5 beneficios del derecho indígena para los mestizos

1. Descongestión de los tribunales

Los juzgados, tribunales, salas y otras instancias de la justicia ordinaria tienen cada día más casos que resolver, pero no se dan abasto para cumplir con su deber de impartir justicia. Día a día se acumulan más expedientes en instancias de lo penal, civil, laboral y otras materias porque no hay suficiente personal ni infraestructura del Organismo Judicial para atender los problemas y responder a las necesidades de la población. Victoria Chuj, vicealcaldesa indígena de Sololá, explica que sin el trabajo que hacen las autoridades indígenas en sus comunidades, habría aún más carga para la justicia ordinaria, especialmente en los juzgados de paz que se encargan de atender los conflictos locales.

– Sin nuestro trabajo habría más congestión en los tribunales y eso significa que claramente se le negaría a más personas (indígenas y mestizos) su derecho al acceso a la justicia, dice la vicealcaldesa Victoria Chuj..

2. Menos gastos para el Estado

La impartición de justicia ordinaria tiene un alto precio, que los guatemaltecos pagan con sus impuestos. En el presupuesto de este año se destinaron Q2,137 millones para el Organismo Judicial; Q1,742 millones para el Ministerio Público; Q205 millones para el Instituto de la Defensa Pública Penal y Q140 millones para la Corte de Constitucionalidad. Y aún con esos aportes, los jefes de las instituciones dicen todos los años que los fondos no son suficientes para funcionar con eficiencia.

Sin la participación de autoridades ancestrales en la resolución de conflictos, la justicia ordinaria tendría aún más casos que resolver y por ende necesitaría más recursos. Los alcaldes indígenas y las autoridades ancestrales no cobran un solo centavo por su labor en la aplicación de la justicia indígena. Tomás Saloj, alcalde indígena de Sololá, explica que presta un servicio a su comunidad sin que haya dinero de por medio y entiende que esa idea pueda parecer ilógica para muchas personas, pero tiene sus orígenes en la filosofía que privilegia el bienestar colectivo sobre el individual.

– En nuestras comunidades no nos preocupamos en la búsqueda de dinero o de poder, sino en que todos vivamos en paz y armonía, y por eso algunos dedicamos nuestro tiempo al servicio de la comunidad.

3. Convivencia pacífica y gobernabilidad

Todos quieren vivir bien y en paz, y por eso es fundamental la resolución de conflictos a través de la mediación y el diálogo. Ese es justamente el objetivo de las autoridades indígenas, dice Rigoberto Juárez, autoridad ancestral maya q’anjobal. Si en una comunidad de Huehuetenango prevalece el orden y la paz no se benefician únicamente las personas que ahí viven, sino también las personas que visitan el lugar por negocios, turismo o cualquier otro motivo. Eso da lugar a una convivencia pacífica y a la vez mejora los niveles de gobernabilidad, algo que no pueden garantizar las instituciones de seguridad y justicia estatales, que no tienen presencia en todo el territorio por las limitaciones presupuestarias. La justicia indígena no promueve el uso de la violencia y siempre la conciliación y la reparación de los daños, aclara el líder comunitario.

4. Entendimiento intercultural

En un país diverso, la convivencia entre diferentes culturas es inevitable y por eso es vital que los pueblos que cohabitan en un territorio vivan en armonía. Esto se llama entendimiento intercultural. María Elena Attard, experta boliviana, expone que se debe entender el principio de ‘complementariedad’, que significa que un sistema jurídico ordinario y uno indígena se pueden complementar, sin la necesidad de subordinar uno sobre otro. Esto beneficia y enriquece a ambos sistemas, porque pueden aprender mutuamente de sus experiencias para perfeccionarse y ser cada vez más eficientes.

De acuerdo con la letrada, en Bolivia se desarrolló el pluralismo jurídico a partir de una reforma constitucional de 2009 y desde se revisaron los modelos de impartición de justicia, que derivaron en cambios que llevaron a mejores indicadores en la lucha contra la impunidad. Los bolivianos desarrollaron un andamiaje legal para evitar cualquier extralimitación de la justicia ordinaria y de la indígena, y garantizar que siempre se respetarán los derechos fundamentales de las personas. Una sociedad que se entiende bien y se respeta solo puede garantizar mejores condiciones de vida para todos, afirma Attard.

En una entrevista reciente en Plaza Pública, la historiadora Marta Casaús Arzú, autora de la investigación Guatemala: Linaje y racismo, y perita en el juicio por genocidio, fue cuestionada sobre dos cosas en particular. Una es sobre por qué a los guatemaltecos nos cuesta tanto asumir la multiculturalidad y otra, sobre la férrea oposición de la élite del sector privado organizado.

– ¿Nos cuesta tanto asumirnos, reconocernos y aceptarnos como un Estado multicultural, multilingüe y pluriétnico, porque no nos gusta vernos al espejo?

– ¡Nos da sarampión! ¡Nos da salpullido! Cada vez que sale un tema étnico la población se vuelve loca. Ocurrió con el referendo de las reformas constituciones de 1999, y ocurre ahora con lo del reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico. ¡Pero si el pluralismo jurídico ha existo siempre! Durante toda la Colonia hubo pluralismo jurídico permitido con mucha inteligencia por la Corona (española). Todo funcionaba bien con el derecho consuetudinario, hasta en 1871 cuando se impuso el derecho positivo; pero de hecho siguió funcionando. El pluralismo jurídico no tiene nada de nuevo ni nada de raro, y ha convivido con el derecho positivo. ¿Por qué negarse a su reconocimiento constitucional? O lo están utilizando de pretexto para no aprobar las reformas del sistema judicial, o es por racismo. Cuando empezó el juicio por genocidio, al principio no se le hacía ni caso. Pero cuando vieron que los indígenas alzaban la voz y tenían la posibilidad de ganarle un pleito al Estado, entonces saltaron. Porque el Estado es de ellos y la nación, en términos comunitarios, de los indios.

– ¿A qué le atribuye la férrea oposición de las élites conservadoras al reconocimiento constitucional de la justicia indígena?

– La oligarquía sigue creyendo que Guatemala es su finca, y la sigue controlando y mandando como tal; considera que el Estado es suyo. Los pilares de cualquier Estado son lo jurídico y la justicia; desde esa perspectiva ellos respetan profundamente la ley; ¡se la saltan siempre!, pero la respetan. No se les pueden tocar esos dos pilares, porque se les desmorona el Estado. Cualquier cosa que vaya a mover un mínimo las orillas del Estado, les genera un temor profundo de que entonces (los indígenas) vayan a reclamar sus derechos en las fincas, a oponerse a las hidroeléctricas. Así lo dijeron en el juicio contra Ríos Montt: “no podemos permitir la sentencia condenatoria contra Ríos Montt, porque entonces van a venir a acusarnos a nosotros”. Eso es lo que temen. Por otra parte, también es posible que la oposición al pluralismo jurídico sea que no quieren apoyar las reformas constitucionales para combatir la corrupción, porque les afecta.

Quizás el reconocimiento al pluralismo en lo jurídico sea una oportunidad para el entendimiento intercultural entre mestizos e indígenas.

5. Acceso a la justicia indígena (de manera voluntaria)

Si una persona mestiza comete una falta o es víctima de una injusticia dentro de una comunidad indígena, de forma voluntaria se puede someter a las reglas de las autoridades ancestrales o puede pedir su auxilio, según sea el caso.

– No se está obligando a las personas a que acudan ante las autoridades indígenas; solamente se les da esa oportunidad para que aprovechen los espacios de mediación, explica Tomás Saloj.

De esa forma, un conflicto que puede tardarse años o meses para resolverse en un tribunal de justicia ordinaria, puede quedar resuelto en buenos términos después de una o varias sesiones de diálogo, y sobre todo, con resoluciones que buscan reparar los daños y no se enfocan solo en castigar a los responsables de los agravios. Las autoridades ancestrales no aceptan el uso de violencia, aclara Tomás Saloj, y dice que cualquier práctica relacionada con castigos físicos no tiene relación con el derecho indígena.