Amenazados y desprotegidos, los jueces buscan refugio en la unidad

La amplia cobertura de las audiencias permitió a la población ver de cerca que el trabajo de los jueces es un contrapeso a la corrupción de los gobiernos y del mismo sistema judicial. También aumentaron los ataques por su trabajo independiente.

Con investigaciones tan complejas como La Línea y Cooptación del Estado, se desnudaron las carencias del Organismo Judicial. Por ejemplo, no había salas de audiencias con capacidad para recibir a 50 procesados más sus decenas de abogados. Tampoco había un espacio seguro para los jueces que tendrían que esquivar los intentos de los sectores afectados para influir en sus decisiones.

En el 2015, jueces como Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul, Ericka Aifán, Carlos Ruano, Dinora Martínez y Haroldo Vásquez, entre otros, crearon la Asociación de Jueces por la Integridad, un espacio para apoyarse y repeler los ataques contra su trabajo y mantenerse independientes.

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El presidente de la Asociación, Haroldo Vásquez, dijo que tienen poco apoyo de sus autoridades —los magistrados de la Corte Suprema de Justicia— ante los ataques, amenazas e intimidaciones que han recibido desde el 2015, cuando la lucha contra la corrupción se intensificó por las investigaciones de la CICIG y el MP. Entretanto, Miguel Ángel Gálvez, juez que ha conocido los casos La Línea, Cooptación del Estado, Aceros de Guatemala, TCQ, entre otros, dijo que los partidos políticos y otros grupos de poder han utilizado a la justicia como cuestión de poder y no como control del poder.

—Hago referencia a este tema porque los que menos se han pronunciado es el Organismo Judicial. Han hecho referencia a la politización de la justicia, pero lamentablemente como que no hay dignidad, no hay representación del cargo que están llevando.-

Haroldo Vásquez dijo el pasado viernes 28 de septiembre en un foro público llamado La independencia judicial en tiempos de crisis que “son vistos como jueces antisistema”, y es cierto, añadió.

—No estamos luchando, ni peleando, ni discutiendo contra nadie; pero sí, efectivamente, con cada acto de honestidad, ética y dignidad estamos actuando en contra de un sistema que es perverso, corrupto y de desigualdad. Nunca había ocurrido lo que hoy está ocurriendo: altas autoridades, funcionarios públicos, personas que debieran representar la unidad de la nación, partiendo ahora mismo del hecho de que están diciendo que no van a aceptar órdenes ilegales (…) la justicia no es eso. De la justicia no devienen órdenes que puedan ser consideradas ilegales, vienen resoluciones fundamentadas y que en el caso de aquella persona que no esté de acuerdo puede hacer uso de los recursos procesales, pero no manifestarse contrario a una actividad judicial. La desobediencia atenta contra la división de poderes y la República.-

Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad.

El presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad explica en la siguiente entrevista que a pesar de las amenazas e intimidaciones, los jueces más destacados del Organismo Judicial están acorralados, pero unidos. Este es el resumen de la conversación:

Nómada: ¿Cuándo y por qué nació la asociación?

Haroldo Vásquez: Como grupo nos habíamos formados hace unos tres o cuatro años, como asociación, desde el 2015. Sentíamos que para los jueces con ideas distintas, diferentes consideraciones y formas de pensar sobre la justicia y el asociacionismo, se nos había cerrado los espacios. Decidimos crear la Asociación de Jueces por la Integridad porque percibíamos que se venían tiempos difíciles y era necesario que estuviéramos unidos. Veíamos cómo políticamente se cerraban espacios en el tema del asociacionismo, veíamos la posibilidad de que recibiríamos casos complicados, complejos y emblemáticos, pero no podíamos determinar en ese momento lo que venía detrás.

Este grupo consideró importante que estuviéramos unidos a través de una asociación donde nos identificáramos como jueces honestos, independientes y como jueces que estamos trabajando en la administración de la justicia.

N: ¿Cuáles han sido los obstáculos a los que se han enfrentado?

HV: Hemos visto claramente que el sistema de justicia es débil. No representa una fortaleza que pueda soportar los casos y las condiciones con los que llegan. Cuando observamos que existen procesos álgidos y complejos, a los jueces los vemos vulnerables. Podríamos hablar de casos concretos: Pablo Xitumul, Carlos Ruano, Miguel Ángel Gálvez y Ericka Aifán.

La debilidad institucional es una limitación dentro de la administración de justicia, por eso es importantísimo que un grupo de jueces esté organizado para cuando alguien esté afectado por injerencias, por abusos o por amenazas que pueden ir desde eliminar a la persona profesionalmente hablando hasta amenazas de muerte. Incluso el uso abusivo de medios que, si bien es cierto están establecidos en la ley, no es que hayan nacido con la naturaleza de obstaculizar la administración de justicia.

N: ¿Cuáles han sido las amenazas y los abusos que ha reportado durante el tiempo que han estado asociados?

HV: La amenaza por sí misma ya es un tipo de injerencia porque trata de afectar la libertad que pueda tener el juez en su decisión. Nosotros lo que hacemos es buscar respaldo y acompañamiento para el juez. Muchas veces nos quedamos esperando el respaldo de las autoridades que debieran estar al frente de todo esto y que la misma ley les otorga la posibilidad de respaldar la lucha contra el abuso y en todo caso, las amenazas contra los jueces, pero nos quedamos esperando y a veces esto no llega.

El caso de la jueza Ericka Aifán había una preocupación incluso en cuanto a la Corte Suprema de Justicia y de cómo podría resolver el antejuicio que se estaba fomentando en su contra por la denuncia de una persona que estaba sujeta a un proceso. El caso Bitkov podemos observar que generó mucha suspicacia, y la preocupación de que pudiera existir alguna persecución politizada o instrumentalizada desde otros posibles casos y consideraciones para afectar el desenvolvimiento de un juez.

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Hemos visto, con estos ejemplos, la posibilidad de que exista alguna consideración especial de vigilar el trabajo de los jueces. Es preocupante que en contra de los jueces independientes haya persecución y que podría ser sistemático.

N: ¿Los jueces honestos están acorralados y unidos?

HV: Quiero decir que hay muchísimos jueces honestos, ajenos a los que están a la asociación, hay muchos jueces honestos. Probablemente son la mayoría. Lo que hemos percibido es que existe una vulneración constante del debido proceso y un ataque a la independencia judicial, no personas en concreto, si no por todo un sistema que limita la justicia.

Si se mantienen o generan esas condiciones, la vulnerabilidad del juez va a existir siempre, lo cual no implica que no ceda. Hay jueces muy valientes que se han sostenido y se seguirán sosteniendo en su criterio independiente y judicial a pesar de las amenazas e injerencias.

Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad.

N: ¿Cómo han respondido la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial?

HV: Hemos observado que de parte de la Corte Suprema de Justicia ha sido bastante limitada, si no es que muy pobre, la reacción o la respuesta que se tiene ante eso. De hecho, en la actualidad, el mismo presidente de la República y algunos ministros han manifestado algunos epítetos, conceptos y pensamientos sobre el tema de la justicia, donde hubiéramos esperado que la Corte Suprema de Justicia se manifestara.

Hemos publicado comunicados en donde manifestamos nuestra preocupación ante estos hechos porque no es normal, en un sistema democrático, cuestionar así.

N: Desde el 2015, Guatemala vive una crisis política, ¿cómo ha afectado la independencia de los jueces?

HV: Nos toca ver siempre las cosas desde un punto de vista positivo. Creemos que esto tarde o temprano tenía que darse. Lo que pasa es que estos temas sobrepasan la capacidad que uno tiene de imaginar lo que podría ocurrir. Casos concretos como La Línea, Cooptación del Estado, Construcción y Corrupción y Comisiones Paralelas, desnudaron todo el sistema. Yo creo que pensar que basta con hacer una persecución penal en contra de estos casos, es insuficiente. Habrá que observar de alguna manera lo que tiene que cambiar es el sistema, las formas.

Eso implica generar políticas administrativas que orienten desde la Corte Suprema de Justicia, desde el Organismo Legislativo y Ejecutivo, a un cambio fundamental. Solo por dar un ejemplo, (la reforma a) la carrera judicial podría generar más independencia a los jueces y magistrados, generar el reconocimiento de la meritocracia para que los mejores lleguen a los niveles más altos de las cortes.

N: ¿Cómo se protegen de los peligros a los que se exponen en su trabajo como jueces?

HV: Existe un sistema de protección físico que ha otorgado seguridad a los jueces, pero no ha sido suficiente. Algunos jueces tienen vehículos blindados, otros no. Yo creo que lo importante es mantener el respaldo de la población, que observe que se están haciendo bien las cosas.

Aquí es donde uno tendría que cuestionar: ¿dónde está la Corte Suprema de Justicia? ¿dónde está el presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿dónde hay alguien que hable en favor de los jueces, y no solo la población? Pero la mismas autoridades, por mandato de la Corte de Constitucionalidad, les orienta a tener que salir en respaldo de cualquier juez que se vea afectado y no hemos visto que el respaldo llegue. No hemos visto un comunicado, una manifestación concreta, y no hablo solo de esta corte, hablo de todas las cortes, podrían tener una política contundente de respaldo a la administración de justicia pensando en jueces y magistrados que están sometidos a ataques que van orientados a la legalidad.

N: ¿No existe una política para el respaldo de los jueces?

HV: No tenemos claridad de la política que pueda existir. De hecho, nosotros estuvimos respaldando a Ericka Aifán; el año pasado, a Carlos Ruano; también a Pablo Xitumul, a Miguel Ángel Gálvez y a otros jueces, pero que exista una política y que esta se perciba y se sienta, no hay.

N: ¿Qué hay del departamento de seguridad del OJ?

HV: Funciona parcialmente. Pero siempre tiene uno que estarlo activando y pidiendo. El caso concreto sería que últimamente estaban requiriendo a Ericka Aifán un vehículo, le exigían la devolución del mismo en un momento trascendental cómo este, cuando ella está conociendo casos tan complejos, problemáticos y complicados donde existen amenazas (como el caso Bitkov); me parece fuera de lugar, poco prudente, requerir la devolución de un vehículo. Esto evidencia —desde falta de lectura de la situación de un juez— la falta de conocimiento de la vulnerabilidad o en algún momento, la falta de interés o falta de políticas de respaldo.

Casos recientes

Erika Aifán es la última jueza que ha denunciado amenazas. El pasado 17 de septiembre comunicó a la Corte Suprema que era perseguida por un vehículo sin placas. Un día después, los magistrados le pidieron de urgencia que devolviera el vehículo blindado que le fue asignado. Tuvo que presentar un documento donde pedía que no se lo retiraran pues corría peligro. Al día siguiente, el entonces presidente de la Corte, José Pineda Barales, autorizó el uso carro.

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En junio, en una entrevista en el programa Con Criterio, Aifán detalló que los sindicados en casos que ella tramita la han denunciado seis veces en el Organismo Judicial, una vez en el Ministerio Público y otra en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.

El juez Pablo Xitumul también ha reportado intimidaciones. El 14 de septiembre denunció que fue fotografiado por dos agentes de la PNC mientras paseaba con su hijo en Antigua Guatemala y que otro hombre lo insultó mientras caminaba con su familia en un centro comercial.

Xitumul es parte del Tribunal que condenó a cinco militares por la desaparición en 1981, del niño Marco Antonio Molina Theissen y actualmente juzga a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y doce personas más por el contrato del gobierno del Partido Patriota con una empresa israelí que pretendía limpiar el Lago de Amatitlán con una fórmula mágica.

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Debido a la falta de respuesta de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, los jueces afectados buscan apoyo de asociaciones de sus colegas en Centroamérica y Latinoamérica, así como Impunity Watch, la Comisión Internacional de Juristas, Abogados sin Fronteras, la Oficina del Ato Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras.