El jefe de la FECI informa que “la investigación -por la muerte de Centeno- determinó que se trató de un suicidio, y dicha denuncia fue desestimada”. Cabe recordar que existe un video que prueba el suicidio ocurrido el 28 de octubre de 2016, cuando Centeno creyó que el Ministerio Público iba a capturar y en realidad se trataba de un operativo para detener a Ronald García Navarijo involucrado en el caso Bantrab. A criterio del fiscal contra la impunidad, Sandoval, estas declaraciones incluyen el trabajo realizado en esos casos por la FECI, órgano del MP, por lo que afecta a la institución en general. El MP es la institución que, según aseguran los funcionarios de Gobierno, debe recibir la transferencia de capacidades de CICIG, antes de septiembre de 2019.

Juan Francisco Sandoval expone que “ningún tribunal ha abordado el tema de existencia de pruebas falsas. (Ese) ha sido un discurso de los propios sindicados. En todo caso enfrentaron proceso por los hechos conocidos como Pavón-Infiernito”. Sandoval le recuerda a Jovel que “uno de los señalados es hermano del actual viceministro de Gobernación”. Edwin Emmanuel Rivera Gálvez es hermano de Kamilo José Rivera Gálvez, viceministro de seguridad. Cabe mencionar que el caso Pavorreal no existe, lo que se llamó Operación Pavorreal fue el plan orquestado por la cúpula de seguridad del gobierno de Oscar Berger para recuperar el control de la cárcel de Pavón. En ambos casos, el de los Valdés Paiz y Pavón-Infiernito, la fiscalía además expone que en los dos procesos hay más personas involucradas, de las que ni siquiera hace mención la ministra Jovel. En el primero son 13, y en el segundo son 12 los procesados.

Esta mención del caso de los señores Estuardo y Francisco Valdés Paiz es falsa. Las razones las cita Sandoval en su oficio: “En el caso de los hermanos Valdés Paiz: a) No estuvieron en prisión preventiva 8 años, sino 3 años. B) No han sido absueltos, aun sigue en discusión la probabilidad de que enfrenten debate oral y público.” Los hermanos Valdés Paiz se se entregaron a la justicia el 28 de junio de 2010. Se les dio arresto domiciliario en agosto de 2013, cuando pagaron una caución de Q500 mil. Y en noviembre de 2017, cuando el juez Mynor Moto confirmó el cierre del caso en contra de ellos dos pero la fiscalía presentó un recurso de casación que fue admitido. Por lo que el caso no se encuentra totalmente cerrado.