Sepur Zarco: Viaje al pueblo que alcanzó la justicia

En medio del trópico, a 400 kilómetros de la Ciudad de Guatemala rumbo al Caribe, se encuentra Sepur Zarco, una comunidad maya q’eqchí en la que 11 ancianas lograron que un Tribunal condenara a un coronel y un comisionado militar por abusar sexualmente de las mujeres de la comunidad durante la guerra. La sentencia incluyó una serie de medidas para reparar el daño causado a las mujeres y su pueblo.

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Al lado de la iglesia católica hay una tarima, un micrófono, dos bocinas y decenas de niños y niñas. Es un día de fiesta. El calor es intenso en el único parche con apenas árboles en un mar de palma africana y ríos caudalosos que llegan hasta el lago de Izabal. El sol arde sobre la piel y la tierra roja en este paisaje árido.

Es 27 de febrero y en la comunidad hay un festival para celebrar el tercer aniversario de la sentencia de 2016. Hace 37 años, ese mismo lugar era un centro de torturas y esclavitud. En ese espacio el ejército obligó a los q’eqchís a construir un destacamento, un punto para que las tropas descansaran.

En 1982 esos mismos q’eqchís cometieron el ‘crimen’ de pedir la legalización de la tierra que trabajaban. En represalia, el ejército los desapareció y secuestró a sus esposas para aplicar el arma de guerra contra las mujeres: la violencia sexual. Las mujeres, ahora abuelas, no lo dejaron en la impunidad.

—Aquí están los nietos, ¿dónde están los abuelos?, gritan unos jóvenes en el festival del aniversario, mientras caminan hacia centro de la comunidad, al punto donde está la tarima y donde décadas antes de que ellos nacieran existió un destacamento militar.

Al lado de la tarima dos niñas se acercan a esta periodista para revisar el gafete de prensa. Toman el carnet, ven la foto, sonríen y se rascan.

Se rascan con insistencia los brazos, el cuello y la cabeza sobre ronchas recientes y ronchas secas. Preguntan cosas de forma tímida mientras calman la picazón con sus uñas y pequeños golpes de sus manos. No tienen más de doce años.

El aniversario de la sentencia se vive entre justicia, pobreza y sarna.

Se trata de sarcoptosis, una enfermedad de la piel causa por el ácaro arador de la sarnaes una afección contagiosa que produce comezón en la piel. La picazón se siente casi solo con leer sobre ella.

Las niñas no son las únicas con esa enfermedad. Toda la comunidad de 2 mil personas de Sepur Zarco está infectada desde inicios de febrero. A pesar de que se cura con medicinas que se pueden comprar en cualquier farmacia, el servicio médico ambulatorio que estaba incluido en la sentencia del Tribunal no llegó sino hasta mediados de marzo.

La justicia se siente, pero no se ve.

La reparación del daño

En el festival para conmemorar los tres años de la sentencia, las abuelas son las protagonistas. En la iglesia se proyectó el documental que recoge el proceso de su búsqueda de justicia, que duró casi 15 años.

Toda la iglesia estaba llena. Adultos, adolescentes, niños y niñas observan. También representantes de las organizaciones no gubernamentales que les dieron acompañamiento legal y social. El emotivo audiovisual registra cómo fue el proceso para atreverse a contar su historia, sus primeras declaraciones ante el juzgado de Miguel Ángel Gálvez cuando utilizaron un perraje –una tela maya para cubrir sus rostros– y el momento en que la jueza Yassmín Barrios condenó al teniente coronel y al comisionado militar que estuvieron al frente del destacamento militar donde fueron abusadas.

Documental proyectado a la comunidad de Sepur Zarco.

Esta misma sentencia ordenó que los condenados le paguen a las víctima Q500 mil y Q250 mi cada uno, a cada víctima en concepto de reparación. Esteelmer Francisco Reyes Girón y Heriberto Valdéz Asij no cuentan con ese dinero, y deben iniciar un proceso para declararse en quiebra. Y como eran funcionarios del Estado y llevaron a este extremo la política nacional contrainsurgente, el Estado es el que deberá repararlas.

Los avances en Salud son obviamente nulos.

Pero hay pasos hacia delante en otras áreas y estancamientos.

La sentencia fue traducida al k’iché, kakchiquel e ixil. Esto a pesar de que la comunidad de Sepur Zarco habla q’eqchí. Y los profesores tienen que arreglárselas para hacer actividades en español y q’eqchí. El idioma local está en la cola junto a otros 20 idiomas mayas más. Se entregaron 11 becas y se espera que se entreguen más en los tres niveles de educación, tres escuelas fueron remozadas de forma superficial, y se hizo un documental del caso.

Están estancadas la construcción de un instituto de educación básica bilingüe, de un centro de salud y el trámite que iniciaron los abuelos en 1982 para regularizar las fincas donde está instalada la comunidad desde hace 45 años.

Ana Medina, trabajadora social de Mujeres Transformando el Mundo, organización que representa legalmente el caso, dijo que esperan que sea reactivada una mesa de trabajo entre las mujeres, el Estado y los dueños de las fincas donde están asentadas las comunidades, quienes hicieron una propuesta de venta de 39 caballerías por Q23.4 millones, poco más de US$3 millones. Entre los dueños de la tierra están algunas de las familias más poderosas del país, como los Maegli. Los Maegli ya eran dueños de la propiedad cuando el destacamento funcionaba como campo de concentración para esclavitud sexual en los años 80.

Sin esa legalización de la tierra para las comunidades, el Gobierno no puede construir el centro de salud ni el instituto básico en propiedad privada.

Afuera de la iglesia, las abuelas se reúnen bajo la sombra de un árbol para conversar para este reportaje. La interpretación entre el q’eqchí y el español la hace Carolina Yaxcal Chocó, una de sus nietas.

—Para mí y para mis demás compañeras es sumamente importante que llegue la reparación. No queremos ver más a nuestros hijos trabajando solo en la palma (africana). Ellos se tienen que preparar, nos urge la escuela, nos urge el instituto para que nuestros hijos sigan estudiando, no queremos (que la policía nos haga) desalojo, queremos dejar una comunidad segura para nuestros hijos e hijas, dijo Margarita Chub, del grupo de mujeres que llevó el caso a Tribunales.

A las abuelas de Sepur Zarco no les preocupa solo la sarna.

Un día antes del festival, una adolescente de 16 años murió en el Hospital de Panzós, a 40 kilómetros. Falleció después de dar a luz. Su cuerpo fue regresado a Sepur Zarco y llevaba la matriz en un frasco de vidrio.

—Estamos tristes, yo estoy triste, acaba de fallecer una señorita de la comunidad, si aquí hubiera un doctor, ella no hubiera muerto. Eso para nosotras es importante, que se arreglen los problemas legales de nuestras tierras—, dice otra de las abuelas, Cecilia Caal.

Ella es una de las más afectadas con el brote de sarna. Rosa Tiul, otra de las mujeres, denuncia que ya se informó a las autoridades de salud que se trata de una epidemia en toda la comunidad.

—Creemos que es por unas moscas que trajo la palma, pero no sabemos. En la fábrica de la palma, casi todo el día, de día y noche está sacando un humo. A los mejor eso nos está afectando la piel—, señala Tiul.

La sede del Ministerio de Salud en el municipio de El Estor, a 80 kilómetros, organizó una jornada médica para el 6 de marzo, tres semanas después de que el brote inició.

La pobreza en medio de la abundancia

La región en la que queda Sepur Zarco vale mucho dinero. El río Polochic no solo es la puerta hacia el lago Izabal y hacia el Mar Caribe sino que ese valle es una de las regiones con más lluvia durante todo el año. Sus accesos pluviales y sus tierras fértiles atrajeron a empresas del azúcar como Chabil Utzaj-BCIE, de palma africana como Naturaceites, huleras, hidroeléctricas y también, por lo que hay debajo del suelo, a la Compañía Guatemalteca de Níquel, ahora de capital ruso.

En medio de esa tierra y ese comercio la comunidad de Sepur Zarco vive en pobreza extrema. Las casas son de madera vieja, láminas oxidadas y piso de tierra. Para llegar no hay asfalto, hay que atravesar el río Polochic en ferry y luego cruzar un puente viejo que está sostenido con el contenedor de un tráiler que cayó, que los dueños no pudieron sacar y que ahora sirve de soporte, junto a unos palos. Al adentrarse a la comunidad la señal de teléfono se pierde y el calor se intensifica mientras aparecen cientos de hileras de plantaciones de palma africana. Más cerca hay más calor y un ríos secos.

La llegada de esas industrias transformó la naturaleza, antes llena de árboles alrededor del pueblo, recuerdan las abuelas.

Carmen Chub, una de ellas, aceptó que las dos periodistas pasaran la noche en su casa, que queda en la comunidad La Esperanza, a tres kilómetros del centro de Sepur Zarco, a donde se llega en un camino estrecho entre las cosechas de milpa.

Abuela Carmen y su nieta oran durante la conmemoración de la sentencia por el caso Sepur Zarco.

Su casa es también una miscelánea. Vende burbujas de shampú, papel higiénico, huevos y risitos. La casa tienda tiene espacio para otros pocos detalles. Cuelgan dos hámacas y hay dos mesas, una donde está colocada una batería de carro con la que conectan una bombilla y la otra que funcionaba como un altar de dos velas blancas para la virgen María.

Esa noche un grupo de misioneros llegó a orar por la nieta de Carmen Chub. La abuela está preocupada por la salud de la joven de 23 años, le detectaron una quistes y pese a estar con medicamentos, se le nota débil y pálida. Carmen Chub reparte un vaso de agua gaseosa para cada uno de los 17 adultos. Cuando terminan, su nieta usa los vasos para servirle a los 16 niños que habían llegado a observar la oración de los misioneros pero un sapo que salió de los matorrales les ganó la atención.

Después de atenderlos, ir a la iglesia para otra oración, y cenar, Carmen Chub se acuesta sobre una hamaca. Está cansada, lleva días desvelándose. Primero por el velorio de la adolescente y luego por la preparación de 200 tamales para el festival.

Ya es de noche. Hay un concierto de grillos. La hamaca está junto a la luz tenue de un foco conectado a la batería de un carro. y una amiga de su nieta nos traduce del q’eqchí al español. Carmen Chub recuerda que tenía dos años cuando llegó con sus padres a vivir a Sepur Zarco, cuando solo había monte en el área, hace 60 años). Se casó con un hombre de la comunidad y tuvo ocho hijos con él. Vivían de la cosecha de hongos, chile, naranja, limón y maíz.

—Vivíamos felices, no había problema. No pensamos que pasaría algo malo, hasta que entró el ejército y allí empezaron los problemas. Ya no podíamos hacer nada, nos quedamos tristes porque nos quedamos sin nada—, dijo.

Durante seis meses, Carmen Chub y al menos 14 mujeres más fueron obligadas a llegar por turnos al destacamento militar para cocinar y lavar para los militares; con su propio dinero debían comprar jabón y comida. Durante seis meses fueron víctimas de violaciones colectivas. El destacamento fue cerrado en 1986. La búsqueda de justicia inició en 15 años después, cuando, pese a la estigmatización, lograron reincorporarse a su comunidad.

—Fuimos a hacer el juicio porque ya no queremos más violencia. Me siento feliz. Estoy contenta porque en nuestro nombre salió la escuela que queremos para nuestros nietos y nietas. Antes pedimos (ayuda al Gobierno) y no hicieron nada. Tal vez piensan que estamos muy lejos, pero no estamos lejos. Queremos luz y carreteras, no sé por qué el presidente o el alcalde no hacen nada. Queremos la carretera, la luz, un salón comunal, una escuela y la oportunidad para nuestros nietos y nietas de estudiar básicos, la carrera y la universidad.

Son muchas demandas, Carmen Chub está cansada.

—No puedo hablar en sus idiomas, pero poco a tienen que aprender el mío y yo también tiene que aprender el suyo.

Se baja de la hamaca y se va a dormir. Le preparó la cama de su nieta a estas dos periodistas.

El ruido de los grillos es intenso. Después empieza a llover como llueve en el trópico sobre el techo de lámina. Huele a tierra mojada.

Entre el ruido y el olor, parece no que quedara espacio para otro sentido, pero sí. El inminente contagio de la sarna.

Amanece y continúa la conversación con las abuelas.

Protestan por el impacto ambiental de la palma. La escasez del caudal de los ríos, la muerte de peces, la calidad del aire. No quieren que sus hijos y nietos sigan trabajando para empresas de palma africana y para ello necesitan, dicen, acceso a oportunidades de educación.

—Porque no tienen una preparación, no fueron a la escuela o no pudieron seguir estudiando, por eso buscan la palma, para obtener dinero. Ahora los jóvenes necesitan, quieren dinero y su solución es ir a trabajar en la palma. Para nosotros la educación de nuestros hijos para que la comunidad salga adelante es importante, tienen que seguir estudiando hasta graduarse porque cada año señoritas y jóvenes están saliendo de tercero básico, pero hasta allí se quedan, no pueden salir del pueblo porque implica mucho gasto—, dice Cecilia Caal.

Pero la palma es el monocultivo que menos mano de obra requiere. Cecilia Caal cuenta entonces sobre los bloqueos de caminos que hacen lugareños para acceder a una oportunidad de trabajo. Protestan, bloquean caminos, para que les den trabajo. Si logran obtener, es por tres o cuatro meses para cortar la fruta que después se convertirá en aceite vegetal.

—La palma en nuestra comunidad ha traído muchos problemas. Estamos rodeadas de palma, y la CGN (la minera de níquel), aquí está cerca. Tenemos problemas con la cosecha, ha aumentado el calor, también hay mucha sequía, ahorita acabamos de perder una cosecha de milpa, también ya no tenemos agua en la comunidad. Antes cuando la palma todavía no había llegado, un río que está por aquí, que nunca se secaba y seguía caminando, hoy en día ya no hay río. Por allá arriba venía el nacimiento de agua que consumimos y ahora ya no está llegando, ya no hay agua en la comunidad y creemos que por la palma estamos así—, reclama Rosa Tiul.

En la comunidad de Sepur Zarco las personas se transportan en picops.

La esperanza del futuro

Uno de sus nietos, Óscar Waldemar Chub quisiera ser maestro, pero no pudo estudiar más allá de tercero básico. Ahora trabajan en proyectos de liderazgo con jóvenes de Sepur Zarco.. Habla q’eqchí y español y es uno de los que encabezan la caminata en conmemoración de la sentencia y de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.

—Que todos sepan la realidad, para que todos comprendan que fue lo que sucedió, para que nuestros hijos e hijas conozcan la historia y el dolor que sufrimos, porque muchos no lo reconocen y me preguntan por qué pasó eso. Nosotros tratamos de explicar, pero para mí, la lucha de las abuelas fue un ejemplo no solo para la comunidad, sino para toda la nación porque las abuelas lograron justicia 36 años después.

Espera que algún día lleguen las medidas de reparación sobre educación y empleo.

Pero esas medidas, mínimas, con tres años de retraso y con mucha incertidumbre, pueden borrarse de un plumazo.

La alianza gubernamental en el Congreso, liderada por el diputado Álvaro Arzú Escobar y respaldada por el partido del presidente Jimmy Morales, espera aprobar una ley de amnistía. Así esperan combatir “la ideologización de la justicia y el negocio del resarcimiento”.

Hoy están en agenda las leyes de Reconciliación Nacional y de ONGs. Ambas son muy importantes para ??La primera le dará fin a la persecución ideológica y al negocio de los resarcimientos. La segunda logrará transparentar el dinero que entra al país con fines políticos.

— Alvaro Arzú E ?? (@AlvaroArzuE) March 6, 2019

La reforma a la ley de Reconciliación Nacional, que excluía de la amnistía de 1996 a los delitos de lesa humanidad, pretende sacar de la cárcel a los investigados, acusados y condenados en casos de violaciones a los derechos humanos. Si se aprueba, también dejaría sin efecto las medidas de reparación digna que deberían mejorar las condiciones de vida de los pueblos que fueron víctimas de la guerra.

Margarita Chub, una de las abuelas entrevistadas en este reportaje, llegó al Congreso para entregarle una carta al diputado Arzú Escobar, donde pedía que no se aprobaran las reformas a esa ley. Después de esperar horas hasta ser atendida, el presidente del Legislativo ni siquiera se detuvo para hablar con ella.

En las doce horas de camino de regreso entre Sepur Zarco y la Ciudad de Guatemala, empezaron los brotes de pequeñas erupciones que causaban picazón en la piel de esta periodista que escribe. Tras la negativa de un hospital privado a recibir a una paciente con sarna, otro, también privado, accedió una evaluación y la recomendación médica fue tomar un desparasitante de Q50 ($6.50) y una loción de Q80. Tras dos días, las erupciones desaparecieron.

En Sepur Zarco la ayuda llegó seis semanas después de los primeros brotes, cuando la enfermedad provocó una epidemia de manchas y erupciones en toda la comunidad.

Si se aprueba la ley de amnistía, la siguiente catástrofe para Sepur Zarco será el abandono para siempre del Estado. Y la liberación de los dos militares condenados.