Hace 7 años ocurrió una masacre contra los 48 Cantones. ¿Debería salir libre el coronel al mando de los soldados?

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Nómada publica aquí la combinación de una parte del texto del antropólogo Ricardo Falla, SJ —publicado en 2012 en el medio Plaza Pública, que cuenta con licencia Creative Commons— y las reacciones de periodistas, abogados y familiares por parte de la comunicadora Andrea Ixchiú.

Además, Nómada publica una columna de opinión sobre cómo esa masacre cambió su vida, por parte de la periodista comunitaria Lucía Ixchiú.

La primera masacre del ejército tras la firma de la Paz

Por Ricardo Falla

Desde Quetzaltenango ya me enteré de las noticias. Había habido muertos y el ministro de Gobernación, el teniente coronel Mauricio López Bonilla, junto con el ministro de la Defensa, el general Ulises Anzueto, declaraban –con la seguridad acostumbrada de que nadie los contradiga– que el equipo que llevaba la policía y el equipo de reserva del ejército era de “armas no letales” y que los heridos se debían a “enfrentamientos tumultuosos”. Si ni la policía ni el ejército iba armado con armas de fuego, las muertes se habían provocado entre los manifestantes mismos. Aducían que la mayoría de campesinos heridos presentaba la señal del uso de machetes. Los manifestantes eran presentados como “turbas” peligrosas. Estas versiones me recordaron, inmediatamente, aunque no tenía información para contradecirlas, los partes del ejército en tiempos del conflicto armado cuando había una masacre de civiles.

El presidente, el general Otto Pérez Molina, llamaba a la calma, pero cambiaba los hechos, porque decía: “por favor, por favor, tengan calma, aquí estamos nosotros con los líderes desde las 8 de la mañana”. Eso no era cierto, porque no recibió a los dirigentes que le llevaban el pliego de demandas en la capital, a la vez que se bloqueaba Cuatro Caminos, sino hasta después de que hubo muertos, como a las 3 de la tarde, según lo dijo la presidenta de Los 48. Pero la mentira del Presidente no quedaría al desnudo sino al día siguiente.

Logré entonces comunicarme con alguien en Totonicapán que había estado en Cuatro Caminos, pero no en la cumbre de Alaska, donde ocurrió la masacre. Me dijo que cerca de Cuatro Caminos había estado la Policía Antimotines (FEP: Fuerzas especiales de la policía), pero no había habido muertos. Los muertos eran de la cumbre, como a 10 kms, donde sale un camino secundario que había sido tapado en ese lugar. Me decía que la gente que había participado en la manifestación en la cumbre y los heridos en el hospital contaba sin duda alguna que había sido el ejército el que había disparado contra ellos. También me mencionó este amigo que un helicóptero, evidentemente militar, había dado vueltas, primero sobre los manifestantes en Alaska y después sobre los de Cuatro Caminos y que les habían tirado bombas, que luego se aclaró que no eran de guerra, sino lacrimógenas.

Me reclamó que por qué no le había contestado el celular cuando me llamó como a las 3 de la tarde. Él y otros dirigentes en Cuatro Caminos quedaron muy preocupados cuando se enteraron de lo que sucedía en la cumbre, y hacían llamadas para ver cómo acceder al Gobierno a través de terceros para parar la masacre. Pero esas llamadas no quedaron registradas en mi celular, cosa que nos hizo luego pensar que hubo en ciertas áreas muy focalizadas intervención de las empresas para cortar o confundir las llamadas. Recuerdo que en Panamá, cuando los ngobes tomaron la carretera interamericana en San Félix Chiriquí el 31 de enero de este año, el gobierno cortó la comunicación de celulares, no de teléfonos fijos, y los manifestantes pidieron ayuda a la parroquia del lugar para desde allí comunicarse. Esta pista no ha sido seguida por el MP y supone una violación grave y peligrosa del derecho de comunicación.

Imaginando el lugar

Para las personas que no conocen el lugar... Desde la Ciudad de Guatemala viene hacia el occidente la carretera interamericana que llega hasta la frontera de México. Es ondulante porque atraviesa mucha montaña y terrenos quebrados, casi todo en territorio indígena de estirpe maya. Como por el Km 160 deja a un lado un pueblo enorme que se llama Nahualá, que tiene mucha gente en Nueva York, y trepa, siempre con mucha curva, hasta la cumbre que llaman Alaska, de poco más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Pero antes de cruzar la cumbre hay un desvío a la derecha, por el Km 170, que se dirige a Santa Catarina Ixtahuacán La Nueva, otro pueblo kiché, y que baja a Totonicapán, cabecera del departamento del mismo nombre y cabecera del municipio.

En ese lugar del desvío se dio el bloqueo de Alaska el 4 de octubre para que el tráfico que no podía pasar por Cuatro Caminos no pudiera “escaparse” por allí. Cuando se dan esos bloqueos todos los conductores se vuelven locos para ver por dónde salir. Ese lugar fue el escenario de la masacre.

Cuatro Caminos es el cruce que se encuentra como 10 kilómetros más abajo de la cumbre, siempre rumbo al occidente. Al bajar de la cumbre y llegar a este cruce, si uno quiere seguir a Huehuetenango y México, sigue recto. Si uno quiere ir a Quetzaltenago, cruza a la izquierda, y si uno quiere ir a Totonicapán, toma la derecha. Gran parte del poder de la famosa organización de los 48 Cantones de Totonicapán es que está cerca de Cuatro Caminos y tiene la capacidad organizativa para tomarlo y bloquear otras salidas de rodeo. Tomando ese lugar estratégico, hace temblar el país, porque es como si apretara una arteria que le va al corazón.

Dolor e indignación

Al día siguiente, viernes 5, agarré la moto y me dirigí a Totonicapán, muy de mañana, para ver a los sacerdotes de la parroquia y a alguna gente amiga, como el que me había llamado. Con el párroco, que había estado en el hospital esa noche, salimos adonde ya estaban velando los seis muertos. Los tenían en la Casa comunal y había una cola enorme. Nos formamos al final, pero luego llegó una autoridad, es decir, un hombre con su vara, para ahorrarnos la espera y nos condujo al interior. En eso apareció mucha gente, cargando a una mujer que venía gritando de dolor porque habían matado a su esposo. Venía de un cantón rural a verlo en el ataúd. Había un clima crispado de profundo dolor, pero a la vez de indignación. Subimos a donde tenían los seis ataúdes, tres en fila y tres en otra fila, y les dimos la vuelta. Tenían la tapa de la cara descubierta, de modo que se les podía ver la cara tras el vidrio.

Era impresionante, porque muchos tenían los ojos abiertos. Sus caras eran, me pareció entonces, de gente del campo joven, como de 35 años, sana, honrada, que parecía estar viva. Sobre cada ataúd había una caja de cartón donde se depositaban las ofrendas en dinero. Salimos de allí con el P. Max y nos dirigimos a la parroquia. Luego, cuando ya me iba de Toto, me detuve en el parque frente a la Municipalidad. Allí está la estatua de Atanasio Tzul y vi cómo venía un grupo de jóvenes como en manifestación con un par de mantas. Se subieron al monumento y le pusieron una tela negra a Atanasio, como capa. Ciertamente, Totonicapán estaba de luto.

Pero, como digo, yo sentí que también en ese momento era como un polvorín. Cualquier chispa podía desatar una reacción fuerte. Me dijeron que algunos querían quemar la municipalidad, pero la cordura y la organización de las autoridades comunales lo impidieron. Entre la Municipalidad y Los 48 hay una relación que en estos momentos se había tensado hasta el extremo, porque aunque paradójicamente buena parte del pueblo de Totonicapán había votado por el Alcalde del Partido Patriota, el partido gobernante, sin embargo, el presidente de ese partido los había asesinado. Esa era la interpretación de los hechos en las dos mantas que colocaron al lado del monumento que decían: “Otto Pérez Acesino” y “Mauricio López Bonilla Acesino”.

El primero es el Presidente y el segundo el Ministro de Gobernación, ambos militares retirados. Atanasio Tzul es el líder histórico de Totonicapán, quien junto con Lucas Aguilar, se rebeló contra el pago de los tributos y los servicios eclesiásticos en 1820 y se declaró Rey de Totonicapán y pueblos vecinos un año antes de la Independencia de la República. Es un símbolo de la resistencia de los kichés (k’iche’ib’) de Totonicapán.

Primeras declaraciones falsas del Gobierno

La masacre misma fue algo que impactó a todo el mundo. Pero la progresiva revelación de lo que había acontecido le dio a la noticia un interés y continuidad que pocas noticias tienen. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Está el gobierno ocultándonos la realidad? Todos estábamos al tanto de quién decía qué cosa y si era desmentido por la evidencia.

Al día siguiente de la masacre, en efecto, en algunos rotativos se presentó una fotografía que tuvo un impacto enorme. Se trata de un soldado empuñando “un arma letal”, el Galil, en postura de disparo, en el lugar de los hechos, como se podía comprobar por las vallas de propaganda al fondo y por el terreno arenoso donde se dio el enfrentamiento. Apareció evidente que el Ministro de Gobernación, flanqueado por el Ministro de la Defensa, había mentido el día antes. Prensa Libre, un periódico conservador que ha estado protegiendo la imagen del presidente militar, no pudo menos de sacar la foto, cuya fuente era EFE. Si no la sacaba, se quedaba atrás de El Periódico, que la había puesto en la portada. Pero no sabemos cómo algún empleado de esos medios de comunicación logró colar el texto. Al pie de la foto dice: “Un soldado empuña un fusil, a pesar de que las autoridades afirmaron que no iban armados”. Supongo que la misma foto apareció en TV y en otros medios que no nos llegan al pueblo donde vivo.

Mientras ese día viernes 5 en Toto los cadáveres de los seis eran velados en la sede de Los 48, luego llevados frente al monumento de Atanasio Tzul y más tarde se les despedía en el parque San Miguel para ser enterrados en los cementerios de sus comunidades, la lucha por la verdad en los medios de comunicación proseguía. Todo el mundo (“controversia en todo el país”, dijo PL) estaba pendiente de la versión del gobierno. En efecto, en conferencia de prensa en la Guardia de Honor, el presidente Otto Pérez Molina, afirmó que “siete soldados aceptaron que ellos dispararon al aire”.

Ese era el punto clave de la versión: los soldados sí iban armados, en contra de la declaración del día antes del ministro, pero dispararon al aire. Y el relato se adobaba en boca del presidente por una versión que él daba como cierta de los acontecimientos: que la violencia se había desencadenado cuando un guardia de seguridad privada de un camión cargado con cemento había disparado a la gente. Ojo, no era el ejército el que disparaba, sino un guardia privado. Y que los siete soldados que dispararon, entre los 10 que iban armados, lo habían hecho “porque temieron por su vida, pues al conductor del camión no lo dejaban bajar y el camión estaba ardiendo. Dispararon porque estaban diciendo que los iban a quemar”. Hasta el momento que escribo, el MP no ha publicado exactamente cómo comenzó el ejército a disparar sobre la gente, qué parte tuvo ese guardia privado, cuándo los manifestantes quemaron el camión del ejército, donde según el presidente, iban los soldados, y cuándo quemaron el del cemento, pero lo que llama enormemente la atención es la frescura con que el presidente de la República da una declaración en momento tan crítico sin percatarse que está ya en un momento democrático en que los medios de comunicación y la opinión pública no se tragan cualquier informe y que hay celulares con camaritas por todos lados. Como después aparecería evidente que los soldados sí habían disparado a matar, el mismo presidente se quitaba una máscara y aparecía la violencia y la mentira, no sólo de su régimen, sino de él mismo. En medio de la tragedia y del dolor de la masacre, hubo muchas personas que se gozaron porque la masacre de Totonicapán le había quitado la máscara a este gobierno, tan cuidadoso de su imagen... aunque luego se la quisiera volver a poner.

Comunicado de los párrocos de Totonicapán

Nos reunimos de casi todas las parroquias y redactamos un comunicado, utilizando para ello un pronunciamiento que había sacado, sin información directa, la Conferencia Episcopal de Guatemala, firmado por su presidente, Mons. Rodolfo Valenzuela, obispo de la Verapaz. Utilizamos también dos borradores que se llevaron a la reunión. Después de discutir puntos de vista, porque no todos teníamos las mismas opiniones, llegamos a la siguiente formulación, redactada por uno de los sacerdotes, paso a paso, con la computadora sobre sus piernas.

“Denunciamos la responsabilidad del gobierno en esta masacre por enfrentar una manifestación ciudadana con soldados armados. Este es el fondo de la cuestión. Y prevenimos que no se vaya a culpar solamente a personas particulares como un agente de seguridad o soldados en lo individual que resulten siendo chivos expiatorios para excusar al gobierno de la progresiva militarización a la que se está llevando al país. Y pedimos a nuestras autoridades políticas y judiciales que sean honrados y valientes al descubrir y castigar como es debido a los culpables. El pueblo lo necesita y lo está pidiendo a gritos”.

“Llamamos la atención de que no sólo se trata de un hecho coyuntural sino de una política de estado respaldada por grupos de poder que discrimina a los pueblos indígenas y no atiende con respuestas concretas a sus necesidades básicas”.

“El fondo de la cuestión” del comunicado era que el gobierno enfrentaba la manifestación ciudadana con soldados armados. No era si fueron atacados primero, ni si dispararon o no, ni si recibieron la orden de un alto mando para atacar, etc. Esas eran circunstancias importantes, pero no el fondo de la cuestión. Por eso, ese día en que ya se habían iniciado las investigaciones del MP, ya temíamos que estas se fueran por las ramas, culpando a “chivos expiatorios” para dejar libres de responsabilidad a los diseñadores de la política del gobierno de progresiva militarización. Más responsables que tal y tal soldado que hubiera disparado, y más que el que hubiera sido responsable de la tropa, eran responsables los gobernantes, incluyendo al Presidente de la República. Pero también indicábamos que era necesario considerar no sólo a la coyuntura de este gobierno o del otro, sino la estructura de un Estado que responde a grupos de poder que discriminan a los pueblos indígenas. No son los militares, que ahora están de turno en el gobierno, los que han diseñado esa estructura. Ellos son representación de la misma estructura socioeconómica que exige guardianes que les saquen las castañas del fuego y defiendan sus intereses.

Aclaración del MP: una investigación amplia (pero incompleta)

Por fin, el MP (dirigido entonces por Claudia Paz) dio el esperado resultado de su investigación el jueves 11 de octubre, una semana después de los hechos. En su investigación desplegó 125 funcionarios fiscales, 50 investigadores y técnicos de escena del crimen de la DICRI (Dirección de Investigaciones Criminalísticas) y diez analistas de la unidad de análisis del MP. Su evidencia recolectada fue de 108 casquillos, 89 restos de gas lacrimógeno, 11 muestras de sangre, 18 prendas de vestir y 12 Galiles. Utilizó 69 informes periciales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), analizó más de 50 imágenes y videos, recibió más de 150 declaraciones y procesó 1 kilómetro de la escena del crimen, desde donde se encontraba el bloqueo en el desvío de la carretera a Santa Catarina Ixtahuacán hasta mil metros más abajo. Todo lo presentó en un power point que voló por Internet.

En ese desvío hay una pasarela y junto a ella se situó el camión de Los 48 con sus bocinas. Hasta allí llegó el camión con cemento que fue quemado, de donde se dijo que el guardia privado disparó y desencadenó la refriega. Quinientos metros más abajo hay una esplanada de arena y piedras, donde estuvo ubicada la compañía israelí Solel Boneh que amplió la Interamericana. Hasta ese lugar llegó el ejército con dos camiones cargados de tropa y un pickup blanco detrás de ellos. Allí iba el comandante de la operación, el coronel Juan Chiroy Sal y seis elementos. En el primer camión (el verde) iban 36 elementos y en el segundo (el blanco), 47. Total (7+36+47) 90 elementos.

De esos 90 iban armados seis en el pickup (incluido el coronel); tres en el primer camión (incluida una mujer); y cuatro en el segundo camión. Total: trece. Los elementos armados van vestidos como soldados en campaña (manga corta y gorra), cargan su fusil y las bolsas para las municiones. Los elementos “civiles” van con casco, máscara de lacrimógenas, hombreras, rodilleras, chaleco antibalas y portan un escudo transparente que les protege casi todo el cuerpo.

Una digresión mía. Los armados –esto no lo dice el MP allí– van armados para defenderse a sí mismos, a los “civiles”, entre ellos a los vehículos, que no se los quiten o quemen. Su instrumento es un arma de ataque “letal”, es decir, que mata. Pero van completamente desarmados contra ataques de piedra. Por eso, no es de extrañar que la pobre muchacha del primer camión que iba armada saliera herida en la cara. Por eso, no es de extrañar que al ser atacados con piedras y no tener escudo, casco, chaleco, etc., para defenderse, se defiendan con balas. Tal vez al aire primero, después a las piernas y después a matar. De allí la peligrosidad de meter elemento armado a disolver manifestaciones o desalojar bloqueos. No son aptos para ello, porque no tienen equipo para “defenderse” de la población civil (como escudos, o agua).

Entre 9 y 10 de la mañana el contingente de soldados (dos camiones y un Pickup) salió de la Guardia de Honor en Guatemala rumbo a Alaska. A la vez, más o menos, salieron 80 agentes de las FEP (Fuerzas especiales de la policía), no dice el informe de dónde. Iban en muchos pickups de la policía. Estas llegarían antes que el ejército al lugar. Deben de haber salido de diferentes comisarías del altiplano. Por lo visto en las fotos, los agentes subieron hasta la pasarela, aunque sus vehículos se quedarían a tres kilómetros más abajo. Cuando llegan los militares el subcomisario de las FEP les hace señales para que se detengan, pero el coronel Chiroy, según el MP, no hizo caso y avanzó. Según el reglamento, los militares debían someterse al subcomisario, jefe de la operación conjunta. Allí, la primera falta del coronel. El coronel en la primera audiencia ante el juzgado negó esto. Pero el juzgado lo ligó al proceso.

El hecho es que la comitiva del ejército llegó hasta 500 metros antes del bloqueo, junto al lugar donde estuvo la Solel Boneh. Allí desembarcaron los soldados, se formaron y luego se dio el enfrentamiento con los manifestantes. Según el MP, el coronel abandonó a su tropa cuando hizo dar vuelta a uno de los camiones y a su pickup, que no fueron quemados. Allí, la segunda infracción del coronel. Por eso, sólo un camión fue quemado. (El coronel argumentó ante el juzgado que salió para sacar un herido).

El MP ya no detalla cómo se dio la refriega. Le interesa dar resultados balísticos. Le da más importancia a lo técnico que a lo testimonial. Presenta uno por uno el diseño del curso de las balas en los fallecidos. A José Eusebio Puac Barreno la bala le entró por la espalda y le salió por el corazón. A Santos Nicolás Hernández Menchú le entró por la espalda y le salió debajo del corazón. Otra le entró por la nalga y allí se le alojó. Además de este “indicio alojado”, le quedaron otros en la espalda. Estos dos recibieron las balas de espalda. Probablemente, estaban huyendo. Los siguientes, las recibieron de frente. Tal vez estaban tirando una piedra, como David a Goliat. A Rafael Nicolás Batz Menchú le entró por el abdomen y no le salió: “indicio alojado”. A Jesús Baltazar Caxaj Puac por el abdomen también, pero le salió encima de la nalga. A Arturo Félix Sapón Yax de frente al corazón y le salió por la espalda. Y al último, Jesús Francisco Puac Ordoñez, de frente por la ingle y le sale por la nalga. De los seis fallecidos, es importante anotar que en sólo dos les quedaron los “indicios alojados”, necesarios para identificar de qué fusil fue disparada la bala.

En suma, el MP comprobó fehacientemente la responsabilidad del ejército en la masacre. Los soldados dispararon y mataron con esos disparos. Y el coronel fue responsable de varios delitos, según el MP. Los principales, no obedecer el alto de la PNC y abandonar a la tropa. Con este dictamen, aunque se realizaba una investigación como nunca se había hecho antes de la participación de la tropa en una masacre, se cortaba la cadena de mando hacia arriba, atribuyéndole al coronel toda la responsabilidad al declararlo desobediente de su superior policial. Algo que deja mucho que desear, más aún conociendo todo el despliegue de fuerzas que el MP utilizó para la investigación. Muchas cosas quedan por armar, no sólo la línea de mando.

Para concluir es notable cómo la tropa y el mando que se utilizó fue de elementos indígenas. Constan sus apellidos. Más de dos tercios de ellos son claramente mayas. El otro tercio, puede serlo, pero por la sola inspección de los apellidos no se puede determinar con seguridad. Y el comandante también indígena. Por un lado, nos recuerda el conflicto interno armado en que se entrenaba tropa indígena para matar a indígenas, cosa que hoy suele sacarse como argumento para probar (falsamente) que no hubo genocidio. Y por otro lado, a la hora de deducir las responsabilidades, ¿quiénes son los condenados? Los miembros de los pueblos indígenas. Así funciona el racismo en Guatemala.

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Los siete años de prisión preventiva no son culpa de las víctimas

Por Andrea Ixchíu Hernández

El jueves 4 de octubre de 2012, el pueblo k’iché de Totonicapán protestó sobre la carretera Interamericana para demandar al gobierno del general Otto Pérez Molina que frenara la reforma constitucional que violentaría derechos de pueblos indígenas; que continuara la carrera magisterial que pretendían cerrar, pues esta daba acceso a jóvenes mayas para impartir clases en sus idiomas originarios; y que se establecieran tarifas justas en el cobro del servicio de energía eléctrica.

Al rededor de las 3 de la tarde, miembros del ejército de Guatemala llegaron al kilómetro 169 y dispararon contra la protesta pacífica convocada por el gobierno indígena de los 48 Cantones de Totonicapán. Esta agresión tuvo como resultado la muerte de Jesús Baltazar Caxaj Puac, Santos Nicolás Hernández Menchú, Rafael Nicolás Batz Menchú, Jesús Francisco Puac Ordoñez, Jesús Eusebio Puac Barreno y Arturo Félix Sapon Yax. Este acto además dejó a más de 35 personas heridas de diversas comunidades indígenas de Totonicapán.

Los soldados Marcos Chun Sacul, Felipe Chub Choc, Dimas García, Abner Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Ana Rosa Cervantes, Manuel Lima Vásquez, Edin Adolfo Agustín, bajo el mando del coronel Juan Chiroy Sal dispararon sus armas contra población civil desarmada.

Este caso lleva más de 6 años en investigación y aún no se abre juicio contra los autores materiales e intelectuales de esta masacre. Los militares son acusados por los delitos de Ejecución extrajudicial y Ejecución Extrajudicial en grado de tentativa.

El pasado lunes 23 de marzo del 2019, la jueza Claudette Domínguez del juzgado de Mayor Riesgo A, otorgó a Juan Chiroy, coronel del ejército de Guatemala, y a los otros 8 militares medidas sustitutivas. Argumentó que lo hacía para respetar sus derechos humanos después de siete años de estar en prisión preventiva a la espera de un juicio.

Para la periodista Claudia Méndez Arriaza, era un abuso tantos años de prisión preventiva para el coronel Chiroy.

sin duda, la prisión preventiva del Cnel. Juan Chiroy, fue un abuso: inadmisible 6 años preso sin juicio.

Una suerte que los reclamos a su favor surgieron en clima más sensible a este atropello.

Pero ¿y las víctimas? la vida de los totonicapenses aún clama justicia #NuncaMas pic.twitter.com/abiQYwPlNc

— Claudia Méndez A (@cmendeza) March 26, 2019

Para Edgar de León, abogado que asiste a las víctimas, este hecho es peligroso, pues los 9 militares aún están activos dentro de la estructura del ejército y podrían fugarse e incidir en el proceso.

Los militares están en la prisión ubicada en la Brigada Militar Mariscal Zavala, pero ahora por resolución de la jueza deberán guardar arresto domiciliario en la sede de la guardia de honor, dando la responsabilidad al Ministerio de Defensa de Guatemala de notificar al tribunal sobre la ubicación de los acusados.

Otra de las abogadas de las víctimas, Lucía Xiloj, expresó que este acto es contradictorio a las resoluciones en otros casos conocidos por la misma jueza Dominguez, en dónde ha rechazado los mismos argumentos que ha empleado en favor de los militares y ha denegado medidas sustitutivas a defensores del territorio y líderes comunitarios por delitos menores que los imputados a los militares.

El abogado José Santos Sapón señala que este acto es otra prueba del racismo judicial, pues cuando estos argumentos invocados por la jueza son presentados por abogados especialistas en derechos humanos que defienden líderes comunitarios, las medidas se niegan.

El mayor retraso en este caso se debió a que en 2013, la jueza Carol Patricia Flores cambió los delitos de la acusación de ejecución extrajudicial por otros delitos menos graves, y el Ministerio Público y las víctimas apelaron este cambio y lo llevaron hasta la Corte de Constitucionalidad. La jueza Carol Flores después fue acusada por la CICIG y el MP por enriquecimiento ilícito, por lo que sus fallos han sido cuestionados.

Mario Winter, fiscal del Ministerio Público, indica que la mayor preocupación en este caso es la seguridad de las testigos y los testigos en este proceso y las familias de los masacrados, pues sus vidas pueden correr peligro si los militares salen de prisión. Los datos personales están contenidos en los expedientes a los que tienen acceso los acusados, entre los que figura el coronel Juan Chiroy.

Josefa Puac, viuda de Jesús Cajax, uno de los asesinados el 4 de octubre de 2012, dijo que la decisión de la jueza Claudette Domínguez es una ofensa a la memoria de los mártires de Totonicapán y dan un mal ejemplo al país sobre la justicia.

—Nada va hacer volver a mi esposo, pero queremos que los responsables asuman por sus delitos, para que esto no se repita. No es justo lo que nos están haciendo. Nos duele que nos traten así, mis hijos han crecido sin un padre y ahora van a vivir sin conocer la justicia.