Roberto Molina Barreto desacredita a la CC que él mismo presidió

La Cámara Guatemalteca de Periodismo convocó a cuatro de los abogados más conservadores del país para hablar en un foro sobre el tema más vibrante de la política en los últimos meses: Iván Velásquez y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Junto a Roberto Molina Barreto estuvieron Stuardo Ralón, abogado del sector empresarial; José Quezada, exmagistrado de la CC; y Mario Fuentes Destarac, abogado especialista en medios de comunicación. Molina Barreto fue el más crítico de las últimas decisiones de la CC que beneficiaron al comisionado Iván Velásquez, quien salió del país el 3 de septiembre pasado y ya no se le permitió el ingreso.

Los cinco magistrados de esa Corte determinaron el 16 de septiembre que el gobierno de Jimmy Morales debía permitir el ingreso al país del jefe de la CICIG. Y dos días después, tres magistrados —Gloria Porras, Francisco de Matta Vela y Bonerge Mejía— aclararon, con nombre y apellido, que Iván Velásquez debía tener luz verde para entrar al país.

Esas resoluciones respondieron a las acciones legales presentadas por el abogado Alfonso Carrillo, luego de que el 4 de septiembre, el gobierno anunció en comunicado que no permitiría el ingreso del comisionado Velásquez, argumentando que el Consejo Nacional de Seguridad calificó al colombiano como “una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública”.

En el foro con periodistas y columnistas de prensa, Molina Barreto dejó entrever que la Corte no tenía competencia ni jurisdicción para conocer las acciones derivadas de la controversia entre el Gobierno e Iván Velásquez. Y por eso sugirió que el presidente no tendría razón para acatar la decisión de la CC.

—Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad deben cumplirse, siempre que dicten en el ámbito de sus competencias (…) si quieren usurpar las funciones de la Corte Internacional de Justicia, que es la única que puede resolver las controversias derivado de los acuerdos y convenios internacionales, pues entonces sí hay una usurpación, no tienen jurisdicción, no tiene competencia, es ilegal. Y en consecuencia pudiera facultar al presidente a incumplirla, dijo el abogado.

Roberto Molina Barreto.

El veterano constitucionalista dijo que las controversias entre el Gobierno y CICIG debieron dilucidarse en la Corte Internacional de Justicia y pasar por alto a la CC, institución que una vez presidió. Empezando por los sucesos de agosto de 2017, cuando Jimmy Morales, motivado por “incidencias previas”, declaró “non grato” a Iván Velásquez, pero luego la Corte dejó sin efecto esa decisión.

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Las “incidencias previas”, a las que hace alusión Molina Barreto, son una serie de reclamos que hizo el gobierno de Jimmy Morales al secretario general de la ONU, António Gutérres, para intentar desacreditar a la CICIG y Velásquez. Al final, las quejas de Jimmy resultaron mentiras.

Pero Molina Barreto está del lado del presidente:

—No fue nada amistoso, que el secretario general, habiendo recibido una queja con toda la fundamentación, no haya resuelto. Haber desatendido me parece una falta mayor, dijo.

¿Quién es Molina Barreto?

Molina Barreto vive retirado del ejercicio público y tiene 62 años de edad. Es un abogado con 33 años de ejercicio profesional, de los cuales dedicó 10 a la CC.

En sus dos periodos como magistrado fue cuestionado por aprobar resoluciones que beneficiaron al expresidente Otto Pérez Molina cuando la población demandaba su renuncia; al exdictador Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y delitos contra los deberes contra la humanidad; y por validar las cuestionadas elecciones en la Corte Suprema de Justicia y cortes de apelaciones. También una investigación de Nómada demostró cómo Molina Barreto se benefició durante su presidencia en la CC, a través de una fundación.

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A pesar de los antecedentes, antes de empezar el foro, el exmagistrado aclaró:

—Es bueno escuchar de algunos profesionales, como lo somos nosotros en el campo del Derecho, análisis puramente técnicos constitucionales o de derechos internacional público, explicó.