Ésta es la razón por la que 20 familias regresarán a El Cambray

El calor de la tarde se vuelve insoportable fuera del albergue que se encuentra a un costado de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, a 15 kilómetros del Centro Histórico de Guatemala. Un guardia de seguridad abre la puerta y dice que no es posible entrar. “No me contestan, vayan con el jefe de albergues, para ver si les da permiso de entrar”, insiste, y cierra de golpe el portón negro que esconde otra de las tragedias que, a diario, suceden en el país donde unas 9.4 millones de personas son pobres.

En esa estructura de block cerrada, que posiblemente pasa desapercibida para todos los que recorren los alrededores, viven unas 20 familias. Todas víctimas de la tragedia de El Cambray II, para quienes la incertidumbre ya es algo normal. Luego del deslave lo perdieron todo y llegaron a ese espacio que les proporcionó el Estado: allí esperaron que, al igual que el resto, se les brindara ayuda para poder reconstruir sus vidas. Pero eso nunca sucedió y ahora, sin oportunidad para hacer algo al respecto, se les informó que pronto deben abandonar el albergue. Es definitivo, aseguran las autoridades municipales.

El albergue de las últimas 20 familias de El Cambray.

Para la municipalidad, el “jefe de albergues” con el que nos refirió el guardia no existe. Son tres las oficinas a las que debemos ingresar antes de obtener una respuesta. Es en un pequeño cuarto donde trabaja el equipo de Desarrollo Social, que alguien responde. Se llama Estuardo García y es un trabajador municipal que está asignado a Cultura y Deportes, “pero cuando pasó el deslave, me hice cargo”.

—Pero, ¿qué querés saber?— pregunta antes de contestar si es posible nuestro ingreso.
—Ver cómo está la gente, su situación, cómo se han sentido y qué harán con la situación…
—Ahora te explico qué sucede.

Para la municipalidad, la situación es la siguiente. Legalmente, sólo están obligados a brindar un albergue para los afectados por un desastre natural durante dos meses. Las personas que aún viven allí es “porque no tienen documentos legales que demuestren que vivían allí y por eso no aplicaron para que se les diera una casa o subsidio. Imaginate, a veces pasaba que una familia tenía dos hijos, cuando ellos se casaban, les daban un cuarto y vivían allí, pero no tienen papeles que los establezcan como propietarios”,

Al preguntarle al funcionario García si las personas tienen alguna opción; ya sea de recurrir a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) o la Coordinadora Nacional de Desastres (Conred), vuelve a explicar que son sólo dos meses los que deben garantizar a las personas. La fecha límite para irse de allí es el 15 de junio. A sólo unos días.

“Si no nos ayudan, nos regresamos a El Cambray”

Después de la breve conversación, antes de ingresar al albergue, debemos hacer una última visita. Esta vez a la oficina de Comunicación Social. La respuesta conseguida es concisa: “Nosotros ya nada tenemos que ver, allí depende de las personas”. Piden unos minutos de espera para informar al guardia y nos informan que podemos regresar al salón municipal, donde aún aguardan las víctimas.

Dos mil dieciséis ha sido el año más caluroso en la historia. Y dentro de ese refugio improvisado los rayos de sol penetran con más fuerza, al punto de provocar ardor en la piel.

Al atravesar el portón negro, custodiado por el malhumorado hombre que viste uniforme de la municipalidad, lo primero que se observa son cuatro muros hechos a partir de sábanas, pedazos de cartón y ropa. A un costado del ingreso, sobre una mesa de plástico, reposan algunos tambos con agua. Al fondo, sobre una tarima, un grupo de niños juega con trompos. Ríen y corren entre los pequeños callejones de esa comunidad que para el exterior no existe; se divierten sin pensar siquiera en la angustia que los mayores viven, quizá sin conocer que después de la lluvia no siempre hay un arcoiris.

El olor que emana es de encierro, de grupos de personas que hacen su vida en un espacio que nunca será un hogar. No tienen otra opción. La mayoría de personas que conviven allí son de la tercera edad; también hay niños y una madre, que unos días atrás tuvo a su hijo.

Y afuera de una de las casas improvisadas, una mujer está sentada en una silla plástica. Carga a un bebé y pide que alguien le baje el volumen al televisor que está frente a ella. Su nombre es Coralia Herrera y es una de las líderes de los olvidados, su voz y su historia se repite con las otras familias que allí conviven.

La tragedia de El Cambray II dejó más de 300 muertos y 50 desaparecidos. En 1995 y 1998 ocurrieron, por las lluvias, los primeros deslaves, las primeras tragedias. En 2001, la Conred declaró el lugar inhabitable. Empresas como la inmobiliaria Proyectos Girasoles S.A. no vieron en esto un problema. En octubre, la colonia se convirtió en un cementerio.

—Nosotros siempre sabíamos que algo podía pasar, dice Coralia Herrera. Es imposible que no caigan lágrimas de sus ojos al recordar lo que pasó ese Día del Niño hace nueve meses.

Durante 32 años, ella y sus hermanos vivieron en esa zona que, hasta el deslave, era disputada por las comunas de Santa Catarina Pinula y la Ciudad de Guatemala. Su madre, la propietaria, murió ocho días antes de la tragedia. Lo único que quedó para ella, como registro que alguna vez fue vecina de un lugar inhabitable, son unos unos recibos de compra del espacio que fue su hogar.

—Pero de nada sirven. En el Mides (Ministerio de Desarrollo Social) y la Muni me dicen que están mal, que son falsos. Yo no tengo escritura. Pero allí viví. No sé por qué nos olvidaron, si hasta personas que tenían dos meses de estar allí aplicaron para casa o subsidio. Y yo nada puedo hacer, soy de la tercera edad, ya no puedo conseguir un trabajo tan fácil, además, los alquileres de cuartos son carísimos, explica.

Durante su gestión, el presidente Alejandro Maldonado ofreció la construcción de 200 casas en una finca en el kilómetro 26.5 de la ruta a Mataquescuintla. Mientras se hacía la entrega, dijo que sacaría de los albergues a los afectados y les entregaría un subsidio para que pudieran alquilar. Pero este no fue el caso de quienes aún se encuentran en Santa Catarina Pinula; la ausencia de documentos legales, los dejó sin oportunidad alguna de recibir ayuda.

Al ver que en enero no recibían aún el subsidio, el alcalde del lugar, Víctor Alvarizaes, dijo que les permitiría estar allí hasta que fuera posible. Las ayudas municipales: comida y agua, se acabaron, y los habitantes se hicieron cargo de todo. Pero el primer aviso de desalojo llegó; la fecha, que lograron retrasar, era el 4 de junio.

—¿Y piensan tomar algún tipo de acción legal para apoyarse?
—Un grupo ahorita está en la PDH. Pero ayer fueron y les dijeron que no, que el 15 nos tenemos que ir. Es un hecho nos van a sacar. El problema es que la mayoría de personas se va a regresar, responde Carla Escobar, otra de las encargadas del albergue. —Venga, quiero que conozca a una persona, agrega.

Casi justo enfrente de la tarima, donde seguramente la municipalidad realiza actividades oficiales, en uno de los cuartos construidos a partir de sábanas, hay una mujer veinteñera que sostiene a un recién nacido entre sus brazos.

Catarina Camacho es la persona a quien la líder Carla Escobar quiere que conozca. Es otra de las personas que la encargada del albergue considera que no pueden sacarlas porque son población vulnerable. “Una es una madre, y otras son personas de la tercera edad”. Ella, antes de la tragedia, se dedicaba a la venta de tamales, y tostadas; luego, por su embarazo, dejó de trabajar.

Y sucedió la tragedia.

Su hijo nació hace seis días. Vivió durante dos años en El Cambray. Los únicos registros que le quedan son fotos de su casa. Por eso no aplicó al subsidio, ni a la entrega de la casa en la colonia que el expresidente Maldonado llamó “Familia Querida”. Su familia está olvidada, en un albergue que debe desalojar.

—¿Y qué harás ahora que la municipalidad informó que deben irse?
—Yo no puedo pagar un cuarto, ni una casa. Voy a tener que regrasarme a El Cambray y esperar que no vuelva a pasar.

—¿Aunque lo hayan declarado inhabitable?
—¿Y qué más puedo hacer?

Catarina recuesta a su bebé en la colchoneta sobre la que está sentada. Se seca las lágrimas y se despide. Caminamos hacia la salida, donde abre la puerta el guardia. En la entrada, hay un comunicado que dice que el 15 es el último día que tienen para habitar el salón municipal. Al fondo, suena el llanto de un bebé.