En 2017 se formó una alianza entre el OJ, la CICIG, la cooperación técnica alemana (GIZ) y las universidades URL y USAC. La llamaron Observatorio judicial y analizaron el sistema de justicia penal en Guatemala. El proyecto pretende darle seguimiento a todas las etapas del proceso penal para identificar las necesidades y posibles nudos en el sistema.
Este es el primer informe del proyecto financiado por el Gobierno de Alemania y se espera que en 2020 se haga la entrega de la segunda fase, que volverá a medir los mismos indicadores para analizar los avances y las medidas que se tomen ante los problemas presentados en esta ocasión.
El comisionado Iván Velásquez envió un mensaje a las personas que participaron en esta primera fase y destacó la importancia de la participación ciudadana en el camino hacia una cultura de legalidad.
—La presencia ciudadana va a contribuir a la consolidación de un Estado de Derecho democrático que tenga en su objetivo fundamental el bienestar general de la población—, dijo en su intervención el comisionado Velásquez.
Según la CICIG, este proyecto se presenta como un mecanismo sostenible de auditoría ciudadana para apoyar el Organismo Judicial y contribuir con el fortalecimiento del Estado de Derecho con la participación de la sociedad civil.
En el informe se presenta el análisis de seis tipos de delitos, 186 impugnaciones y 15 sentencias de la CC en una muestra de 553 expedientes de los 2 mil 797 comprendidos en el período del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2015.
Los delitos que se tomaron en consideración fueron todos los que violaban las leyes: contra la delincuencia organizada y delito de asesinato, de armas y municiones, contra la corrupción, contra el lavado de dinero y otros activos, contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y contra la violencia sexual, explotación y trata de personas.
Primer informe de hallazgos del #ObservatorioJudicial: Duración global del proceso en el Sistema de Justicia Penal. pic.twitter.com/HZeMSH7gvG
— CICIG Guatemala (@CICIGgt) November 20, 2018
Sentencias con errores y penas estándar
En cada uno de los expedientes se analizaron las distintas etapas procesales: el procedimiento preparatorio, la etapa intermedia, el debate, la sentencia y las impugnaciones. Y entre las conclusiones a las que llegaron, llama la atención que el promedio de días que necesita el sistema judicial para resolver un expediente es de 918 días, o sea más 2 años y medio.
El porcentaje de audiencias suspendidas alcanza el 32%. Y que es en la etapa intermedia en la que más se repite esta situación, en la que solo se celebra el 49% de las citaciones que se agendan.
—La alta tasa de suspensión genera retraso, lo que implica que la justicia no es pronta y esto viola instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto de atacar la etapa intermedia ha ocurrido sobre todo del 2015 hacia acá, y es peculiar que todos afrontan la primera declaración y aunque estén en prisión preventiva hacen eterna la etapa intermedia. Lo que quieren eludir es el juicio oral y la presentación de pruebas porque saben que si llegan a juicio, saldrán condenados—, dice Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia.
Dentro de las sentencias evaluadas se encontraron con que existe un formato preestablecido para sentenciar, que hay errores en los textos, una redacción de difícil comprensión y califican de débil a valoración de las pruebas. Y en las penas impuestas, muestran su preocupación porque no se valora el grado de culpabilidad del sujeto a la hora de condenar. Así como tampoco se observa el daño, cuán afectada está la víctima ni el móvil del delito.
—Lo que se apreció en los hallazgos con el Observtorio es que no existe un ejercicio mental del juez para individualizar la pena, y se aplica la pena sin considerar otros aspectos del delito—, explicó Mónica Leonardo, consultora de GIZ.
Uno de los aspectos que la CICIG resalta constantemente y que se incluye dentro de este informe es la falta de reparación digna en las resoluciones de los procesos penales. Según este informe solo 14% de las víctimas recibió un reparación integral.
—Hasta ahora no ha habido una valoración adecuada de la reparación, de "cómo estoy" es parte de la justicia, parece un concepto poco asimilado que usualmente se vincula con el pago de dinero a las víctimas del conflicto armado—, explica Ibarra.
De los expedientes de impugnaciones y apelaciones analizados, se concluyó que no se respetan los plazos legales establecidos para responder a estos recursos. Una apelación especial podría llegar a tomar hasta 262 días, que son 201 más que los 60 que manda la ley. Para las apelaciones genéricas el panorama es el mismo, con un promedio de espera de 91 días para recibir una respuesta, lo que supera por 88 los 3 días legalmente establecidos.
Recomendaciones del Observatorio
Algunas de las recomendaciones del Observatorio judicial son innovar con tecnologías de la información y comunicación, mejorar la coordinación interinstitucional, capacitar y brindar servicio profesional de carrera y reconocer a los órganos de la carrera judicial y sus funciones. También se recomendaron reformas a las leyes que castigan los delitos analizados en el informe, monitoreo y evaluación de la operación del sistema de justicia, y una reorganización institucional que destine recursos humanos y financieros conforme a los modelos de gestión.
El informe incluye un espacio en el que se analizó el abuso de recursos legales dentro del proceso penal. Según el Observatorio judicial el objetivo de los amparos presentados por los abogados defensores es retrasar el proceso, obstruir investigaciones y eludir la acción de la justicia.
Para evitar esto, el Observatorio judicial considera necesarias reformas a la ley de amparo, según explica Mónica Leonardo, consultora de GIZ, para poder filtrar el litigio malicioso o no procedente y aliviar la carga del tribunal de amparo.
—Se necesita una reforma para que los tribunales de amparo puedan rechazar los recursos improcedentes, para que los amparos solo puedan recaer sobre las resoluciones definitivas y para que se habiliten salas que conozcan únicamente casos de ampara y ayuden a reducir la carga y agilizar los procesos—, explica Leonardo.
—El litigio malicioso es parte del patrón de impunidad que está compuesto por corrupción, violencia específica, problemas estructurales y prácticas políticas de presión. Es la desnaturalización de las garantías constitucionales y los factores del debido proceso, es la anulación de los pilares del estado de derecho. Está asociado a la ética profesional o a la falta de ética profesional—, opina Carmen Aída Ibarra del Movimiento Projusticia.
Roberto Molina /
El fantasma del genocidio detrás de Zury Ríos
En la soledad ha de ser difícil, para Zury, cargar con las aterradoras evidencias que muestran los delitos que su padre cometió.
— Irmalicia Velásquez Nimatuj
Zury Maité Ríos Sosa fue nuevamente proclamada como candidata a la presidencia en un hotel capitalino. Vestida de blanco, intentó vender una imagen de pureza que borre las atrocidades que ha heredado de su padre, quien fue condenado por genocidio y delitos de lesa humanidad contra el Pueblo Ixil, en mayo de 2013, de su hermano Enrique por desfalco millonario al Ministerio de la Defensa y de su sobrino Juan Carlos, condenado por racismo contra Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, cuando fue atacada bestialmente en la Corte de Constitucionalidad en 2003.
Por eso, a Zury no le fue suficiente vestirse de blanco, además, acarreó, como estampa de la Colonia a ixiles, como lo hizo el CACIF en mayo de 2013, cuando en conferencia obligó a la Corte de Constitucionalidad a que anulara el juicio contra Ríos Montt. Allí también necesitaron ixiles –a quienes pusieron por estrategia– detrás de la cúpula del CACIF.
En la soledad ha de ser difícil, para Zury, cargar con las aterradoras evidencias que muestran los delitos que su padre cometió y que están documentadas para la memoria y la historia universal, por eso, recurrió a que le pusieran un huipil, un corte y que una faja, alrededor de su cintura, sostuviera las prendas, como queriendo fijar la escena para gritarle al mundo que los descendientes de los ixiles, que su padre eliminó, son sus amigos.
Escena ofensiva que materializa las desiguales relaciones de poder que existen entre el pueblo ladino y los pueblos indígenas. Imagen grotesca que muestra que vestirse de “indita” es parte de “las alegres elecciones”.
Al igual, la nominación vicepresidencial de Roberto Molina Barreto es su pago, porque junto con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad Alejandro Maldonado Aguirre y Héctor Pérez Aguilera –cual servidores del CACIF– anularon la sentencia contra Ríos Montt por forma, no por fondo. Este es su premio por sus servicios.
Finalmente, es trágico observar, cómo algunos ixiles han internalizado la colonización, por eso, se sienten inferiores y actúan serviles, se humillan ante el CACIF, ante Zury y ante otros que los usan momentáneamente y cuando ya no los necesitan, ni de sirvientes los dejan.