El MP de Consuelo Porras se puso de lado de “la política de impunidad”, dice Amnistía Internacional

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El 17 de mayo del 2018, Consuelo Porras sustituyó a Thelma Aldana como jefa del Ministerio Público. Desde el principio, su nombramiento generó dudas sobre su posición ante las investigaciones por corrupción contra varios funcionarios y, especialmente, contra el presidente Jimmy Morales.

Esos temores se agudizaron cuando Porras se refirió a Morales como un aliado en la lucha contra la corrupción. Hoy, luego de 13 meses en el cargo, las sospechas se convirtieron en certezas, para muchos.

El último informe de Amnistía Internacional lo explica.

Todos los años, Amnistía Internacional (AI), una de las organizaciones globales implicadas en la defensa de los derechos humanos, investiga y analiza la situación de Guatemala. Este año, a diferencia de otros, la preocupación más grande es el acelerado retroceso que el país evidencia, en los últimos dos años, en materia de justicia y lucha contra la impunidad.

Según el documento, que fue presentado este martes, están en “riesgo inminente” los avances que se lograron en más de una década en materia de justicia y fortalecimiento a instituciones clave, como el Ministerio Público.

El informe se refiere a dos MP totalmente distintos.

La parte introductoria del informe parece hablar del trabajo de un MP involucrado en investigaciones de alto impacto y en reformas constitucionales; algo que ahora parece lejano y ajeno. Menciona, por ejemplo, al MP que trabajó junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y destapó más de 60 estructuras criminales. Se refiere al MP que abrió un expediente contra el entonces presidente de la República y su vicepresidenta, quienes se vieron obligados a dimitir para enfrentar la justicia.

Pero también habla del Ministerio Público de hoy, el que dirige Consuelo Porras y que ha asumido una actitud de “vigilancia” frente a temas cruciales del país.

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Así ven a la Fiscalía de Consuelo Porras

Fiscales y trabajadores del MP hablaron con Amnistía Internacional, sin brindar sus nombres. Luego de 30 entrevistas, la conclusión dejó muchas inquietudes. No es una novedad que existan acciones del Organismo Ejecutivo, el Congreso y poder Judicial para entorpecer las investigaciones penales. Lo que despierta más inquietud es que el Ministerio Público también esté involucrado en esa “política de impunidad”.

El informe hace advertencias sobre “la ausencia de un plan claro y oportuno por parte del Ministerio Público para garantizar el proceso de fortalecimiento de sus capacidades iniciado con la CICIG, lo cual pone en riesgo la capacidad de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y otras fiscalías de seguir realizando investigaciones eficientes y exhaustivas”.

En los últimos meses, con la gestión de Porras al frente del MP, se han ejecutado traslados, destituciones y renuncias del personal de unidades claves dentro de esa institución. Por ejemplo, la Dirección de Análisis Criminal o la Unidad de Métodos Especiales, que había sido especialmente capacitada para recabar y analizar información que serviría como prueba en procesos contra grandes estructuras criminales. La situación de la FECI también parece estar en riesgo.

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Consuelo Porras se defendió y adelantó que diez nuevos investigadores vendrán a apoyar la FECI. Sin embargo, los realizadores del informe hablaron con otras fuentes que dudan que haya un proceso de reclutamiento que garantice las transferencia de capacidades y de funcionamiento oportuno de la FECI antes de septiembre. Y es que esos diez investigadores de los que habla la fiscal aún no se han incorporado al equipo para ser capacitados con la CICIG después de 4 meses de iniciado el proceso y, especialmente, cuando faltan dos meses para que el mandato de CICIG termine.

Además, hay 18 puestos de fiscales de la FECI están vacantes desde hace varios meses.

“Aunado a la falta de contratación oportuna de personal especializado, poco más de dos meses antes de vencerse el mandato de la CICIG, se suman otras preocupaciones recibidas por Amnistía Internacional, que dejan serias dudas sobre la voluntad real del Ministerio Público de continuar fortaleciendo sus capacidades y dar continuidad al proyecto de lucha contra la impunidad impulsado con el apoyo de la CICIG”, dice el informe.

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Una fiscalía clave que está en riesgo

Existen más de 70 casos conjuntos abiertos en la FECI, pero todos están en riesgo debido a la evidente limitación de capacidades de investigación de esa fiscalía y de las constantes amenazas que enfrentan los fiscales que la integran.

El 1 de junio de 2019 la Asociación de Fiscales del Ministerio Público denunció los ataques sistemáticos contra el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y a otros fiscales y solicitaron a las autoridades guatemaltecas garantías para realizar investigaciones de forma imparcial y objetiva. Sin embargo, a la fecha esta situación no ha mejorado. Además, aunque la fiscal ha dicho de manera pública que apoya el trabajo de esa unidad, tampoco han habido acciones para garantizar su seguridad.

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Tampoco se han tomado medidas ante las constantes quejas que han presentado varios acusados en contra de los fiscales. Hasta ahora existen alrededor de 80 demandas contra del equipo de 64 personas de la FECI. Y, por su parte, Juan Francisco Sandoval, acumula más de 20 procesos en su contra.

Uno de los fiscales de la FECI, que fue entrevistado con la promesa del anonimato, reafirmó la situación que viven: una persecución en complicidad con algunos actores del sistema de justicia:

—A veces siento que voy a terminar preso antes yo que los sindicados, dijo.

Este es el escenario guatemalteco que asusta a nivel internacional, el de un país en el que “la justicia pende de un hilo”, en donde están en riesgo los esfuerzos para fortalecer el sistema de justicia penal, en donde las autoridades aseguran que la lucha contra la corrupción sigue a pesar de que la CICIG está por terminar, pero actuaciones del gobierno, de los tres poderes y del Ministerio Público, muestran todo lo contrario.