“Ahora demostremos que ya no tenemos miedo”

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Esta profesora de Georgetown y asesora de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador (CEICCE), no pierde el optimismo por un país con justicia, sin corrupción ni impunidad.

—¿Qué cambió en el país desde que usted, en 2014, denunció a Gudy Rivera y puso en evidencia a Roxana Baldetti?
—Se entiende mejor el problema de la justicia. La población ya dejó de ver el tema de la elección de los magistrados de las altas cortes como un tema que solo le corresponde a los abogados. Se dieron cuenta de la importancia de que haya jueces independientes en las cortes. Eso se evidenció, no solo con mi denuncia, sino con todos los demás casos que vinieron posteriormente y demostraron la influencia de los grupos de poder y el crimen organizado. Hay tres magistrados (de 13) que tuvieron que renunciar o que fueron vinculados a casos de corrupción: Vladimir Aguilar, Douglas Charchal y Blanca Stalling. Y además, está el caso Comisiones Paralelas, en el que la CICIG presentó indicios de graves violaciones en el proceso de elección de magistrados. Ese fue un avance. Ya no vemos este tema con indiferencia. Es un proceso complicado, que cuesta entender, pero creo que ya no es ajeno a la preocupación de la ciudadanía.

—¿Qué relevancia tiene la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones que asumirán en octubre de 2019?
—Esta elección puede ser más importante que la elección de presidente y diputados. Si no tenemos una justicia independiente, no habrá separación y equilibrio de poderes. Y eso significa que habrá influencia de otros sectores en la justicia. Por eso tenemos que verla para que se elijan a las personas que tienen todas las capacidades y competencias para ocupar las magistraturas. Deben se idóneas, como dice la Constitución.

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—Además de postuladores, diputados y candidatos a magistrados, hay otros actores en la elección de magistrados de 2019.
—Son los operadores que buscan influenciar la elección o viciar la elección. Es preocupante que, sabiendo las deficiencias del sistema y después de la elección viciada de hace cinco años, no hayamos sido capaces de hacer una reforma profunda del sistema para evitar que estos operadores vicien el proceso. Está claro que, sin una reforma constitucional, en realidad, no habrá cambios profundos en la forma en que elegimos magistrados y, por ende, en la justicia.

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Por otro lado, está el problema de la academia. Las universidades se han prestado a este juego de poder. Por ejemplo, no han denunciado a las universidades de cartón. Hay un tema de simulación que debería ser denunciado y perseguido; eso es grave y se le debe poner atención a estas instituciones que se llaman universidades, pero en realidad no tienen programas que las acreditan, ni estudiantes, ni instalaciones. Han sido creadas únicamente para poder incidir e influir en los nombramientos de los magistrados.

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—Con todo este panorama negativo. ¿Cree que hay posibilidades para que sean electos magistrados probos e idóneos?
—Tendríamos que buscar nuevos mecanismos para que sea haga una evaluación objetiva. Eso es algo que las comisiones de postulación, aunque estuvieran integradas por las mejores personas, no lo podrían hacer por cuestiones de tiempo. Las comisiones de postulación son unos entes provisionales, que se constituyen por cuatro meses. No tienen la capacidad de funcionar como un departamento de recursos humanos, que tendría que ver quienes tienen los méritos para ser magistrados. Esas condiciones no se están dando.

—¿Cree que los grupos afectados por las investigaciones de Cicig tienen un plan para incidir en la elección de cortes?
—Definitivamente. Ellos han operado desde mucho antes. Seguro que los grupos criminales ya están incidiendo en la elección de cortes. Son las personas que han creado las universidades que no tienen respaldo, que promueven en las elecciones internas del Colegio de Abogados a candidatos cuestionables y hacen campaña para que ellos ocupen cargos importantes. Eso ya funciona desde hace mucho tiempo. El hecho de que El Rey del Tenis esté siendo procesado no quiere decir que no haya otros operadores de influir en las comisiones.

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—Esos operadores también trabajan desde Mariscal Zavala.
—Claro. Yo creería que sí. Yo creo que estas personas están en Mariscal Zavala pero todavía tienen muchos vínculos y capacidad para poder incidir en la elección de magistrados.

—Los magistrados tienen que asumir a mediados de octubre porque así lo dice la ley. Pero cree que sería más conveniente extender el proceso de elección de magistrados por más tiempo para que haya más fiscalización.
—Más importantes que los plazos, son los procedimientos de la elección. Ahora, si un procedimiento adecuado no se lleva a cabo en el plazo determinado, sí sería conveniente postergarlo. El tema es que hay plazos constitucionales. La justificación debería ser de peso para atrasar la elección.

—CICIG termina su gestiones. ¿Qué razones hay para ser optimistas?
—Hay una Guatemala antes de CICIG y otra Guatemala después de CICIG. Ahora el país entiende la importancia de denunciar y de exigir la persecución en contra de la corrupción. Hay que entender que hay una ciudadanía que despertó y que no va a volver al letargo.

—Ya vemos a jueces que están botando casos de CICIG.
—El ambiente es complejo, pero no podemos perder la esperanza y unir esfuerzos por una Guatemala distinta, que quieren que la justicia funcione. Por eso la ciudadanía ahora tiene que respaldar a los jueces y fiscales que hacen su trabajo y han liderado una gran lucha contra la corrupción. No solo ha sido un esfuerzo del personal extranjero. A los guatemaltecos hay que protegerlos. El hecho de que haya gente en el país dispuesta a tomar ese riesgo de combatir la corrupción. Eso solo lo podemos mientras vamos a usarlos.

—Es previsible que se intensifiquen ataques contra jueces y fiscales independientes.
—Así es, eso ya se ve en las redes sociales. Hay una fuerte campaña de desprestigio contra jueces, fiscales e investigadores. Ya lo estamos viendo. Y hay que contrarrestarlo con el apoyo ciudadano.

—¿Cuál es el papel de la ciudadanía?
—Las personas deben estar muy atentas a lo que está ocurriendo en la elección de las altas cortes y no deben parar de denunciar la corrupción o la impunidad. En las protestas del 2015 decíamos que nos han quitado todo, incluso el miedo. Ahora demostremos que ya no tenemos miedo y que vamos defender a los jueces independientes.