Los hallazgos de la MACCIH sobre Berta Cáceres irritan al empresariado hondureño

Empresarios hondureños aglutinados en el Cohep (entidad similar a la Anep de El Salvador) cuestionaron con dureza este jueves 20 de julio la ‘CICIG hondureña’, una misión contra la corrupción y la impunidad apadrinada por la OEA, que la semana anterior señaló a prominentes banqueros como sospechosos del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y de lavado de activos.

Política

La activista Berta Cáceres preside una marcha de indígenas hondureños por las calles de Tegucigalpa, celebrada el 17 de agosto de 2016, cinco meses después de sus asesinato. Foto Orlando Sierra (AFP).

A poco más de un año del asesinato de la activista Berta Cáceres, se descubren nuevos datos acerca de los posibles responsables. Este artículo fue publicado originalmente el 20 de julio del 2017 por nuestro aliado El Faro en conjunto con la © Agence France-Presse.

Tegucigalpa, HONDURAS. El jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el peruano Juan Jiménez Mayor, anunció la semana pasada una investigación contra banqueros socios de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), como sospechosos del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y de lavado de activos, al constituir una empresa que habría recibido beneficios de funcionarios públicos.

La MACCIH opera en Honduras desde enero de 2016, y lo hace tras la firma de un acuerdo entre el gobierno hondureño y la Organización de Estados Americanos (OEA). Aunque tiene menos facultades, está inspirada en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que trabaja bajo supervisión de la ONU.

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, manifestó en rueda de prensa este jueves que escucharon “con preocupación” los señalamientos de Jiménez Mayor al detallar públicamente “datos, nombres y situaciones que no corresponden a realidades jurídicas del país”.

El líder empresarial se quejó de que el representante de la MACCIH, organismo creado para ayudar al gobierno a combatir la corrupción y la impunidad, violó el principios de “presunción de inocencia y el respeto a las leyes vigentes”.

Según Jiménez Mayor, la empresa DESA recibió autorización para operar y ganó un contrato de venta de energía sin haberse aprobado la licencia ambiental para la construcción de una represa hidroeléctrica en el occidental río Gualcarque, que abastece a comunidades indígenas.

Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo del 2016 después de recibir amenazas de DESA por organizar manifestaciones de indígenas lencas contra el proyecto hidroeléctrica en territorio de esa etnia.

Ocho sospechosos, incluido un empleado de DESA, están detenidos como autores materiales del crimen, pero la familia de Cáceres señalan a socios de esa empresa como autores intelectuales, lo que coincide con los señalamientos de la MACCIH.

Luego del anuncio, DESA y empresarios criticaron duramente a Jiménez Mayor y exigieron su salida del país, por lo que fue llamado de urgencia por la OEA a Washington, donde se encontraba este jueves.

A pesar de la dureza de sus críticas, Larach aclaró que el Cohep “agradece el apoyo internacional” a la MACCIH para combatir la corrupción y la impunidad en el país.

Contexto

Berta Cáceres había denunciado amenazas de muerte de parte de DESA por su oposición a la construcción de la hidroeléctrica. Cuando el 13 de julio la MACCIH hizo público el resultado de su investigación, la empresa reaccionó en un comunicado en el que rechaza los señalamientos.

Jiménez Mayor explicó que la MACCIH integró un equipo con la Fiscalía de Etnias para investigar al actual fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar; al funcionario de la Procuraduría General, Rafael Canales; y a tres socios y apoderados legales de DESA.

Dijo también que esta empresa inició la construcción del proyecto Agua Zarca en Santa Bárbara con un permiso ambiental que le otorgó Cuéllar en 2011, cuando se desempeñaba como ministro de Recursos Naturales y Ambiente, mientras Canales era secretario general de esa dependencia.

El permiso era para un proyecto de generación de 14.4 megavatios/hora de energía, y posteriormente el viceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Roberto Cardona, autorizó una ampliación a 21.7 megavatios/hora.

Cardona fue detenido el 14 de octubre de 2016 y está preso por haber ampliado ilegalmente la licencia. Jiménez Mayor cuestionó que Cardona esté detenido y no existan sin embargo consecuencias para quien otorgó la licencia original, también de manera ilícita.

Señaló que otra irregularidad es la aprobación por el Congreso del proyecto en 2010 sin que se hubiera otorgado la licencia ambiental y sin la consulta a los pueblos indígenas de la zona donde se construía la represa, como lo establece la ley.

“DESA y Agua Zarca niegan categóricamente cualquier vinculación con cualquier acto de violencia”, anotó el comunicado. Son empresas “que respetan ate todo la vida de las personas”.

Anunció que “pronto entregará un completo reporte que rebatirá a profundidad cada una de las irresponsables hipótesis” de la MACCIH.

El Faro
/

Periodismo independiente desde El Salvador y Centroamérica. Investigaciones a profundidad sobre la política, la seguridad pública y las manifestaciones culturales que están definiendo nuestras sociedades publicadas en los grandes géneros narrativos del periodismo escrito y digital: crónicas, reportajes, fotorreportajes, cine documental, audiovisuales, redes sociales.


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    iMorales /

    24/07/2017 7:23 PM

    Se repite la historia chapina en HONDURAS___

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Enrique olíva. /

    24/07/2017 6:35 PM

    Curiosa la reacción de la empresa privada.........

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Ligia Garcia /

    23/07/2017 10:25 AM

    La reacción de COHEP ante las acusaciones de la MAHCCHI contra poderosas empresas son exactamente iguales a las de CACIF cuando la CICIG y el MP evidencian las actividade delincuenciales de empresarios poderosos

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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