La pesadilla continúa: 1 de las 15 sobrevivientes del Hogar Seguro está desaparecida

Nadie sabe dónde está. Ni su familia, ni la Secretaría de Bienestar Social, ni la Procuraduría General de la Nación. Hace dos años, Eva fue una de las 15 niñas que logró sobrevivir a una temperatura superior a los 300 grados que alcanzó el aula del Hogar Seguro en la que fue encerrada por las autoridades del hogar y la Policía junto a otras 55 adolescentes. Tras recibir en Guatemala tratamiento para sus graves quemaduras, la menor fue reintegrada a su familia –en condiciones de extrema pobreza– y decidió irse a vivir con su novio a un departamento de la provincia.

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Hace unos meses, fue testigo de cómo asesinaban a su novio. Cuando hicieron la investigación, el MP descubrió que ella era menor de edad y la PGN la envió a un Juzgado de la Niñez y Adolescencia, que la regresó a una de las 16 residencias de protección y abrigo con las que cuenta la Secretaría de Bienestar Social desde el cierre en marzo de 2017 del Hogar Virgen de la Asunción. La Secretaría ha sufrido un boicot social de barrios enteros que se niegan a recibir esas residencias.

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Eva, de 17 años, fue ingresada en la Residencia Zafiro 2, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, una residencia como de la que sobrevivió cuando 41 de sus compañeras murieron calcinadas hace dos años.

Eva huyó el 2 de noviembre, hace cuatro meses, como huyó hace dos años junto a un centenar de adolescentes que protestaban por los malos tratos y la violencia sexual en el centro gubernamental.

Pero en esta ocasión no ha sido aún localizada. La PGN activó el alerta Alba Keneth desde entonces.

Entre los datos que ofreció la Procuraduría se destaca que la menor presenta una “cicatriz en la cara y cortadas en los brazos”, mientras que detalla que el día de su desaparición llevaba el cabello corto y vestía un pantalón, una playera azul y unos tenis rojos.

El procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, respondió lo siguiente:

—Nosotros, básicamente, lo que tenemos es la alerta activada y, obviamente, los mecanismos de búsqueda se están dando, para lo cual nos ayuda la PNC en el tema operativo, por lo que estamos esperando algún tipo de resultado en ese sentido.

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Cuatro meses después no hay ni una sola pista del paradero de esta menor que debería haber tenido una protección especial desde que ocurriera el incendio que mató a 41 de sus compañeras, después de que el presidente Jimmy Morales ordenara personalmente la noche anterior a la PNC que no permitiera que ninguna persona volviera a escapar del Hogar Seguro y eso fue interpretado de la peor manera. En la mañana del 8 de marzo de 2017, la subinspectora de la PNC Lucinda Marroquín se negó a abrir durante 9 minutos el candado de la puerta a pesar de las llamas y los gritos de auxilio de las menores.

El procurador Donado respondió de la siguiente manera.

—¿Cree que le ha podido pasar algo a la menor teniendo en cuenta que fue testigo del asesinato de su pareja?
—No podemos decirlo con certeza, debido a la poca capacidad que tenemos a nivel estatal de los controles para definir la movilidad. Podría derivar en cualquier cosa y aquí tenemos que ver mucho la investigación que está haciendo el MP en relación a su desaparición.

—¿Considera que la Secretaría ha fallado después de que permitiera la fuga de la menor de una de sus residencias de protección?
—No lo podría decir. Tendríamos que preguntar a la SBS en relación al tipo de control y dónde fue que hubo algún tipo de problema ahí.

El Gobierno no ha armado un escándalo sobre este tema para que todo el país ayude en la búsqueda de Eva Antún.

Ni siquiera lo hizo cuando no pudo pagarle la pensión vitalicia aprobada por el Congreso el 21 de septiembre de 2018. “Se encuentra bajo Alerta Alba Keneth, por lo que actualmente no se le ha realizado seguimiento a la misma por desconocer su paradero. El 16 de enero de 2019, se realizó una reunión y discusión de los casos de las adolescentes sobrevivientes y en la misma se abordó el caso de la menor desaparecida. Se coordinará en el mes de febrero una visita a los progenitores de la misma para conocer su realidad y dinámica de la familia”.

El Gobierno no parece tener urgencia por encontrarla.

Esto a pesar de que Eva Antún fue una de las menores que ya declaró en anticipo de prueba sobre los hechos acaecidos el 7 y 8 de marzo de 2017, lo que podría haber aumentado el riesgo para su integridad.

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PDH: “Es una actuación terrible de las instituciones”

Para Óscar Rodríguez, Defensor de la Niñez y Adolescencia de la PDH, la desaparición de Eva Antún es una “actuación terrible” por parte de las instituciones públicas, que, a su juicio, tuvieron una “falta de seguimiento a la situación posterior a la reintegración familiar” de la niña. “Tenemos información oficial de la Secretaría, que establece que luego del incendio, se dieron reintegraciones familiares de un gran número de las 600 niñas, niños y adolescentes que estaban en el Hogar Seguro sin contar con estudios especializados para determinar que las mismas se hacían en base al interés superior de los niños, niñas y adolescentes”.

—¿Qué ha hecho la PDH tras conocer la desaparición de la niña sobreviviente?
—Le ha dado seguimiento a su caso y nos preocupa sobremanera la falta de atención de las instituciones de protección especial en cuanto a cuál es su condición, después de que regresara con sus familiares.

—¿Cree que fue adecuada la decisión de institucionalizar de nuevo a la menor tras haber sobrevivido el incendio de 2017 y haber presenciado el asesinato de su novio?
—Sabemos que la institucionalización de esta menor ya le había causado daños graves emocionales tras haber estado en el aula incendiada. Es una reacción muy lógica que se fugara tras ser institucionalizada de manera irresponsable en la residencia de protección y abrigo. Desde el punto de vista jurídico, la adolescente tiene una triple garantía de protección: por un lado, fue víctima del incendio dentro del aula del Hogar Seguro y, por otro lado, está el tema de la protección que debiese haber tenido tras ser testigo de un hecho delictivo tan grave como es un asesinato. Por último, la protección que esta adolescente tiene como derecho humano especifico y garantizado por la Ley de Protección Integral y la Convención sobre los Derechos del Niño para la restitución y garantía de todos sus derechos humanos que fueron violados, lo cual no se observa.

—¿Qué debería haber hecho el juez que ordenó su ingreso en la residencia de la SBS?
—Tenía la obligación de aplicar las directrices de cuidado alternativo de las Naciones Unidas y determinar en base al principio de necesidad qué medida de protección fuera la más idónea en ese momento. El resultado de la institucionalización no fue el esperado, como se pudo ver.

—¿Cuántos adolescentes se han escapado de los hogares de protección?
—Los abandonos son una dinámica común, ya que solo en el 2018, se activaron 350 alertas Alba Keneth de menores que se habían escapado de las residencias de protección y abrigo de la SBS.

—¿Corre peligro la vida de la niña sobreviviente cuyo paradero se desconoce?
—Cabe la posibilidad de que la vida de la menor corra peligro, ya que ignoramos cuál es su condición.

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Hacinamiento en casas de la Secretaría de Bienestar

Las dificultades que ha encontrado la Secretaría para alquilar casas para las menores en los barrios y colonias de Guatemala, ha provocado hacinamientos. Y adolescentes que se arriesgan a escapar y vivir en la calle antes de continuar en esas condiciones infrahumanas. Según la PDH, en los hogares públicos gestionados por la Secretaría hay 470 menores (259 chicas y 211 chicos), mientras que en los hogares privados hay 2,107 niñas, niños y adolescentes protegidos, de los que 1,597 son varones y 3.704 mujeres. Así, en total, en Guatemala están institucionalizados en residencias de protección y abrigo un total de 4,174 menores de edad (2,366 chicas y 1,808 chicos).

Por esas condiciones de sobrepoblación, la PDH denunció a la Secretaría ante el MP por una residencia en la zona 13 de Ciudad de Guatemala, que alberga a 41 niñas “en un espacio destinado para 20, con únicamente un baño y un espacio para su ocio y recreación consistente en un garaje en el que siempre hay un vehículo”.

La crisis en los hogares seguros, empeorada durante los gobiernos de Otto Pérez Molina (2012-2015) y de Jimmy Morales (2016-2019), no ha mejorado dos años después de la tragedia del 8 de marzo de 2017.

Desde el 2012, según datos del MP, existen 35 denuncias por delitos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción; la peor es una sobre la existencia de una red de tráfico de menores. El defensor de la PDH cuestiona que de esas 35 denuncias, solo se han logrado dos sentencias condenatorias a través de la Fiscalía de Santa Catarina Pinula, así como un criterio de oportunidad contra un trabajador.

Una de las denuncias que el MP y la PNC tienen pendientes es dar con el paradero de Eva Antún, una de las 15 sobrevivientes del incendio del Hogar Seguro.