Una añeja pelea por la propiedad de la tierra y un desalojo inminente en Purulhá

Una comunidad recóndita de Purulhá, Baja Verapaz, a 180 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, y una familia de empresarios se disputan más de 700 metros cuadrados de tierra. El conflicto llegó al ámbito penal desde 2015, cuando quienes figuran como propietarios de las tierras, la familia Thomae, denuncia usurpación agravada. La denuncia fue interpuesta por Byron Thomae y la Agropecuaria Pananish, S.A., que es representada por Byron Thomae Estrada y Guillermo Thomae Chon.

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Según los datos del Registro de la Propiedad, Pananish está integrada por 6 fincas, dos de ellas pertenecen a Iliana Thomae Estrada y Sofía Thomae.

Esteban Ichich, Hermelindo Ichich, Roberto Caal, Isaías Ayú, Ricardo Chún Laj, Mario Iquí Caal y Tomás Choc fueron acusados de haber promovido una supuesta invasión. Todos con familia, agricultores, uno de ellos enfermero.

—Acá todos vivimos de la agricultura, eso es lo que sabemos, a eso nos dedicamos. Vivimos del frijol, el maíz, la caña, el chile, el banano—, dijo uno de ellos.

Eso es lo que los fiscales consignaron en la denuncia:

“El 16 de marzo de 2015, en horas de la noche, 80 personas “invadieron” el lugar, las fincas que pertenecen a la familia Thomae. Se instalaron en el lugar, montaron pequeñas casas y sembraron cultivos”.

Fueron denunciados por usurpación. La familia Thomae asegura que los terrenos son de su propiedad desde hace más de 100 años. La versión de los acusados es distinta.

No es una propiedad privada, es una tierra en la que han vivido por generaciones, no están invadiendo, simplemente ocupan el espacio que les corresponde, aseguran.

—Son las tierras en las que crecimos, por generaciones. Ahí enterramos a nuestros abuelos también. Nuestros padres ahí trabajaron, ahí estamos trabajando nosotros también—, relató uno de los pobladores bajo el anonimato porque temen represalias legales.

Los denunciantes sumaron un suceso más al expediente.

El 5 de abril de 2016, un grupo de fiscales y representantes de la PDH llegó a la comunidad Washington para realizar una inspección ocular en seguimiento a la denuncia interpuesta por los finqueros; según el documento, un grupo de unas 60 personas les bloqueó el ingreso, los amenazaron con armas y los obligó a firmar un acta donde se comprometían a no volver.

Para sustentar su denuncia, la familia Thomae presentó testigos que declararon que fue un encuentro “sumamente” agresivo. Los denunciaron también por coacción.

El juez Mario Castro Can, de Salamá, condenó a 4 de ellos a 2 años de prisión conmutables por el delito de usurpación agravada. Y al resto por coacción.

En diciembre hubo un intento de desalojo en las comunidades de Purulhá. Fueron llevadas varias patrullas y decenas de policías.

Pero, nuevamente, la versión de los acusados era muy distinta.

Uno de ellos lo recuerda de esta forma:

—Eso es lo que ellos dicen. La verdad es que somos agricultores. Dicen que estábamos armados y no tenemos armas, siempre llevamos nuestro machete, somos agricultores. Siempre cargamos machete porque somos campesinos. Ellos llegaron pero con armas de fuego. Nosotros les tenemos miedo a las armas de fuego.

A partir de la denuncia y un proceso judicial que terminó el 26 de septiembre de 2018, el juez Castro Can resolvió condenarlos por usurpación y coacción. Fue una sentencia que los acusados percibieron como confusa porque también cuestionaba la propiedad de la tierra. Llegó a esa decisión a pesar de que durante el juicio se cuestionó la legalidad de la propiedad de esas tierras.

El perito Juan Carlos Peláez fue el encargado de hacer un análisis histórico registral sobre la propiedad que, aparentemente, pertenece a la familia Thomae. Es decir, un análisis histórico sobre la propiedad de 2,368 manzanas de tierra que la familia Thomae reclama como suyas.

El peritaje se realizó a través de la información recopilada en el campo por el Registro de Información Catastral (RIC), datos del Registro de la Propiedad y títulos comunales sobre las tierras. Peláez determinó que existían anomalías en el registro de las tierras y que ninguna porción ocupada por la comunidad Washington pertenece a algún particular, sino a la comunidad.

Una de sus conclusiones fue que las cuatro fincas analizadas —Corozal, San Rafael, Tamaxque, Los Encinos y Pancoc— surgieron a la vida jurídico-registral dentro del proceso de despojo a que fue sometido el pueblo indígena de su propiedad comunal.

El juez le dio crédito a ese análisis y en su sentencia dejó claro que la familia Thomae tenía una posesión desproporcionada de tierra y que eso ocasionaría conflictos sociales. Sobre todo porque contrasta con la precariedad, limitación y pobreza en la que viven los habitantes de las comunidades vecinas. Una de ellas, Washington.

Los servicios más básicos no llegan a la comunidad. Tampoco llega el Estado, ni la educación, ni la salud. La mayoría de niños opta por no ir a la escuela porque la más cercana está en una de las comunidades cercanas a la zona más poblada de Purulhá. Para llegar al centro de salud más próximo, se requieren de 2 horas de camino.

Los pozos y ríos sustituyen el servicio de agua potable.

—Agarramos agua del pozo, pero hay épocas en las que se seca y tenemos que ir al río, que nos queda como a dos horas a pie—, cuenta uno de ellos. No se lamenta. Tener un río “cerca” es uno de los grandes privilegios para la comunidad.

Tampoco hay energía eléctrica. La sustituyen con paneles solares, pero solo los tienen las familias con más ingresos. No hay casas de concreto. La mayoría están hechas de troncos de madera. Otras de lámina.

La PDH supervisó el desalojo programado el 11 de diciembre del 2019.

Además de la brecha de riqueza entre los Thomae y las comunidades aledañas —continúa el juez—, la distribución de tierras también despierta dudas sobre la exactitud de los registros:

“Resulta igualmente obvio que la desmesurada apropiación de estas vastas extensiones de tierra tuvo como consecuencia la incertidumbre que hasta ahora se experimenta sobre la certeza de extensión física de las distintas fincas que se fueron formando con el correr del tiempo”.

Según el juez, en las inscripciones registrales de este caso apenas se hace relación de las colindancias y extensión métrica de los terrenos. Tampoco se cuenta con planos que generen certeza sobre la extensión real y delimitación de cada una de las tierras al punto que, como lo señaló el perito, en algunos sitios geográficos existe sobreposición de hasta cinco inscripciones.

Y continúa el juez:

“En el caso concreto, el estudio efectuado por el perito Peláez Villalobos sobre los la documentación de las fincas que integran ahora la entidad Agropecuaria Pananish, S.A., demuestra la forma en que, mediante pagos dinerarios simbólicos, se adjudicaron a los originales propietarios esas extensas tierras, pero, más relevante es el criterio del citado profesional sobre la necesidad de realizar el levantamiento planimétrico sobre tales terrenos para determinar, con exactitud sus dimensiones y límites”.

En la resolución también ordenó que se estableciera una mesa de diálogo con la participación de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia, el Registro de Información Catastral, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Fondo de Inversión Social. El objetivo sería resolver de forma definitiva “lo relativo a la propiedad y delimitación de las áreas mencionadas en la sentencia que incluya los legítimos derechos ancestrales y comunitarios”.

El problema es que, mientras en una parte de su veredicto habla de la necesidad de aclarar el origen de la propiedad de esas tierras, paradójicamente también ordenó un alejamiento para todas las familias que ocupan el lugar.

A los comunitarios les sorprendió la decisión.

—Lo que no esperábamos es que habiendo una mesa de diálogo hubiera un desalojo—, dijo Ignacio Urquijo, uno de los abogados del caso.

Por su parte, la postura de Byron Thomae es que las propiedades que reclaman como suyas y que han sido “invadidas” por las comunidades, fueron adquiridas legalmente por su familia, desde hace más de 100 años con “el fruto de sus esfuerzos”.

Thomae sostiene que estas tierras fueron compradas por sus antepasados, que luego las heredaron a su padre.

Declaró que los comunitarios ocuparon sus tierras, hicieron champas con nailon, después las hicieron con varas y paja; actualmente, han hecho construcciones de lámina. Intentó establecer una reunión conciliatoria con algunos de ellos pero finalmente el caso llegó al plano judicial.

[Te recordamos este texto: ¿Qué fue lo que pasó en el desalojo de Izabal: propiedad legal o tierras ancestrales?, por Gladys Olmstead]

Ser desalojados sin tener a dónde ir

A partir de la resolución del juez, la comunidad se paralizó ante la posibilidad de ver a las fuerzas armadas y ser desalojados. Especialmente porque son diligencias en las que los oficiales recurren a la fuerza y métodos para agredir, dijeron algunos.

El 11 de diciembre de 2019 el MP programó cinco desalojos en las fincas que, según el juez, son propiedad de los Thomae.

Ese día, a la finca Corozal llegó un juez ejecutor, el personal de la PNC, cerca de 1 mil agentes de policía y algunos representantes de la PDH. Su intención era realizar cinco desalojos, pero solo concretaron uno.

—Según el juez venían a sacarnos con una orden pero no llevaron un papel, se los pedimos pero no lo llevaban—, relató uno de ellos. Antes hizo una advertencia.

—No publique mi nombre porque ellos están buscando quiénes somos—, solicitó.

Este es el relato de uno de los comunitarios:

—El juez nos dijo: Ahora van a firmar unos papeles y van a recibirnos.
— Le dijimos: Antes de recibir ese papel, será que no va a dar lectura.
— Él dijo que no. Dijo: “Nada más reciben y firman acá”.
— Pero no firmamos. Después nos dijo que saliéramos, que era una finca privada, que así está en los juzgados, que ya había una orden en el juzgado de Salamá.
— Ahora tienen 15 minutos para salir de ese lugar, nos dijo.
— Señor juez, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos dónde vivir. Aquí nacimos, dijimos nosotros.
— Nos dijo, yo no sé nada de eso. Yo vengo a cumplir la orden.
— Les dijimos: No vamos a salir, solo que nos maten a todos, si aquí nacimos, aquí estuvieron nuestros abuelos.
— Después de eso la Copredeh (Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos) empezó a decirnos: para que la ley los apoye ustedes deben salir del lugar. Sálganse y después platican entre ustedes qué van a hacer. El de la PDH también nos dijo que nos fuéramos.

Las autoridades insistían en que salieran del lugar. Ellos insistían en que no se irían de donde han vivido, ellos y sus antecesores. Ante esa negativa, comenzaron las medidas de represión para los pobladores.

—Nos empezaron a echar gases. Todos salieron. Después de eso comenzaron a quemar las casas, quemaron el maíz. Quemaron cinco casas. Entraron a destruir las casas con gasolina, otros tirando gases. Cómo ardía, nosotros no conocemos eso, casi nos ahogamos todos.

Una vivienda quemada durante un desalojo.

Algunos calculan que ese desalojo duró 10 minutos. El tiempo suficiente para que los policías convocados quemaran y destruyeran las casas. Algunos, según los testimonios de los afectados, se robaron colchas, paneles solares y pollos.

—Cuando se fueron, salimos de donde estábamos escondidos y empezamos a ver que ya no teníamos nada.

Cuando la PNC se retiró del lugar llegaron diez hombres a los que ellos reconocen como miembros de la seguridad del “patrón”.

—Comenzaron a disparar. Ya han matado a varios de la comunidad, nos escondimos y nos quedamos quietos. Después de eso se fueron, comenzamos a ver las casas que ya se estaban consumiendo por el fuego—, recuerda uno de los testigos.

A pesar de la manera en que los comunitarios recuerdan ese desalojo, Daniel Tucux, delegado de la PDH, cuenta una versión distinta.

—En ese caso se verificó que se cumplieron algunos requerimientos como tener albergues para las persona que pudieran ser desalojadas y transporte para llevarlos. Se observó el actuar de la PNC. Según el reporte de los delegados del PDH, no fue necesaria una intervención más allá de después de una hora. Los comunitarios salieron de manera voluntaria. Se cumplió la hora y las personas no se retiraron y la PNC intervino, usó gases, humo para disuadir, luego utilizó gases lacrimógenos. Las personas se retiraron y dijeron que no iban a utilizar los albergues ofrecidos—, declaró.

—¿Por qué no aceptaron los albergues?
—Nos dijeron que había camiones para llevarnos a los albergues, pero dijimos que no estamos acostumbrados a vivir así, en un salón de la municipalidad, tenemos pollos, siembras…, dicen que nos van a trasladar a un lugar seguro pero no estamos acostumbrados a vivir en un lugar así. Estamos acostumbrados a trabajar en nuestro lugar.

Ese día, el juez dirigió uno de los cinco desalojos programados para esa tarde. Los demás se realizarán mañana 13 de febrero.

Mientras tanto, los miembros de la comunidad han permanecido en ese lugar. No saben a dónde ir, no quieren perder sus casas. A pesar de eso, tienen miedo.

—Tenemos miedo de la Policía, de los hombres del patrón. Ellos disparan al aire. Nosotros pedimos a las autoridades que nos apoyen, nosotros no vamos a hacer nada.

Están asustados, pero también enojados. Entre ellos, están conscientes de que se enfrentan a los intereses de una de las familias más adineradas del lugar. Finqueros que, según dicen los pobladores, le apuestan al negocio de las hidroeléctricas y por eso se aferran a la tierra de Purulhá, en Baja Verapaz.

En el Registro de la Propiedad, desde el 2008 figura un proyecto hidroeléctrico a nombre de la familia Thomae. Mauricio Thomae Cruz figura como representante legal de la empresa Energías Renovables, Enerjá, S.A.

Según una investigación realizada por el Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI), a Enerjá fue concedido un préstamo por Q760,000 del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), fiduciario del “Programa de Desarrollo Integral en áreas con potencial de riego y drenaje” del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA). Byron Thomae trabajó para dicha institución.

También se les otorgó un proyecto para la construcción y equipamiento del sistema de riego de la Finca San Rafael por Q750,000. CMI constató que Enerjá necesita de los ríos Sinajá y Panimá, que colindan con los terrenos en donde se encuentra ubicada la comunidad Washington.
Un país sin certeza jurídica territorial

La certeza jurídica de las tierras es mínima en un país que solo ha completado análisis catastrales en el 30% de su territorio.

Un estudio catastral implica la realización de un mosaico gráfico de fincas, un bosquejo en el que se dibujan en un esquema todas las fincas que están en el área, según la información del Registro de la Propiedad. Eso se compara con otras fuentes de inscripción registral de derechos reales.

Además, se evalúa con una medición en campo de cada uno de los predios analizados.

Luego de realizar ese proceso en la comunidad Washington, el RIC emitió su dictamen y determinó que la comunidad está abarcando cerca de 743,984 metros cuadrados sobre las fincas de la Agropecuaria Pananish. Y hay un área de 52,900 metros cuadrados sobre las fincas que pertenecen a otros miembros de la familia Thomae.

Sin embargo, las comunidades sostienen que durante generaciones han vivido sobre terrenos propios, que han pertenecido a sus antecesores. Hay familias que han vivido en esos espacios por años, pero el nombre de otras personas figuran como propietarios en los folios del Registro de la Propiedad.

Walter García, uno de los ingenieros del RIC, encargado de esos procesos, tiene una explicación para eso:

—Hay comunidades que están viviendo en áreas cuya posesión se ha ido heredando de generación en generación. El problema es que hay una ley (el Código Civil) que dice que para tener certeza jurídica tienen que inscribir la propiedad. Muchas comunidades solo la han poseído y no regularizan su situación.

El perito Peláez explica que hay una serie de anomalías en cuanto al registro de tierras que inicialmente pertenecían a comunidades originarias de la región.

—No se trata de un conflicto por derechos ancestrales, es un problema de anomalías en los registros de las propiedades—, aclara.

El caso de Purulhá, según el exdiputado Amílcar Pop, es uno de cientos más que han generado conflictividad en distintas regiones. Según el RIC, Huehuetenango, Izabal, Baja Verapaz, Alta Verapaz y Zacapa son los departamentos que destacan por problemáticas de tierras.

—El tema es complejo porque es de minuciosidad de interpretación del derecho. El hecho de que se niegue el reconocimiento de este derecho (de la propiedad) es parte del racismo institucional del Estado. Los derechos ancestrales existen, hay títulos reales que adquieren legalidad. El hecho de que no se hable de eso no significa que no exista—, cuestiona Pop.

Cada vez que un conflicto de tierras entre finqueros y comunidades llega al plano penal, los juristas recurren a lo estipulado en el Código Civil, sobre el procedimiento para registrar propiedades. Sin embargo, la Constitución misma habla de la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas.

—Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.

También es un derecho reconocido en el convenio 169 de la OIT, que sigue siendo un desafío para la jurisdicción guatemalteca.

La comunidad Washington cuenta como uno de los 723 conflictos de límites territoriales, en el municipio de Purulhá, registrados por el RIC. A nivel nacional, solo 68 municipios han culminado un proceso catastral. Los vecinos de Washington fueron notificados de un próximo desalojo que se realizará el 13 de febrero.

Permanecen en sus viviendas porque no tienen a dónde ir, ni dónde cultivar. Ante el miedo, solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pero aún no han recibido una respuesta.

A pesar del temor a ser desalojados en cualquier momento, tienen clara su consigna:

—Acá nos vamos a quedar, aquí nacimos, aquí murieron nuestros abuelos.