¿Por qué el fondo de Q2 mil millones no llega a los trabajadores que más lo necesitan?

Ante la crisis económica ocasionada por la pandemia que enfrenta el país, en los primeros días de abril el Organismo Ejecutivo solicitó recursos al Congreso para crear un “Fondo de protección del empleo”.

El programa le permitiría a las empresas suspender temporalmente los contratos de sus trabajadores (con autorización del Ministerio de Trabajo) e inscribirlos como beneficiarios de un aporte diario de Q75 por trabajador (alrededor de Q2,325 mensuales) durante 3 meses. Para un mes de 31 días, ese aporte no representa ni siquiera el salario mínimo y está por debajo de lo que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se necesita para costear la canasta básica (Q3 mil 668). El fondo asciende a Q2 mil millones, administrados por Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y el Ministerio de Economía.

Para optar a este beneficio cada empleador presentó al Ministerio de Trabajo cinco documentos: un formulario, un listado de los empleados suspendidos (con información de número de teléfono, número de cuenta bancaria, nombre y número de identidad), documento de identificación del empleador/representante legal, RTU, y la última planilla reportada y pagada.

Ejecutar los recursos para apoyar a los trabajadores suspendidos no ha sido fácil y a la fecha miles de ellos continúan esperando que esta ayuda llegue.

1. Un beneficio excluyente

La suspensión de contratos es una figura legal ya regulada en el Código de Trabajo. Sin embargo, por medio de este programa se implementó un procedimiento para que las empresas se apegaran a esa figura y suspendieran la obligación de pagar salarios a sus empleados, mientras estos tampoco cumplieran con la obligación de prestar sus servicios.

La intención era evitar despidos masivos y elevar las cifras de desempleo en plena crisis. Sin embargo, a criterio del diputado y economista, Samuel Pérez, de la bancada Semilla, el fondo tuvo problemas desde su origen.

En principio el programa mitiga un poco la crisis para una pequeña porción de trabajadores guatemaltecos, sin embargo no todas las empresas pudieron aplicar.

“Muchas no pueden pagar abogados ni siquiera para hacer el proceso de suspensión, desde ahí hay un problema de desigualdad”, explica Pérez.

Según el abogado laboralista, René Girón, los requisitos solicitados por el Mintrab también exigían que las empresas interesadas en apegarse a ese programa estuvieran al día en todas las obligaciones, incluyendo la inscripción de sus planillas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). En Guatemala, de las 372 mil 779 empresas registradas y activas, solamente 29,647 (7.95%) cotizan al IGSS, según datos del Ministerio de Economía.

“Desde ese momento ya estaban excluyendo a miles de empresas y trabajadores. ¿Quiénes son las empresas que podían cumplir con todos los requisitos? Las grandes empresas y compañías que pasan por procesos de supervisión internacional”, explica Girón.

Miles de empresas fueron excluidas del Fondo de Protección del Empleo, desde la primera fase de implementación.

2. Un largo proceso burocrático

Son tres instituciones las que trabajan en coordinación para ejecutar este fondo: el Ministerio de Trabajo -que autoriza las suspensiones a empresas-, Ministerio de Economía -autoriza el pago del beneficio económico- y CHN -que libera los fondos a los trabajadores-. Este diseño complicó el proceso para muchas empresas porque se convirtió en un procedimiento extremadamente burocrático.

“Para empezar, las empresas deben hacer listados de todos sus trabajadores e identificarlos con sus números de DPI. Un simple teclazo en el registro de esos datos hacía que el proceso resultara mal y los trabajadores perdieran su beneficio. Como no hay políticas de protección laboral, tampoco hay registros y eso supone un gran problema”, explica el diputado Pérez, quien tras una serie de verificaciones al funcionamiento del fondo se percató de la falta de coordinación entre las instituciones.

Hasta hace poco, cuenta Pérez, el CHN no había estado mandando bases de datos al Ministerio de Economía de quienes ya recibieron este beneficio. “Yo solicité la información y la envié al Ministerio”, comenta.

En la información proporcionada por el CHN, actualizada hasta el 18 de junio, se detalla que hay un registro de 105 mil 551 trabajadores. Entre estos figuran trabajadores a los cuales se les hizo el primer desembolso entre mayo y junio. Otros están pendientes de recibir el pago.

3. Sobran los recursos

Desde las primeras semanas que fue autorizado el Fondo de Protección, las autoridades proyectaron que una parte del presupuesto no sería utilizado. Las predicciones se confirmaron hasta hace algunos días durante una citación en la que el ministro de finanzas, Álvaro González Ricci, informó que unos Q1 mil millones de ese fondo podrían ser trasladados a otros programas que sí han funcionado. El diputado de la UNE, Carlos Barreda, sugirió fortalecer el programa del Bono Familia con esos recursos.

Según el Sistema de Contabilidad Integrada, el Ministerio de Economía ha ejecutado el 34% de su presupuesto destinado al pago de trabajadores suspendidos. Según datos del Ministerio de Trabajo actualizados hasta el 6 de julio, de las 22 mil 779 solicitudes recibidas, 21 mil 794 fueron aprobadas. Esto se traduce en 165 mil 562 empleados suspendidos por 15 mil 814 empresas.

“En una reunión con el ministro (de economía) Antonio Malouf me indicó que estima que un poco más del tercio de ese fondo no lo van a ejecutar porque las empresas no están solicitando el beneficio”, asegura el diputado Pérez.

Mientras a este programa le sobran los recursos, cientos de guatemaltecos alzan banderas blancas para pedir ayuda en esta crisis sanitaria.

4. Una larga espera

El defensor de las personas trabajadoras de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Luis Daniel Reyes, también ha documentado las fallas de este programa.

“Es un fondo importante pero su ejecución ha sido extremadamente lenta. Tengo que decir que hubo trabajadores que después de 90 días recibieron la primera quincena de abril. Los trámites se han tornado lentos, burocráticos y han tenido un sinfín de errores”, asegura Reyes.

Según el defensor, de los más de 100 mil trabajadores beneficiados actualmente todos se han visto perjudicados por los atrasos administrativos de los ministerios encargados de este fondo y el CHN.

Como ejemplo, cita el caso de los trabajadores del Transurbano, los cuales son beneficiarios del programa pero tuvieron que esperar casi 100 días para recibir el pago. Ante la suspensión del servicio de transporte público, los trabajadores fueron suspendidos. ”Nosotros recibimos denuncias por la tardanza de este programa, no por la suspensión de contratos. Dimos seguimiento al Caso Transurbano, ellos pasaron 90 días sin recibir el pago hasta que finalmente se les pagó”, relata.

Reyes destaca que aunque el fondo supone un resarcimiento mínimo, mantiene la relación laboral. Sin embargo, según el decreto con el que fue creado solamente estará vigente por tres meses: abril, mayo y junio; y en ese tiempo no ha logrado ser ejecutado.

5. Un programa de ensayo y error

René Girón, abogado laboralista, ha dado seguimiento a los criterios y requisitos solicitados por los ministerios para elegir a los beneficiarios de este programa.

“Desde el momento de su implementación la plataforma y formulario para aplicar al fondo ha cambiado, al punto que cada cierto tiempo piden requisitos distintos”, explica.

Si bien es cierto que quizá a las autoridades les haya tomado un tiempo controlar la dinámica para operar el programa, también es cierto que para muchos trabajadores la ayuda es urgente. En ese sentido, agrega, ha habido negligencia en la implementación.

“Entiendo la necesidad de definir criterios técnicos para el programa porque estaba el riesgo de que la gente pudiera hacer una simulación del contrato y cobrar de forma ilegítima el beneficio. Recientemente se modificaron los criterios y ahora solicitan datos muy generales. Ahora pareciera que no hay controles adicionales”, asegura el abogado.

Ante ese cambio, advierte, existe el riesgo de que personas que no cumplen con el perfil de trabajadores afectados por la crisis opten por el beneficio. “Los requisitos ahora se relajaron y hay oportunidades de que se preste a simulaciones. En otras palabras, se apaga un fuego para encender otro”, agrega.

En medio de todas restricciones muchas empresas no esenciales no han optado por la suspensión de contratos porque continúan prestando sus servicios.