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SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ

Los que tienen que morir

Un gran grupo de vecinos anónimos encapuchados operan por encima de la Policía y matan a los que roban, violan, secuestran o cometen alguna ilegalidad.

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Textos: Elsa Cabria y Ximena Villagrán
Fotos: Carlos Sebastián y Sandra Sebastián

En el municipio metropolitano más seguro de la Ciudad de Guatemala, el abuelo de Marcos se llamaba Nazario y tenía un terreno grande donde pastaban sus vacas. A esa apartada y boscosa zona de San Pedro Sacatepéquez le dicen Campo de las vacas. Allí, arriba de la colonia Altos de la Loma, aparecieron dos hombres degollados y con un balazo en la cabeza el 16 de enero de 2017. Son los únicos dos asesinados en San Pedro en el primer semestre de 2017.

– De uno dicen que había violado a una niña en una escuela, dice el nieto Marcos mientras prepara las semillas de sus gallinas, en un terreno con un campo de fútbol, cerca del lugar donde la Policía encontró los cuerpos, a seis kilómetros de la cabecera.

Todo acabó en el Campo de las vacas. Pero todo empezó en el mercado, que queda debajo del parque central, delante del Palacio Municipal.

Dentro del mercado, una vecina que vende ropa que compra en Tecpán, cuenta en voz baja en medio del pasillo que los asesinados eran hijos de la señora de los tomates, que eran extorsionadores y que los vecinos organizados llevaban meses controlándolos y los fueron a buscar ese día de enero.

– Gracias a Dios que existen los encapuchados porque me cuidan a mis hijos, dice.

En la zona de verduras, hay cinco señoras que venden tomates. Sólo una vende exclusivamente tomates, la probable mamá de uno de los asesinados. Rehuye la mirada y niega con los ojos antes que con la boca cuando se le pregunta por el caso: “Yo no sé nada de eso”.

El agente Jeremías Pérez Tecún, de 27 años, encargado desde septiembre de 2016 de la minúscula subestación de San Pedro, señala en el mapa del municipio el lugar de las últimas dos muertes violentas, las de los degollados en Campo de las vacas: “Fue el último asesinato de los vecinos organizados”.

La tarde del 17 de enero de 2017, el periodista Edwin Pitán, del diario Prensa Libre, llegó al mercado a reportear el caso. Encontró a un grupo de comerciantes que, preocupados, iban a salir a buscar a los dos hombres ese día para sumarse a otro grupo, que también quería salvar a los dos secuestrados. Los vecinos contaron que un grupo de hombres cubiertos con gorros pasamontañas se llevaron del mercado a José Alejandro Chávez, de 36 años, y a Valentino Zet, de 19. Los familiares dijeron al periodista Pitán que Chávez era un comerciante y tenía un negocio en el mercado, mientras que Zet era el guardián de una escuela.

El comerciante Chávez y el guardián Zet no tuvieron derecho a una defensa o a un juicio para saber si en realidad eran responsables de lo que se les acusaba. Tampoco un juez que dijera si sus supuestos delitos merecían la muerte como sentencia. Ninguna autoridad policial o del Ministerio Público se molestó en buscar a sus asesinos.









San Pedro Sacatepéquez es el municipio con la menor cantidad de homicidios del área metropolitana de la capital guatemalteca. Entre 2008 y 2016 hubo 50 muertos, de los que el 60% se cometió con arma de fuego y el 14% mediante estrangulamiento, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) analizados por Nómada.

De los 17,772 homicidios ocurridos en el área metropolitana en los últimos nueve años, apenas el 0.28% ocurrió en este lugar donde la justicia la imparten las patrullas civiles de seguridad, ahí donde vive el 1.5 de la población metropolitana. Entre 2008 y 2016 hubo un linchamiento.

– San Pedro es un lugar bonito y tranquilo, aquí ustedes pueden caminar con toda confianza.

Alejo Boro, vicealcalde, se presenta así, sin esperar a la primera pregunta. En su despacho oficial, sentado al fondo de una habitación con cinco grandes ventanales, una librera alta y una mesa de trabajo prácticamente vacía, el vicealcalde Boro une sus manos tocando la punta de sus dedos, para empezar a explicar, ahora sí, por qué San Pedro tiene una tasa tan baja de homicidios. “Hace unos quince años, aquí se daba mucho la violencia”, dice este político que lleva seis años en el cargo.

Este municipio de 45,291 habitantes, ubicado en el noreste del área metropolitana, colinda con la zona seis de Mixco y en los últimos nueve años siempre ha sido el más pacífico de la demarcación. Cuando no hay tráfico, desde el centro de la Ciudad de Guatemala, un carro tarda una hora en llegar. Está arriba de la carretera hacia San Juan Sacatepéquez, entre montañas y calles muy empinadas, tiene tres aldeas y nueve caseríos, su aspecto es mucho más rural que urbano. De población mayoritariamente kaqchikel, sus habitantes han trabajado desde hace muchas décadas en maquilas de ropa.

Allá por el 2000, se infiltraron muchos mareros en las fábricas de maquila, dice el vicealcalde Boro, que fue maquilero durante 30 años. “Era un riesgo caminar en la calle”, dice reduciendo a cinco horas al día las horas seguras. “Como que ellos peleaban terrenos”. Ellos son la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Terreno es territorio. Mientras habla, en la plaza central, frente a la municipalidad, un centenar de niños ensayan despreocupados sus cantos, bailes y con instrumentos para la feria del pueblo.

Hay patrullas por cada sector de cada caserío, aldea y zona. Los vecinos vigilantes no permiten que la gente beba en la calle ni en las tiendas, tampoco que anden en la calle de madrugada, y evitan que los jóvenes adopten lo que ellos consideran look de pandillero: gorra plana, ropa ancha. Obligan a los hombres, especialmente a los menores, a quitarse ese tipo de indumentaria. Antes patrullaban de día y de noche, ahora sólo de noche.

Es decir, las horas seguras para caminar son ahora 12 en el día.

“Los mareros son personas sencillas, inteligentes, que trabajaban en las fábricas, ¿cómo reconocerlos?”. En un viaje de trabajo, el vicealcalde dice que descubrió que uno de sus compañeros era pandillero. “Al poco tiempo, desapareció. Lo mataron”, dice mientras choca sus puños y suenan sus dos anillos.

En esa época, un tanto inexacta en su narración, se dio el cambio. La gente empezó a organizarse, a salir encapuchados, con gorras y pasamontañas. Eran las primeras juntas locales de seguridad de San Pedro. Inspiradas en el modelo de San Juan Sacatepéquez, pionero en el tema, los vecinos decidieron tomarse la justicia por su mano. “La organización de vecinos es anónima, no sabemos quiénes son, lo ignoramos”, asegura el vecino Boro, que en una ocasión fue amenazado por los vecinos por salir a cenar a horas que los patrulleros consideraban impropias.

Las primeras juntas locales de seguridad en Guatemala surgieron en 1999. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, el Estado eliminó las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y los Comités Clandestinos, grupos civiles de apoyo al ejército y a la guerrilla, respectivamente. En el siguiente Gobierno (2000-2003), del partido del exdictador Efraín Ríos Montt, se impulsó a las juntas para apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado. Lo que en el fondo evidenciaba era la ausencia de Estado en muchos municipios del país. No en todos los casos fueron o son violentas, pero sí en algunos, como en San Juan y San Pedro Sacatepéquez. La diferencia es que en San Juan hubo 80 homicidios en 2016 y en ese año, San Pedro fue el municipio con la tasa de homicidios más baja, 1 por cada 10 mil habitantes.

A partir de julio de 2008 aumenta la participación ciudadana en el país, según señala la abogada Karina Rojas en su tesis de universidad titulada ‘La ilegalidad de las patrullas de seguridad ciudadana en San Juan Sacatepéquez’: 444 las Juntas Locales de Seguridad en todo el país, de las que 21 surgieron en Mixco, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo y Chuarrancho.

Estas juntas locales fueron eliminadas por un decreto cuando Mauricio López Bonilla era ministro de Gobernación. Ahora se llaman Comisiones de Prevención de la Violencia (Comupre). Según Gobernación hay una de estas instalada en San Pedro Sacátepequez, pero Boro, el vicealcalde, no sabe de su existencia y no cree que sean un factor importante en la baja cantidad de homicidios del municipio, la seguridad la brindan los vecinos organizados.

No tardaron mucho tiempo en patrullar en el casco urbano de San Pedro y en los caseríos. Los primeros muertos aparecieron en la aldea Vista Hermosa, la más alejada de la cabecera, que hace frontera con la Zona 6 de Mixco. En Vista Hermosa han aparecido varias personas asesinadas en el cementerio. En otros, cuerpos en la carretera que lleva de Mixco a San Pedro. “A veces se les va de las manos… En muchos casos”, dice el vicealcalde Boro, que en buena medida responsabiliza a las pandillas de Mixco de que trasladaran la violencia a San Pedro hace dos décadas.

Cada día, desde hace cinco meses, Ana García sube desde la Zona 6 de Mixco hasta la tiendecita en el centro de San Pedro, frente a la subestación de Policía. Con dos bolsas de salsa en las manos, tras los barrotes de la tienda, cuenta que ve una gran diferencia entre su lugar de origen y el pueblo donde trabaja. El primer día que subió en bus a trabajar a San Pedro, vio a un grupo de patrulleros registrando buses en Vista Hermosa. “Me dio un poco de miedo, pero acá la gente va caminando con su celular en la mano”. En Mixco, añade, “hasta la oreja le arrancan a uno”.

Tres semanas después de la visita a San Pedro Sacatepéquez, Neto Bran, alcalde de Mixco, reflexiona en el sofá, bajo la tenue iluminación de su despacho municipal. ¿Qué opina de lo que dicen en San Pedro, que los criminales en su municipio vienen de acá de Mixco? “Que tienen razón. Muchos son de la colonia El Milagro”, afirma sin dudar de la colonia con más muertos de Mixco, concentra el 13% de los homicidios en los últimos nueve años.

Muertos en el Milagro y San Pedro

A las once y media de la mañana, Clara Monroy, de 24 años, y su hija Fátima, de 3, comen dos chocobananos mientras observan sentadas en el parque de San Pedro el ensayo infantil para la feria, igual que hace otro medio centenar de vecinos. A la pregunta de qué le gusta de su pueblo, dice que está cerca de la capital y que es tranquilo. Al preguntarle qué le da tranquilidad, responde rauda: Los encapuchados. “Todo mundo sabe dónde localizar a los patrulleros”, dice sonriente mientras suena la canción Andas en mi cabeza, de Chino y Nacho, versionada por xilófonos infantiles. Pero si pasa algo, ¿cuánto tardan en llegar? “Si algo pasa, toda la gente se amontona”.

Hace unos meses, unos hombres estaban bebiendo en la calle, en la aldea Buenavista. Se supone que los patrulleros no permiten beber cervezas o licores, pero lo estaban haciendo. Por eso llegó un grupo de cuatro encapuchados armados a reprenderlos. Se enfrentaron y la multitud se agolpó alrededor. Cuando llegó la Policía, dice el agente Pérez Tecún muy serio, la gente se fue contra un policía y no pudieron detener a nadie porque los amenazaron.















Los robos son un factor para medir la inseguridad del lugar, e incluso la eficiencia en la reducción de las técnicas de los vecinos organizados. Pero, desde 2009, se han cometido 61 robos, un promedio de 7 anual, sin ningún pico, ni ninguna baja significativa. El 43% de los robos fueron de vehículos, según datos de la PNC.

En San Pedro, mantienen un sistema de silencio impuesto en el que ni la Policía ni la Municipalidad ni los vecinos dicen saber quiénes son los encapuchados, aunque se cuentan por decenas en cada zona y aldea del municipio.

El agente Pérez Tecún espera a que salgan varios agentes de la subestación, que queda en la misma cuadra que la muni, para que los periodistas puedan entrar. Las sillas de los invitados quedan encajonadas entre la mesa del agente y la pared junto a la puerta. De mirada recelosa, se siente convencido de que ahora hay comunicación entre la Policía y los vecinos encapuchados. Cuenta con un equipo de 16 policías para todo el municipio, pero admite que la coordinación con los comunitarios organizados no siempre funciona, que depende del caso. “De todo delito de muerte son responsables los vecinos organizados”, afirma rotundo mientras se reacomoda en la silla de plástico.

Hay seis papeles en su mesa, desde la que puede ver la calle. El agente Pérez Tecún, de gesto hierático y gran copete peinado hacia atrás, se siente satisfecho de haber introducido el Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria (Mopsic) en el municipio. Es un sistema nacional policial para establecer más y mejor comunicación y confianza con alcaldes auxiliares y consejos comunitarios de desarrollo. “Aquí es tranquilo gracias a los vecinos organizados, pero a veces se les va de las manos”, dice con la cara cubierta por la computadora.

La cabecera de San Pedro tiene multitud de empinadas cuestas y muchísimas mantas de nylon con mensajes de los llamados vecinos organizados. Los mensajes, en su mayoría, tienen un tono intimidante. Prohibido tocar bocina de camioneta. La población ya está harta de tanta chingadera (…) Les volamos piedras o una vergueada al chofer y ayudante. Este mensaje en negro sobre fondo amarillo, queda en la esquina de la carretera que cruza San Pedro, en dirección a San Juan. “Las cuelgan de día o de noche, pero con la cara tapada. Posiblemente sean vecinos”, agrega misterioso el vicealcalde Boro.

En 2008, hubo dos muertos dentro del parque central de San Pedro, hoy atestado de niños concentrados en el ensayo y de adultos que contemplan la actividad.

San Pedro no tiene tiene programas municipales de prevención de violencia. Tampoco una política local de cultura de paz para los jóvenes. Sólo hay unas charlas que empezó a dar en 2017 la PNC en las escuelas. “A veces agarran a gente inocente, pero el 80% de la población está de acuerdo con las patrullas”, dice el vicealcalde Boro sin explicar de dónde saca la estadística.

– ¿Se acuerda del último homicidio?
– No lo logro recordar.