La impunidad en el caso por la muerte de las niñas y adolescentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción no es una casualidad.
[¿Aún no recibís La Jugada? Suscribite aquí y recibí en tu correo una explicación de lo más importante del día.]
A casi tres años de la tragedia del 8 de marzo de 2017, el caso se ha retrasado por amparos, apelaciones y hasta por la ausencia de los abogados en las audiencias.
Pero en las últimas semanas el expediente se ha desenvuelto a otro ritmo. Pasaron dos cosas importantes para que el caso avance:
El viernes 14 de febrero la Corte de Constitucionalidad (CC) notificó que rechazó los amparos que impedían que 7 de las 15 sobrevivientes de la tragedia contaran su historia ante un juez.
Sus relatos son clave para el juicio que enfrentarán Carlos Rodas y Anahí Keller, exsecretario y exsubsecretaria de la Secretaria de Bienestar Social (SBS). También Brenda Chamán, ex jefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato de la misma institución y Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro.
Y además Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Harold Flores, exprocurador de la Procuraduría General de la Nación (PGN); Lucinda Marroquín, quien era subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC) y Luis Armando Pérez Borja, ex comisario de la policía.
En el caso, aunque no han sido enviados a juicio, también están vinculados Ofelia María Pérez, coordinadora del área de mujeres del Hogar Seguro, Roció Albany Murillo y Rolando Romeo Miranda, jueza y secretario del juzgado de paz de San José Pinula, y Cruzy Flor de María López, monitora del Centro Juvenil de Privación de Libertad de Mujeres Gorriones.
[Leé: Las razones del amotinamiento de las niñas del hogar seguro]
El 11 de octubre de 2019, las madres de las víctimas, acompañadas por la Fundación Sobrevivientes y Mujeres Transformando el Mundo (MTM), presentaron un memorial para que el Tribunal Séptimo recibiera las declaraciones anticipo de prueba de las adolescentes que sobrevivieron a la tragedia.
Este procedimiento consiste en que los jueces escuchen la declaración de las víctimas antes inicio del juicio, como una forma de resguardar su testimonio previendo cualquier eventualidad y para evitar que sean revictimizadas contando su historia una y otra vez.
Las madres y sus familias hicieron la petición en una sala de apelaciones; en cuatro meses el expediente llegó hasta la Corte de Constitucionalidad, que finalmente lo aprobó.
Las familias y entidades querellantes en el caso piden que el juzgado reciba desde ya la declaración testimonial de las niñas que sobrevivieron. Esto para que ellas no tengan que declarar tres veces los mismos hechos, pues el caso está dividido en tres grupos de acusados. pic.twitter.com/pKTWsIVJj5
— Jody García (@JodyNomada) October 11, 2019
Esteban Celada, abogado de MTM, explicó que ahora solo esperan que el Tribunal Séptimo programe la fecha para que se realice la audiencia en que las adolescentes declararán lo que vivieron el 7 y 8 de marzo de 2017.
Los abogados que no cumplen
Otro de las razones de los retrasos es que dos de los abogados del caso faltaron al menos cinco veces a la audiencia en la que se definiría qué pruebas se discutirán en el juicio.
Dennis Billy y Douglas Herrera Arita eran abogados de la madre de una las niñas que sobrevivió al incendio.
En una audiencia realizada el pasado lunes 17 de enero, Douglas Herrera presentó su renuncia al caso argumentando que habían perdido contacto con su clienta. Al final, eso perjudicó y atrasó el proceso.
Dennis Herrera también pidió separarse del caso porque es parte de la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y eso, argumentó, le impedía asistir a las audiencias.
En ese momento, el juez Pedro Láynez ordenó que un trabajador del juzgado llamara a la madre de la niña para corroborar si era cierta la excusa de Douglas Herrera. Una mujer respondió la llamada y dijo ser la madre de la clienta de los abogados y colgó la llamada. El resto de representantes de las víctimas se quejaron ante el juez y les reclamaron a los Herrera de retrasar constantemente el caso. El abogado Celada recordó que esta misma audiencia empezó en octubre de 2018.
Tras meses de retrasos en el proceso, el juez Pedro Láynez les dio tres días a ambos para presentar por escrito sus justificaciones de su renuncia. Los dos están advertidos de que podrían ser denunciados en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Guatemala.
Dennis Herrera figuró en fotografías que captó el Ministerio Público en el Sanatorio Ciudad Nueva, en el que Gustavo Alejos estaba recluido por supuesta enfermedad. La Fiscalía Especial contra la Impunidad apunta a que Alejos se reunió con abogados, aspirantes a magistrados y comisionados, para influir en el proceso de elección de nuevas Cortes. Herrera dijo que llegó al hospital a visitar a uno de sus clientes.
El juez Láynez programó la audiencia para discutir las pruebas que se conocerán en el juicio para el próximo 6 de marzo. Si la diligencia se realiza, no habría ningún impedimento para que el Tribunal Séptimo programe la fecha en que iniciará el debate oral y público contra las ocho personas implicadas.
El esperado debate
El expediente del caso Hogar Seguro tiene alrededor de mil evidencias y medios de investigación, entre documentos, testimonios, fotografías y peritajes. El abogado Celada estima que el juicio podría durar alrededor de tres meses con audiencias diarias.
—Lo que se quiere probar en este juicio es lo que pasó el 7 y 8 de marzo de 2017, el tema de la reconcentración (de los adolescentes que escaparon de las instalaciones) y el reingreso al hogar; luego la forma en que murieron las 41 niñas, explicó Celada.
Por otro lado, la organización MTM espera que el Ministerio Público investigue y profundice en las condiciones en que los niños, niñas y adolescentes vivían en el hogar estatal. Su situación les habría llevado a organizar una protesta para denunciar las malas condiciones y tratos que recibieron de las autoridades, la tortura y la trata de personas, añade el abogado Celada.
Las madres de las víctimas y de las sobrevivientes también quieren reunirse con el presidente Alejandro Giammattei. El pasado 23 de enero le enviaron una carta donde le piden una audiencia para compartirle del caso y hacerle solicitudes concretas para «reconstruir el tejido social de las familias que murieron y de las que sobrevivieron».
Además, la organización MTM también pidió al Ministerio Público que investigue al expresidente Jimmy Morales y al exasesor de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Carlos Abel Beltetón. Los señalamientos son por tortura, pues supuestamente ordenaron que entre el 7 y el 8 de marzo de 2017, la PNC “mantuviera en constante represión” a las 56 niñas y 43 niños y jóvenes” que habían escapado del Hogar Seguro. De esta petición no se reportan avances.
frank lopez hurtarte /
.
.
.
.
TRES AÑOS DE IMPUNIDAD
.
Jody hace una muy buena exposición de hechos.
.
Pero basta con hacer un recuento de los días y las noches de estos tres años en los que no ha habido sentencias firmes contra todos los responsables.
.
El mismo comisario de la PNC, en las subsiguientes horas de este hecho criminal, aseguró ante las cámaras que el Comediante Morales dio la orden de encerrar a las niñas para no dejarlas salir.
.
Por aparte, en San José Pinula reside una de las cuidadoras que "alquilaba" a las niñas como mercancías sexuales. Y de eso poco o nada se ha dicho.
.
Ha habido verdaderas lagunas en este caso, y que ilustra claramente el colapso del sistema de justicia en Guatemala.
.
Y este tipo de demandas son las que quieren acallar los políticos —incluido Yamatei— emitiendo leyes desde el Congreso para criminalizar el trabajo de las ONG que trabajan por la niñez y juventud, así como otras.
.
.
.
.