Fiscal Sandoval: Temo que el personal de la FECI se desespere por tanta criminalización

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Juan Francisco Sandoval es el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la unidad del Ministerio Público que ha trabajado junto a la CICIG. Por su trabajo acumula más de 20 denuncias en su contra, entre ellas una interpuesta por Sandra Torres, candidata de la UNE que utilizó la ley contra el femicidio para que una jueza dictara medidas de protección a su favor en medio del trámite de un antejuicio y una investigación del financiamiento electoral ilícito del partido.

Esta es la conversación de Nómada con el fiscal Sandoval:

—¿Cuál es la situación de las denuncias en su contra y en contra del personal de la FECI?
—Existe una serie de denuncias que son utilizadas como mecanismos para apartar a los fiscales y a toda la fiscalía de los casos. El tema es que consideramos que es sano que existan denuncias en las que si existe alguna duda o alguna situación pues que se profundice la investigación en requerirnos lo que sea necesario, pero hay otras denuncias que son espurias, ridículas y lamentablemente no vemos el motivo por el cual no han sido desestimadas o que continúen en su tramitación. Cada día hay más denuncias.

Por ejemplo, en una de las entidades allanadas, los fiscales se enfrentaron a que una persona involucrada, que es diputado al Congreso de la República, prácticamente los amenazó por simple y sencillamente realizar una diligencia por orden de juez. El término utilizado por quienes estaban presentes (los investigados) era que el acto era ilegal; eso va a provocar que los fiscales sean objeto de denuncia, simple y sencillamente por cumplir con sus funciones.

—¿Por qué en el MP las denuncias siguen el trámite si son espurias y tienen el objetivo de obstaculizar su trabajo?
—Eso es lo que yo desconozco. No encuentro explicación o razón alguna por las cuales las mismas no se han desestimado.

—¿Ustedes los fiscales están pagando su propia defensa contra esas denuncias?
—Al final de cuentas el Ministerio Público no puede contemplar una situación de esa índole y a nosotros nos ha tocado contratar a un abogado que se encargue de eso, porque yo soy abogado pero no podría cumplir mi función (de fiscal) por estar defendiéndome de la cantidad de denuncias que son interpuestas.

—¿Cuántas van?
—Yo, contabilizadas llevo 22, y en total de personal de la Fiscalía ya habrá unas 80 denuncias. Somos 64 personas en el equipo.

—¿Esto ha logrado obstaculizar su trabajo de investigación?
—Tiempo pierde uno a veces en estar tratando de defenderse, desvía uno su atención pero el trabajo igual se continúa realizando.

—A unos meses de que finalice el acuerdo de creación de la CICIG, ¿cuál es la situación de la FECI?
—Ha habido muchas dificultades para desarrollar el trabajo por los obstáculos que ha puesto el propio Gobierno de manera pública. Ustedes han sabido del tema operativo, pero de alguna manera se ha logrado subsanar. Continuamos trabajando. El temor que tengo en este momento en relación al personal es que se vayan a desesperar por la criminalización de la que están siendo objeto, de la utilización de bots y netcenters de parte de las personas que se han visto afectadas por las investigaciones y que de alguna manera pudieran afectar el ánimo de quienes se encuentran mencionados en sus publicaciones falsas.

—¿Habla del ánimo de los fiscales y los obstáculos para hacer los operativos?
—Y el otro tema, de la utilización de las denuncias pero no tanto porque las mismas tengan soporte sino para tratar de tener algún argumento, que en realidad es artificioso, para tratar de apartar a los fiscales de los casos.

—En términos de seguridad, ¿cómo están?
—En algún momento el Ministerio Público tendrá que cubrir todas las necesidades de seguridad y es por tema de recursos o plazas que se tendrá que reforzar la protección de algunos fiscales.

—¿Porque hasta el momento esa seguridad la tienen de parte de la CICIG?
—No. La seguridad ha sido desde el Ministerio Público; en algunos casos hay fiscales en los que necesitamos refuerzos pero no se cuenta con el personal.

—¿Cómo está la relación con la Fiscal General?
—Es una relación de trabajo, respetuosa, hay un principio de jerarquía que rige la institución, y yo tengo que acatar las directrices que desde el despacho se viertan y esa es una relación de trabajo.

—¿Las instrucciones de la Fiscal General han dificultado su trabajo en términos de independencia?
—No, en realidad el trabajo se ha venido desarrollando. Existen dinámicas distintas entre todas las administraciones y el tema es que igual seguimos trabajando. Es lógico, si yo incurriera en algún acto ilegal por ejemplo, la señora Fiscal (Consuelo Porras) tendría que tomar las medidas necesarias y si yo recibiera una instrucción que yo considerara que no está acorde con la ley, pues la Ley Orgánica del Ministerio Público establece los mecanismos (para denunciar), pero el trabajo igual se ha venido desarrollando.

—Cuando se sienten vulnerables, ¿encuentran el apoyo que necesitan en la Fiscal General?
—Yo lo que he visto, contrario a lo que se dice públicamente, es que ella (Consuelo Porras) ha hecho el mayor esfuerzo por brindarnos el resguardo que necesitamos, no solo para cumplir el trabajo sino para temas de seguridad.

—¿Cómo quedará el trabajo de la FECI cuando la CICIG ya no esté en el país?
—En ese sentido, la Fiscal General está tomando las previsiones necesarias, está haciendo un acuerdo para asegurar el seguimiento del trabajo de la Fiscalía (FECI), el reforzamiento en áreas técnicas; creo que se están tomando las medidas necesarias para —o previendo— lo que va a ocurrir en septiembre.

—¿Se logró la transferencia de capacidades de los investigadores de la CICIG a los fiscales del MP?
—El tema de transferencia de capacidades es un tema del que yo disiento, en el sentido de que es un término muy general, que alguien me explique cómo se puede dar esa transferencia porque es un término que utilizó Otto Pérez Molina cuando quería desarticular a la Comisión.

El tema acá es que el equipo de fiscales está capacitado para realizar su trabajo. Reitero que el MP está trabajando en aras de reforzar las áreas en que las Comisión brinda ese apoyo.

—En unos meses termina el periodo de casi doce años de trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la CICIG. ¿Qué le deja esta experiencia?
—Experiencias positivas en el sentido de demostrar que la persecución penal en contra de estructuras de alto poder es posible, que han llegado a tribunales de justicia casos que jamás imaginamos aquí en el país que podían llegar, que la justicia se debe aplicar igual para todos; el tema de que el Ministerio Público sí puede y tiene la capacidad siempre y cuando exista voluntad y recursos.

También el aprendizaje en cuanto al tema de cómo opera el poder en el país; aquí lo que se ha demostrado en el último tiempo es que la gente que ha detentado el poder y que ha incurrido en actividades delictivas son los principales promotores de que no se avance en temas de justicia, que el llegar o tocar a determinados sectores de la sociedad lo que hace es que en su reacción propicien una agenda regresiva en materia de justicia.

—Usted se ha convertido en un fiscal que es estandarte de la lucha contra la corrupción. ¿cómo se siente eso en lo personal?
—Por una parte es un gran compromiso, pero por otra parte esos poderes que yo me recuerdo que antes del 2008 se decía que eran poderes ocultos y que han sido desenmascarados, ahora la gran misión que tienen es atacarme a mí en lo personal, atacar el trabajo; de alguna manera considero que estoy vulnerable.

Por una parte considero que de repente puedo ser símbolo de algún trabajo que se ha realizado pero eso implica que estoy más expuesto que nunca en una vulnerabilidad que potencialmente crece cada día.

—Siendo un abogado joven, ¿se siente ejemplo para el resto de abogados que entran al Ministerio Público con la intención de luchar contra esas estructuras, ser fiscales e investigadores y llevar estos procesos a tribunales?
—Lo que nosotros hacemos al ingresar a la institución es cumplir con nuestro trabajo y cumplir con la ley y si de alguna manera el trabajo puede considerarse como un ejemplo, para mí enhorabuena, y si puede ser un incentivo para que los compañeros estudien y traten de participar en concursos públicos que permitan crecer en lo personal pues también bienvenidos.

Creo que como seres humanos el peor defecto que podríamos tener es el egocentrismo, decir "yo soy", "yo tengo experiencia", "tienen a lo mejor del mundo". El trabajo es lo que puede hablar más por uno que lo que yo pudiera decir.

—¿Qué experiencia entre el MP y la CICIG lo marcó como fiscal y persona?
—Para mí hay dos momentos. El momento de la captura del expresidente (Alfonso) Portillo en materia operativa fue una experiencia inolvidable, por cómo se dio la persecución, por el incansable trabajo que hizo un equipo por cuatro o cinco días y la efectividad que hubo, como vivencia personal es inolvidable.

Ahora bien en materia de procesamiento de información para mí la presentación del caso Cooptación del Estado resumió una metodología de trabajo que permitió establecer cómo operan los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos, cómo a través del tiempo se reconfiguraron y se convirtieron en redes político económicas ilícitas. Para mí la presentación de ese caso fue como una cúspide en el trabajo que se realizó en forma conjunta. Eso nos permitió establecer una metodología para futuros casos porque posteriormente se presentaron otros de gran magnitud y ya teníamos ese precedente.

—Conociendo tan bien el sistema de justicia, ¿qué cree que le espera al Ministerio Público y a las cortes sin este gran peso y contrapeso que fue la CICIG?
—Es muy difícil porque no es el tema de “vamos a impugnar hasta que obtengamos una resolución favorable”. El tema es que la reconfiguración que tuvieron las cortes en el país y lo que no es un secreto a voces cómo actualmente están trabajando determinados grupos para tener el control de la Corte Suprema de Justicia, avizora un ambiente muy difícil. Hemos presentado algunos casos con suficiente soporte; sin embargo, lo que se resuelve es contrario a lo que establecen las actuaciones (las investigaciones). Inclusive en forma pública hubo alguna magistrada que en alguna cuenta (de redes sociales) prácticamente anunció lo que se venía con respecto a los casos, y no es tanto en tema probatorio sino prácticamente es un desafío a la propia fiscalía.

—¿Qué hacen con eso, cuando las pruebas no son las que utilizan las cortes para resolver?
—La única herramienta que tenemos es impugnar y si vemos algún ilícito denunciar. Al final de cuentas aquí lo que hay que hacer es por lo menos dejar establecido cuál es el patrón que están teniendo los tribunales y yo creo que en alguna medida son los medios de comunicación los que pueden realizar esa auditoría.

—¿Cuál es ese patrón que usted ve?
—Que de alguna manera las resoluciones judiciales han estado encaminadas a favorecer a determinados actores. No se los quiero mencionar porque no me quiero meter a más problemas de los que me estoy metiendo.

—¿Qué pasa cuándo llegan a una impugnación en la CC y, como en el caso de Sandra Torres, la Corte no resuelve nada sino solo deja en suspenso todo?
—Impugnar hasta donde se pueda y al final hasta donde se pueda y al final de cuentas si es lo que resuelven los máximos tribunales del país pues acatar las resoluciones que es lo que nos queda. Lo importante es que al final de cuentas queda ya señalado un fenómeno.

—En medio de un proceso electoral también se van a elegir a los nuevos integrantes de las cortes, ¿cómo considera que afecta a la justicia y a la democracia?
—Es complicado porque es una terrible coincidencia. Es la primera vez en 20 años que el evento electoral va a influir en la elección de cortes. De repente en una democracia firme en el mundo no generaría ninguna preocupación, pero de la manera en que se configuran aquí los integrantes de las salas de las Cortes de Apelaciones y de la propia Corte Suprema de Justicia, lo que se avizora es que está indisolublemente relacionada la elección de Cortes con lo que vaya a ocurrir en las elecciones, donde se pueden dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo, cómo determinados actores son los que al final de cuentas dirigen los hilos de los tribunales.

—¿Significa para ustedes algún respaldo que la sociedad y la población estén atentas a lo que suceda a los fiscales?
—Muchísimo, es el respaldo más valioso que hemos tenido, las manifestaciones nos solo públicas de determinados grupos, también el acompañamiento que dan organizaciones de la sociedad civil, el gran apoyo que dan los donantes y la Comisión, que es lo máximo, y las agencias de Naciones Unidas. Eso es lo que de alguna manera ha dado sostenibilidad al trabajo.