Niegan derecho al aborto a niña de 12 años y a cambio le practican peligrosa cesárea

(...)la historia de la violación es una historia de sexismo. Este sexismo se observa en la «ley redactada por los legisladores, la interpretada por los tribunales, la aplicada por los fiscales y la que produce efectos sobre las víctimas.

Shneider y S. Estrich

Las niñas, adolescentes y mujeres no somos incubadoras, estamos organizadas para reclamar por el derecho al aborto legal porque SÍ es un protocolo a favor de la vida.

Una niña de 12 años fue violada en Jujuy, Argentina. El pasado viernes 11 de enero mamá y papá la acompañaron al Hospital Central de la localidad de San Pedro porque tenía dolores fuertes. Después de examinar a la joven, les informaron que estaba embarazada. La madre solicitó un aborto legal. Los directivos que intervinieron en todo el proceso de atención a la menor le negaron el servicio. El martes 15, la trasladaron al Hospital Materno Infantil Héctor Quintana, de la capital de Jujuy, ahí le practicaron algunos estudios. Después de tanto retraso, la mañana del miércoles 16 de enero, notificaron a la familia la decisión arbitraria de practicarle una cesárea. De la niña nació una beba que murió el 22 de enero a las 20.30hs.

Aborto legal en el hospital.

Jujuy adhirió en 2013 al protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo), generando equipos humanos en varios hospitales de la provincia dedicados exclusivamente a la atención para la protección de estos casos, los mismos protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El caso de la niña de Jujuy, así como el de muchas otras que murieron o tuvieron que parir sin haber elegido la maternidad, nos  permite de nuevo, darnos cuenta que negar el aborto legal es un acto de crueldad que por el contrario, provoca un problema de salud pública y que el Estado es responsable.

Recordemos que desde 1921, el código penal de la Argentina establece que la violación es una causal y no habrá plazos determinados por el tiempo de gestación, aunque en este país el aborto es un delito. ¿Qué acciones tomaban los sectores conservadores a los que hoy llamamos antiderechos? Sistemáticamente dudaron de la causal violación por la que había pasado cada mujer que solicitaba el servicio en el sistema de salud. Si la mujer llegaba a abortar, entonces la judicializaban. Siempre se cuestionaron las razones por las cuales iba a abortar, porque supuestamente el tiempo gestacional superaba los tiempos para el aborto. Pero en el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictamina el Fallo FAL, donde se explicita que no hay que judicializar cualquier caso de aborto por causales, e insta a las provincias a adherir a los protocolos que desarrolla el Ministerio de Salud de la Nación para esta medida.

La Iglesia y el Estado: asuntos separados.

Hoy, el sistema de salud y sus representantes siguen abusando de su autoridad como en el siglo pasado, pese a tener en sus manos las medidas preventivas para garantizar el derecho a la vida. Saltarse los protocolos de ILE es un acto de tortura que además, sí debería judicializar a los responsables, empezando por el Ministro de Salud Gustavo Bouhid, que en principio, violó el derecho a la privacidad y la intimidad de la paciente y el secreto profesional cuando salió en varios medios de comunicación a hablar del caso convocando organismos antiderechos a través de sus afirmaciones en contra del aborto legal y seguro.

Todos estos días, el escrache por parte de los sectores antiderechos tomó fuerza para evitar que se aplique el protocolo de ILE. Las personas que conforman el movimiento Salvar las dos vidas, antes de tener en cuenta las leyes vigentes y los tratados internacionales a los que Argentina ha adherido, ponen por encima sus convicciones religiosas. La situación de la joven de Jujuy, es otro caso de revictimización que sufrimos las mujeres por parte de los funcionarios públicos de la salud, debido a la falta de prácticas previstas, a la violencia institucional y sometimiento en este caso, al parto quirúrgico que terminó con la muerte de la beba nacida de la menor de edad. Según el artículo 86 del código penal,  la negación del servicio y las dilaciones se tipifican como delitos de tortura.

El cuento de la criada no es una distopía.

Un embarazo en el cuerpo de una niña de 12 años es una situación de riesgo, además cuando un bebé nace antes de los 9 meses, se aplican corticoides para que su sistema respiratorio termine de desarrollarse. Situaciones que le sirven al patriarcado para ensayar en los cuerpos de las personas gestantes como incubadoras. “Una familia importante de Jujuy está interesada en adoptar al recién nacido”, dijo el gobernador Gerardo Morales el otro día a algún medio de comunicación. Las intervenciones médicas que sufren estos casos de personas gestantes, se asemejan a los procesos de medicación e intervención -también tortuosa- que sufren animales en las corporaciones dedicadas a comercializar alimentos.

El movimiento de mujeres, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, entre otras organizaciones disidentes y feministas,  reclaman abiertamente y mediante un comunicado del 20 de enero garantías del protocolo de ILE, así como también la implementación de de la Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas de la provincia donde es censurada y por supuesto la judicialización de quienes obstruyen y niegan estos derechos a las personas gestantes que son doblemente violentadas por el sistema patriarcal del Estado.