Hace más de 120 días se integró la Comisión Postuladora para elegir al próximo Contralor General de Cuentas. En estos casi 4 meses, los comisionados han implementado una tabla de gradación, evaluado todos los expedientes y reducido el número de aspirantes a 14. Y, según explicó el presidente de la Comisión, Félix Serrano, podría ser el próximo viernes 7 o sábado 8 de diciembre, que se conozca el listado final de aspirantes.
—Tenemos pensado trabajar el 5 y el 6 sobre pruebas de descargo, si eso lo termináramos en la mañana en la tarde del día 6 comenzaríamos las votaciones—, aseguró Serrano, pero agregó que este es un paso que viene después de analizar todas las pruebas de descargo que presentaron los aspirantes en contra de los señalamientos en contra de sus candidaturas.
El pasado 29 de noviembre el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos Lorenzana, dio por terminado el período ordinario de sesiones del 2018. Y este lunes, la Junta Directiva anunció que las únicas dos sesiones extraordinarias del mes serán el 4 y el 5 de diciembre. Para los diputados y sus respectivos partidos, este mes es un importante para realizar sus asambleas departamentales, ya que se espera que la convocatoria a elecciones generales sea la tercera semana de enero. Por lo que no habrá elección de Contralor General este año, sino que será hasta el próximo 2019.
Por ahora la Contraloría se encuentra bajo el mando del que fuera el subcontralor de Probidad, Fernando Fernández. Él asumió como contralor interino luego de que el pasado 12 de octubre, Carlos Mencos Morales, el último contralor, renunciara como lo manda la ley.
Carlos Mencos dijo que quería "seguir sirviendo al país, desde Presidente de la República hasta concejal de cualquier municipalidad ". El pasado 30 de noviembre fue presentado por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), como candidato a diputado en la segunda casilla del listado del departamento de Escuintla.
Una postuladora poco transparente y entre denuncias
La ley manda que los comisionados deben ser un representante de los rectores de las universidades —en este caso es Félix Serrano—, junto con los decanos de las facultades que incluyan las carreras de Contaduría Pública y Auditoría, además, un número equivalente de representantes de los profesionales inscritos en el Colegio de Economistas, el de Contadores Públicos y Auditores y Administradores (CECPAA), y el de Contadores Públicos y Auditores (CPA).
Los integrantes de esta Comisión Postuladora son Marco Livio Días Gerson Tobar, Jeovani Navarro, Doménica Gabriola Mathamba, Martha Pérez, Arlindo Antonio Velásquez, Rony Ayala, Eleazar Pinzón García-Salas, Enmer Saúl Luch, Sue Jionschyon Kim, Erick Hernández Ruiz, Mónica Rojas Zacarías, Mónica Nevado de Zelaya, Enrique Cajbón, Óscar Solórzano, Sergio Max Moya, Ronaldo Girón, Luis Antonio Suárez, Roberto Franco, Jorge Luis Ríos, Marco Bautista Stewart, Jorge Vielman Deyet que es el secretario y Félix Serrano Ursúa, presidente de la Comisión.
Las organizaciones que han seguido todos los pasos del proceso que ha llevado la comisión han sido Guatemala Visible y el Movimiento Projusticia. Ambas, por separado, han manifestado preocupaciones alrededor de todo este proceso por la falta de transparencia hacia los observadores a la hora de calificar, también por el método para evaluar cada expediente donde les parece que se invirtió poco tiempo para analizar cada uno y por el limitado acceso a la información.
—El proceso no ha sido totalmente apegado a la Ley de Comisiones de Postulación, ellos deben trabajar con esos principios de transparencia y acceso al público. Esta comisión ha sido opaca y bastante cerrada, a pesar de que nos dejen entrar a las reuniones no nos permiten conocer el porqué de sus decisiones—, explicó Mónica Marroquín, de Guatemala Visible.
—La opacidad se ha generado por el trabajo de grupos y la prisa, más lo defectuoso de la tabla de gradación y de los instrumentos de evaluación, por eso no vemos con satisfacción el trabajo de la Comisión—, dijo Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia.
La Alianza por las Reformas interpuso el 22 de noviembre un recurso de amparo contra la Comisión Postuladora porque consideran, al igual que las otras organizaciones, que hay vicios en el proceso de elección y falta de transparencia. Según un video compartido por el colectivo de organizaciones, entre las anomalías más graves que encontraron, la Comisión regaló 5 puntos en la tabla de gradación a los aspirantes solo por ser contadores y auditores públicos. Este es un requisito que manda la Constitución, no debería de ser sujeto a puntajes.
Se conoce que hay más acciones legales contra la comisión postuladora, pero hasta el momento no hay resoluciones sobre ninguna.
Otras posturas criticables de la Comisión Postuladora fue la manera en la que se eligieron a los comisionados que según Carmen Aída Ibarra fue a través de un proceso electoral con intereses específicos y votos posiblemente manipulados.
—Hubo una gran campaña proselitista electoral millonaria, alrededor de este proceso para elegir a los 11 representantes gremiales. Mapa, Integridad y desarrollo, Innovación profesional y profesionales con valores realizaron una intensa campaña desde abril y mayo para promocionar a sus representantes y así Integridad y Desarrollo incluso logró cuatro escaños en la Comisión—, dijo Ibarra.
En este aspecto, Mónica Marroquín, de Guatemala Visible, agrega que se conoce que hay comisionados que apoyan a grupos específicos que podrían estar vinculados a contralores pasados como Carlos Mencos y Nora Segura, sin embargo, se limita a no mencionar nombres.
Por su parte, la organización Acción Ciudadana también ha emitido cierta preocupación.
—En el desarrollo de la elección, (ha habido) poca información y publicidad, a pesar de ello han llegado a la recta final y es ahora el Congreso quien debe elegir al próximo contralor, en un contexto donde la contraloría es cuestionada y de cara al proceso electoral 2019. Esperamos que llegue una persona que priorice la lucha contra la corrupción y con la capacidad necesaria para estar al frente de una entidad que es cuestionada—, expresó Eddy Cux, abogado de la organización.
![Carlos Enrique Mencos Morales, exjefe de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Foto: Carlos Sebastián.](/wp-content/uploads/2018/05/Carlos-Enrique-Mencos-Morales-jefe-de-la-Contraloría-General-de-Cuentas-CGC-3-of-1-min-573x382.jpg")
Carlos Enrique Mencos Morales, exjefe de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Foto: Carlos Sebastián.
Los aspirantes a dirigir la Contraloría
La lista de seis personas que elijan los comsionados estará integrada por los aspirantes que hayan logrado la aprobación de las dos terceras partes del total de miembros. En este caso, por ser 23 comisionados se necesitan mínimo 16 votos.
El listado de las personas que siguen en el proceso es:
- 1. Alejandro González
- 2. Carlos Echeverria
- 3. Edgar Casasola
- 4. Thelma Girón
- 5. Antonio Pu Tzul
- 6. César Elías
- 7. Vilma Xicará
- 8. Amelida Pineda
- 9. Walter Argueta
- 10. Edwin Salazar
- 11. Jorge Dávila
- 12. Marco Vélez
- 13. Marco Godoy
- 14. Rovelio Gómez
Los mejores punteados son Carlos Echeverría con 79.45 puntos, Amélida Pineda recibió 74.60 y Alejandro Portocarrero recibió 71 en la puntuación de la tabla de gradación. Los siguientes tres son Walter Argueta que logró 67.80 puntos, luego viene César Elías con 67.79 y el sexto lugar lo tiene Edwin Salazar alcanzó 66.10 de punteo.
Y aunque aún no se ha definido la nómina, dentro del Legislativo ya se empiezan a manejar nombres. Algunos diputados que no quisieron ser citados mencionaron los nombres de Amélida Pineda Yumán, Carlos Humberto Echeverría y César Elías Ajcá.
Lo que se conoce de estas tres personas es que Amélida Pineda Yuman es actualmente la presidenta de la junta directiva del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, y dirige el departamento de Probidad de la Contraloría. Tiene 63 años y su experiencia supera los 30 años en el ejercicio de su profesión. Es originaria de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa. Omitió mencionar en su expediente que, en el periodo de gobierno de Álvaro Colom —entre 2008 y 2012— fue subsecretaria de la SAAS. Y también en la presidencia de Otto Pérez Molina, fungió como secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.
Amélida Pineda es la aspirante con más señalamientos en su contra, con cinco denuncias contra su proceso. Algunas de las tachas responden a la posible existencia de manejos sospechosos de un fideicomiso de desarrollo y múltiples hallazgos y cargos durante su gestión en la SAAS, como la compra de licor. Amélida Pineda tiene una denuncia penal activa en el MP por tráfico de influencias.
Carlos Humberto Echeverría Guzmán fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Rural. Esta es su segunda vez dentro del proceso para cargo de contralor. En 2014 llegó incluso a estar dentro de la nómina de seis aspirantes que llegó al Congreso, pero solo recibió el apoyo de 11 diputados.
Echeverría tiene un señalamiento de incumplimiento de sus deberes y cuestionamientos en contra de su idoneidad. Según lo denunciado, cuando Carlos Echeverría trabajaba como docente universitario se ausentó de su puesto de manera injustificada y sin excusa, con el fin de atender viajes personales.
César Armando Elías Ajcá es actualmente subcontralor de Calidad del Gasto Público y ha pertenecido al grupo de Carlos Mencos durante toda la gestión. En la elección pasada también intentó ser contralor, pero no fue incluido en la lista de los seis finalistas. César Armando Elías tiene un señalamiento por haber sido mencionado en una audiencia del caso Cooptación del Estado por el exsecretario privado de Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón. Según Monzón y una escucha telefónica reproducida en la sala por el Ministerio Público, Elías fue colocado en ese puesto por la exvicepresidenta Baldetti y les ayudaba a no tener problemas con las licitaciones y la Contraloría.
En el audio presentado, el equipo de Baldetti estaba solicitando apoyo a Elías para preparar las bases de licitación de un proyecto relacionada con combustible y el Aeropuerto La Aurora. La principal beneficiada con este negocio sería la exdiputada y asistente personal de la exvicepresidenta, Daniela Betranena.
El riesgo de un contralor cooptado
El perfil para ocupar el cargo de jefe de la Contraloría General de Cuentas es una persona que logre superar más de 60 puntos de la tabla de gradación, cumpla con los requisitos de tener más de 40 años, ser contador público y auditor, contar con reconocida honorabilidad, no tener ningún juicio pendiente en materia de cuentas y tener experiencia en el ejercicio por más de 10 años.
Sin embargo, más que llenar una serie de requisitos la próxima persona que ocupe ese puesto deberá ser capaz de cumplir íntegramente con sus funciones. Su trabajo es el de fiscalizar la utilización de los recursos de los Organismos del Estado, las entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas. Además, tiene la facultad de sancionar administrativamente a los funcionarios y empleados de su institución, y a las autoridades, funcionarios y empleados públicos que contravengan con las funciones fiscalizadoras de la Contraloría.
Esta persona, también, será responsable de entregar los finiquitos para los aspirantes a cargos de elección popular. Esta es la constancia que asegura que no existen cargos en contra de alguno de los candidatos. Aunque desde las reformas a la Ley Electoral ahora el finiquito solo será requerido para quienes hayan manejado fondos públicos, se agregó un nuevo finiquito para comprobar que los postulantes no son contratistas del Estado, ni tampoco representan a empresas con obras en ejecución.
En este periodo de gobierno de Jimmy Morales se ha evidenciado en más de una ocasión el abuso de poder de parte del Presidente, de sus ministros y algunos otros funcionarios. Desde la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, quien podría haber cubierto a su hija, funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social, hasta la Secretaría de Asuntos Admnistrativos y Seguridad (SAAS) de la presidencia que le compró regalos como lentes Carolina Herrera y ropa deportiva para uso personal de Jimmy con fondos públicos.
Este tipo de hallazgos que los auditores de la Contraloría hacen, debe ser apoyado por el Contralor General y sus subcontralores. Sin un Contralor independiente, hacer uso indebido de fondos públicos es muy fácill de ocultar. Sin un Contralor independiente, existe el riesgo de tener elecciones con candidatos que no cumplen con los requisitos y capaces de cooptar al responsable de entregar esas constancias.
Quedará en manos del Congreso y el Pacto De Corruptos elegir en el Pleno, con más de 80 votos, a un Contralor General entre la nómina de seis aspirantes. Por lo que después del próximo viernes 7 de diciembre, se sabrá si los diputados sesionarán para elegir al próximo jefe de la Contraloría o se resolverá la elección hasta el próximo año. Es fundamental el involucramiento de la ciudadanía en un proceso como este por ser un cargo de dirección importante en el Estado.
—Es posible que este proceso de postulación y elección de Contralor no solo esté afectado por intereses espurios y sectoriales desde el momento de la integración de la postuladora, por la elección de los colegios profesionales, sino también por la elección que se haga en el Congreso. Y la tienen relativamente fácil porque se requieren solo 80 votos mínimos para elegir y esos votos los tienen—, explica Carmen Aida Ibarra.
—Nos resulta muy contradictorio que no se vea la importancia y relevancia de la Contraloría en la población, cuando a otros procesos sí se les pone especial atención como la elección de Fiscal General. Sin el interés de la ciudadanía se le da a la comisión la libertad de hacer lo que quieran—, insiste la analista Mónica Marroquín de Guatemala Visible.
Guillelrmo Maldonado C. /
En un matutino, día sábado 8 de diciembre en curso, se publicó que en el sistema de candidatos para Contralor General de Cuentas, se estima como "tacha" que uno de los aspirantes haya ejercido sus derechos mediante una demanda laboral. Podría pensarse que con esa visión, los méritos serían estar comprometidos en el apoyo al Pacto de Corruptos.
Roberto Molina /
Me pareció interesante compartir lo siguiente:
El fantasma del genocidio detrás de Zury Ríos
En la soledad ha de ser difícil, para Zury, cargar con las aterradoras evidencias que muestran los delitos que su padre cometió.
— Irmalicia Velásquez Nimatuj
Zury Maité Ríos Sosa fue nuevamente proclamada como candidata a la presidencia en un hotel capitalino. Vestida de blanco, intentó vender una imagen de pureza que borre las atrocidades que ha heredado de su padre, quien fue condenado por genocidio y delitos de lesa humanidad contra el Pueblo Ixil, en mayo de 2013, de su hermano Enrique por desfalco millonario al Ministerio de la Defensa y de su sobrino Juan Carlos, condenado por racismo contra Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, cuando fue atacada bestialmente en la Corte de Constitucionalidad en 2003.
Por eso, a Zury no le fue suficiente vestirse de blanco, además, acarreó, como estampa de la Colonia a ixiles, como lo hizo el CACIF en mayo de 2013, cuando en conferencia obligó a la Corte de Constitucionalidad a que anulara el juicio contra Ríos Montt. Allí también necesitaron ixiles –a quienes pusieron por estrategia– detrás de la cúpula del CACIF.
En la soledad ha de ser difícil, para Zury, cargar con las aterradoras evidencias que muestran los delitos que su padre cometió y que están documentadas para la memoria y la historia universal, por eso, recurrió a que le pusieran un huipil, un corte y que una faja, alrededor de su cintura, sostuviera las prendas, como queriendo fijar la escena para gritarle al mundo que los descendientes de los ixiles, que su padre eliminó, son sus amigos.
Escena ofensiva que materializa las desiguales relaciones de poder que existen entre el pueblo ladino y los pueblos indígenas. Imagen grotesca que muestra que vestirse de “indita” es parte de “las alegres elecciones”.
Al igual, la nominación vicepresidencial de Roberto Molina Barreto es su pago, porque junto con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad Alejandro Maldonado Aguirre y Héctor Pérez Aguilera –cual servidores del CACIF– anularon la sentencia contra Ríos Montt por forma, no por fondo. Este es su premio por sus servicios.
Finalmente, es trágico observar, cómo algunos ixiles han internalizado la colonización, por eso, se sienten inferiores y actúan serviles, se humillan ante el CACIF, ante Zury y ante otros que los usan momentáneamente y cuando ya no los necesitan, ni de sirvientes los dejan.