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Las cárceles en Guatemala no son seguras. Lo seguro es que alguien muerta adentro. Y no es ironía. Los centros de privación de libertad han sido a lo largo de los años polvorines que estallan cada cierto tiempo. Hoy, estalló una prisión de nuevo, esto para la fortuna de los señalados en la última investigación del MP y CICIG.
Una rebelión entre reclusos se originó en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón —ubicada en Fraijanes—. Aunque el Sistema Penitenciario quiso reducir el impacto de la noticia a través de su comunicación oficial, durante el día se esclareció que no se trataba solo de un amotinamiento "normal", sino de un intento por asesinar a un privado de libertad identificado como Byron Humberto Vargas Sosa, quien cumple una condena de 90 años.
El enfrentamiento fue provocado, según la hipótesis que se manejó durante el día, es que un grupo identificado como los Rebeldes, quienes tenían diferencias con Vargas Sosa a quien acusaron de “tener el control” en el penal. Esto lo explicó la PNC en sus declaraciones a los medios.
El amotinamiento dejó seis muertos y al menos 19 heridos, a quienes se les trasladó a los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, aplicando un protocolo de seguridad especial.
Sucesos violentos dentro de los penales ocurren cada cierto tiempo. En los últimos cuatro años han muerto al menos 44 privados de libertad en situaciones similares. Podemos recordar al menos cuatro amotinamientos con características muy similares.
• El 1 de diciembre del 2015, en la Granja Canadá, un violento disturbio entre pandilleros dejó 16 muertos. Las autoridades indicaron que después de un partido de futbol la tensión entre los grupos opositores creció y provocó que se enfrentaran.
• El 31 de diciembre de ese mismo año, en la cárcel de Puerto Barrios, Izabal, se registró un intento de fuga y desató un enfrentamiento que dejó ocho muertos.
• El 19 de julio del 2016, un amotinamiento provocó la muerte de trece personas, entre ellos la del capitán Byron Lima, conocido como “el rey de las cárceles”, por el control que tenía en los penales. El hecho ocurrió en Pavón y se sospecha que fue organizado por Martín Montiel, alias el Taquero, como una manera de recuperar el control que tenía Lima.
• El más reciente, se registró el 30 de septiembre de 2018 y ocurrió en Pavoncito. En esta ocasión murieron 7 privados y las autoridades informaron que se trató de una riña.
Este tipo de hechos acapara la atención mediática y social. Hace que baje tensión en otros escándalos nacionales. Hay dos muy frescos en Guatemala: el destape de la narcopolítica y cómo pactan las leyes a cambio de dinero en el Congreso.
Las preguntas quedan en el ambiente. ¿Es una cortina de humo? ¿hay fuerzas que aún controlan la opinión pública con hechos como el ocurrido en Pavón? ¿quién se beneficia de que ocurran estos hechos de violencia en las cárceles? ¿quién tiene el verdadero control en los penales?.
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La ex vicepresidenta Roxana Baldetti también fue tema de conversación hoy. Y no solo por el nuevo caso de corrupción que reveló el MP y la CICIG y por el que se evidenció la mancuerna que funcionó durante su gobierno entre el Congreso y el Ejecutivo para intervenir en la aprobación de leyes con intereses particulares. También fue noticia porque el Juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, definió por fin una fecha para comenzar el juicio en el caso La Línea. La fecha estipulada es el 16 de marzo de 2020. En el debate oral y público también se juzgará a toda la estructura encabezada por el expresiente Otto Pérez Molina y que según el MP y la CICIG se benefició con Q38 millones en sobornos.
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En temas electorales, a quien le dijeron “no” fue al diputado Luis Hernández Azmitia quien buscaba la reelección con el partido Visión con Valores. El Registro de Ciudadanos resolvió que el congresista y su historial de transfuguismo no es idóneo para aspirar de nuevo a un cargo de elección popular. Hernández Azmitia ha pasado por el Movimiento Reformador, Valor y Podemos.
José Molina /
Ojalá que lo de Hernández Azmitia quede firme porque muchos se han estado burlando del registro de ciudadanos y/o del TSE cuando tienen verdaderos impedimentos para participar.