Laura y el miedo a que su esposo muera por COVID-19 en cárcel de la zona 18

Este viernes el viceministro de Salud, Erick Muñoz informó en conferencia de prensa que ocho personas, entre hombres privados de libertad y personal, del Centro Preventivo de la zona 18, dieron positivo de COVID-19.

La institución realizó hisopados en el centro luego que un hombre de 22 años, quien se encontraba en el ‘Hospitalito’ del centro y fue trasladado al Hospital Roosevelt, falleció de COVID-19 el 28 de mayo.

Pocos días después, otro hombre privado de libertad del Centro Preventivo, falleció el 1 de junio en el mismo hospital. También dio positivo de COVID-19.

El viceministro reveló que el Ministerio de Salud ha realizado solamente 21 pruebas, en personal y personas privadas de libertad, de las cuales 8 dieron positivo. Muńoz no indicó por qué se realizaron tan pocos hisopados, a pesar de dos muertos en el centro con mayor hacinamiento del país.

Hasta el 1 de junio, el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la Zona 18, tiene una población carcelaria de 4.751 personas divididas entre 13 Sectores y varias áreas de aislamiento.

Por el brote en este centro, 534 personas fueron puestas en cuarentena en el sector 11, y 65 en el sector ‘El Hospitalito’.

Pánico por posible brote en otro centro

“Le comparto esta información con la esperanza que salga todo a la luz y el ente encargado reciba la alerta para hacer los hisopados lo antes posible. La vida de mi familiar y la de casi de 500 personas dependen de ello”. Así comienza la petición de ayuda de Laura, cuya identidad real resguardamos por su seguridad.

El esposo de Laura está recluido en el Centro de Detención Preventiva de Delitos Menores y Faltas Anexo B. Una cárcel ubicada también en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, a 500 metros del Centro Preventivo.

Cuando la pandemia llegó a Guatemala, una de las primeras medidas que tomó el Sistema Penitenciario fue suspender las visitas para proteger a las personas privadas de libertad y evitar la propagación del COVID-19. Desde entonces la comunicación entre la población carcelaria y sus familias se les facilita a través de teléfonos monederos en los centros.

Hace 10 días Laura recibió una llamada de su esposo. Su voz estaba diferente. Se escuchaba decaído y le dijo que llevaba días con lo que para él, era una gripe.

Sus síntomas empeoraron. Lo que comenzó con un dolor de cuerpo y cambios de temperatura, se convirtió en tos seca, fatiga y mareo, escalofríos, dolor de cabeza y diarrea. El dolor de cuerpo se agudizó igual que los cambios de temperatura, pero por falta de acceso a un termómetro no pudo verificar si tenía fiebre.

No es poco común que las personas privadas de libertad se enfermen. El encierro, la calidad del agua y la comida, sumado al hacinamiento, deterioran las defensas. En otras ocasiones, explica Laura, varios en el centro donde está su esposo se han enfermado de las vías respiratorias pero lo que le preocupa a ella esta vez, en plena pandemia, son los síntomas que coinciden con los del COVID-19.

En el centro, preocupados por la pandemia igual que la población en libertad, comenzaron a notar que no era solo uno, sino varios hombres los que mostraban los mismos síntomas. Les llamaba la atención que sus síntomas coincidían, y especialmente la pérdida del sentido del olfato y del gusto.

Al escuchar sobre el estado de salud de su esposo y la situación en el centro, Laura se alarmó: “Lo preocupante es que no les toman la temperatura. Y allá no cuentan con mascarillas y menos con espacio suficiente para distanciamiento social”.

Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el Centro de Detención Preventiva de Delitos Menores y Faltas Anexo B tiene una capacidad original para 240 personas privadas de libertad. Sin embargo, actualmente alberga a 494 hombres. Es decir una sobrepoblación de 205%.

Fuentes que conocen el centro lo describen como un espacio pequeño y muy hacinado, con poca ventilación y muchísimo calor.

Ayer el Colectivo Artesana, que vela por los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias, emitió un comunicado para llamar la atención al Ministerio de Salud sobre la situación de riesgo en las cárceles. Exigió que tome control ante los casos de COVID-19 y que actúe para prevenir. Resalta que el rol del Sistema Penitenciario es custodiar, y que el ente responsable de actuar en temas de la salud de la población carcelaria sigue siendo la cartera de Salud.

Comunicado del Colectivo Artesana.

Andrea Barrios del Colectivo Artesana, explica que la pandemia ha causado mucha incertidumbre entre las y los familiares: “Hay mucha preocupación. Mucha ansiedad. La gente está desesperada queriendo tener información. Sienten que no se les escucha. Es importante que sepan que no están solos. Creemos que ha estado equivocado el planteamiento de que sea el Sistema Penitenciario quien de información. Se debe canalizar la información y las acciones desde el Ministerio de Salud”.

Barrios no había escuchado la situación relatada por Laura en la cárcel donde se encuentra su esposo. Al enterarse el Colectivo Artesana solicitó al Sistema Penitenciario darle seguimiento al caso. Laura espera que el Ministerio de Salud tome en serio la alerta y que hagan los hisopados necesarios para verificar o descartar un posible brote:

“Quiero que el ente encargado reciba la alerta para hacer los hisopados necesarios lo antes posible, porque si son positivos a COVID19, los minutos cuentan para iniciar el tratamiento y las medidas necesarias para que no hayan casos críticos”.

El Sistema Penitenciario indica no tener conocimiento de personas con síntomas en el Centro de Detención Preventiva de Delitos Menores y Faltas Anexo B.