El año que ganó una de las clicas

La pelea de territorio entre las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, las más violentas de Centroamérica, marcó el alto índice homicida de Paraíso II entre 2009 y 2010, según fuentes de la Fiscalía contra la Extorsión y de la PNC. Sólo esos dos años hubo 104 asesinatos, más muertes que los seis años siguientes en conjunto, que fueron 99. Así sucedió en casi todo el área metropolitana: eran años en que los pandilleros se mataban entre ellos. Y que los policías mataban pandilleros.

En 2009, la zona 18 se convierte en área prioritaria para la investigación de homicidios de Policía Nacional (PNC) y Ministerio Público (MP). Así lo confirman fuentes de ambas instituciones que trabajaron en la creación de la primera unidad conjunta de Delitos contra la vida. No fue sino hasta 2008, cuando la ex secretaria general Gloria Porras y el ex fiscal interino Amílcar Zárate llegaron al MP y el ex ministro Carlos Menocal, a Gobernación, que las instituciones empezaron a trabajar juntas para investigar. Antes de esto, la PNC y el MP funcionaban sin coordinación.

Aunque el MP tenía desde 2004 la Fiscalía de Delitos contra la vida para investigar homicidios, es hasta 2009 cuando junto al Departamento de Investigación de Delitos contra la Vida de la PNC, creado ese mismo año, que juntos diseñan un plan contra los homicidios realizados por pandilleros del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

Durante dos años se enfocaron en entender qué pasaba con las pandillas y es a partir de 2011 cuando deciden enfocarse en las muertes violentas cometidas en el departamento de Guatemala. Sus investigaciones se basan en escuchas telefónicas que usaban como prueba en las acusaciones.

En 2011, en el Paraíso II, ya bajo control de la clica Crazy Gangster, del Barrio 18, el foco fueron los asesinatos por extorsión, sobre todo a pilotos de bus, como en el resto de la ciudad. Cuando la gente empezó a pagar de manera constante, los asesinatos bajaron. La zona 18 es literalmente zona de los 18, sólo la colonia San Rafael II, está dominada por la Mara Salvatrucha.

Durante el primer semestre de 2012, según consta en decenas de expedientes de aquellos años a los que tuvo acceso Nómada, el plan se basó en investigar aproximadamente 700 homicidios que se vinculaban entre sí por indicios balísticos, testimonios y escuchas telefónicas. La conclusión fue que de esos casos, cerca del 70% era de estructuras pandilleras.

Eso permite sustentar las imputaciones fiscales y lograr las primeras sentencias judiciales golpeando directamente en la estructura de las pandillas. El Limón, Las Alamedas y Los Paraísos son, entre otras, en zona 18, colonias de Ciudad de Guatemala donde hubo investigación policial, fiscal y sentencias condenatorias. Hubo decenas de allanamientos y detenciones, en todos los casos con acompañamiento de personal del ejército.

La cancha sin fútbol y la historia del barrio

"La disminución del 84% de homicidios no es sinónimo de tranquilidad.

Seis años lleva en su cargo el alcalde auxiliar de la zona 18. Mauricio Soto está consciente de la presencia de las pandillas, pero limita sus funciones a su pura competencia: las actividades sociales y culturales que realiza para suavizar la violencia, como el cine itinerante al aire libre. Recibe información del Ministerio de Gobernación, pero decide no procesarla: “Tenemos información de que [las pandillas] siguen operando en el lugar, yo no puedo decir que ya no existen ni cuántas existen porque a eso no llego, pero el problema está”.

El problema está.

A la izquierda de la cancha donde el fotógrafo estuvo 4 minutos, desde lo alto de un cerro, se mira una parte de Paraíso II, donde los jóvenes llevan dos años sin jugar fútbol. Los vecinos lo conocen como Las Casitas, por lo pequeñas que se miran desde el cerro. El nombre del sector es 3C. Cuatro meses antes, en la mañana del 21 de abril de 2017, un centenar de casas del 3C aparecieron marcadas con una equis.

En cada casa marcada había una carta con una exigencia de pago de Q1,500 (US$200). Los vecinos decidieron organizarse por primera vez para patrullar las calles cada noche contra la pandilla que los extorsiona. Sólo una vecina anónima, que apoya a los vecinos con comida y café, accede a hablar.

Catorce grupos se dividen desde abril para patrullar entre las nueve de la noche y las cuatro de la mañana con gasolina, palos y piedras. Unos días antes, recuerda la vecina, un muchacho de 13 años, una mujer y otro niño le dejaron un celular a la dueña de una tienda. Era el primer aviso. Los vecinos pintaron sobre las equis y no pagaron la extorsión, pero la vecina dice que la filosofía colectiva ahora en Las Casitas es: marero visto, marero muerto. Desde abril, hay más policías de día en el barrio, agrega.

Más de 20,000 personas murieron en el terremoto de 1976 en Guatemala, en especial en el Altiplano indígena. Más de 200,000 murieron en la contrainsurgencia entre 1978 y 1985, en especial en el Altiplano indígena. Miles de sobrevivientes del sismo y de la época de las masacres militares se mudaron a la zona 18. Algunos ocuparon tierras y otros compraron lotes, como sucedió en el Paraíso II, que fue concebida como una colonia financiada por el extinto Banco de la Vivienda, gubernamental, con calles peatonales y áreas verdes en su inicio. La construcción inicial del área permitió calles ordenadas, pero con casas de tamaño minúsculo, por eso de aprovechar el espacio. Hoy hay más de 35 asentamientos y los sectores originales de casas están alrededor de una cancha o de un parquecito. Paraíso II ya tiene 27 parques.

“Buscamos generar identidad en la colonia, que cada sector lo defina cada quien”, dice el alcalde auxiliar Mauricio Soto, que asegura ser capaz de entrar a los Paraísos solo. Sale de su oficina en la zona 18, en la colonia Lavarreda, y nos lleva con su chofer a conocer sus parques. Dice que tiene media hora pero que quiere hacer el recorrido. Este político originario de Quiché lleva 16 años trabajando en la zona 18. La sonrisa de Mauricio Soto es la de quien vive de su talante porque se la pasa en reuniones con vecinos. Cada subsector, dice, es como “un cluster”, una agrupación de viviendas alrededor de los parques. “La gente se siente segura en su cuadra, aunque en el sector de a la par ya no se sienten tan seguros”, dice el alcalde auxiliar.

Mauricio Soto acepta la plática de cualquier vecino que le habla en cada parque al que se acerca. Escucha y habla con la señora que le pide que ponga una malla en la cancha Rey de Israel; o escucha y habla con Arturo Valdés y Karina Sánchez, del parque Vivan los niños, cuando le piden que tale el aguacatero gigante.

El arquitecto del Parque Paraíso se inspiró en el paraíso terrenal y en la idea del árbol prohibido para diseñarlo. Por eso, tiene unas estructuras en forma de olas con un pequeño matilisguate a modo de árbol celestial. Este parque es el centro neurálgico de la colonia. Hasta 2016, cuando el alcalde auxiliar lo inauguró, era un espacio de tierra. “Antes estaba lleno de borrachos y drogadictos, ahora es para los niños”, dice Alice Rodas, vecina desde hace 41 años del sector G –más conocido como La Mormona–, que hoy cumple 64 años. En su sector, dice, no hay pandilla. Parada debajo de un arbusto de escasa sombra, esta abuela de siete nietos cree que lo que más funcionó para aumentar la sensación de seguridad fue la presencia del ejército en la zona.

A un costado del Parque Paraíso, detrás de una valla y bajo una veintena de altos eucaliptos, está el destacamento militar. El 6 de diciembre de 2005, el ejército instaló casas de campaña en la entrada a la colonia Paraíso II, y en el bulevar de las Alamedas, zona 18, según una nota del diario Prensa Libre. La unidad era parte de los llamados escuadrones de seguridad ciudadana con alrededor de 40 soldados. En el gobierno del expresidente, hoy encarcelado, Otto Pérez Molina (2012-2015), el destacamento vivió su época de gloria con cerca de 250 militares. Ni con su instalación en 2005 se produjo un descenso en las muertes violentas, ni el aumento fue determinante para mantener la tendencia a la baja. Con la llegada del actual ministro de Gobernación, el exfiscal Francisco Rivas, la decisión fue clara: las estadísticas mostraban que los militares no habían sido determinantes para el aumento o la reducción de homicidios y la Policía Nacional Civil se bastaba por sí sola.

Las patrullas urbanas de militares teóricamente no pueden disparar, pero en todos los municipios visitados para este proyecto, alcaldes y centenares de vecinos dicen que con el ejército se sentían más seguros. “Es disuasión, a la gente honrada de acá le gusta que estemos”, dice un militar desde el otro lado de la valla del destacamento. Este hombre orondo que ronda los cuarenta años ccede a hablar, pero sin decir quién es. “Sabiendo que es área roja, yo duermo tranquilo, pero los vecinos viven atemorizados”, dice un militar de un destacamento donde hoy hay apenas 80. El militar, que no quiere compartir su nombre, asume sin dudar que el mayor problema del Paraíso II es el control por medio de extorsiones del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha.

Aquí todavía hay patrullajes combinados. Arriba del Parque Paraíso, subiendo por la 26 avenida, que tiene forma casi de U, estaba estos días de agosto la cineteca y el espacio de computación temporal de la municipalidad. Sólo por quince días al año y en casos como colonias tan grandes como ésta, a veces un mes por año.

A la izquierda de la 26, una breve cuesta lleva a un enorme campo. Lo llaman Campo Grande, en el sector El Mirador. Dos militares y un policía están apostados a la sombra del único árbol, que está pegado a la pared trasera de la escuela municipal Paraíso II.

– ¿Qué hacen acá? No parece un punto muy estratégico.

– El fin de semana mataron a uno. Nos mandan a vigilar, dice entre dientes el policía.

Pasadas las once de la mañana con su calor, sólo un perro lanudo se regodea en el piso del Campo Grande. El griterío sordo de los niños de la escuela Paraíso II, detrás del árbol donde está la patrulla combinada, pone volumen de fondo. Los fines de semana hay partidos de fútbol y el policía explica que el ambiente se suele poner violento porque hay jugadores pandilleros. “Un cuerpo apareció acá”, añade tímido uno de los militares señalando el árbol donde los periodistas están parados, mientras pasa un joven en moto dos veces con un tambo de gas.

Al fondo del Campo Grande, hay otra cancha, del Mirador. Ahí en junio hubo un campeonato de fútbol. La municipalidad planea organizar otro campeonato más adelante porque ahora el juego se fue para la zona 21. Una vecina cuenta qué pasó otra cosa mucho más grave –extorsión–. No accede a que se publiquen más detalles, por si la reconocen, y en la alcaldía niegan que algún incidente pasara.

“Muchas comunidades suspenden torneos por la extorsión”, admite el alcalde Soto. Esa es la razón por la que le están empezando a apostar al fútbol calle. En la 3C, en junio, hay fútbol calle. Los vecinos toman una cuadra y ponen pequeñas porterías para que los niños puedan jugar. La idea más adelante es añadir un tercer tiempo, como en rugby, para que los jugadores que compiten se junten para hablar sin violencia.

Del abandono a los planes

El autobús Transurbano llegó al Paraíso II a finales de abril de 2010. El día de la inauguración había gente con mantas de agradecimiento entre los miles que recibieron el primer bus. “Gracias por el servicio de Transurbano. La Ceiba IV presente”, puso una señora en su cartel. El nivel de abandono en infraestructura fue tan alto que la gente agradece públicamente un servicio público básico como una camioneta. El Transurbano –promovido por el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), como las Escuelas Abiertas o la colaboración desde Gobernación con el Ministerio Público– fue el único de los tres programas que estuvo manchado por la corrupción, al dar al empresario dueño de los buses rojos una concesión sin ninguna transparencia.

El Transurbano hizo una diferencia en los Paraísos.

El Transurbano hizo una diferencia en los Paraísos

El Transmetro, que es un servicio municipal con carriles únicos y buses articulados, llegó a principios de 2016. A diferencia del centro de la ciudad, donde circulan todo el día, por Paraíso II llegan sólo tres buses de línea entre las cinco y las seis y media de la mañana, aunque sea la zona más poblada de la capital.

En un área al que hasta los taxistas vacilan si entran, la incorporación del transporte público permitió a los vecinos no tener que moverse en los mortales buses rojos, en los que más de mil pilotos fueron asesinados en la última década en todo el país, según datos de la PNC.

La capacitación de policías en prevención de homicidios mediante intervención de llamadas telefónicas fue una jugada relevante de la Policía durante el gobierno de Colom y su ministro Carlos Menocal (2009-2012) para la situación actual del Paraíso II. Eso opina el comisario Mauricio Yax, jefe de la Jefatura de Planificación estratégica (Jepedi).

En una oscura habitación de la sede central en Ciudad de Guatemala, el comisario Yax no duda: “La investigación y la labor de inteligencia [sobre pandillas] se hace desde ese gobierno”. Hasta 2009, las pandillas eran un misterio en Guatemala.

La creación de la Unidad de Investigación Criminal de la PNC y su trabajo con el Ministerio sirvieron de base para, al menos, ubicar y entender el fenómeno. “Los policías empezaron a hablar con líderes de barrio, antes, hubo una época en la que la policía no entraba al Paraíso”, admite Yax, consciente del apoyo de decenas de fiscales del Ministerio Público, liderados primero por Porras y Velásquez Zárate (2008-2010) y luego por la ex fiscal general Claudia Paz y Paz (2011-2014).

Entre la prevención y la represión

El Paraíso II tiene personalidad múltiple. Aunque esté considerada zona roja por el nivel homicida, esta colonia está marcadamente sectorizada: no todo el barrio es igual de peligroso.

La violencia influyó en eso: al multiplicarse las extorsiones, o al menos sus denuncias, según la PNC, la gente perdió espacios comunes como los comedores y las tiendas porque cerraban al no poder pagar. Sin espacios donde encontrarse y con la llegada de nuevos residentes desconocidos, la gente se encerró sobre sí misma en lo que sería la más mínima expresión de seguridad: su sector o su calle.

Eso pasa en La Mormona, un sector que queda entre el destacamento y la parada de Transurbano, y que enfrente tiene una iglesia mormona. Y así apodaron en los noventa a la pandilla que operaba en el sector que queda a un costado del Parque Paraíso. Aunque era bastante pacífico, los noventa eran otros tiempos, entonces las pandillas se contaban por decenas en la zona 18, se peleaban entre ellas, hacían competencias de break dance. Las peleas podían ser fortísimas, pero no implicaban asesinatos o extorsiones. La lógica era una: mi sector, mi territorio. Desde el año 2000 empezaron los tiempos oscuros.

Ese fue el año que regresaron los militares a la Policía Nacional Civil y a Gobernación con el gobierno de Alfonso Portillo y el FRG del ex dictador Efraín Ríos Montt. Y desde ese año empezó la escalada de las muertes violentas en Guatemala.

El éxito y el problema de Escuelas Abiertas

Unos gallos de pelea se alimentan del escaso pasto que rodea la ceiba de la colonia Paraíso II. Su dueño pide a Saúl Dávila que los vigile.

En 2001, este profesor de instituto de 39 años, que empezaba sus veintes, convenció a sus amigos pandilleros de pintar con murales religiosos la pared que queda a la entrada de La Mormona. Convencerles no fue difícil: eran colegas del barrio y él entonces empezaba su trabajo como líder juvenil. A partir de ahí se convirtió en un líder comunitario del área. Sentado en un banquito de piedra a la sombra de la ceiba, dice que esa pared llena de vírgenes y cristos parece que fue pintada ayer mismo porque la fe une hasta para conservar patrimonio. Hasta los mareros llevan tatuada su virgen de Guadalupe, dice este hombre grandote de ojos saltones y mirada benévola."

Saúl Dávila, oriundo de La Mormona, fue instructor en el programa Escuelas Abiertas en la escuela de la Alameda, en Paraíso I, que era la colonia más cercana donde se impartió ese programa. Entre 2008 y 2012 cuenta que más de 800 adolescentes y niños llegaron a hacer actividades, como breakdance o teatro, los fines de semana. “Les decía a los chavos que tenían que romper las fronteras de la discriminación”, dice sobre un programa que sólo duró esos cuatro años y que cree que influyó en parte en la reducción de la violencia en Paraíso II porque la juventud pasaba el fin de semana ocupada en actividades lúdicas, deportivas, artísticas, en vez de estar en la calle.

Escuelas Abiertas fue un programa del Consejo de Cohesión Social, coordinado por la ex primera dama Sandra Torres, donde las instituciones del Estado asignaban recursos para que dos centenares de escuelas del país abrieran los fines de semana. Los docentes del programa, como Saúl Dávila, eran siempre gente del lugar o cercana. Contaban con apoyo voluntario de muchas mamás. Y tomaban en cuenta los intereses de los jóvenes según la zona de la que eran, el género y la edad. “Sólo entrábamos donde se podía rescatar a jóvenes, donde había un respeto por la escuela”, explica el exministro Bienvenido Argueta, propulsor de Escuelas Abiertas, en su pequeño despacho de Zona 10.

El Consejo de Cohesión Social fue reemplazado en 2012 con el Ministerio de Desarrollo Social, durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Ese gobierno decidió no continuar con este programa y creó otro llamado Jóvenes Protagonistas, que se enfoca en fomentar el liderazgo en grupos de jóvenes en riesgo. Un programa que aún existe y que “quebró” el concepto original, dice el platicador Argueta.

El programa de Escuelas Abiertas recibió apoyo del Ministerio de Cultura, el Gobernación, Educación y algunas secretarias presidenciales, como Bienestar Social, pero la mayoría del dinero que estas instituciones aportaban era contratando servicios o personal no se puede rastrear en los presupuestos porque no había un ente que centralizara los gastos.

Era una coordinación entre ministerios por parte de la entonces primera dama, que daba agilidad pero no dejó nada institucionalizado.

Según el Ministerio de Finanzas, el programa de Escuelas Abiertas recibió Q.271.4 millones entre 2008 y 2011 por parte de la Secretaría de Bienestar Social, que fue la única institución del Estado que creó una partida presupuestaria específica. Y según sus propios cálculos empezó atendiendo 225,000 personas en 2009 y finalizó atendiendo a 650,000 personas en 2011.

Aunque no hay una relación directa entre la disminución de la violencia y cada uno de los programas de Escuelas Abiertas, el Transurbano o la coordinación entre el MP y Gobernación, lo cierto es que a partir de 2010 hubo una disminución marcada de la violencia en la zona 18.

Fue en 2011 cuando zona 18 vio una verdadera baja en los homicidios. En 2008 hubo 229 muertos; en 2009 319. En 2010, 253, para un reducción del 21 por ciento. En 2011, baja a 151, un 40 por ciento menos. Y de a partir de ahí se mantuvo por cinco años en una bajada espectacular. Lo mismo sucede en Paraíso II, donde los años más fuertes en asesinatos fueron 2009 y 2010, -justo los años en que las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se pelearon el territorio-, y desde entonces empezaron a reducirse.