“La sociedad grita por la violación de una niña de 10 años, pero calla cuando la obligan a parir”

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El medio digital El Faro reportó el 13 de noviembre que la niña y su madre huyeron de El Salvador por amenazas, luego de ser blancos de agresión e intimidación, mientras que el magistrado gozaba de libertad. Así funcionan las cosas: las víctimas huyen, y los victimarios se quedan tranquilos.

Mariana Moisa, salvadoreña, antropóloga y activista feminista, dice que El Salvador es uno de los peores países del mundo para ser mujer. Y las cifras le dan la razón. La Fiscalía sostiene que cada día unas 11 niñas son víctimas de violencia sexual. Y cada día, 2 niñas de entre 11 y 14 años dieron a luz en hospitales públicos en el primer semestre del 2019.

El silencio de las víctimas de violación está tan naturalizado como la impunidad de la que gozan los victimarios.

Por eso es difícil explicar el estallido de indignación ciudadana que generó la agresión a una niña de 10 años en Tonacatepeque, un municipio del norte de San Salvador, que tiene como acusado al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Escalante.

En esta entrevista, Moisa explica que la ciudadanía salvadoreña está cansada de la impunidad, pero también lleva una gran responsabilidad en la situación que viven las niñas víctimas de violencia.

— En El Salvador, así como en Guatemala y otros países de la región, la violencia sexual parece normalizada. ¿Por qué ahora hay protestas por el caso de Tonacatepeque?
—En El Salvador hay un entorno favorable para la impunidad. A eso nos enfrentamos como sociedad. Todos los días tenemos que lidiar con la violencia de las pandillas, frente a la que no podemos hacer nada. Las muertes, las extorsiones y la violencia sexual son parte de nuestro día a día.

También hay problemas serios de corrupción con las autoridades a todo nivel, además de abusos de policías y militares contra la ciudadanía, que muchas veces se disfrazan como “estrategias de seguridad”.

Yo creo que tantos años de violencia e injusticias ya nos tienen cansados. Y las manifestaciones de estos días, en el caso del magistrado Jaime Escalante, se dan porque la misma sociedad se ha visto reflejada en una situación ejemplar de impunidad.

Yo recuerdo que hace ocho años dos hombres violaron a una niña de 18 meses en Sacatecoluca. El impacto social fue fuerte, pero no se compara con la movilización no fue la de ahora.

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La Fiscalía de El Salvador señaló que en febrero de 2019 el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia Jaime Escalante tomó de los hombros a una niña de 10 años que jugaba en la residencial Altavista II, del municipio de Tonacatepeque, al norte de San Salvador y "le tocó la vulva".

Por eso, la Fiscalía acusó al magistrado del delito de "agresión sexual a un menor o incapaz", que contempla una pena de entre ocho y 12 años de cárcel. La defensa respondió que "el tocamiento no pone en riesgo la intimidad o libertad sexual de la persona y la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador resolvió que lo hecho por el acusado no fue delito, sino una falta.

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Protesta contra la resolución de la justicia salvadoreña que protegió a un magistrado que tocó a una niña de 10 años. Foto: Colectiva Feminista

—¿La sociedad salvadoreña está despertando para protestar sobre estos temas?
—Al mirar en retrospectiva, creo que sí hay algunos cambios en la sociedad. Estamos entendiendo que la impunidad alcanza a todas las personas. Nadie, o casi nadie, se escapa de las injusticias. El sistema de justicia no responde a las necesidades de la población. Y todo eso ya nos está llevando a un límite.

Y también creo que esta indignación en el caso del magistrado tiene que ver con posicionar el tema de la violencia sexual como una discusión social, que antes no se hablaba o se escondía.

—¿Pero hasta qué punto la sociedad salvadoreña va a hacerse cargo de darle seguridad y protección a las niñas víctimas de violencia sexual?
—Ahora hay una movilización social, de todos los estratos sociales, cargada de indignación porque tocaron a una niña, pero no se quiere ver más allá. Lo cierto es que a las niñas no solo las tocan, sino que también las violan y las embarazan.

La sociedad se indigna por la violación de una niña, pero calla cuando la obligan a parir.

Las están obligando a tener un parto y todo lo que eso significa en términos físicos y psicológicos. Y como si eso no fuera suficiente, después tienen que amamantar a un niño cuando ni siquiera tienen formados los pechos. Y luego, eso significa el resto de su vida con el producto de su violación. Esa idea me parece sumamente retorcida.

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De todo el mundo, El Salvador tiene una de las leyes anti-aborto más restrictivas, de tal forma que es ilegal en todas las circunstancias, incluyendo en casos de violación.

Incluso, las mujeres que sufren un aborto espontáneo se convierten, automáticamente, en sospechosas de cometer el “delito” de aborto.

El caso de Evelyn Hernández, quien dio a luz a un bebé muerto tras ser violada, indignó al mundo, pues la joven fue arrestada y condenada por ese caso, aunque después un tribunal la absolvió.

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Magistrado Escalante.

—¿Crees la sociedad salvadoreña puede replantear su visión sobre la interrupción del embarazo?
—Hay mucha indignación, pero no creo que la sociedad se vaya a replantear su posición sobre el aborto. En este momento hay una gran sacudida, que nos debería obliga a ver profundo, pero tampoco creo que lleguemos a tener cambios profundos.

El problema es que a las niñas no solo las tocan, sino que enfrentan otras situaciones de violencia, que interrumpen sus ciclos de vida y de sus garantías. Las estamos obligando a que sean madres a temprana edad.

Tenemos que ver el problema en todas sus dimensiones. Tenemos que decir que las niñas también se suicidan por estos casos de violencia y por estos embarazos impuestos.

Es difícil replantearnos todas las cosas, pues aún es muy doloroso para la sociedad tener que hablar de este tema tan incómodo. Y por otro lado, también es difícil para muchos darnos la razón a las feministas, que desde hace tiempo hemos encendido las alarmas sobre este problema.

—¿Qué mensaje tiene la ciudadanía como respuesta al caso del magistrado Jaime Escalante?
—El caso ha generado mucha empatía porque a casi cualquiera en El Salvador le puede pasar, que tenga que enfrentarse a una situación de injusticia, es decir, de salir perdiendo por no tener poder o influencias.

A pesar de los hechos tan fuertes, tan condenables, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador le dio la razón al magistrado Jaime Escalante y resolvió que se le puede señalar de “actos contrarios a las buenas costumbres y el decoro público”.

Prácticamente, dicen que tocar a una niña no es un delito.

Nosotros le dimos seguimiento al caso. La familia nos buscó y nos empezamos a mover, pero hasta estos últimos días se ha generado esta gran movilización. Y creo que la opinión pública está diciendo que está cansada de la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

Protesta contra la resolución de la justicia salvadoreña que protegió a un magistrado que tocó a una niña de 10 años. Foto: Colectiva Feminista

—Ahora que una Cámara benefició al magistrado Escalante. ¿Qué sigue?
—La Fiscalía actuó de oficio con la primera denuncia y ahora ha dicho que va a apelar. Todo está en manos de los fiscales, pues ellos le dijeron a la madre de la niña que no era necesario querellarse —se reconocida como parte en el proceso penal—.

La familia está en una situación vulnerable porque se está enfrentando a un magistrado que tiene poder, y está en su casa, tranquilo, con arresto domiciliar. Así que además de movilizarnos para que esto no quede en la impunidad, tenemos que ver por la seguridad de las víctimas.

—El sistema de justicia no responde a las necesidades de las víctimas. La sociedad no se va a movilizar para atender el problema de fondo. ¿Hay esperanzas en el gobierno de Nayib Bukele?
—Fue esperanzador para muchas personas. Por eso le votaron y ganó. Pero nuestra lectura como movimiento feminista es preocupante en el caso de la violencia contra las mujeres. A estas alturas no hay claridad de planes de gobierno concretos que tengan que ver con las garantías de las mujeres.

Todo lo contrario. Solo vemos luces de reducción de programas a las garantías de los derechos de las mujeres. No hay claridad de cómo van a darle continuidad al proyecto de Ciudad Mujer. Como feministas teníamos muchas críticas, pero en términos prácticos y de atención a la violencia contra la mujer, el proyecto funcionaba.

Que un presidente, que se mueve a partir de los símbolos, no diga nada de la violencia contra la mujer, también manda un mensaje. La marcha del 25 de noviembre, para conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer, se va a dirigir a la Casa Presidencial.