En el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19 en Guatemala, una de las medidas presidenciales para evitar los contagios fue la suspensión de labores en el sector público y privado, con excepción de las actividades comerciales esenciales.
El Ministerio de Economía, a cargo de Antonio Malouf, autorizó a 7 mil 487 empresas a operar durante la pandemia; allí se incluyeron 66 empresas de textiles (maquilas). Sin embargo, la institución nunca aclaró qué criterios utilizó para definir qué empresas realizan actividades esenciales y porque este tipo de fábricas se incluyeron en ese listado.
Tres meses después de que se detectara el primer caso de coronavirus en Guatemala, las maquilas se convirtieron en focos de contagio y riesgo para sus trabajadores, que no han parado de asistir a las plantas.
a Procuraduría de Derechos Humanos confirmó que hay diez maquilas con casos positivos de COVID-19 y que dos empresas más están siendo monitoreadas.
Dentro de la fábrica
"Por micrófono nos decían que nosotros somos los que estamos llevando la enfermedad a la fábrica, pero eso no es así", relata Alejandra, nombre ficticio por protección a su empleo. Ella tiene 43 años y trabaja en la maquila Texpia II, ubicada en el municipio de San Miguel Petapa.
El miércoles 17 de junio la fábrica fue cerrada de forma temporal. Esto ocurrió luego tras detectar al menos 39 casos positivos de COVID-19. Ahora Alejandra, junto a todo el personal de la empresa, estará once días en cuarentena. El problema, relata, es que la empresa no les aseguró si esos días serán pagados o si se les descontará de su salario mínimo de Q.2,831.77 al mes.
Los últimos días en la maquila Texpia II fueron tensos. Durante dos semanas los trabajadores vieron a sus compañeros hacer fila en la clínica de la fábrica y a otros ser trasladados en ambulancia al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Cuando Alejandra habló con su supervisor para preguntar qué medidas se tomarían, recibió esta respuesta: “¿Qué quieren? ¿Irse a descansar sin goce de salario o quedarnos para que ganemos al menos un poquito? ¿Te queres ir a descansar? Te doy vacaciones, por mi no hay problema. Se te pagan tus diez días de vacaciones y el resto esperas que el Estado te lo pague algún día".
Ella respondió: "De qué nos sirve ganar un poco si estamos arriesgando la vida".
Alejandra es madre soltera. También padece diabetes. Antes que la empresa detuviera sus operaciones, su jornada de trabajo se extendió para cumplir con la meta de producción diaria.
“Es una explotación la que le hacen a uno. Y uno aguanta solo porque tiene necesidad. Normalmente para que nos cuenten una producción por hora, se mide en 60 minutos. En ese tiempo yo tengo una meta de 1,400 piezas. Ahora cuentan el trabajo cada 50 minutos. Y no se puede, es que no se puede por más que le demos", señala con cierta frustración.
Lo que ocurre en Texpia no es un caso aislado. Trabajadoras de otra fábrica en la zona 17 denunciaron que, para recibir un bono por producción, deben coser más cantidad de ropa por minuto.
[Esto te dará contexto: COVID-19 en las maquilas: Cómo esquivar la enfermedad mientras coses 1700 pantalones al día. Por Jody García]
En la fábrica JS International, ubicada en Amatitlán, trabajadores reportaron que no se garantiza el suficiente distanciamiento social entre cada estación de trabajo y que les redujeron la hora de almuerzo, a media hora, para que produzcan más.
Es una maquila donde ya hubo casos positivos. No se guarda distancia mínima necesaria y pasan de mano en mano prendas que confeccionan. Se transportan en bus uno a la par del otro. Hay aglomeración en salida y entrada. ¿Por qué la resistencia a asegurar salud de los trabajadores? pic.twitter.com/nERo1BGDcJ
— Samuel Pérez Alvarez (@samuel_pz) May 29, 2020
¿Quién verifica?
Daniel Reyes, defensor de las personas trabajadoras, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ha estado participando en la verificación de las condiciones laborales dentro de las fábricas de confección de ropa. La mayoría las realiza junto conla Inspectoría General del Ministerio de Trabajo.
Las verificaciones, según comenta Reyes, se han dificultado porque se redujo la cantidad de inspectores, ya que algunos fueron puestos en cuarentena preventiva por COVID-19. Tampoco cuentan con el Ministerio de Salud, ya que les notificaron que en este tipo de casos, por la existencia de una relación laboral, es el IGSS quien debe hacerse cargo de los pacientes.
En las 10 maquilas donde ya reportaron casos, será la PDH y el IGSS quienes den seguimiento epidemiológico.
Por su parte, el Ministerio de Economía, tiene un papel pasivo en la crisis sanitaria y laboral desatada en las maquilas. Antonio Maluf, titular de esa institución, fue cuestionado en el Congreso en una citación de la bancada Semilla.
La diputada Lucrecia Hernández Mack recordó que fue el Ministerio de Economía el encargado de permitir o prohibir el trabajo en empresas que realizan actividades no esenciales.
“Si ustedes autorizan actividades que tienen alto riesgo de contagios y el Ministerio de Trabajo no logra hacer las supervisiones para ver que se cumplan con los protocolos de prevención, todo esto va a estallar al Ministerio de Salud y al IGSS”, dijo en la citación.
La diputada pidió que el Ministerio de Economía actúe en la crisis por coronavirus con una perspectiva sanitaria. El congresista Samuel Pérez Álvarez enfatizó en que el Ministerio no tuvo ni tiene criterios para definir qué empresas realizan actividades esenciales.
El ministro Malouf respondió que actualmente la institución sólo está monitoreando el transporte que las empresas habilitaron para sus trabajadores.
“Si en algún caso vuelven a dar ustedes (el Congreso) dinero, les voy a pedir que también nos den para operación, porque nos van a pedir que vayamos a estar vueltando (verificando empresas) y no tenemos gente. Perdón el coloquio, yo sé que estamos bajo juramento”, agregó Malouf.
Según el Ministerio de Economía las autorizaciones otorgadas solo tuvieron validez hasta el 28 de marzo y a partir de esa fecha se limitaron a verificar el transporte para empleados. Sin embargo ninguna instancia verificó que una vez las autorizaciones quedaron sin vigencia, las empresas detuvieran sus labores.
Call centers
Mientras la situación en las maquilas escala, en los call centers, lugares donde también trabajan decenas de personas en espacios reducidos, se detectaron casos de COVID-19. La empresa Advanced Call Center (ACT reportó que dos de sus trabajadoras tienen diagnóstico positivo de la enfermedad).
Please see the following update from #ACTGuatemala.
Publicerat av Advanced Call Center Technologies Guatemala Fredag 12 juni 2020
Esta entidad fue denunciada por otros empleados ante la PDH porque fueron convocados a trabajar en los días de toque de queda total. ACT les ofreció a “pagar abogado” si son detenidos por la PNC.
1/2 Trabajadores del call center ACT, ubicado en z10, denuncian que fueron convocados a trabajar este sábado 30 de mayo, pese al toque de queda total del viernes a las 5 pm hasta el lunes a las 5 am. La empresa ofrece a sus empleados “pagar abogado” si son detenidos por la PNC.
— Jody García (@JodyNomada) May 28, 2020
Aunque los call centers cuentan con autorización del Ministerio de Economía para operar, la Defensoría del Trabajador de la PDH envió una consulta al Ministerio de Trabajo para que se definan los límites de ese permiso, tomando en cuenta la seguridad y salud de las personas.
Marco Antonio Sánchez /
Muy buen reportaje investigative, felicitaciones. Pone en evidencia la realidad: se arriesga la vida de las personas en dichas empresas investigadas, en esos lugares la vida no vale nada. Mal por el Ministerio de Economía, ojalá su perviven de mejor forma.