En ningún sitio de la página web, ni en los informes presentados por el Banco Mundial sobre Guatemala se hace referencia a este dato. La persona encargada de los temas de aduanas en el Banco Mundial, para el país, no pudo ser cuestionada pero otros funcionarios de la institución tampoco supieron explicar de dónde viene el dato al que hizo mención Jimmy Morales.

Es verdad que ni en el gobierno de Álvaro Colom (2008-2001) ni en el de Otto Pérez Molin (2012-2015) se ha logró incautar más de 7 mil kilos de cocaína al año. Y que durante los dos primeros años del gobierno de Jimmy Morales, el 2016 y 2017, se confiscaron aproximadamente 12,800 kilos en el primero y 13,400 en el segundo. Casi más del doble que los 8 años de las administraciones pasadas. El total incautado por el gobierno de FCN hasta septiembre fue de 34,108 kilos, a comparación de los 14,728 kilos de la UNE y los 17,955 kilos del PP. Sin embargo, Jimmy Morales olvidó mencionar el detalle de que estos decomisos fueron bajo el mando de Francisco Rivas como ministro de Gobernación y no Enrique Degenhart. Desde enero hasta septiembre de 2018, el período de Degenhart, solo han incautado 7,630 kilos.

Las organizaciones de sociedad civil que participan en la iniciativa de gobierno abierto a la que hizo mención Jimmy Morales, denunciaron en un comunicado, con fecha 26 de septiembre, que la alianza que hicieron con el gobierno ha sido violentada, por el mismo gobierno. Rechazan las declaraciones del presidente y muestran su descontento por el uso propagandístico que Jimmy hace de la paritipación de sociedad civil pero la poca ejecución real que existe por parte de su gobierno para la transparencia. —“Afirmamos que la iniciativa de gobierno abierto no está funcionando correctamente en Guatemala”, denunciaron las organizaciones: Acción Ciudadana, Artículo 35, Ceidepaz, Guatecambia, Ciprodeni, ICEFI, Red Ciudadana, Sedem y CIIDH.

En esta parte del discurso Jimmy Morales no olvidó nada. Mintió. Aseguró que su gestión no tiene señalamientos de corrupción cuando la lista de delitos en su contra no deja de crecer. Hace un año se descubrió que durante 9 meses recibió un sobresueldo de Q50 mil al mes, al que bautizó “bono de riesgo”. En enero se conoció que recibió “regalos” caros y extravagantes comprados con dinero público por su Secretaría de asuntos administrativos y seguridad, entre los que se encontraban licores, lentes y mentas para el aliento. Uno de sus ministros fue denunciado por contratar a sus exesposas para trabajar dentro de la cartera que dirige. Y su declaración por no renovar el mandato de CICIG (un año antes de que venza el convenio) y la orden de no dejar entrar a Iván Velásquez, llegan unos días después de que el MP y la CICIG solictaran (nuevamente) se le quite su derecho a antejucio. El fin es poder investigarlo por financiamiento electoral ilícito, delito que ya confesaron los empresarios que le entregaron el dinero.

Cuando la Comisión Helsinky solicitó a la CICIG una respuesta y programó una cita para conocer el papel que ha jugado la comisión de la ONU en el caso de los pasaportes falsos en los que se encuentra involucrada la famiia rusa de apellido Bitkov, respondieron a los cuestionamientos. Uno de los miembros de CICIG, Loreto Ferrer, respondió a las dudas de los integrantes de la comisión Helsink con esta carta, dentro de la que expuso sus argumentos y explicó el trabajo que hace la CICIG en Guatemala en conjunto con el MP.

“Absurdo”, es el adjetivo que escoge el abogado constitucionalista Alejandro Balsells sobre el argumento de violaciones a los derechos que utiliza Morales. Según el experto, las quejas sobre el proceso y las garantías de presunción de inocencia se deben hacer contra el Organismo Judicial y no la CICIG. Porque es el OJ el encargado de velar por el debido proceso y resguardar a los acusados. -“Es la Corte Suprema de Justicia la que debería garantizar la independencia judicial, pero tiene magistrados con procesos abiertos, así que eso es lo que menos están haciendo”, responde Balsells sobre la independencia judicial a la que hace alusión el presidente Morales.

Sobre el allanamiento en 2016 el mismo presidente Morals se pronunció en su momento y aclaró que se trataba de una investigación a la interno de la Guardia Presidencial y que ellos “abrieron las puertas”. No se “rompió” ningún círculo de seguridad ni se vulneró la institucionalidad, por ser una investigación que ni siquiera involucraba Jimmy Morales. El registro y la información obtenida en Casa Presidencial se hizo por parte de fiscales del MP, con apoyo de CICIG, y la orden judicial de un juez competente, como lo específica la ley. Y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y sus vehículos, no hay ningún indicio de participación.

Esta afirmación es falsa porque este es un tema del Organismo Judicial. No del MP y, menos, de la CICIG que funciona únicamente como querellante adhesivo en los casos. “Los jueces ordenan las prisiones provisionales. Las fiscalías son objetivas y piden la prisión provisional dependiendo de las circunstancias”, expone Alejandro Ballsels, ex-presidente de CEDECON y abogado constitucionalista. A lo que Eduardo Stein, ex-vicepresidente de Guatemala, agrega que “la prisión preventiva no tiene que ver con la CICIG sino con el Código Penal guatemalteco”.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la fiscalía especial contra la impunidad del MP, expone que no existe ningún caso denominado Pavorreal. Lo que se llamó “Operación Pavorreal” fue el plan orquestado por la cúpula de seguridad del gobierno de Oscar Berger para recuperar el control de las carceles de Pavón y el Infiernito. Aunque, sí es verdad que en Guatemala, Austria y España, los acusados fueron absueltos.

Durante los años que duró el conflicto armado interno la represión por parte de los diferentes gobernantes, que ocuparon la presidencia de Guatemala, era tanta que no existían voces disidentes. Y las que sí, fueron silenciadas con muerte. Así lo explica Mario Polanco, fundador y director de la organización Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), quién recuerda la cantidad de desaparecidos por ser considerados opositores del régimen. “Si bien Jimmy Morales tiene razón en que existe “más polarización” en el 2018 que durante la década de los 70s y 80s, olvida mencionar el miedo y la represión que la población vivía en esos tiempos. Si Guatemala se ha polarizado, es como consecuencia de la actitud asumida por el mismo presidente, quien ha olvidado que fue elegido para gobernar a la población y no solamente a sus allegados y colaboradores, a partir de su toma de posesión se inclinó a favor de aquellos que en el pasado reciente habían cometido crímenes de lesa humanidad”, expone Mario Polanco referiéndose al ejército de Guatemala y su papel en la historia del país.

Según una encuesta realizada por la consultora CID-Gallup, y publicada en Con Criterio, no hay polarización. Se entrevistó a 1,200 guatemaltecos entre el 3 y 7 de septiembre de 2018 para medir el deseo de la población guatemalteca respecto a la continuidad de la CICIG. Un 71% apoya a la Comisión de la ONU, mientras que un 15% desea que se vaya y un 14% no respondió. La popularidad del comisionado Velásquez es del 53%, 5 puntos porcentuales más que el año pasado. Y 7 de cada 10 guatemaltecos está en contra de la decisión de Jimmy Morales de no renovar el mandato de CICIG. No se comprende a qué inestabilidad hace referencia el presidente, ni en qué medida asegura se ha “vulnerado la seguridad”.

Este argumento con el que Jimmy Morales intentó desprestigiar el trabajo de CICIG es falso. El presidente no solo no tiene pruebas para sostener esta acusación, sino que varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia desmintieron a Nómada las afirmaciones sobre influencias en jueces para “no otorgar medidas alternas”. Los magistrados incluso llegaron a asegurar que de ser ese el caso, los primeros en tener conocimiento de eso serían ellos.

Durante los años que duró el conflicto armado interno la represión por parte de los diferentes gobernantes, que ocuparon la presidencia de Guatemala, era tanta que no existían voces disidentes. Y las que sí, fueron silenciadas con muerte. Así lo explica Mario Polanco, fundador y director de la organización Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), quién recuerda la cantidad de desaparecidos por ser considerados opositores del régimen. “Si bien Jimmy Morales tiene razón en que existe “más polarización” en el 2018 que durante la década de los 70s y 80s, olvida mencionar el miedo y la represión que la población vivía en esos tiempos. Si Guatemala se ha polarizado, es como consecuencia de la actitud asumida por el mismo presidente, quien ha olvidado que fue elegido para gobernar a la población y no solamente a sus allegados y colaboradores, a partir de su toma de posesión se inclinó a favor de aquellos que en el pasado reciente habían cometido crímenes de lesa humanidad”, expone Mario Polanco referiéndose al ejército de Guatemala y su papel en la historia del país.

El 25 de agosto del año pasado Jimmy Morales se reunió con el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ambos admitieron que entre los temas que discutieron se encontraba el mandato y actuar de la CICIG. Dos días después el presidente Morales graba y publica un video en el que declara “persona non-grata” al comisionado Iván Velásquez y le solicita que deje el país. Sin embargo, Guterres aseguró que nunca se habló de una destitución, mucho menos de una expulsión. -“He expresado que me pareció escandalosa la orden que se dio para su salida del país. Nunca hubo una solicitud formal hacia mí para que yo lo destituya, si bien, el presidente expresó inquietudes, pero eso es irrelevante. Lo relevante es que una orden es una orden, y hemos estado en contacto con distintas autoridades del país a fin de garantizar que su seguridad no quede vulnerada”, dijo Guterres después del intento de expulsar al Comisionado. El 31 de agosto de este año el gobierno intentó intimidar con un convoy de tanquetas militares que rodearon la CICIG y se pasearon frente a la embajada de Estados Unidos. Además ha intentar sabotear el trabajo de la comisión y la fiscalía retirando el apoyo de los agentes de la PNC para seguridad y refuerzo en los allanamientos y las capturas.

Esta teconología implementada por primera vez en Guatemala, ya es utilizada en otros países. Y aunque no existe un rponociamiento oficial del Foro Económico Mundial en el que reconozca los avances de esta tecnología, sí hay un video en el que la organización internacional motiva a otros a países a ser como Guatemala por el uso y la creación de las “biobardas” en cuerpos importantes de agua, como el río Motagua.

Nadie llamó nunca a los operativos de CICIG como “jueves negros de CICIG”, si bien sí se hacía popularmente referencia a ellos como “jueves de CICIG” el tono era positivo. Contrario al oscuro episodio conocido como “Jueves Negro”, ocurrido el 24 de julio de 2003 cuando miembros del FRG organizaron una marcha violenta para exigir que la CC, inscribiera como candidato presidencial al exdictador, Efraín Ríos Montt. Ese día las turbas quemaron llantas, amenazaron con hacer disturbios en centros empresariales y persiguieron a periodistas al punto de provocar la muerte de Héctor Ramírez. Las capturas y los allanamientos, según el fiscal del MP Juan Francisco Sandoval, se han hecho siempre dentro de los límites que permite la ley. No ha habido ningún abuso ni de fuerza ni de poder. Los procedimientos y la cantidad de agentes se definen según el lugar, bajo el protocolo de la PNC. “Ni los fiscales ni los investigadores de CICIG usamos armas, [los fusiles de alto calibre] serían responsabilidad del Ejecutivo, porque ellos mandan a la gente así”, explica el fiscal Sandoval.

Ante la declaración del presidente Morales, Gabriel Wer, de Justicia Ya, asegura que esto no podría estar más alejado de la realidad: – Ha sido todo lo contrario. La CICIG no ha hecho más que revelar, con nombres y cifras cómo está capturado el Estado por grupos políticos, empresariales, militares, etc”. Wer, como miembro de la organización civil, incluso se atreve a comparar a la CICIG con el mandatario Morales y el despliegue de fuerzas con el que buscaba reafirmar su poder. – Él sí intenta coaccionar con terror cuando habla rodado de muchísimos militares, mientras tiene jeeps con ametralladoras en la calle, comenta.