorías y términos que ya dejaron de tener sentido nacional e internacionalmente.
Pero esta vez, este trasnochado intento de re-funcionalizar el maniqueísmo ideológico no proviene de sectores políticos marginalizados, sino del corazón mismo del Estado. Las autoridades políticas en los organismos Ejecutivo y Legislativo han asumido la lucha ‘anti-CICIG’ y su narrativa polarizante como eje central de su gestión, desplegando una campaña destinada a expulsar, o en su defecto maniatar la capacidad de acción de la Comisión, recurriendo a acciones arbitrarias que a menudo rayan en la ilegalidad.
Paralelamente, han comenzado a implementar acciones destinadas a restablecer un imaginario de seguridad autoritario, desmantelando las transformaciones institucionales que, en el marco de las concepciones de Seguridad Democrática, venían realizándose en el país con anterioridad a la firma de los Acuerdos de Paz: el regreso a la Guerra Fría.
Desde los primeros momentos del esfuerzo por encontrarle salida política al enfrentamiento armado interno, hasta más de dos décadas después de que los Acuerdos de Paz fueran firmados, el concepto de reconciliación que se maneja en el discurso público ha sido cambiante, y su implementación esquiva.
De la reconciliación como condición previa para las negociaciones políticas y las vagas nociones de convivencia pacífica que guían los acuerdos, a los conceptos contrapuestos y controversiales mediante los cuales la sociedad lidia con el legado del conflicto armado; y de los marcos institucionales -leyes, instituciones y políticas- que proporcionan orientaciones que en la realidad no se aplican, a la reaparición de un discurso estatal disgregador y polarizador con las actuales autoridades políticas.
La sociedad guatemalteca no termina de encontrar su ruta a la co-existecia pacífica -reconciliación y conciliación al mismo tiempo- debido a la ausencia de un Estado que asuma la responsabilidad de mediar entre las diferentes necesidades, intereses y percepciones que son inherentes a toda sociedad.
Un Estado que opere con el claro propósito de facilitar el surgimiento de una visión compartida e incluyente, que cimente una coexistencia pacífica y permita el cierre permanente de los ciclos de violencia y coerción que han caracterizado nuestra historia. Durante dos décadas, esta situación se explicaba por la combinación de desinterés e incapacidad de sus elites políticas. Hoy, por la integración de sus más altas autoridades en la defensa activa de la impunidad y la corrupción. La reconciliación ha pasado de ser una aspiración esquiva a un objetivo que se aleja.
Hay luz al final del túnel: redes de liderazgo y rescate del Estado
En estas condiciones, restablecer la coexistencia pacífica como objetivo realizable de la sociedad guatemalteca requerirá fortalecer la agencia social para la reconciliación, mediante el establecimiento de "coaliciones" intersectoriales que atraviesen las divisiones entre los diversos grupos y sectores sociales y entre el sistema político y la sociedad, integrándolas en redes capaces de construir consensos y ejercer el liderazgo imprescindible para movilizar el sistema en una acción transformadora eficaz.
No se trata de capacidades que nos sean totalmente ajenas. A pesar de sus insuficiencias y limitaciones, las transformaciones gestadas en el marco de los procesos de democratización y de paz de las últimas tres décadas permitieron la emergencia de nuevos liderazgos sociales. Enfrentándose a las incompetencias del sistema político y de la institucionalidad estatal, estas expresiones de la sociedad civil han sido acicate de la acción estatal y en algunos casos, gestoras ellas mismas, de la mayoría de los avances que se han registrado en los distintos órdenes de la agenda pública: en la seguridad, en la salud, en los derechos de las mujeres, en el desarrollo comunitario, etc.
Pero también explican cómo, en ausencia de un estado capaz y decidido, los guatemaltecos hayamos sabido evitar, incluso en el contexto de crisis de gobernabilidad profunda como las del Jueves Negro en 2003 y las jornadas de protesta cívica del 2015, el recurso a la violencia política que hubiera restablecido los ciclos de violencia represiva / violencia reivindicativa que han sido recurrentes en nuestra historia. Pero las capacidades que alcanzaron para avanzar a pesar de las debilidades y contradicciones del "estado ausente" son insuficientes para enfrentar al "estado disociador".
La capacidad de prevenir el deterioro político y social que se plantea hoy a partir de la cooptación del Estado por el ‘Pacto de Corruptos’ pasa por dos condiciones. La primera es el desarrollo de liderazgos con capacidad de tender puentes que atraviesen divisiones sociales, culturales y políticas para unificar esfuerzos en aras de objetivos compartidos. Liderazgos capaces de trascender el discurso disociador y la polarización artificial que se ha creado en torno a la lucha contra la impunidad y la corrupción, y las dinámicas de fragmentación y desconfianza que han fraccionado a la sociedad civil limitando su capacidad de acción conjunta.
Liderazgos capaces de acometer de manera colaborativa la construcción de una agenda verdaderamente compartida para el cambio. No se trata de la negociación de un ‘pacto para la estabilización’, en el cual la coexistencia pacífica se condiciona a la renuncia a las demandas de un cambio que es necesario en todos los órdenes de la vida pública, defendiendo un orden establecido que solo funciona en beneficio de los sectores elitarios tradicionales y emergentes.
Tampoco se trata de la gestación de un consenso político que asfixie artificialmente las diferencias politico-ideológicas que caracterizan a la gestión de lo público en una democracia. Se trata de la construcción de un auténtico "contrato social", que vaya más allá de formalidades institucionales y legalistas para fraguar, participativa e incluyentemente, los grandes consensos sociales necesarios para cimentar la construcción de una nación justa y solidaria.
La segunda es el rescate político del Estado por estos nuevos liderazgos, mediante los mecanismos y las estrategias democráticas que sean viables en el marco del Estado de Derecho. Un rescate destinado a expulsar de los espacios de control político sobre la institucionalidad estatal a las redes corruptas y criminales, y prevenir el desmantelamiento de los incipientes avances que en materia de democratización el país ha alcanzado en los últimos treinta años.
Un rescate que trascienda las debilidades e incapacidades que marcaron la voluntad de la clase política que asumió la conducción del Estado en el marco del proceso de paz, para fomentar el surgimiento de una nueva clase política que permita que el Estado se convierta en el gestor efectivo del bienestar y de la coexistencia en la sociedad, y de sinergizarla agencia social de los esfuerzos que, desde distintos sectores sociales y políticos, se llevan a cabo para promover el establecimiento de condiciones para la convivencia pacífica.
Poder infraestructural: relaciones colaborativas entre sociedad y autoridades
Este no es un Estado reducido a la maquinaria racional-burocrática del paradigma liberal occidental de raíces weberianas, y ciertamente no de un Estado que descansa en la capacidad de utilizar recursos de fuerza para imponer la voluntad de quien lo controla. Se trata de un Estado que opera fundamentalmente a partir de lo que Michael Mann ha llamado "poder infraestructural": la capacidad de fomentar y aprovechar el desarrollo de relaciones de colaboración dentro de la sociedad y entre la sociedad y las autoridades políticas, como instrumento para el cumplimiento eficaz de sus funciones.
Es el Estado concebido como la convergencia entre un liderazgo político y social que trabaja concertadamente hacia metas comunes, por encima de lo sectorial o lo comunitario, pero integrándolos a través de un marco institucional, desarrollado y legitimado colectivamente, que aprovecha la capacidad de agencia de los diferentes actores sociales -grupos, individuos, comunidades, sectores- coordinándolos en beneficio común. Es un Estado cuya fuerza no depende de su capacidad de actuar sobresociedad, sino de actuar con la sociedad.
Hoy, la reconciliación, como proceso de alcance nacional no puede depender exclusivamente de los recursos políticos y materiales del Estado. Sin la voluntad y la capacidad de agencia de la sociedad civil y las comunidades, el Estado no está en capacidad de generar las condiciones que viabilicen la convivencia pacífica, especialmente cuando sus máximas autoridades políticas integran el Pacto de Corruptos.
En este sentido, un liderazgo social para la reconciliación es una condición sine-qua-non para la transformación efectiva de las relaciones de confianza horizontales y verticales en la sociedad. Pero solamente desde el Estado, es posible generar las capacidades normativas e institucionales suficientes para mediar los múltiples y a menudo contradictorios esfuerzos que los diferentes sectores sociales emprenden, aprovechándolos para el fomento de una sociedad inclusiva en la que prevalezcan condiciones de paz, equidad, justicia, respeto y dignidad, y una democracia genuina cuyo funcionamiento esté amparado por el genuino imperio de la ley.
La recuperación del Estado por un liderazgo político capaz y democrático es, en consecuencia, la tarea más importante para viabilizar la posibilidad de una sociedad conciliada y reconciliada, en la que la existencia de intereses diversos en lo social, lo político y lo cultural no sea obstáculo para su convivencia armónica.
Este texto es parte del documento "Del posconflicto a la restauración autoritaria: el incierto camino hacia la coexistencia pacífica en Guatemala", elaborado por Bernardo Arévalo para FLACSO. Forma parte de una serie compilada de cuatro autores, sobre los desafíos de la democracia en el Triángulo Norte de Centroamérica, que serán publicados próximamente por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO, Sede Académica Guatemala.
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