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“Sólo pedimos equipo de protección”. Testimonios de los practicantes de medicina obligados a volver

Desde hace 45 días, una parte de la fuerza laboral de los hospitales y centros de salud se paralizó. Cuando se confirmó el primer caso de Covid-19 las autoridades del Ministerio de Salud enviaron a casa a todos los estudiantes de medicina. La razón: no podían asegurarles el equipo para protegerlos del virus. Sin embargo, ahora y aún sin garantías de seguridad, se sienten presionados a volver.

Actualidad COVID19 estudiantes medicina P258 usac

Practicantes de medicina en el Hospital San Juan de Dios. 2018.

Foto: Carlos Sebastián

Armando* viajó el pasado fin de semana hacia la región del Quiché. Después de un mes y medio de cuarentena, regresó al puesto de salud asignado para cumplir con su Ejercicio Profesional Supervisado (EPS). Llevó consigo un modesto kit de protección: 30 mascarillas quirúrgicas, guantes, una careta de plástico, alcohol en gel y unos lentes protectores.

Al igual que él, otros 319 estudiantes de EPS Rural (en regiones departamentales y puestos de salud) abandonaron sus prácticas el 17 de marzo, cuatro días después que Guatemala confirmó el primer caso positivo de Covid-19. La suspensión de prácticas fue acordada luego de escuchar de boca de las autoridades del Ministerio de Salud, que no había equipo de protección disponible para proveerles a todos los estudiantes universitarios que forman parte del personal de salud de la red hospitalaria y centros de atención.

Pero seis semanas después y aunque el Ministerio de Salud sigue sin garantizar equipo a su personal, los estudiantes de la Universidad de San Carlos corren el riesgo de tener que volver, a sabiendas del riesgo que corren y de la falta de insumos.

A Armando lo enviaron al departamento de Quiché, en la región ixil. Un puesto ubicado aproximadamente a 24 kilómetros del lugar en donde reside temporalmente. “Cuando empezó la crisis decidieron que regresaramos todos a nuestra casa. Asumí que íbamos a retomar las prácticas en junio pero no en mayo, cuando los casos están en aumento”, relata, a dos días de haber vuelto a sus prácticas.

Los hospitales nacionales, los que están bajo la administración del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y los centros de salud de todo el país reciben a estudiantes de los últimos años de Medicina para que realicen sus prácticas supervisadas. Tanto a los de la Universidad de San Carlos como a los de las universidades privadas: Rafael Landívar, Francisco Marroquín y Mariano Gálvez.

Todos ellos forman parte del personal de salud de la red pública y del seguro social, pero sin contar con los privilegios de una relación laboral formal.

“No queríamos irnos, solo necesitábamos equipo de protección”

El 13 de marzo se encendieron las alarmas de todo el personal de salud por la falta de insumos y protocolos para protegerlos de un posible contagio. Los estudiantes también se enfrentaron a esa incertidumbre porque al igual que médicos y enfermeros, ellos también conforman la primera línea contra el Covid-19.

De inmediato, las universidades tomaron la decisión de retirar a los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina, conocidos como “externos”, que apoyan al personal médico y de enfermería en la atención a pacientes.

Pero retirar también a los estudiantes de sexto año, o “internos”, fue una decisión que tomó algunos días más para la Universidad de San Carlos, la cual está a cargo de 662 estudiantes en EPS (320 rurales y 342 hospitalarios).

Yolanda, una estudiante del último año de medicina asignada al Hospital Roosevelt, relata: “Cuando escuchamos sobre el primer caso lo primero que sentimos fue miedo especialmente porque nunca se nos orientó, nunco hubo protocolo listo para saber cómo actuar cuando el virus llegara a los hospitales. Como estudiantes empezamos a preguntar si nos iban a dar equipo, nos reunimos y sacamos un comunicado en el que decíamos que queríamos quedarnos en los hospitales para ayudar a atender pacientes pero que nos dieron un equipo de protección adecuado”.

Incluso hicieron un pronunciamiento público en el que dieron un plazo de 48 horas a las autoridades de salud, de la Universidad y al presidente Alejandro Giammattei para responder a su solicitud.

La respuesta no fue la que esperaban. El 17 de marzo, las autoridades del Ministerio de Salud reconocieron que no contaban con equipo necesario para proteger a los estudiantes y, por lo tanto, decidían prescindir de los estudiantes de USAC como parte del personal tanto en hospital (EPS Hospitalario) como en centros y puestos de salud (EPS Rural). Ese fue el último día de prácticas para los estudiantes.

Yolanda relata que en ese momento las autoridades del Hospital Roosevelt les garantizaron que no estarían expuestos a atender pacientes con síntomas sospechosos de Covid-19. Sin embargo, al menos dos estudiantes fueron enviadas a realizar hisopados sin equipo de protección.

A pesar de eso, el día que los enviaron a su casa, aclara, no lo tomaron como una buena noticia.

“Fue triste porque ese no era nuestro objetivo, no queríamos irnos y dejar los hospitales en crisis, solo necesitábamos equipo de protección. Yo sabía la carga laboral del hospital y no quería irme”, comenta Yolanda.

Según la estudiante, también es desmotivante leer que en las redes muchas personas critican su “falta de vocación”: “Nos dicen: ¡qué falta de huevos!. Al final todos nos cuestionamos sobre nuestra vocación pero al analizar las cosas sabemos que ha sido lo mejor porque de lo contrario hubiéramos sido fuente de contagio en nuestras casas”.

El dilema de los estudiantes: la falta de equipo y los compromisos académicos

Las universidades privadas optaron por detener las prácticas por tiempo indefinido, para evitar exponerlos al virus. En cambio, estudiantes y autoridades de USAC, junto con el MSPAS, conformaron una mesa técnica para discutir cómo facilitar insumos y garantizar la reintegración de los estudiantes con medidas de protección.

Uno de los estudiantes relata que los consensos en la mesa técnica no dieron los frutos esperados. “Pasó un mes hasta que la dirección de EPS consiguió que una organización llamada Wuqu Kawoq donara equipo de protección para un mes y medio y así poder reactivar el EPS rural. Después de eso la Junta Directiva aprobó que los estudiantes volvieran a sus puestos.

Armando recibió ese equipo. Se trata de 30 mascarillas quirúrgicas (no son N95), una caja de guantes, careta plástica, alcohol en gel y lentes protectores. El equipo está proyectado para un mes y medio. Mientras que los estudiantes estarán ahí hasta el 31 de agosto. Es decir, 4 meses. Sin embargo, prometieron gestionar un nuevo donativo para dos meses más.

En un memorando del Coordinador del EPS Rural, Luis Antonio Ríos, los estudiantes fueron notificados de que su regreso a los puestos de salud estaba en firme, luego de ese donativo. La Facultad promete que “no atenderán pacientes Covid-19, cubrirán actividades de atención primaria, guardarán protocolos de distanciamiento y equipo de protección”.

“Ellos (las autoridades) consideran que es suficiente el equipo que nos dieron, la verdad yo no me siento seguro con eso. Tampoco nos pueden garantizar que no vayamos a tener contacto con pacientes sospechosos porque en la comunidades generalmente atendemos malestares respiratorios, fiebres y gripe”, dice Armando.

“A algunos estudiantes los docentes de EPS les pidieron como requisito una carta absolviendo a la Facultad de cualquier responsabilidad. Ellos no aceptaron pero a partir de entonces hay mucha incertidumbre de parte del resto de estudiantes”, relata Javier, otro estudiante que habló bajo anonimato.

Sumado a eso un grupo de estudiantes preparó un comunicado para manifestar que estaban siendo coaccionados por la directora Lucía Terrón, encargada de EPS, para retomar sus actividades en el IGSS pero exonerando de responsabilidades en caso de ser contagiados. Esto a pesar que el Instituto, por medio de un oficio, había dejado claro que: “No se aprueba la solicitud de reincorporación de los estudiantes de EPS hospitalario a las instalaciones del I.G.S.S; por considerar que en la institución aún no se cuenta con el material y equipo suficiente y adecuado para su protección”.

Nómada pidió una respuesta de la Universidad de San Carlos a esta denuncia. Sin embargo, no fue proporcionada. Tampoco de parte del IGSS hubo una explicación.

Un estudiante de sexto año asignado al IGSS denunció que es injusto tomar provecho de la desesperación de algunos estudiantes que están urgidos por concluir su proceso. “Se les dice que si no regresan a los hospitales, deben de desasignarse porque no cumplen con la práctica”, explica.

Aunque el Consejo Superior Universitario dio la opción de retirarse de las prácticas, muchos se resisten a retrasar su proceso.

“Nadie quiere repetir el año después de tanto sacrificio. Hay personas que viven en otros departamentos y alquilan cuartos en la ciudad para estudiar, son recursos que vienen de la bolsa de los papás, no es una decisión fácil”, asegura Yolanda.

Ese es el caso de los estudiantes que desde el 4 de mayo retomaron sus actividades en comunidades alejadas de su casa.

“Se trata de una encrucijada en donde el interno se expone al riesgo biológico o bien, puede retrasarse un año. ¿Qué garantías ofrece la universidad si nos enfermamos debido a que no contamos con la protección óptima que recomienda la OMS? Ninguna. Igual iremos a cuarentena y repetiremos el otro año si es que vivimos”, cuestiona uno de ellos.

Los internos reciben una cuota estudiantil de Q1500 a Q2500. A pesar de eso, llevar a cabo estas prácticas implica un esfuerzo económico de parte de las familias. Los padres de Armando, por ejemplo, gastan alrededor de Q3500 mensuales para gastos de hospedaje, transporte, alimentación e internet. Servicios básicos que un estudiante requiere. Un atraso de un año implica una pérdida de recursos para las familias.

Nómada buscó un acercamiento con autoridades de la USAC para consultar su postura; sin embargo, no hubo respuesta.

Tras la publicación, Regina Valiente, coordinadora del programa del Programa del Ejercicio Profesional Supervisado, se comunicó para aclarar que los estudiantes volvieron a sus sedes rurales luego que la Organización Panamericana de la Salud avalara el equipo de protección que fue donado. “Ellos no están en la primera línea de atención, tienen instrucción de no atender a pacientes con problemas respiratorios”, asegura.

“Sacar a los estudiantes de EPS Rural a quien afecta a es a la población, sería un gran problema para las comunidades más aisladas y desprotegidas”, agrega Valiente. Actualmente son 113 municipios de las regiones más pobres del país, los que reciben atención gracias a los practicantes.

Valiente destaca que detener el EPS puede sentar un precedente desfavorable. “Hay una tendencia por reducir esas prácticas sociales y esto podría marcar un precedente por ser la primera crisis en donde la Universidad se retira”.

Directora de EPS: Yo no tengo interés en que regresen a los hospitales*

Ante esta publicación, Lucía Terrón se comunicó con Nómada para aclarar la situación que atraviesan la Universidad y estudiantes de EPS en hospitales.

Según asegura, el 89% de las actividades de sexto año, son prácticas. Es decir, todos los estudiantes deben realizar sus prácticas para poder culminar esta etapa, lo cual obliga evaluar un escenario que a muchos no les favorece: retomar sus prácticas el próximo año.

“Se dieron las opciones para que vayan tomando decisiones. Yo entiendo que haya preocupación en el tema de atrasarse pero como en el algún momento lo he exteriorizado: el Covid vino a mover la normalidad y todo lo que suceda va tener consecuencias, unas buenas y otras que no esperábamos. Dentro de estas está que tengan que hacer practicas en febrero”, explica.

Tampoco es viable que puedan aprobar por decreto o suprimir la parte práctica, como lo propuso la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU).

Respecto a la acusación de solicitar cartas firmadas para exonerar de responsabilidades al Ministerio de Salud, señala: “Yo no pido notas firmadas porque yo no tengo por qué pedir a un adulto si quiere o no regresar a una práctica. Es una gran mentira, no pido cartas. La coacción, tampoco. Además, si vuelven, yo no voy a tener control de que los estudiantes no vayan a estar expuestos a COVID-19. No tenemos interés en que vuelvan porque no estamos en la capacidad de comprarles insumos a todos”

También aclara que el IGSS ofreció a un grupo 40 estudiantes: equipo de protección personal, cuartos para que se cambien de ropa, asignarlos a espacios de bajo riesgo y comida para volver a las prácticas en hospitales. Sumado a eso se solicitó que firmaran una cláusula de confidencialidad, un formalismo administrativo solicitado a todo el personal de la institución, en el que se solicita seguir los canales adecuados para hacer denuncias. Sin embargo, a partir del malestar de los estudiantes, el IGSS tomó la decisión de dar marcha atrás en este ofrecimiento.

 

“Son estudiantes pero también una fuerza laboral importante”

En una citación con autoridades del Ministerio de Salud, la defensora de la salud, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Zulma Calderón, escuchó a los representantes del MSPAS reconocer que aún están realizando coordinaciones para saber cómo enfrentar esta situación.

Por el momento, asegura la defensora, ningún estudiante o agrupación ha presentado alguna denuncia ante la PDH por falta de equipo de protección y medidas de seguridad.

“Tenemos que tener claro que los estudiantes están reconocidos como estudiantes y están en proceso de aprendizaje pero también representan una fuerza laboral importante para la red de salud”, destaca.

Este viernes el CSU se reunirá para debatir el tema y tomarán una decisión para solucionar esta disyuntiva.

Todos los estudiantes hablaron con Nómada bajo el anonimato por temor a represalias académicas.

*Este apartado fue añadido el 8 de mayo a las 13:34.

Kimberly López
/

Periodista guatemalteca en constante formación. Empecé a conocer el periodismo en Plaza Pública y La Hora. Me interesa la política, la fiscalización y contar historias. No sé si seré testigo de un mejor país, pero quiero ayudar a construirlo.


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    CARLOS PEREZ GONZALEZ /

    08/05/2020 6:08 AM

    GUATEMALA: Élites usaron sector salud para llenarse los bolsillos. Son las medicinas más caras de Latinoamérica. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre gracias a la corrupción y a la codicia de muchas empresas farmacéuticas. Estas empresas hacen negociaciones y se modifican leyes frente a nuestros ojos sin que nadie diga nada porque la mayoría de veces esas leyes son aprobadas con la complicidad de los medios masivos de comunicación. ¿Cómo es posible que se permita negociar con la salud de la población guatemalteca sin tomar las medidas necesarias para que esos precios bajen? ¿Cómo podemos hablar de conciencia social cuando se permiten esos márgenes de ganancia sabiendo positivamente que muchos guatemaltecos mueren por no poder comprar las medicinas? ¿Cómo es posible vivir en un país donde la salud es un lujo que la mayoría de guatemaltecos no puede darse? –

    La élite económica de Guatemala, entre las más acaparadoras de América Latina, los personajes más nefastos que tienen al pueblo de Guatemala sumido en la pobreza. - Y si todavía dudan, “la realidad es esta”: En Guatemala, cada día hay más pobres y ha superado a Haití en índices de desnutrición crónica.

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

      Ruth medrano /

      08/05/2020 10:36 AM

      Toda la razón

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!

    CARLOS PEREZ GONZALEZ /

    08/05/2020 6:04 AM

    COSTA RICA: ¿Cuál es la efectiva fórmula donde mueren menos pacientes de covid-19?

    “Nuestra mejor vacuna contra el covid-19 es tener una población disciplinada y educada, y un sistema de salud bastante consolidado”, dice el doctor Luis Villalobos, experto en salud pública de Costa Rica.
    “Nosotros no gastamos en “EJERCITO” - Pero sí gastamos mucho en SALUD, en SEGURIDAD SOCIAL y en EDUCACION, y eso ha sido muy importante”, añade el también exdecano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Costa Rica.
    El sistema de salud costarricense estaba muy fragmentado en el siglo XX, explica Villalobos, pero reformas de las décadas de 1990 y 2000 crearon un esquema sólido que ha permitido responder a esta pandemia.
    A través de más de 1.000 clínicas del EBAIS, que cuentan con médicos, enfermeras, asistentes técnicos y farmacéuticos, los sanitarios están atendiendo los casos de covid-19 en la etapa de detección, la cual es crucial para contener los contagios.
    Los respiradores artificiales, que muchos países luchan por obtener, son cerca de 400 en el sistema sanitario, y el gobierno anunció la adquisición de 300 más.
    El funcionamiento del sistema se debe en buena medida a que Costa Rica es uno de los pocos países de América que invierte más del 6% del Producto Interno Bruto en salud.

    “El hecho de tener agua intradomiciliaria prácticamente en el 100% de la población nos permite que la comunicación de lavado de manos sea muy efectiva entre la población”, señala. Tener sistemas de salud “menos fragmentados, integrales, que manejen bien la información de las personas bajo su cuidado, y que esté bien articulados” como en Costa Rica es lo que otros países deben procurar, aconseja Villalobos.

    Expertos y autoridades destacan que los costarricenses han acatado las instrucciones notablemente, a diferencia de otros países. “Muchos se han comportado a la altura. Han entendido el momento histórico que estamos viviendo, es un momento muy delicado”, dijo el ministro de Salud, Daniel Salas

    COSTA RICA: Es un ejemplo para Latinoamérica y todo el mundo.
    NO TIENE EJERCITO (No gasta dinero en instituciones innecesarias)
    Costa Rica suprimió su ejército en 1949. La ausencia de un estamento militar es vista como una de las razones para la notoria estabilidad institucional civil de Costa Rica en las últimas décadas.
    GUATEMALA: Durante los últimos cuatro años (en el anterior GOBIERNO) se le asignó al Ministerio de la Defensa (Mindef) un presupuesto de Q8 mil 505 millones 978 mil 718, sin embargo, ejecutó un total de Q8 mil 840 millones 547 mil 726.96 durante los últimos cuatro años sin que se sepa con exactitud a dónde fueron a parar dichos recursos. PANAMA: Sin Guardia Nacional, es hoy una nación pacífica y con el mayor crecimiento económico en América Latina.
    COSTA RICA: Es miembro del Sistema de Integración Centroamericana, pero no es miembro del PARLAMENTO CENTROAMERICANO ni de la CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Costa Rica se ha quejado de que el PARLACEN servía para que políticos cuestionados quedaran impunes al obtener la inmunidad parlamentaria. Con el presupuesto del PARLACEN se puede alimentar a 3 millones 910 mil 321 personas. LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA: El plazo del nombramiento es por 10 años “sin oficio” y el pago mensual es de 10,000 dólares más gastos. COSTA RICA: Objeta que los magistrados de la CCJ no sean electos entre los magistrados de las Cortes Supremas de Justicia de los Estados miembros, así como que devenguen un sueldo mensual de US$10,000.00. GUATEMALA tiene el Sistema de Salud menos eficiente de Latinoamérica.

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

      Ruth medrano /

      08/05/2020 10:38 AM

      Me llega

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!

      Rafa Torres /

      08/05/2020 8:28 AM

      NOMADA, ya cobren espacio a este tipo que solo muladas escribe y fuera del tema a tratar

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!



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