Experto en pandillas pone en duda teorías oficiales sobre el bombazo en Ruta 32

El 21 de enero dos personas en motocicleta se acercaron a un autobús de la Ruta 32 en la colonia Quinta Samayoa, zona 7. Fue poco antes de las 10 de la mañana de ese lunes que parecía uno cualquiera.

Un hombre conducía la motocicleta y transportaba a Mirna Elizabeth Juárez, quien aprovechó que el autobús detuvo la marcha, se bajó y caminó hacia la puerta. En su chumpa azul portaba una bomba casera, amenazó al piloto que la haría explotar si no pagaba la extorsión. Una discusión con forcejeo hizo que Mirna Elizabeth cayera del autobús. El explosivo se detonó sin que pudiera soltarlo. Ella perdió ambas manos y unas seis personas quedaron lesionadas. Varios pasajeros y transeúntes cercaron a la atacante y la golpearon mientras el motociclista huyó.

En pocos minutos se convirtió en la noticia del día. Las fotos del incidente y el video de Mirna Elizabeth sentada entre un grupo de personas observando la sangre caer de los tendones y tiras de piel de sus brazos se hicieron virales en las redes sociales.

Algunos medios —citando a las autoridades— lo describieron como un ataque de pandilleros del Barrio 18, después lo calificaron como un ataque terrorista. Se refirieron a la mujer con el supuesto alias de “la Ranflerita” —en otros medios la Rancherita— y al hombre que la acompañaba en la moto como Mario Adán Pineda Mayorga, alias “el Payaso”, quien fue capturado el domingo 27 de enero.

La reacción del Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, quien se encontraba en una reunión de Gabinete durante el ataque, fue rápida. Menos de dos horas después de la explosión, declaró que no fue causada por una granada, sino por un artefacto explosivo casero.

[¿Aún no recibís La Jugada? Suscribite aquí y recibí en tu correo una explicación del día]

—Es importante compartirles que no era una granada de fragmentación. Aparentemente la pandillera, en el desarrollo del cobro de la extorsión, fue empujada por el piloto del bus hacia la parte exterior del bus, y cuando cayó afuera se detonó un artefacto explosivo casero.

El ministro se aseguró en hacer énfasis en la palabra “casero”.

—Lo que sí es importante, al pueblo guatemalteco volverle a decir, es que este fenómeno de las pandillas definitivamente es un fenómeno de terrorismo urbano. El hecho de que una pandillera en el proceso del cobro de la extorsión haya amenazado al piloto del bus con una bomba de fabricación casera ya sale totalmente de todo control.

El día siguiente, a Nómada llegó una carta escrita a mano y firmada por el Barrio 18. Es un comunicado en el cual la pandilla niega estar involucrada en el atentado. Asegura que Mirna Elizabeth no pertenece a la estructura, y que ni siquiera la conocen.

—Personas ajenas nos usan de escudo—, dice el comunicado y hacen referencia a que no es primera vez que se que le responsabiliza al Barrio 18 de manera errónea.

—Solicitamos a las autoridades correspondientes que lleguen al fondo de esta investigación, y se van a dar cuenta que nosotros no fuimos participantes de este hecho.

Esta carta está firmada por el Barrio 18.

Un comunicado similar fue leído por supuestos líderes de la pandilla en un video que circuló en redes sociales. A cielo abierto y entre palmeras, cuatro hombres con los rostros cubiertos leen de forma casi rítmica una declaración en la cual se identifican como miembros del Barrio 18 y se desligan del bombazo. Aclaran también desconocer a Mirna Elizabeth y solicitan a los medios investigar antes de señalar a la pandilla.

Experto en pandillas analiza la situación

Otto Argueta, doctor en ciencia política e investigador, explica su perspectiva de lo ocurrido hace una semana y las reacciones de parte de las autoridades en los días siguientes.

—Primero, habría que investigar si realmente se trata de un ataque de las pandillas o no—, resalta Argueta.

Este tipo de ataque es poco común en las pandillas y llama la atención que haya ocurrido en el contexto político actual, explica Argueta, quien tiene varios años de investigar el fenómeno de las pandillas. No le sorprende que hayan surgido declaraciones donde el Barrio 18 se desliga del bombazo e indica que es necesario tomar en consideración que los autores intelectuales pueden ser otros.

—Hay un patrón. No es primera vez que eso pasa. Es evidente que estos hechos ocurren dentro de un contexto político en donde el gobierno está siendo señalado por la suma de varias cosas. Luego pasa un suceso lo suficientemente poderoso, mediático, que genera una inmediata reacción de miedo, que deja a un lado completamente las otras cosas que sabemos que están de fondo: Lo del hijo del diputado (Juan Ramón) Lau que salió librado de un incidente el domingo anterior, la situación de crisis con el presidente, etcétera.

El hijo del diputado Juan Ramón Lau fue detenido el domingo 20 de enero por portación ilegal de arma de fuego. El arma pertenece al Ministerio de Gobernación y el vehículo en el que se transportaba pertenece al Congreso de la República. A pesar del reporte de la policía que documentó que Lau había usado el arma para amenazar y que el MP solicitó que fuera ligado a proceso, el Juez de Primera Instancia Penal de Mixco lo dejó en libertad por falta de mérito pocas horas después.

Según el investigador Argueta existen varios ejemplos de cómo momentos políticos desfavorables para el gobierno han coincidido con ataques de esta naturaleza, que incluyen bombas al transporte público.

Un ataque similar al del lunes pasado ocurrió dos meses después de la toma de posesión de Jimmy Morales en la presidencia. Dos meses de tensión creciente entre Morales y los grandes empresarios de Guatemala por un lado —contra el entonces embajador de Estados Unidos Todd Robinson, la CICIG y el MP— y por otro lado, por el caso de corrupción en Aceros de Guatemala.

El 6 de enero de 2016, el MP capturó a 16 militares por su participación en las masacres de Cobán-Chixoy y la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen. Dos de ellos fueron personajes clave para que Jimmy Morales asumiera el poder: César Cabrera, el padre de uno de los principales asesores de Morales y quien era uno de los candidatos a ministro de Gobernación; el otro, Edgar Ovalle, quien fundó el partido FCN.

Esto te dará contexto: Los primeros 65 días de tensiones de la presidencia de Jimmy Morales

Fueron ligados a proceso el 14 de enero 2016, el mismo día que Morales tomó posesión como presidente de la República. En marzo del mismo año el MP tenía que entregar el informe final de la investigación.

El 6 de marzo 2016 una bomba casera explotó en un bus de transporte extraurbano en San José Pinula. Dos personas fallecieron y 14 quedaron lesionadas. De inmediato la atención pública se dirigió hacia el problema de las pandillas en Guatemala y el riesgo que implica para la población.

Once días después de ese ataque líderes del Barrio 18 declararon en video grabado dentro de la cárcel Fraijanes I que el ataque no fue ordenado por la pandilla sino por uno de sus miembros, Óscar Armando Lorenzana Gómez, alias “Arjona”. Él había actuada de forma individual al ordenar el ataque. ‘Arjona’ también se encontraba privado de libertad en Fraijanes I y fue asesinado por los líderes de la pandilla, quienes mostraron su cadáver en el video.

El investigador Argueta resalta dos puntos importantes de análisis en las declaraciones de las pandillas. El primero tiene que ver con la estructura interna y el funcionamiento jerárquico de estos grupos.

—Existe un código muy importante, que es la diferencia entre los actos que cometen los pandilleros de manera individual y los que se cometen como pandilla. La MS y la 18 funcionan bajo la misma lógica, el monopolio del uso de la fuerza -que irónicamente simula mucho lo que el Estado trata de hacer-. Los ataques violentos están debidamente organizados y controlados, porque necesitan tener un control sobre sus miembros para mantener una jerarquía donde cada uno tiene sus responsabilidades. Obviamente son grupos grandes y difíciles de controlar, entonces cuando se hacen cosas fuera de este control entran mecanismos disciplinarios. Si algo no está autorizado, será castigado.

El otro punto se relaciona con la posición y percepción de las pandillas en el discurso político y cotidiano del país. Y más importante, el uso político del tema de pandillas como un mecanismo efectivo para desviar la atención pública hacia otros temas.

Las víctimas de las extorsiones: Cómo es un día en el trabajo más peligroso del país

—El mensaje cuando la pandilla sale aclarando a la opinión pública es: “señores, nosotros no fuimos; investiguen mejor quién ordenó y quién pagó este ataque”. Es un tema súper importante en términos de lo que significa el uso de la pandilla, el chivo expiatorio y la cortina de humo de los problemas políticos de los países. El video y la carta es la evidencia. Pero lo que pasa es que claro, ellos no tienen el discurso, ni la legitimidad. ¿Quién les va a hacer caso?

El portavoz oficial de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, fue tajante cuando Nómada le pidió una reacción al video y la carta de la pandilla.

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart participó en los operativos en contra de las extorsiones y para esclarecer lo ocurrido en la colonia Quinta Samayoa, zona 7.

—Nosotros como Policía Nacional Civil no tomaríamos en cuenta, bajo ninguna circunstancia, ningún video o carta que sea proveniente de un grupo delictivo. Ninguna persona que se dedica a cometer hechos delictivos que amedrenten o asesinen a guatemaltecos honestos y honrados, tiene ninguna credibilidad para la PNC.

El oficial Castillo confirma que se opera de manera preliminar con la teoría de que el ataque el lunes  pasado pudo haber provenido del Barrio 18, pero hasta que se termine el trabajo investigativo no está asegurado. Para las investigaciones, el Ministerio de Gobernación recibió apoyo del FBI, según confirmó a través de un comunicado.

Aunque la postura de la PNC sea entendible, para el investigador Argueta, como analista social, eso implica cerrar los ojos a la posibilidad de que en paralelo existan estructuras poderosas, con la disposición de organizar y realizar ataques con bombas en el transporte público.

—El potencial que hay ahí es que existe una posición de las pandillas respecto a todo esto. Otra cosa es que la sociedad no está dispuesta a escucharla. Ni los medios. Ni lo políticos. Nadie. Porque la percepción simple de la pandilla como la razón de todos los problemas del país le sirve a todo el mundo. A los medios porque sale una nota fácil. Al gobierno para justificar lo mal que está el país por culpa de las pandillas, no por el gobierno. Y ahora le sirve lógicamente al ministro Degenhart, quien está siendo criticado por las cosas que ha hecho, para salir a decir que va a luchar contra las pandillas.

El ministro de Gobernación acompañó a las fuerzas especiales de la policía, junto al recién nombrado director general de la PNC, Carlos Tohom Escobar, para supervisar un operativo en la zona 7.

Degenhart, el terrorismo y la CICIG

El martes 22 de enero las redes sociales amanecieron aún con el bombazo como el principal foco mediático. Durante la noche las fotos de Mirna Elizabeth con las manos destrozadas se habían convertido en memes y chistes. Mientras se esperaban las noticias desde el Hospital Roosevelt sobre su estado de salud, se reportó sobre otro atentado contra la Ruta 32 en la zona 7 pero que fue evitado gracias a la PNC. Un hombre y una mujer, ambos de 18 años, fueron capturados y portaban una pistola y 22 municiones.

PNC capturó a un sospechoso de los ataques a buses.

Ese mismo día, en la Torre de Tribunales comenzó el juicio contra seis miembros de la Mara Salvatrucha acusados de participar en un ataque armado en el Hospital Roosevelt el 16 de agosto 2017, donde siete personas fueron asesinadas. Ese ataque tampoco ocurrió en un vacío político, sino en medio de una turbulencia interna en el gobierno.

La entonces ministra de salud, Lucrecia Hernández Mack, se pronunció en contra de la corrupción y las plazas fantasma en el ministerio desde el principio de su gestión. En junio comenzó un acercamiento entre el vicepresidente Jafeth Cabrera, el presidente Jimmy Morales y un grupo de directores de hospitales públicos que no estaban de acuerdo con la gestión de Hernández Mack. Uno de ellos era el médico Carlos Soto, quien fue nombrado como ministro cuando Hernández Mack presentó su renuncia a finales de agosto.

Esto ocurrió en el hospital: Crónica de la vida y la muerte en un tiroteo en el Hospital Roosevelt

El mismo mes comenzó una de las crisis más fuertes del presidente Morales. Los ojos de la población guatemalteca estaban puestos en José Manuel Morales y Samuel Morales —el hijo y el hermano del presidente— quienes fueron ligados a proceso por un caso de fraude presentado por el MP y la CICIG. El 9 de agosto el juzgado sexto penal fijó el inicio del juicio contra los familiares del presidente para el 30 de agosto 2017.

El 25 de agosto el MP y la CICIG presentaron una solicitud de antejuicio en contra del presidente Morales por financiamiento electoral ilícito durante su campaña presidencial en 2015. Morales respondió con declarar no grato al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, el 27 de agosto 2017.

El investigador Argueta comenta que es interesante que el caso de ataque de pandilleros en el Hospital Roosevelt vuelva a surgir ahora.

—Es curioso porque podría parecer que intentan legitimar los cambios en la policía y la expulsión de la CICIG. ¿Y qué mejor que con el tema de las pandillas? Porque nadie se va a oponer. Entonces, con decir “estamos procesando a los pandilleros” puedes generar una impresión del sistema de justicia de que no depende de la CICIG, no la necesita. Una de las cosas que Degenhart exigía era que la CICIG investigara pandillas, porque según él era el verdadero problema del país. Como no funcionó, en mi análisis, ahora resulta que los tribunales de justicia tienen una capacidad impresionante con el tema de las pandillas, y que todo funciona.

Igual que el ministro Degenhart el pasado lunes, el presidente Morales fue rápido y categórico en describir el ataque en el Hospital Roosevelt en 2017 como un acto de terrorismo. Ese mismo año fue presentada la iniciativa de ley 5266, conocida como la ley antimaras que propone varios cambios al Código Penal con el fin de acabar con las pandillas. Fue criticada por no atender las causas sociales del problema de las pandillas, como la pobreza y la marginalización. Otra preocupación que provocó la iniciativa era que podría ser utilizada para prohibir las manifestaciones de la sociedad civil, por la falta de una definición específica de qué constituye un acto de terrorismo, ya que solo está definido como delito de terrorismo “quien, con la finalidad de alterar el orden público o el orden constitucional, coaccione a una persona que preste servicios públicos, de entidades nacionales o internacionales”.

El mismo día del ataque en el Hospital Roosevelt, la iniciativa de ley 5266 fue aprobada en primera lectura en el Congreso.

La iniciativa fue promovida por los diputados Felipe Alejos —acusado por el MP y la CICIG por un caso de corrupción en la SAT—, Christian Boussinot —investigado por un caso de plazas fantasma en el Congreso—, José Ubico Aguilar —fue condenado en EE.UU. por tráfico de drogas— y Juan Ramón Lau —el diputado poderoso que evitó que su hijo fuera enviado a prisión—.

Perfil: Este texto te ayudará a entender quién es Juan Ramón Lau

Actualmente esta iniciativa de ley está a un paso de ser aprobada. Únicamente falta la aprobación en el tercer debate y redacción final.

Son ejemplos de cómo se puede utilizar en discurso el tema de pandillas para generar cortinas de humo. Por eso, argumenta el investigador Argueta, es importante comenzar a analizar las narrativas de las pandillas.

—Genera este efecto donde otros problemas quedan en segundo plano. Las pandillas generan un pánico social, y al mismo tiempo pánico moral. Entre todos los males, hay que castigar aquello que pone en peligro mi vida. Entonces resulta que la corrupción, que es lo más pesado ahorita en el país, no está en el mismo nivel.

El experto asegura que este año electoral hay que poner atención al tema. Prevé que se pueda esperar más incidentes que servirán para remover la atención de posibles casos de corrupción.

—A través de pandillas, robos y cosas así, creo que vamos a ver como la percepción de inseguridad empeorará para desviar la atención, porque ausencia de la CICIG podría abrir la puerta de nuevo a fenómenos de financiamiento electoral ilícito. Todo lo que se había logrado de control ahora queda en suspenso.

El fin de semana fue capturado otro presunto pandillero del Barrio 18 con una bomba casera que según la PNC intentó detonar contra mototaxistas y taxistas en la zona 18.

Mirna Elizabeth fue trasladada al penal de Santa Teresa el pasado viernes. Y según fuentes, no se encuentra en el sector de las miembros del Barrio 18. Este lunes las autoridades realizaron seis allanamientos en el operativo "Centinela" para avanzar en esclarecer lo que ocurre contra la Ruta 32.