Tres años después del ecocidio: Repsa quiere escuchar, pero no tiene respuestas

En 2015, la muerte alcanzó más del 40% del agua que fluye en el río La Pasión en Petén. Por una semana, aparecieron peces asfixiados a lo largo de 150 de los 354 kilómetros que recorre ese río. Y es que ese 6 de junio, la vida se trastornó para miles de animales y de árboles, pero también para miles de personas en Sayaxché, en las comunidades de Champerico, El Pato, Semuy, Flor de Selva, el Colorado y otras a la orilla del río. La sospechosa de haber ocasionado este ecocidio: la Reforestadora de Palmas del Petén S.A. (Repsa).

– Ese día, navegando adentro del río se sentía un olorcito que qué pestilencia. Había un aceitaje sobre el agua, que era toda la shuquedad saliendo del arroyo, contó a Nómada un vecino días después de la tragedia.

El agua para tomar, para lavar, para bañarse y pescar se convirtió en una corriente con olor desagradable y miles de moscas. La fuente de trabajo y recursos de muchos de los pobladores de esas comunidades terminó por un tiempo.

– Hipotecamos la casa porque necesitábamos el dinero para arreglarla, estábamos confiados del trabajo que teníamos, asegura uno de los pescadores, que también fue uno de los contratados por Repsa, en su momento, para recolectar los peces muertos.

– No se puede decir quintalería, sino, toneladas de peces, eran.

Tres años y un mes después, las comunidades se rehúsan a olvidar y ser olvidadas. Con un proceso legal truncado y una empresa con el poder financiero y político para intentar que todo se olvide en las cortes y en el debate público, los pobladores de Sayaxché y la Coordinadora de ONG y Cooperativas de Guatemala (Congecoop) organizaron un evento para escuchar a todas las partes involucradas en esta tragedia: las comunidades, sus representantes y personas del grupo HAME, el nombre del consorcio al que pertenece Repsa, que responde a las iniciales de su dueño, Hugo Alberto Molina Espinoza.

2. Repsa: “Aprendimos a escuchar”

Desde ese momento, la empresa mantuvo muy poca comunicación pública. No tenían una persona que brindara información a los pobladores de las comunidades a la orilla del río ni a la opinión pública. La estrategia durante los meses posteriores a la contaminación del río La Pasión fue el silencio. Del grupo HAME aseguran que desde hace dos años comenzaron a armar un equipo de comunicación y empezaron un diálogo con las autoridades de Sayaxché y los líderes comunitarios.

– Primero aprendimos a escuchar. Uno solo ve una parte, y tiene una visión parcial de lo que es la realidad, explica Jorge Estrada, quien en 2015 se identificaba como gerente de la empresa, ahora es el encargado de las relaciones institucionales.

Aprender a escuchar, dice Estrada, ha mejorado las relaciones con las comunidades alrededor de la empresa. Y que “los programas de capacitación han ayudado para ir nivelando el conocimiento y poder tener un diálogo más horizontal”.

El foro en el Paraninfo Universitario.

Estas son dos acciones concretas de los cambios que Repsa asegura haber implementado, y agregan que tienen planes en materia social y ambiental, que cada 4 meses socializan entre las comunidades, las autoridades, organizaciones de sociedad civil y sus trabajadores. De estas reuniones dicen obtener retroalimentación para hacer correcciones y luego poner los planes en práctica. Y tienen un sistema de quejas para todo el que este interesado en presentar un reporte.

Además de esos proyectos, aseguran tener nuevas políticas de prevención responsable de aceite de palma bajo las cuales han capacitado a sus empleados y esperan hacerla pública en las próximas semanas.

3. Campesinos les hacen preguntas

De todos estos cambios y nuevas relaciones con las comunidades, Saúl Paau, el representante de la comunidad de Sayaxché, asegura no saber nada.

– ¿Qué ha hecho la palma por las comunidades?, preguntó en el foro Lourdes Gómez, parte del equipo de investigación del Instutito de Estudios Agrarios de Congcoop.

– Nada. No tenemos medicinas. No tenemos atención. Y nadie cuida el río.

Esa es la respuesta de los asistentes al evento; la mayoría son qeqchís que viven en las comunidades de Sayaxché a la orilla del río La Pasión. Son los vecinos de Repsa, pero no quieren a la empresa de palma.

Luego de transcurridos 3 años desde la tragedia ambiental más grande que estos pobladores y el país ha visto, las comunidades alrededor del río tienen 3 peticiones:

1) Primero, que las plantaciones de palma dejen de expandirse.

2) Que se revierta la extracción de aceite palma y se utilicen las tierras para sembrar un cultivo que no dañe al ambiente. “Ya contaminaron suficiente y ganaron suficiente dinero, que se vayan”, se escucha decir entre los comunitarios que viven río abajo de Repsa.

3) Que se haga justicia. “Queremos que la investigación de lo que sucedió en el 2015 avance y que los juzgados conozcan quién fue el responsable de lo que sucedió, y qué le hagan responder por los daños de la tragedia”, dice Paau.

4. El juicio está estancado

La respuesta judicial ante el delito de haber contaminado un río importante y de una manera tan grave como ocurrió con La Pasión en 2015 ha sido lenta, muy lenta. Al punto de no haber llegado, tres años y un mes después, a una audiencia de primera declaración.

Repsa tiene buena parte de la responsabilidad.

En 2014, un juzgado de San Benito, Petén, ordenó el cierre de la empresa durante seis meses para que el Ministerio Pública investigara sobre su responsabilidad en el ecocidio. Pero trabajadores de la empresa rodearon el juzgado y bloquearon carreteras para revertir la medida. Aquí, el reporte que hizo entonces Prensa Libre.

El caso después fue trasladado a Poptún, Petén.

Pero no pudo continuar ahí por una recusación de parte de Repsa hacia la jueza que conocía el caso. Es decir, protestó porque no la consideraba imparcial. Por estas presiones, la juzgadora decidió no seguirlo conociendo y se trasladó el expediente a Izabal, un departamento con poca reputación de independencia judicial por los intereses corporativos y políticos de ser la única salida del país rumbo al Atlántico. Las comunidades y sus representantes no confiaban en el criterio del juez que fue asignado en ese departamento, por su historial de fallos con presiones y resoluciones anómalas. Así que solicitaron un nuevo traslado, y ahora fue trasladado a Cobán, Alta Verapaz, en donde el juzgado asignará un juez y una fecha para la audiencia de primera declaración, tres años después.

Una de las líderes de la comunidad.

– Nosotros estamos buscando la forma de avanzar, pero ha pasado como un año desde que el juzgado en Cobán recibió el caso y no hemos podido celebrar la audiencia, explica Aura Marina López, la jefa de la fiscalía de delitos contra el ambiente en el Ministerio Público. Según ella, los recursos que se han interpuesto por ambas partes son responsables del retraso de judicial.

Ninguna de las dos partes, Repsa y las comunidades, acepta su responsabilidad.

Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas) y representante de las comunidades, expresó en el foro que el retraso se debe al litigio malicioso que está usando Repsa. Jorge Estrada, representante del Grupo Hame en el foro, asegura que los recursos legales son de ambos lados y no solo de su empresa.

5. Repsa y Grepalma no tienen respuestas.

Durante el conversatorio del viernes, se permitió la intervención del público y varios comunitarios hicieron preguntas hacia los representantes de Repsa y hacia la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), que envió a una representante.

– ¿Por qué cambiaron su versión de los hechos? En junio de 2015 admitían cierta responsabilidad alrededor de la contaminación, pero meses después lo negaron todo.

Los representantes de Repsa no respondieron a la pregunta directa, e intentaron cambiar la dirección de la respuesta hacia la necesidad de instituciones estatales fuertes que impidan que una tragedia similar se repita. Un argumento similar, si no es que idéntico, al que utiliza el equipo de comunicación de Grepalma. Básicamente, responden que el juicio no avanza por no tener instituciones de justicia capaces de llevar el caso y dicen no se puede responsabilizar a nadie, todavía.

Además, ante las preguntas sobre el manejo del agua por parte de la empresa palmera tampoco respondieron.

Eso sí, aseguraron que no tienen, después de 2015, planes de expansión.

Por su parte, Grepalma asegura que ellos en estos tres años han trabajado en una política ambiental y de cambio climático que pretenden implementar con sus socios.

– ¿Se sancionará a las empresas agremiadas que incumplan con la política?, se preguntó a Grepalma para este reportaje.

Susana Siekavizza, directora de Grepalma, respondió que para eso necesitarían cambiar los estatutos de la gremial y convertirse en un ente fiscalizador, que no lo son.

“Nuestro compromiso es seguir impulsando las buenas prácticas ambientales. Tenemos pendiente hacer los instrumentos para medir el avance que tenga el sector con los objetivos de la política ambiental que trazamos. La gremial no está constituida como un ente fiscalizador, por eso creemos fuertemente en el compromiso del fortalecimiento de las instituciones del Estado para que cumplan con su función fiscalizadora”, añadió.

La directora matizó que sí tienen un procedimiento a través de su Junta Directiva para retirar o decidir cómo reaccionar ante las acciones desfavorables de alguno de los miembros de la gremial. Repsa, de HAME, es la empresa más grande de palma del país y Grepalma no la ha sancionado en estos tres años.

6. La presión de la ley y del mercado sobre Repsa

Ese no es el único frente abierto de las empresas del Grupo HAME.

La reputación de Repsa la precede. Algunos años antes de que ocurriera el ecocidio, Repsa ya acumulaba denuncias ante el Ministerio de Trabajo por malas prácticas hacia sus empleados como pagar menos que el salario mínimo, horas extras, no tener seguridad social y no advertirles sobre los riesgos de la exposición a sustancias químicas.

Por eso Repsa había sido una de las 16 empresas por las que en 2008 Estados Unidos demandó a Guatemala por competir deslealmente e incumplir con el Tratado de Libre Comercio (CAFTA). Al incumplir leyes laborales, Repsa y otras 15 empresas estaban compitiendo de manera desleal porque así podían bajar costos. Desde 2013, se instalaron mesas de diálogo y se inició con audiencias para resolver la demanda entre países. Esto parecía el primer gran encuentro entre una empresa palmera y la justicia. Estuvieron a punto de perder el arbitraje, que obligaría al Estado de Guatemala a forzar a la empresa a cumplir con las leyes. Pero los abogados de Guatemala renunciaron para obligar a que se iniciara el arbitraje de nuevo y ya en tiempos de Donald Trump –quien antes de ser presidente tenía un récord de ser un empresario que esquivaba la ley– en 2017, el panel de arbitraje internacional resolvió a favor de las 16 empresas y no hubo sanción.

Aunque Repsa se haya salvado de la demanda internacional por temas laborales y sociales, en Guatemala enfrenta acusaciones de corrupción por incurrir en otras prácticas de competencia desleal: pagar menos impuestos.

El MP y la CICIG descubrieron una estructura de traficantes de influencias que se dedicaban a agilizar las devoluciones de crédito fiscal por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Repsa era uno de los clientes. Por esta razón, Hugo Alberto Molina Botrán, hijo de HAME, dueño y firmante de cheques de la empresa, está acusado de haber pagado para acelerar los procesos de devolución del crédito fiscal. Se entregó a la justicia en marzo, después de 2 meses prófugo, y guarda prisión domiciliar mientras el proceso por tráfico de influencias avanza. *

Este combo de acusaciones ambientales, laborales, sociales y fiscales tuvieron al menos un resultado: la compañía multinacional de alimentos y bebidas, Nestlé, anunció a través de un comunicado que no comprará más aceite de palma africana a Repsa. Expuso que ya estaba preocupada por las acusaciones de graves violaciones a los derechos laborales y ambientales por parte de la palmera, pero que lo que derramó el vaso fue la acusación penal de sobornos a funcionarios para temas de impuestos.

Nestlé se une a la empresa estadounidense de comida Cargill Inc, que suspendió actividades económicas con Repsa, el 24 de noviembre de 2017, por denuncias de violaciones a Derechos Humanos y no cumplir las normas de producción de palma africana. Y otra agroempresa importadora internacional de Singapur, Wilmar International Limited.

Helmer Velásquez, director de CONGCOOP, considera que esta ha sido la señal más fuerte para Repsa y la que les ha obligado a cambiar. “Ellos se han abierto un poco, producto de la presión de las comunidades y de las empresas que se han pronunciado públicamente. El efecto del mercado ha sido clave, porque su reputación se vio dañada”.

* Originalmente el texto mencionaba que el hermano de Hugo Alberto Molina Botrán también estaba acusado y que ambos estaban prófugos, pero fue corregido y actualizado a las 09:30 del 9/7/18.