Esta es una propuesta para evitar más tragedias en los hogares seguros

Esta es la primera semana en varias sin un intento de motín en el correccional Las Gaviotas, en la residencial zona 13 capitalina. Era cuestión de tiempo que esta crisis explotara. En marzo, hace 5 meses, 41 niñas murieron quemadas en un hogar seguro en medio de una historia de abusos; después, 4 monitores fueron asesinados en un correccional para menores. En julio, 3 adolescentes murieron en un motín en Las Gaviotas. Pese al shock que estos episodios representaron para la sociedad guatemalteca, una primera respuesta seria del Estado para evitar que estos hechos se repitan, avanza a paso lento en los pasillos del Congreso de la República.

Política

Mujeres prenden velas en la plaza central de la Ciudad de Guatemala en memoria de las niñas.

Foto: Carlos Sebastián

Hace 21 años, en 1996, un comité evaluó los primeros pasos que daba el gobierno de Guatemala para cumplir con la Convención de los Derechos del Niño, un estándar de todos los países civilizados. Su recomendación principal era que había que crear un “mecanismo permanente” para la coordinación de todos los esfuerzos. La recomendación cayó en el saco roto del gobierno de Álvaro Arzú.

Tuvo que pasar una tragedia para que se aprobara una ley para cumplir con los compromisos contraídos en esta convención. La ley de protección integral a la niñez y adolescencia (Ley pina) fue aprobada hasta 2001, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al país por la responsabilidad de fuerzas del Estado en la desaparición, asesinato y violación de cinco niños abandonados. El caso fue conocido como “Niños de la Calle”.

Después, durante cinco presidentes y 17 años, ningún presidente ha considerado prioritario la creación de una ‘autoridad de alto nivel’ que coordine todos los esfuerzos estatales para proteger a la niñez en Guatemala. Dos informes del Comité para los Derechos del Niño ignorados, una relatoría de la ONU ignorada y ninguna acción para organizar la atención, dispersa en todas estas instituciones, unas funcionales y con serios problemas:

El Consejo Nacional de Adopciones, la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia, la Secretaría Contra la Violencia Sexual, la Coordinadora del Sistema de Alerta Alba-Keneth y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.

Una relatora de la ONU, Najat Maalla M’jid, lo advertía en 2012: “El elevado número de instituciones existentes, la falta de atribuciones claras y la coordinación insuficiente” era un problema.

Y el problema estallaría.

Finalmente una propuesta para una autoridad de alto nivel

La tragedia del 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción puso en evidencia no sólo el fracaso del Estado para tutelar a la niñez sino la falta de reacción por parte del gobierno de Jimmy Morales. Su mayor respuesta fue clausurar el hogar porque ni siquiera quería a destituir a los funcionarios responsables: el secretario Carlos Rodas, la subsecretaria Anahí Keller, y el director Santos Torres.

La mayor respuesta no vino del presidente Jimmy Morales. En el Congreso, hace tres meses, dos diputados con poco peso presentaron una iniciativa de ley que busca crear el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Se trata de los diputados Óscar Chinchilla, presidente legislativo, y Walter Félix, de la mini-bancada URNG y presidente desde hace cinco años de la Comisión del Menor y la Familia.

La Comisión del Menor es ninguneada en el Congreso. Tiene 8 miembros (las atractivas tienen 21 integrantes). No hay ningún representante de la UNE, el segundo partido más grande del Congreso, y uno de sus miembros, Eduardo Ramiro de Matta, tiene una acusación por violencia contra la mujer.

Según la diputada integrante Sandra Morán, la propuesta es sencilla:

– Lo que se busca es aglutinar todos los esfuerzos por la niñez bajo una sola autoridad porque el modelo actual ha fracaso.

Lo que se pretende crear es un sistema que tiene a la cabeza una Autoridad Central integrada por el Presidente, un secretario y cinco ministros para trazar las políticas y las estrategias de trabajo. Abajo, un consejo responsable de darle seguimiento a estos avances y que estaría integrado por el vicepresidente, un subsecretario y cinco viceministros.

Además, se crea el Instituto de Protección Especial que asumiría la responsabilidad de vigilar que se cumplan los derechos de la niñez, de rescatar a menos en peligro y conseguirles un hogar temporal o en su caso, de tramitar su adopción. También coordinaría los esfuerzos para atender a niños migrantes, para coordinar la búsqueda de desaparecidos y para luchar contra el trabajo infantil y la trata (el tráfico sexual de menores).

– Es un esfuerzo para centralizar la responsabilidad que hoy comparten más de 19 instituciones que hoy en día caminan por su propio rumbo, resume el diputado ponente Walter Félix.

– Tras la tragedia, en Bienestar Social se han abierto 3 nuevos hogares y la Procuraduría General de la Nación está avanzando en la desinstitucionalización de los menores, pero no podrán hacer mucho porque sus propias instituciones son una limitante. Si no se cambia el sistema completamente no podemos esperar cambios, considera el activista Leonel Dubón, de Refugio para la niñez.

Siguientes pasos y alarmas

Aunque la iniciativa es aplaudida entre actores de la sociedad civil, no camina. El diputado Walter Félix dice que esto se debe a que hay diputados que temen que incluya algo que le “reste autoridad a los padres de familia” o que “atente contra principios religiosos”.

– No vamos encaminados en esa línea, pero tampoco podemos dejar que una madre que prostituye a su hija, siga manteniendo su custodia solo por ser su madre.

Cuando llegue a tener dos dictámenes y se le abra espacio en jefes de bloque, vendrá entonces el presupuesto para la iniciativa. Además habría que reformar varias leyes, reformar acuerdos gubernativos y establecer, por ejemplo, un punto crítico: sí habrá un nuevo protocolo para adopciones.

Asesores legislativos se muestran preocupados porque esta transición podría interrumpir el ritmo (adecuado) del Consejo Nacional de Adopciones y dejar a más niños en el limbo en los años críticos en los que pueden ser adoptados, pues después de los 4 años de edad, es difícil encontrar padres o madres guatemaltecos que quieran adoptarlos.

 

– Una solución real requiere esfuerzos, porque muy fácil sería hacer caso a las voces que dicen: acábenlos, húndanlos, disminuyamos la edad para castigarlos, dice el diputado Walter Felix y luego admite que no sabe cuándo la iniciativa al menos llegará al pleno.

Jimmy y diputados, inmóviles ante la bomba

Un poco más escéptico es el activista Leonel Dubón:

– Hace un año advertimos que esto iba a colapsar y que había que transformar el sistema pero ni una tragedia que costó la vida de 41 niñas ha sido suficiente para movilizar al Estado y conseguir un cambio verdadero. No sé qué tan grande tendrá que ser la tragedia para que reaccionemos.

Mientras hace muy poco el gobierno de Jimmy Morales y el Congreso liderado por una alianza de FCN, Todos, MR, Alianza Ciudadana y Creo y una oposición de la UNE, aquí hay unos datos reales:, Sólo en 2015 se presentaron 47,915 denuncias de delitos contra menores. En 2016, más de 19 mil niños fueron deportados de Estados Unidos y en lo que va del año, 29 menores han sido asesinados. Es probable que la semana que termina o la que venga tenga otro intento de motín en Las Gaviotas. La tragedia ya está aquí.

Gabriel Woltke
/

Obrero de la palabra escrita.


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COMENTARIOS

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    Willian Mann /

    07/08/2017 5:27 AM

    Lo que queda claro es que la niñez no es prioridad en la Procuradora General de la Nación que mas parece interesada en el patrocinio sus propios negocios y la de sus amigos de CEDECON (Abogados que promueven sus propios casos y cobran honorarios exorbitantes por realizar milagros, aun en contra de los dictamines del propio congreso, ejecutivo y. no digamos de la Contraloría General de Cuentas.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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