La elección de magistrados se enreda más y reina la desconfianza

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Guatemala debía estrenar autoridades en el Organismo Judicial el 13 de octubre de 2019. Pero una serie de ilegalidades y desatinos administrativos provocó un enredo en el proceso. Y ya entrado el 2020, aún no hay nuevos magistrados en las cortes más importantes del país.

La razón principal del retraso en la elección es que nadie tiene claro el procedimiento exacto a seguir para enmendar los errores ya cometidos y al mismo tiempo todos los actores involucrados quieren ganar con la confusión.

El problema radica en que la elección de magistrados se debe hacer cumpliendo con la Constitución —que sienta las bases del proceso—, la Ley de Comisiones de Postulación —que establece el procedimiento de selección de candidatos— y la Ley del Consejo de la Carrera Judicial— que da prioridad y señala la necesidad de evaluar a los candidatos a magistrados que ya tienen experiencia en la magistratura—.

Y además, están involucrados los criterios de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad que intervinieron en el proceso y también las decisiones de los 37 integrantes de las dos comisiones de postulación.

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, señala que ahora la ciudadanía debe estar vigilante de los postuladores y las decisiones que tomen para favorecer a unos aspirantes a magistrados y perjudicar a otros.

También es primordial que se presenten señalamientos contra los aspirantes que han incurrido en ilícitos o que no han cumplido con su papel adecuadamente.

• Para que tengás contexto leé: Estas prácticas ponen en duda la transparencia en la postuladora a salas, por Javier Estrada Tobar

Los actores y sus intereses

Con tantas disposiciones y opiniones es difícil desenredar la situación y por eso Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro-Justicia, organización que fiscaliza el proceso, sugiere que lo mejor es entender el papel y el interés que cada grupo tiene en el proceso:

1. Los aspirantes a magistrados (con carrera en la judicatura)

Los jueces con experiencia, que aspiren a puestos en la Corte Suprema de Justicia o en la Corte de Apelaciones, quieren tener preferencia en la elección. Y es que, en parte, el espíritu de la legislación es que los funcionarios del sistema de justicia sean de carrera y puedan crecer en el Organismo Judicial.

El problema es que al inicio del proceso varios jueces ya habían sido excluidos de la elección de magistrados porque no habían cumplido con los requisitos del proceso o sus calificaciones eran bajas. La decisión de la CC, de repetir el proceso tomando en cuenta las evaluaciones de desempeño por el Consejo de la Carrera Judicial, permitió que algunos aspirantes que ya habían quedado fuera pudieran volver a participar, incluso cuando habían presentado sus expedientes con errores, incompletos o con información falsa.

Entre los favorecidos estarían jueces como Mynor Moto y Walter Villatoro.

2. Los aspirantes a magistrados (sin carrera en la judicatura)

Los aspirantes a magistrados sin experiencia en el servicio público, es decir, los abogados que han ejercido como abogados en el ámbito privado, reclaman ‘igualdad de condiciones’ en la elección.

Como estos jueces no serán evaluados por el Consejo de la Carrera Judicial, pues no son parte del Organismo Judicial, buscan que se les beneficie al momento de ser calificados por las comisiones de postulación con la tabla de gradación, que puntúa sus méritos académicos, experiencia y conocimientos.

Algunos miembros de las comisiones de postulación, afines a este grupo, quieren que se modifiquen las tablas de gradación. En términos prácticos, sería como elaborar una herramienta de evaluación a la medida de los evaluados, para beneficiarlos.

3. Los “grupos oscuros”

No es un secreto que hay varios grupos interesados en cooptar el sistema de justicia, para su beneficio personal o para grupos de poder. Entre los sectores oscuros hay varios integrantes del Colegio de Abogados, magistrados de la Corte Suprema y magistrados de la Corte de Apelaciones, y algunos decanos de Derecho, dice Carmen Aída Ibarra.

El objetivo de estos grupos es que, en las listas de candidatos, de donde el Congreso elegirá a los magistrados, estén sus amigos o socios. Y por eso están proponiendo que las tablas de gradación y los sistemas de calificación se modifiquen para que salgan bien puntuados sus abogados afines.

4. El Consejo de la Carrera Judicial

Al frente del Consejo está Carlos Guerra, que tuvo que organizar las evaluaciones de desempeño de los jueces y magistrados que trabajan en el Organismo Judicial, como se lo ordenó la Corte de Constitucionalidad.

Aunque en apariencia el Consejo cumplió con su papel, hay cuestiones que no quedan claras sobre los procedimientos y criterios que se usaron para evaluar a los funcionarios de la judicatura, de tal manera que jueces cuestionados resultaron bien calificados.

Por ejemplo, la magistrada Zonia de la Paz Santizo, que expulsó a la Cicig del caso Botín Registro de la Propiedad, fue calificada con 100 puntos por el Consejo de la Carrera Judicial. El juez Mynor Mauricio Motto Morataya, quien clausuró el caso Bufete de la Impunidad y benefició al diputado Orlando Blanco, fue calificado con 89 puntos. El juez Víctor Cruz, quien ordenó la captura de Thelma Aldana, recibió 79 puntos.

José Gonzáles, de Impunity Watch, cree que el Consejo no solo debe exponer las calificaciones de los jueces, sino también sus expedientes, para determinar las sanciones o señalamientos de cada funcionario, y también se debe tener a la vista su metodología de evaluación.

Comisionados en reunión para analizar expedientes. Foto: Carlos Sebastián

El futuro de la justicia

El informe de la organización WOLA, ‘Los corruptos de Guatemala amenazan con socavar el legado anticorrupción’, publicado por Adeline Hite y Álvaro Montenegro, advierte de lo importante que es la elección de magistrados para el futuro de la justicia y al mismo tiempo alerta sobre las interferencias e irregularidades en ese proceso.

—El actual proceso de selección también se ha visto empañado por irregularidades y alianzas que plantean dudas sobre la independencia de los candidatos.

En esa línea, Carmen Aída Ibarra, de Pro Justicia, advierte que la ciudadanía debe estar atenta a las actuaciones de las comisiones de postulación, que ahora deben calificar a los aspirantes a magistrados sin experiencia en la judicatura y tomar en cuenta las evaluaciones que hizo el Consejo de la Carrera Judicial en el caso de los aspirantes con experiencia en el Organismo Judicial.

—Las tablas de gradación (tablas de calificación) son clave. Ahora veremos cómo algunos comisionados querrán que se den más puntos a la experiencia laboral, otros a los méritos académicos, etcétera. El punto es que quieren rediseñar los instrumentos de evaluación para beneficiar a sus allegados y facilitar su llegada a las magistraturas, dijo.

Las comisiones de postulación de Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones deberán puntuar a los aspirantes, pero no tienen una fecha límite para cumplir con esa tarea. Después tendrán que definir las listas de candidatos a magistrados para que el Congreso defina las cortes de los próximos cinco años.