“Lesiones personales” en Colombia: ¿Una muerte anunciada para las mujeres?

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, la cifra de mujeres agredidas anualmente supera los 43 mil, siendo el quinto país de Latinoamérica con más reportes de violencia de género; sin embargo, el calvario tras cada caso comienza al momento de denunciar y estrellarse con cientos de trabas que terminan por robar la valentía de pelear jurídicamente contra los agresores.

Yo fui una de esas 43 mil mujeres el 31 de enero del año 2016 al ser brutalmente golpeada por mi ex pareja por haber terminado la relación sentimental que duró casi tres años en donde aguanté maltrato psicológico, físico, y violación sexual. El mismo hombre, quien actualmente es el administrador de un conjunto residencial en Bogotá, golpeó el pasado 28 de mayo a una mujer de 56 años en condición de discapacidad, quien vive en uno de los apartamentos que él administra, generándole una incapacidad de diez días.

Estos dos casos no solo tienen en común el agresor, también los obstáculos al momento de denunciar y la tipificación del delito: lesiones personales, con el cual se procesan gran parte de los episodios de violencia de género en Colombia.

Dentro del derecho penal colombiano, los delitos de lesiones personales son comprendidos como ‘la acción de causar una o varias lesiones a otra persona que atente contra su integridad física, salud o estado psicológico’, sin embargo no hace distinción alguna al género, es decir que es exactamente igual si estas agresiones son entre hombres o de parte de un hombre a una mujer.

A pesar de que existe la Ley 1257 de 2008 ‘por la cual se establecen normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres’, en esta no se estableció modificaciones en el Código Penal a ninguno de los seis artículos relacionados con el delito de lesiones personales, aunque sí reforzó los castigos contra el delito de violencia intrafamiliar, que protege únicamente a las mujeres que viven permanentemente con el agresor, excluyendo completamente a quienes hemos sido golpeadas por el novio, el ex novio, el administrador del conjunto, el vecino, o cualquier desconocido que nos ataque.

Adicionalmente, al interponer la denuncia después de ser víctimas de la llamada violencia de género, que jurídicamente es solo un adorno, empezamos un viacrucis al enfrentarnos con un sistema judicial re-victimizante y discriminatorio, como me ocurrió tras denunciar la ‘simple’ lesión personal que terminó en cirugía de reconstrucción de nariz.

En los casi tres años de relación fui asfixiada hasta desmayarme y posteriormente violada por mi pareja, en repetidas ocasiones puso su revolver en mi cabeza para obligarme a tener sexo, y en algunas de las pocas relaciones sexuales ‘normales’ y voluntarias que tuve con él, me gritaba ‘puta’ si lubricaba. También me golpeó ‘jugando’, me arañaba, me amenazaba con matarme y suicidarse si lo dejaba, pero cada acto iba acompañado de un ‘te amo’, o con el desayuno en la cama, convirtiendo mis emociones en una montaña rusa.

Sin embargo un día decidí decir ‘no más’ y dos semanas después ocurrió lo que tanto temía, pero que al mismo tiempo jamás pensé vivir. Mi ex casi me mata, me golpeó salvajemente durante dos horas, me tiró del cabello contra el lavamanos, me pateó, me golpeó la cara contra el piso hasta fracturar mi nariz en múltiples pedazos.

Finalmente la Policía llegó y en este momento pensé que mi pesadilla había terminado, pero fue cuando empezó el calvario: denunciar.

Nos llevaron a los dos en la misma patrulla la Policía, en donde mi agresor seguía amenazándome de muerte frente a los oficiales. Pasaron tres horas y yo seguía en el CAI sangrando por nariz y boca, esperando que un médico me valorara pero ni un calmante para el dolor recibí. Posteriormente nos llevaron a la URI y a Medicina Legal.

Allí los vigilantes ni siquiera me prestaron el baño, me trataron con desprecio, y murmuraban: “Algo tuvo que haber hecho para que la golpearan así”. Después una médica me hizo desnudar y me preguntó si yo estaba bajo efectos del alcohol o drogas. Luego de pasar toda la noche entre el CAI de la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal, pude ir a la clínica para recibir atención médica.

Al pasar solo 34 horas de prisión, mi ex salió tranquilo y mirándome a los ojos, con la frente muy en alto se fue a su casa a descansar mientras yo iba para la sala de cirugía para la reconstrucción de mi nariz.

Estuve un mes incapacitada, fuera de mi trabajo, pero realmente de reposo no tuve nada, cada día transitaba en las calles de Bogotá recorriendo la Fiscalía, Medicina Legal y la entidad de salud, incluso hasta meses después seguí haciendo este recorrido.

Finalmente el castigo se limitó a ser económico tras ser presionada por él, su abogado y su familia para conciliar. El mismo Fiscal encargado de mi proceso me recomendó conciliar ‘para no perder tiempo en diligencias’ y porque según él ‘en seis meses o menos me vería de la mano con mi agresor, pidiendo retirar la denuncia, como lo hacen la mayoría de las mujeres que son golpeadas por sus parejas’.

Esta es solo una historia más de las 43 mil que se denuncian cada año en Colombia, de las cuales la mayoría hacen parte de los miles de folios que ‘duermen’ en los archivos de la Fiscalía. Esta es una historia más de una ‘simple’ lesión personal que se pudo convertir en un feminicidio, como la mayoría de los asesinatos a mujeres en Colombia que fueron antecedidos por delitos de lesiones personales o violencia intrafamiliar y que fueron ignoradas en su momento por las autoridades.