María (nombre ficticio) es la más joven de las 15 que sobrevivieron al incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. También es la que presenta el cuadro clínico “más crítico”. Tuvo quemaduras de tercer y cuarto grado en el rostro, extremidades y otras partes del cuerpo.
Tras permanecer nueve meses en el Hospital Shriners de Boston, regresó a Guatemala el 6 de diciembre de 2017 con gravísimas secuelas físicas y psiquiátricas. Perdió la nariz, las orejas, el pie izquierdo y los dedos de la mano derecha. María tendrá discapacidad de por vida porque aquella trágica noche la subinspectora de la PNC, Lucinda Marroquín, tardó nueve minutos en abrir el aula donde fueron encerradas bajo llave 56 menores de edad.
María necesitará prótesis para la mano y pierna izquierda, y requerirá de cirugías estéticas para la reconstrucción de su nariz.
La familia de María, así como las de las otras niñas sobrevivientes, tienen que costear los gastos en medicinas y atención médica y solo cuentan con la ayuda económica y médica que les prestan organizaciones, como La La Alianza. Ante esta situación de desidia total por parte del Estado, el Juez de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana, Juan Orlando Calderón emitió el pasado 2 de abril una histórica sentencia en la que ordena a la Procuraduría General de la Nación que “formalice un requerimiento de Pensión Vitalicia” a la Secretaría de Bienestar Social “para todas las niñas sobrevivientes de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 en las instalaciones del Hogar Seguro debiendo informar a este juzgado los resultados de lo ordenado”. No obstante, no concretó ninguna cifra económica.
Esta exigencia para que el gobierno de Jimmy Morales deje de dar la espalda a las víctimas del incendio se enmarca en una sentencia emitida en Audiencia Definitiva, mediante la cual el juez ordenó que María “sea puesta bajo el cuidado de su madre”, quien se debe responsabilizar de “su cuidado, protección, educación y salud para que alcance su desarrollo integral”.
María actualmente es parte de un programa de subsidio familiar, por el que recibe apenas Q500 mensuales. Según datos de la SBS, María tiene vigente el subsidio desde el 1 de abril de 2018 por orden judicial, de forma que en mayo recibió el primer depósito, que continuará hasta el 13 de enero de 2019.
Otra niña sobreviviente también recibe ese aporte mínimo y una más, no pudo cobrar el apoyo económico por que una juez la mandó de vuelta al Hogar Seguro.
Ni la PGN ni el Congreso
La PGN no ha acatado la orden del juez que obliga al gobierno de Jimmy Morales a otorgar una pensión vitalicia a las 15 niñas que vaya mucho más allá de esta escasa ayuda económica que están recibiendo únicamente 2 de ellas.
La representante de la PGN, Elba Lucrecia Prera, considera que la orden para que esta entidad requiera una pensión vitalicia a la SBS “excede los límites legales” al dotarla de “facultades que no le corresponden”. En este sentido, recuerda que ya existe en el Congreso “la posibilidad de este beneficio para todas las sobrevivientes de la tragedia”, a través de la iniciativa de ley que plantea una pensión vitalicia para las 15 niñas de 5.000 quetzales durante los primeros tres años y del salario mínimo para actividades no agrícolas (2.742 quetzales) a partir del cuarto año.
El 5 de marzo de este año, la diputada Alejandra Carrillo presentó la citada iniciativa, que ya ha sido aprobada en primera, segunda y tercera lectura en el Congreso, por lo que únicamente falta aprobar la redacción final para que sea una realidad y las 15 niñas perciban una ayuda económica de por vida.
Sin embargo, esta iniciativa no termina de aprobarse. Se necesitan apenas 80 votos para ayudar a las niñas pero el Congreso está entrampado porque la mayoría de los diputados están más interesados en modificar la ley que impediría su reelección.
Para la organización La Alianza, que lleva el caso de María, es más importante que la pensión vitalicia sea el resultado de una resolución judicial y no de una iniciativa puntual del Congreso, con el fin de crear jurisprudencia y obligar así al Estado a actuar de igual forma en caso de una tragedia similar en la que se vulneren los derechos de menores de edad.
María sueña con ser locutora
María cumplió 17 años. Apenas sale a la calle para acudir a las citas médicas, ir a las audiencias judiciales o asistir a clases de Primaria en La La Alianza. Su sueño es ser locutora de radio, ya que asegura que con este trabajo nadie le va a ver. Se niega a usar las prótesis de la nariz y orejas, dado que se pregunta que para qué si ella es así.
No obstante, pese haber demostrado ser una persona “fuerte”, tal como destaca la abogada de La La Alianza, María requiere de atención psicológica y psiquiátrica.
Pese a la ausencia total y absoluta del Estado, María no está sola, ya que la presencia de sus cuatro hermanos es “una de las pocas ilusiones diarias que tiene, ya que juegan con ella, la acompañan y aunque les fue difícil procesar su aspecto físico, paulatinamente lo van aceptando y le dan cariños y cuidados”, según el memorial que La Alianza envió al juez.
De momento, esta Asociación se hace cargo de los gastos de alimentación y alquiler de una vivienda para María y su madre, teniendo en cuenta que el inmueble en el que vivían no reunía las condiciones sanitarias al tener paredes de block, un techo de lámina y piso de tierra.
El próximo mes de septiembre, está previsto que María regrese a EEUU para el seguimiento del control médico, ya que debe someterse a nuevos injertos de piel y reconstrucciones del rostro. La abogada de La Alianza, Silvia Tecún, señala que aunque la PGN debería estar coordinando este viaje, es la directora de esta Asociación, Carolina Escobar, quien lo está gestionando.
En los laberintos de la justicia
Para no acatar la orden judicial, la PGN apeló ante la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y La Adolescencia. De esa sala depende respaldar o botar la resolución en la que el juez ordenó al gobierno que apoye a las niñas durante su rehabilitación, que les de una vivienda adecuada y que les garantice la educación por medio de un tutor persona. Desde La La Alianza, se lamenta que el Ministerio de Educación “nunca envió el tutor”, por lo que esta entidad brinda el servicio a María ante la apatía nuevamente del Estado.
Si la demanda de una pensión no prospera en Guatemala, la organización está dispuesta a llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras la Justicia sigue su lento curso, María y las otras 14 niñas continuarán luchando por su recuperación física y psicológica a la espera de que el Gobierno se vea obligado a ayudarlas, aunque la ayuda ya llegue tarde.
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