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Es innegable que el tema de la inmigración le quita el sueño a Donald Trump y, en el contexto de la campaña electoral de Estados Unidos, intensificará su presión para ganar la simpatía del voto ultraconservador e intentar conservar la presidencia.
El objetivo de la administración Trump es detener el movimiento de personas indocumentadas que cruzan la frontera sur. Como no han sido del todo exitosas sus políticas, negocia con México y el Triángulo Norte de Centroamérica para complicar el tránsito por esta región y reducir la llegada a la frontera con Estados Unidos.
Para hacer aún más fuerte la presión, el presidente de Estados Unidos ha condicionado la ayuda económica en los proyectos que ese país invierte en nuestros países y como complemento ofrece “el apoyo” de militares estadounidenses para patrullar la frontera sur de México —osea, una especie de extensión de su frontera hasta la de Guatemala—.
¿Y qué está haciendo Guatemala al respecto? Primero, mutis.
El gobierno de Jimmy Morales ha evitado abordar la problemática y sus comunicaciones han sido escasas. En la sociedad se le ha cuestionado sobre la manera en que la administración de Morales ha enfrentado el tema. El abogado y analista en temas de migración Pedro Pablo Solares dijo recientemente que Jimmy Morales acomodó su equipo diplomático para defender su postura de terminar con el trabajo de la CICIG. Eso le quitó el sueño y perdió la atención a problema más sensibles como que el la inmigración de guatemaltecos y la persecución de Estados Unidos.
El gobierno de Guatemala ha sido tan parco en reaccionar que se lee entre líneas que apoya lo que la administración Trump exija. Tanto así, que en la reunión que sostuvieron este jueves los presidentes de México y El Salvador en la frontera de Tapachula, México, no fue invitado el presidente Morales.
Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele se reúnen con 14 agentes de la ONU para hablar sobre el Plan de Desarrollo Integral para Sur de México y Centroamérica, con el fin de evaluar y darle solución a la crisis migratoria. Ni Jimmy Morales ni Juan Orlando Hernández (presidente de Honduras) llegaron a la cita. Recordemos que Morales y Hernández intentaron detener la mega-caravana de migrantes del pasado octubre a petición de Donald Trump.
El gobierno mexicano se comprometió hace dos semanas con Trump que en un lapso de mes y medio contendría la ola migratoria que, según las cifras de capturas y deportaciones, podría ser la más intensa de los últimos años.
Datos oficiales revelan que por México cruzan al menos 800 mil personas de manera ilegal. El presidente López Obrador ha cedido a la presión de Estados Unidos porque existe una amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos importados —algo que violaría el TLC entre ambos países—. El objetivo de Trump es que la economía mexicana pierda el equilibrio a cambio de que se invierta más en las personas y reducir la migración.
Estados Unidos ofreció el envío de al menos seis mil agentes de la Guardia Nacional, donde casi la mitad se desplegarán en la frontera de México y Guatemala.
Es decir, los inmigrantes que crucen la frontera con México enfrentarán un nuevo obstáculo, además de los que sortean en cada viaje: pandillas, narcotráfico, traficantes, La Bestia, etcétera.
México se convertirá en una especie de emisario de Estados Unidos para trabajar con Centroamérica en combatir las causas de la inmigración. Después de la reunión de este jueves, el presidente mexicano anunció el apoyo para un programa social en Guatemala, El Salvador y Honduras. El programa consiste en el desarrollo agroforestal que cubra 50 mil hecáteras y que logre al menos 20 empleos en cada país del Triángulo Norte de Centroamérica.
Mientras esto ocurrió en Tapachula, la canciller Sandra Jovel, el ministro Enrique Degenhart, y la esposa del presidente, Patricia Marroquín de Morales, estuvieron en Texas junto al secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, para “definir acciones a tomar en materia migratoria”.
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