Un giro macabro: Con una extraña denuncia se quiere culpar a 15 niñas del incendio en el Hogar Seguro

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Ludwig Jacob Sandoval Jerez quiere encarcelar a las 15 niñas sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Para ello, presentó el pasado 6 de septiembre una denuncia por 19 delitos contra las niñas y que ha recaído en la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

Sandoval fue auxiliado por el abogado Bayron Franco Alvarado.

Si prospera, quienes fueron víctimas el 8 de marzo de 2017 de un encierro ilegal en el que estuvieron a punto de perder la vida, podrían enfrentar una pena máxima de hasta 152 años de cárcel.

Sandoval acusa a las 15 niñas de los siguientes delitos:

Asesinato (prisión de 25 a 50 años)
• Lesiones leves (de seis meses a tres años)
• Lesiones graves (de dos a ocho años)
• Lesiones gravísimas (de tres a diez años)
• Inducción al abandono del hogar (de seis meses a dos años)
• Amenazas (de seis meses a tres años)
• Hurto (de 1 a seis años)
• Hurto agravado (de dos a diez años)
• Robo (de tres a doce años)
• Robo agravado (de seis a 15 años)
• Daño (de seis meses a dos años)
• Daño agravado (una tercera parte más de la pena por daño)
• Incendio (de dos a ocho años)
• Incendio agravado (de cuatro a doce años)
• Atentado (de uno a tres años)
• Desobediencia (de uno a tres años)
• Desorden público (de seis meses a un año)
• Instigación a delinquir (de uno a cuatro años)
• Muchedumbre (no lleva aparejada una pena).

Con esta denuncia se pretende tergiversar los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017 cuando las 56 niñas fueron maltratadas, encerradas y custodiadas de manera ilegal y las dejaron morir quemadas y asfixiadas en el aula donde se originó el incendio después de que no las dejaran ir al baño y cuyo candado, según el MP, no se abrió por parte de la subinspectora de la PNC, Lucinda Marroquín, hasta pasados nueve minutos del inicio de las llamas.

Sandoval hace responsables a las propias jóvenes de la muerte de sus 41 compañeras obviando en todo momento que ellas estaban encerradas contra su voluntad y que sufrieron malos tratos por parte de los agentes de la PNC que las custodiaron durante horas en el portón del Hogar Seguro después de que intentaran huir de los abusos sexuales y vejaciones que sufrían en ese hogar de protección y abrigo de la SBS.

Detalles de la denuncia

Nómada ha tenido acceso a la denuncia en la que el licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales expone que tuvo conocimiento de que el 7 y 8 de marzo de 2017 ocurrieron “actos ilegales” dentro del Hogar Seguro:

“El acto inicial fue un desorden violento que había sido planificado con anterioridad” por parte de una de las 15 niñas sobrevivientes de la que cita su nombre.

“Derivado de dicho desorden provocaron daños a las instalaciones, daños a muebles públicos y privados, hurtos, robos, amenazas y lesiones”, prosigue.

En el relato de Sandoval, asegura que la PNC localiza a las menores y las reconcentra en un dormitorio provisional. En ese lugar, “la persona líder planifica y en acuerdo y apoyo de las demás personas denunciadas procede a prenderle fuego de forma perversa y premeditada a las colchonetas con el fin de eliminar físicamente a algunas de sus compañeras teniendo como resultado del incendio a 41 personas fallecidas y 15 lesionadas incluyendo a la líder”.

Sandoval cuestiona que las niñas no hayan sido procesadas por el intento de fuga “violenta” del Hogar Seguro. Su argumento es que “toda persona está sujeta a la ley y jamás es superior a ella”.

Para apoyar su argumentación, Ludwig Jacob Sandoval Jerez presenta diez medios de prueba; tres que pudieron conseguirse de algún sujeto procesal del caso y él no está apersonado.

El primer medio de prueba es una copia simple de todo el expediente de la Fiscalía de Femicidio con el cual se pretende probar la participación de las 12 personas sindicadas. Otro documento que presenta es un oficio fechado el 22 de abril de 2019 por parte de la Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia en el cual se brinda información al encargado de Seguridad, Augusto Ramírez, en relación al reglamento interno del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

El denunciante tiene acceso a este informe, el mismo que incluye documentos secuestrados por el MP y que no fueron devueltos al equipo de seguridad del Hogar Seguro.

Otro de los documentos confidenciales a los que ha tenido acceso y que ha presentado como prueba es el informe circunstanciado que el 10 de marzo de 2017 envió la Supervisora del área Mi Hogar, Ofelia María Pérez Campos, a la jefa del Departamento de Protección Especial Contra el Maltrato en todas sus formas, Brenda Chamán, ambas sindicadas en el Caso Hogar Seguro.

En este informe, Pérez Campos detalla lo sucedido el 7 y 8 de marzo y señala que las adolescentes “agredieron a los educadores, destruyeron el área de psicología, computadoras e impresoras” y llega a calificar de “relajo de muerte” el hecho de que las jóvenes se rebelaran y trataran de huir del Hogar Seguro. Una vez encerradas en el aula, la Supervisora de Mi Hogar indica que dos de las adolescentes de las cuales da el nombre “cargaba un encendedor o un fósforo diciendo si me voy a morir yo que se mueran todas”, si bien no especifica cuál de ellas dijo esto, ni quién de las dos incendió las colchonetas.

Pese a ello, en su denuncia, Sandoval da sin pruebas el nombre de una de las niñas a la que acusa de ser “la líder de los disturbios violentos que se realizaron el 7 y 8 de marzo en el Hogar Seguro y es la autora material” de los citados 19 delitos, de los que también acusa a las otras 14 sobrevivientes.

Como medios de prueba, también pide que el MP interrogue a las y los adolescentes de las áreas Mi Hogar y San Gabriel; a los agentes de la PNC, a los educadores, empleados o monitores de seguridad y a los profesionales de psicología que estaban el 7 y 8 de marzo y a quienes “les consta los actos vandálicos y delictivos de los cuales fueron víctimas por parte de las internas e internos del Hogar Seguro”.

Por último, Sandoval pide que esta investigación se asigne a la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, “tomando en cuenta la incompatibilidad y la parcialidad de los fiscales de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio”.

Ludwig Jacob Sandoval Jerez no se conformó con denunciar a las 15 sobrevivientes, también incluyó en una segunda denuncia a los tres fiscales de Femicidio que han llevado el caso: Edgar Oswaldo Gómez, Marlon Orlando Ordóñez y Cristian René Ramos, a quienes acusa de los delitos de abuso de autoridad (de tres a seis años de prisión), obstaculización a la acción penal (de tres a seis años), retardo de justicia (de dos a cuatro años) y denegación de justicia (de tres a ocho años). En este caso, la denuncia está siendo tramitada por la Fiscalía de Asuntos Internos.

¿Quién es el denunciante?

Ludwig Jacob Sandoval Jerez figura como contratado en dos ocasiones en la SVET en su calidad de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales: la primera, entre el 1 y el 31 de julio de 2016 y la segunda, entre el 1 y el 31 de agosto de ese mismo año en el renglón 029 de Personal por Contrato.

Concretamente, esta persona estuvo encargada de brindar asesoría en procesos de selección y contratación de personal en la SVET; coordinar procesos para el desarrollo del personal y apoyar a la Dirección Administrativa.

—Él trabajó aquí, pero tiene su libre albedrío, señalaron desde el Departamento de Comunicación de SVET refiriéndose a Ludwig, quien deberá acudir de nuevo al MP para ratificar las denuncias cuando lo citen en la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y en la Fiscalía de Asuntos Internos. Concretamente, ambas denuncias se presentaron por escrito en la Oficina de Atención Permanente del MP, que tras analizarlas, las envió a las respectivas fiscalías.

Por otra parte, según la Unidad de Información Pública, a 31 de julio de 2019, a 31 de agosto y a 30 de septiembre de este mismo año, Ludwig Jacob Sandoval Jerez figura como contratado en la Dirección General de las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes. Así, está asignado a los servicios técnicos del Teatro Nacional.

Trabaja, por tanto, en  el mismo Ministerio que fue el encargado de retirar el pasado 12 de septiembre las 41 cruces de hierro del altar en la Plaza de la Constitución que rinden homenaje a las 41 niñas que fallecieron en el incendio. El ministro Elder Súchite Vargas dijo que la plaza “no es un cementerio”. Días después, familiares y asociaciones de mujeres volvieron a instalar unas cruces de madera que se mantienen hasta hoy.

Acción del Refugio de la Niñez

La abogada del Refugio de la Niñez, María Fernanda Sandoval, presentó este lunes una denuncia contra Ludwig Jacob Alvarado Jerez por haber denunciado “de forma infundada y revictimizante a las 15 sobrevivientes”.

Concretamente, la abogada considera que esta denuncia “claramente espuria atenta contra el honor y la dignidad de las adolescentes quienes fueron y han sido víctimas de la desatención del Estado pretendiendo criminalizarlas y provoca que vuelvan a ser expuestas ante los medios de comunicación acrecentando su vulneración emocional,  psicológica y socio cultural”.

El Refugio de la Niñez estima que esta denuncia “podría coaccionar su participación en los procesos penales que se siguen contra los responsables”.

Leonel Dubón, director de El Refugio de la Niñez, confirmó que denunciaron a Ludwin Jacob Sandoval Jerez, quien denunció a las 15 sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro. La denuncia a Sandoval fue por los delitos de calumnia e injuria, acusación y denuncia falsa. pic.twitter.com/alTQREBEdN

— Diario La Hora (@lahoragt) October 28, 2019

De este modo, en la denuncia de la entidad dirigida por Leonel Dubón, a la que ha tenido acceso Nómada, se acusa a Sandoval de haber cometido los delitos de maltrato contra personas menores de edad (de dos a cinco años de prisión), así como calumnias e injurias (de dos a cinco años) contra las 15 niñas sobrevivientes.

Asimismo, le acusa de “haber atentado contra la Administración de Justicia cometiendo el delito de acusación y denuncia falsas”, que lleva acarreada una pena de prisión de uno a seis años.

“No he presentado ninguna denuncia”

Tras hacerse pública la denuncia y mes y medio después de que la presentara, Ludwig Jacob Sandoval Jerez acudió el pasado 25 de octubre a la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal para manifestar que no ha presentado denuncia contra las niñas sobrevivientes del Hogar Seguro.

Nómada ha tenido acceso a su declaración en la que dijo:

—Me extraña que se haya usado mi nombre para interponer dicha denuncia en virtud de que no tengo interés alguno de afectar o beneficiar a nadie, por lo cual quiero dejar bien claro que yo no he interpuesto denuncia alguna contra las niñas y desconozco quién pudo haber realizado la firma que calza en la denuncia presentada, ni conozco al abogado Bayron Franco Alvarado que auxilió esa denuncia.

Precisamente, en la denuncia, aparece la firma de Bayron Franco Alvarado, mientras que su sello de abogado y notario está en cada una de las páginas e incluso dos veces en la última de ellas. Mientras, Ludwig Jacob Sandoval Jerez únicamente la firma al final del documento.

Ante esta situación, fuentes jurídicas consultadas explican que si finalmente se demuestra que él sí firmó la denuncia después de haberlo negado ante el MP podría ser acusado del delito de falsedad ideológica (de dos a seis años de prisión). Por su parte, si tras realizarse un cotejo grafológico se demuestra que efectivamente su firma fue falsificada, Bayron Franco Alvarado podría ser acusado de falsedad material (de dos a seis años de prisión) y falsedad ideológica, porque lo que expone en la denuncia no es cierto.

Ven coacción contra las sobrevivientes

Para Paula Barrios, coordinadora general de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), que representa a las familias de tres niñas fallecidas, se trata de una denuncia “espuria”, que, a su juicio, pretende “coaccionar a las niñas sobrevivientes” ante la posibilidad de que declaren próximamente en anticipo de prueba en el proceso judicial que se sigue contra 12 personas sindicadas, entre funcionarios públicos de la SBS, PDH, PGN, OJ y policías.

—Es una vergüenza para el país una denuncia de este tipo y el MP no solo debe desestimarla inmediatamente, sino que debe investigar cuáles son las razones reales de estas personas y quiénes están vinculados con los denunciantes, resaltó Barrios.

La entrevistada añade que:

—Están obstaculizando la averiguación de la verdad y el acceso a la justicia de estas niñas, que suficiente han vivido y que enfrentan las secuelas del incendio sin ningún tipo de apoyo para su salud física y mental.

Para MTM llama la atención que la denuncia se presente dos años después de la tragedia y justo en el momento en el que se está a las puertas de un debate oral y público contra el exsecretario de la SBS Carlos Rodas, la exsubsecretaria de Acogimiento a la Niñez y Adolescencia, Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres, todos ellos en prisión preventiva.

Para Barrios, el intento de criminalizar a las sobrevivientes es una “acción del Estado para reprimir y garantizar impunidad en este caso”, que lleva dos años y siete meses entrampado en los juzgados, debido a diferentes acciones que han dilatado el proceso.

El pasado 22 de octubre, el abogado de Anahí Keller recusó al juez suplente del Tribunal Séptimo, Mario Orlando Solórzano, al considerar que ha externado opinión, lo que ha vuelto a dilatar ‘sine die’ el inicio del primer juicio.

La Coordinadora General de MTM señala que estas denuncias podrían ser una estrategia del Ejecutivo para eximir su responsabilidad en la muerte de las 41 niñas y las heridas graves a otras 15 y tratar de sacar de la Justicia a Anahí Keller.

—Todos sabemos que el presidente Jimmy Morales tiene un interés particular en ella, argumentó Barrios

—Es una estrategia totalmente indigna y burda, porque cómo vamos a pensar que ahora las únicas responsables de los hechos son las niñas a quienes sindican delitos graves, de los cuales ninguno está siendo imputado a los funcionarios. Desde el momento en el que las niñas estaban en un sistema de protección bajo el resguardo del Estado son ellos los que deben entregar cuentas y someterse a la justicia, añadió.

Paula Barrios reconoce que está siendo un reto muy grande para el país juzgar a sus propios funcionarios.

—Debemos aprender de este caso y tomar medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir y las personas responsables tengan la sanción que les corresponde. Las niñas son víctimas y jamás van a ser las responsables de las actitudes y decisiones que tomaron los funcionarios, dijo

Mientras la Fiscalía de Niñez y Adolescencia decide si tramita o no la denuncia contra las sobrevivientes, éstas continúan con su recuperación, después de que lo vivido el 7 y 8 de marzo de 2017 les causara angustia, miedo a un futuro desolador, tristeza, frustración, alteraciones de ánimo y pensamientos de muerte, compatibles con un estrés postraumático, tal como detalló el pasado miércoles el fiscal de Femicidio, Edgar Gómez, en la Audiencia de Primera Declaración contra cuatro de los sindicados, que se retomará el 4 y 5 de diciembre.

Última audiencia

Este lunes se celebró la Audiencia de Ofrecimiento de Pruebas, que continuará el próximo 6 de diciembre. Previamente, la subinspectora de la PNC Lucinda Marroquín y el subcomisario Luis Armando Pérez Borja pidieron ser excarcelados tras permanecer en prisión desde el 12 de junio de 2017, si bien el juez del Juzgado Cuarto, Pedro Rodolfo Laynez, lo rechazó al considerar que existe peligro para la obstaculización a la averiguación a la verdad. Así, el juez estimó que existe una “grave sospecha” de que Marroquín y Pérez Borja puedan “influir” a testigos y peritos para que declaren de manera “desleal y reticente” en el juicio oral y público.

El fiscal Edgar Gómez reveló que cuatro testigos del caso, que son mujeres policías, declararon ante el MP que Pérez Borja las coaccionó para no declarar en contra de Lucinda Marroquín:

—No saben con quién se están metiendo, las amenazó.

Reveló que la propia Marroquín ha sido denunciada por una querellante por coacciones e intimidaciones vertidas el pasado 23 de julio.

—Una persona del Sistema Penitenciario le había referido amenazas proferidas por Lucinda, según relató el fiscal.

Tras finalizar la audiencia y conocer que continuaría en la prisión de Mariscal Zavala, la subinspectora de la PNC se fundió llorando en un abrazo con un familiar.