Refugios para mujeres que sufren violencia se quedan sin dinero (Congreso les quita el 97% de sus fondos)

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Los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus) son una opción para las mujeres víctimas de violencia que deciden buscar ayuda para denunciar y que no saben qué hacer, a dónde ir o a quién contarle su problema. Hasta 2018 existían 11 y estaban distribuidos en diferentes puntos del país.

Cuatro de ellos son administrados por el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), que en promedio atiende a 12,000 mujeres al año, no obstante su capacidad de atención llegaría a un punto crítico si el Congreso aprueba el presupuesto con donde les reducen los fondos estatales de Q9.2 millones a Q300,000, 97% menos.

El primer Caimus empezó a funcionar veintiocho años con recursos económicos de un grupo de mujeres. Con los años recibieron financiamiento de organizaciones internacionales y en el 2008 el Ministerio de Gobernación, a cargo de Vinicio Gómez, les asignó una partida en su presupuesto. En los primeros años el aporte fue de Q9.5 millones, aunque nunca se entregó a tiempo.

Pero los fondos nunca llegaron a tiempo. En el 2018 pasaron casi todo el año sin esos recursos. La burocracia provocó que durante los primeros seis meses no recibieran un solo centavo y que se acumulara una deuda de Q20 millones, que dejó a alrededor de  200 profesionales sin salario y los refugios en peligro de dejar de funcionar.

Giovana Lemus, coordinadora ejecutiva del GGM, explica que remitieron su proyecto y solicitud de presupuesto a Axel Romero, viceministro de Prevención del Delito del Ministerio de Gobernación, donde fue aprobado.

La Comisión de Finanzas del Congreso, presidida por el diputado Rudy Berner Pereira e integrada por los diputados Juan Manuel Giordano, Javier Hernández, Eva Monte, Alejandro Carrillo, José Domingo Trejo, entre otros, firmaron el dictamen del presupuesto en el que le asignan a los Caimus Q300,000 para funcionar, el 97% menos de lo que esperaban.

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¿Qué pasa con el inminente cierre de estos centros?

La violencia contra la mujer es el delito más denunciado en el Ministerio Público. Un reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que durante 2017 en promedio 135 mujeres fueron agredidas cada día: 5 cada hora.

Las cifras van en aumento cada año. De enero a mayo de 2019, 226 mujeres fueron asesinadas, entre 1 y 2 cada día.

Ante esa situación, Giovana Lemus, explicó que el sistema de atención, protección y justicia para las mujeres que sobreviven no es amable y a diferencia de los Caimus, no cuentan con modelos de atención integral ni especializada.

—Los modelos de atención incluyen una estrategia de empoderamiento. Todas las mujeres están un nivel de riesgo porque reciben violencia de personas cercanas y conocidas y a veces del Estado. Tratamos que las mujeres no necesiten de los albergues, todas corren riesgo pero en algunas hay otro aspectos, dijo Lemus en la entrevista.

Protesta contra la violencia que sufren las mujeres. Foto: Sandra Sebastián

La mayoría de mujeres que acuden a los Caimus van en busca de atención externa, de asesoría jurídica y legal para seguir con sus denuncias o demandas por pensiones alimenticias, así como para recibir apoyo psicológico que les permita superar los traumas de la violencia o salir de círculos violentos.

Los recursos que reciben del Estado les permiten contratar a profesionales que atenderán a las mujeres y garantizar que tendrán todas las herramientas necesarias para atender sus casos y necesidades.

—Hay días que se nos topan audiencias en el mismo horario y tenemos que buscar abogadas. ¿Qué pasa cuando sí tenemos recursos? Pues se facilita porque si no tenemos a una persona del equipo podemos contratar a alguien que vaya a la audiencia, como en la Defensa Pública Penal, que no es personal de planta pero sí están entrenados, formados, es gente en la que hemos invertido en su formación adecuada que sabemos que va a atender bien a las mujeres. También tenemos que tener gasolina, vehículos con llantas y frenos en buen estado, pilotos…, añadió.

Se necesita toda una estrategia de logística para el acompañamiento. El año pasado uno de los albergues no recibió los fondos del Ministerio de Gobernación y tuvo que buscar entre las otras organizaciones para pagar la deuda de un año de renta.

Pero los problemas de estos centros van más allá del presupuesto. El 27 de agosto de este año, la Asociación de Mujeres de Petén Ixquik, presentó una denuncia en el Ministerio Público porque en las instalaciones del Caimus que administran se produjo un allanamiento ilegal cuando no se encontraba nadie.

—Este incidente es sumamente preocupante ya que al Caimus llegan mujeres sobrevivientes de violencia y familiares de víctimas de femicidio a pedir apoyo, encontrándose en su interior documentación sensible que compromete la seguridad de estas mujeres como de las integrantes de la asociación, dice una alerta pública de la Red de Defensoras de Guatemala.

La semana pasada las organizaciones de mujeres exigieron en una conferencia y en una carta abierta a los diputados, que restablezca la totalidad del presupuesto que les ha sido asignado para garantizar que el apoyo a las mujeres sobrevivientes continúe.

—Ha sido muy importante ver cómo las mujeres, de una situación difícil, complicada y sin esperanza, encuentran la fortaleza en ellas, se dan cuenta de la capacidad que tienen como mujeres y seres humanos. Muchas han regresado a estudiar, se han puesto a trabajar, han tenido nueva esperanza en la vida, de seguir adelante con sus hijos, de que es posible una vida distinta, de haber conocido sus derechos y ejercerlos, de tener voz, algunas mucha voz. El modelo nuestro lo que hace es darle herramientas suficientes a las mujeres para que ellas tomen sus decisiones, puntualizó Lemus.

Nómada buscó la versión de los diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso pero no atendieron las llamadas ni los mensajes para obtener su explicación del recorte.

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