El pasado viernes 3 de agosto se conoció que la CC suspendió provisionalmente el decreto que permitía a la SAT conocer todas las cuentas que un contribuyente tiene en el banco para verificar que no esté evadiendo impuestos. Algo que apenas hace 3 años no se podía hacer porque la ley resguardaba el secreto bancario.
Cuando en 2016 fue aprobado el decreto 37-2016, la eliminación del secreto bancario permitió que Guatemala pudiera subir en el ranking de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que califica el compromiso de lo países para luchar contra el lavado de dinero.
Sin embargo, ese decreto fue suspendida tras una acción legal presentada por la empresa Escalas Mercantiles Innovadoras, S.A. (Esmersa).
– Lo que a este contribuyente no le parece es que la SAT solicite a los bancos información de otras cuentas, no declaradas como cuentas de actividad empresarial. Este amparo no va en contra del secreto bancario específico, sino contra el procedimiento de ampliación a cuentas no declaradas”, explica Abel Cruz, Superintendente de Adminitración Tributaria, sobre la acción legal.
Esmersa, la empresa que presentó el amparo, denunció que no tienen vías legales para conocer el proceso de investigación de la SAT. Además, que la única respuesta a las interrogantes sobre la necesidad de una solicitud de información bancaria fue la existencia de una “duda razonable”, explicó Esmersa en un comunicado público.
La preocupación por la Gerencia
El reclamo de Esmersa coincide con momentos en que la SAT está siendo criticada por otros mecanismos que implemento para la fiscalización. Especialmente por la creación de una Gerencia de Investigación Fiscal (GIF).
La GIF fue formalmente instaurada en un reglamento interno de SAT en 2016, sin embargo, nunca se publicó en el Diario Oficial. Está a cargo de Jorge Raúl Van Der Henst Diéguez y sus funciones, según el acuerdo, son las de una dependencia que debe asistir a la superintendencia en “la reducción de la evasión fiscal, defraudación tributaria y aduanera, contrabando y delitos relacionados”.
En la publicación no se delimitan los mecanismos ni las condiciones con las que la GIF debe trabajar.
Por esa razón, diputados de las bancadas UNE y Todos han citado al superintendente Abel Cruz, a Jorge Van Der Henst e incluso al mismo ministro de finanzas, Julio Héctor Estrada.
– Consideramos que en la creación de esta gerencia, se les fue la mano al atribuirle funciones que solo tienen organismos de inteligencia. Como, por ejemplo, acceder a reportes de transacciones sospechosas que solo puede hacerlo la IVE (Intendencia de Verificación Especial), hacer operativos o generar redes de informantes como la SIE (Secretaria de Inteligencia Estratégica). Nos parece que tiene atribuciones de una fiscalía –, expone el diputado Orlando Blanco.
Aspectos que también llaman la atención al excanciller y analista, Edgar Gutiérrez. – En mi opinión el amparo provisional es acertado, porque lo que buscan las medidas provisionales es detener un proceso que puede hacer daño mientras se investiga y se escucha a los involucrados–, dijo Gutiérrez a Nómada, sobre el fallo de la CC.
Sobre las dudas alrededor de la GIF, Abel Cruz explica que el Directorio de la SAT le ha pedido que revise todas las funciones pero que todo ha sido legal desde la creación, hasta los procedimientos llevados a cabo por esa gerencia.
–Que puede interceptar llamadas… eso es falso. Eso no es de interés para nosotros, nuestro interés es tributario, dice el superintendente.
Una herramienta menos para la SAT
La CC ha citado, para el próximo viernes 24 de agosto, a una audiencia pública al Congreso de la República, a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales del MP y a la SAT. Después de esta reunión la CC tendrá todos los insumos para resolver en contra o a favor del secreto bancario.
El superintendente, Abel Cruz, asegura que ellos como SAT van a defender su actuar que a su parecer ha sido apegado al debido proceso y que no es ilegal.
– A Guatemala le ha costado muchos años llegar a este punto, y no permitir que se levante el secreto bancario para fiscalizar en temas tributarios es un retroceso –, explica Abelardo Medina, analista fiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Medina resalta que son pocos los países que no cuentan con la capacidad de levantar el secreto bancario y que eso afecta en su calificación por parte de la OECD ya que nos dejarían de considerar como un país que coopera, porque no puede ayudar a otras intendencias tributarias a conocer el estado fiscal de sus ciudadanos en Guatemala.
Sobre la posibilidad de que la CC resuelva en contra del acceso de la SAT a la información bancaria, el diputado Orlando Blanco considera que los magistrados no otorgarán el amparo definitivo, aunque deberían delimitar las funciones de la GIF en cuanto a las investigaciones que realizan.
Cuando se reformó el reglamento de la SAT en 2016, se hizo con la finalidad de fortalecer a la institución. El hecho que la SAT tenga la capacidad de levantar el secreto bancario con fines fiscalizadores es común en los países del mundo que, como Guatemala, tienen un sistema de autodeclaración tributaria.
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