Cómo Donald Trump dio luz verde a la corrupción en Guatemala y Ucrania

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Los congresistas acusan a Trump de haber chantajeado al presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, para que este abriera una investigación penal en contra de Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos y de su hijo Hunter Biden.  Hunter Biden, fue miembro del Consejo de Administración de una empresa ucraniana, Burisma, que fue investigada por corrupción. Sin embargo, no hay evidencia de que Joe Biden haya intentado influir en favor de esta empresa o de su hijo.

Biden podría ser rival de Trump en las próximas elecciones. Para debilitarlo, Trump no dudó en presionar al gobierno de Ucrania y amenazarlo con quitarle la ayuda militar que el país de Europa del Este necesita en su guerra contra Rusia. Para los demócratas, esto constituye un atentado contra la limpieza de los comicios. Trump puso por delante sus intereses personales antes que los de su propio país.

A lo largo de noviembre y diciembre 2019, los congresistas escucharon a numerosos diplomáticos que sirvieron a EE. UU. en Ucrania para apuntalar las acusaciones. Uno de los testimonios me llamó la atención: el de la exembajadora Marie Yovanovitch.

La embajadora Yovanovitch representó a EE. UU. en Ucrania entre el 2016 y el 2019. Durante su periodo encabezó los esfuerzos estadounidenses contra la corrupción y apoyó a las organizaciones pro-transparencia de la sociedad civil ucraniana. Con esto, se hizo de poderosos enemigos en el país eslavo. A inicios del 2019, una campaña de acusaciones falsas en su contra se difundió en Estados Unidos a través de la cadena FOX y de otros medios trumpistas. La pintaron como un títere de Georges Soros y Barack Obama. La acusaron de encubrir las acciones de Joe Biden en Ucrania y de oponerse a la voluntad de Trump. La campaña logró su objetivo: Trump la despidió de un día para otro, sin explicación.

Yovanovitch, aun dolida por su desventura, explicó que no le sorprendía que los ucranianos que “quieren seguir jugando con las viejas reglas corruptas” hayan conspirado contra ella. Lo que sí la desconcertaba era que estos “encontraran estadounidenses dispuestos a colaborar con ellos, a trabajar con ellos”. Los ucranianos que querían detener la lucha contra la corrupción encontraron apoyo en Estados Unidos.

Esta declaración sonaba familiar: en un lejano país centroamericano, otro pacto de corruptos había logrado exactamente lo mismo: encontrar políticos norteamericanos dispuestos a empujar sus intereses. Y esto, gracias a las mismas herramientas: lobistas y campañas de desinformación. Los dos países han seguido rutas paralelas con respecto a la lucha contra la corrupción.

Ucrania y Guatemala representan, según el análisis clásico del Departamento de Estado, dos riesgos importantes a la seguridad nacional de EE. UU. Guatemala, por los cientos de miles de migrantes que buscan con desesperación alcanzar territorio estadounidense. Ucrania, porque es allí donde Rusia y Estados Unidos libran un refrito de la guerra fría. En ambos países, los analistas norteamericanos identificaron a la corrupción como la gran amenaza a sus intereses. En Guatemala, la corrupción es sinónimo de pobreza y migración. En Ucrania, esta convierte a los funcionarios y empresarios en presa fácil para Vladimir Putin.

En armonía con el análisis del Departamento de Estado, la administración de Barack Obama invirtió masivamente en ambos países para reformar sus sistemas de justicia.

Ucrania es uno de los países europeos más corruptos. Mantiene el puesto 120, de 180 países, en el índice de corrupción de la ONG Transparencia Internacional (Guatemala está en el puesto 140). Está dominado por una oligarquía cuyo origen está en las élites del partido comunista formadas cuando el país era parte de la Unión Soviética. Sus grandes recursos naturales, petróleo, gas, acero, carbón se han concentrado en unas pocas manos, con el aval de políticos corruptos.

En 2014, una revolución echó abajo al régimen de Viktor Yanukóvitch, un aliado de Putin. En represalia, Rusia invadió Crimea, parte del territorio ucraniano, desatando una guerra que aún no ha terminado. Estados Unidos decidió apoyar a Ucrania con dinero fresco y equipo militar. Como lo explica bien esta nota de The New Yorker, esta ayuda permitió a EE. UU. exigir a sus protegidos reformas institucionales y una lucha más decidida contra la corrupción. A regañadientes, Ucrania formó un equipo de investigación dedicado a combatir la cleptocracia. Este grupo de fiscales, comparable a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, empezó a acosar a oligarcas y políticos corruptos con el apoyo del FBI.

De igual manera, en Guatemala, el gobierno de Obama sostuvo financiera y políticamente a la CICIG, un ente investigativo internacional encargado de luchar contra la impunidad. En 2015, CICIG descubrió una estructura delictiva liderada por el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Las revelaciones provocaron manifestaciones masivas y forzaron la renuncia del mandatario, quien fue arrestado.

Las elecciones siguientes llevaron al poder al comediante Jimmy Morales y a una camarilla de exmilitares y políticos de dudosa reputación. Sin embargo, en los primeros años de su gobierno, la presión ejercida por EE. UU. permitió a la lucha contra la corrupción seguir avanzando. Las investigaciones de CICIG llevaron a la cárcel a diputados, alcaldes, ministros, militares y empresarios. Incluso la todopoderosa oligarquía se vio contra las cuerdas. CICIG reveló los mecanismos de la impunidad y las raíces de la corrupción. El propio presidente, Jimmy Morales, su hijo y su hermano fueron investigados por CICIG y el Ministerio Público.

Los embajadores de Estados Unidos en ambos países se convirtieron en figuras mediáticas. Todd Robinson en ciudad de Guatemala y Marie Yovanovitch en Kiev, salieron muchas veces a la palestra para denunciar, con nombres y apellidos, a las principales figuras de la delincuencia estatal. Para las organizaciones sociales, siempre bajo el asedio de las mafias locales, este apoyo era vital.

Todo cambió cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en 2017.

Al principio, los activistas en Guatemala llamaron a la calma: las políticas anticorrupción de EE. UU. eran bipartidistas, aseguraron. Republicanos y demócratas apoyarían por igual la lucha contra la corrupción. Pronto, vino el desengaño.

Los sectores golpeados por CICIG se reagruparon y diseñaron una estrategia para destruirla. Para esto, tenían que romper el apoyo norteamericano a la Comisión y a su jefe, Iván Velázquez. En 2017, como lo mostró una investigación de Jody García, de Nómada, un grupo de empresarios y políticos, con el aval de Jimmy Morales, contrataron los servicios de una empresa de lobbying cercana al vicepresidente Mike Pence. La empresa debía ensuciar la imagen de Iván Velázquez, de la fiscal general Thelma Aldana, y del propio embajador Todd Robinson.

Al mismo tiempo, el multimillonario Bill Browder utilizó el caso de una familia rusa, los Bitkov, condenados en Guatemala por la compra de documentos de identidad falsos, para difamar a CICIG y presentarla como una cómplice de Putin. La campaña de desinformación encontró potentes altavoces. Entre estos, la columnista del Wall Street Journal Mary Anastasia O’Grady y los senadores Marco Rubio y Mike Lee, quienes lograron suspender por un tiempo el financiamiento estadounidense a la CICIG.

En diciembre 2017, el embajador Todd Robinson fue sustituido por Luis Arreaga. Con él, terminaron las declaraciones de apoyo a la CICIG y las críticas al gobierno de Jimmy Morales. Cuando Morales se negó a prorrogar el mandato de CICIG, Estados Unidos calló. Cuando Morales declaró non grato a Iván Velázquez, y luego le impidió entrar a Guatemala, EE. UU. no protestó. Cuando el ministro de gobernación Enrique Dagenhart desmanteló la cúpula policial clave en la reducción de los asesinatos y el desmantelamiento de bandas de sicarios, EE. UU. guardó silencio.

Según escribió el propio Joe Biden, “no podía haber mensaje más claro para los cleptócratas de toda la región de que los Estados Unidos ya no están en el equipo anticorrupción”.

Pero a cambio de tanto silencio, Donald Trump tenía un favor que pedirle a Jimmy Morales: firmar el acuerdo de tercer país seguro. Este acuerdo impopular permite deportar a Guatemala a todo migrantes hondureños y salvadoreños capturados en Estados Unidos, aunque podría expandirse a migrantes mexicanos y de otros países. Yo te hago un favor, tú me lo devuelves: así funcionan las cosas con la mafia y con el gobierno de Trump.

Las élites ucranianas lo entendieron muy bien, y supieron sacar tajada. Políticos como Andrii Derkach, exfiscales corruptos como Viktor Shokin y Yuriy Lutsenko y empresarios multimillonarios como Pavel Fuchs o Ihor Kolomoisky, se acercaron a Rudy Giuliani, abogado personal de Donald Trump. Negociaron.

Los ucranianos pidieron la cabeza de la embajadora Yovanovitch. Giuliani, apoyo ucraniano para armar y difundir teorías conspirativas que mancharan a Joe Biden y al partido demócrata.

A mediados de 2019, diplomáticos cercanos a Trump se comunicaron con el gobierno del recién electo presidente Volodymir Zelensky, otro cómico de la televisión sin experiencia política. Le hicieron saber los términos de un nuevo trato:  si Ucrania quería seguir recibiendo ayuda militar, el presidente Zelenzky tendría que anunciar el inicio de una investigación penal en contra de Joe Biden y su hijo. Luego, la jugada se le revirtió a Trump: un informante anónimo hizo públicas sus conversaciones con el presidente Zelenzky y esto originó el proceso de impeachment.

En Guatemala, al cabo de tres años del gobierno Trump, la cleptocracia chapina, más arrogante que nunca, quiere recuperar el tiempo perdido. La llegada de Alejandro Giammattei y su séquito de militares y empresarios de la vieja guardia promete continuar con la ruta trazada por Jimmy Morales.

Al otro lado del mundo, las cosas tampoco van bien. Una nota del diario The Economist, muestra cuánto ha menguado el apoyo de Estados Unidos a la lucha contra la corrupción en Ucrania. Los activistas anticorrupción se sienten más vulnerables que nunca. Lo mismo pasa en otros países de Europa del Este: Rumanía, Hungría, Polonia, Eslovaquia.

Como declaró un diplomático norteamericano a The Economist, el daño es “incalculable”. “Tomará décadas reconstruir nuestra credibilidad. Lo que los otros países ven ahora en la Casa Blanca es todo aquello en contra de lo que predicábamos.”