Un sentenciado por imprudencia, una multa de Q51 millones, la UVG exonerada, pero el crimen de los estudiantes continúa sin resolverse

Lo único certero en el juicio fue que el 31 de marzo de 2012, a las 18:30 horas, tres estudiantes de la UVG salieron de un campamento dentro de las instalaciones de la minera CGN en El Estor, Izabal, para monitorear cocodrilos en una lancha en la que también se conducía Lemuel Valle, un biólogo que trabajaba para la Mina.

Esa noche pasaron por un puesto de control de la empresa y llegaron a un muelle frente al Lago de Izabal, donde según la agenda debían abordar una lancha para hacer un recorrido por un canal artificial de la Mina, donde harían la observación de reptiles.

Solo Lemuel Valle sabe lo que sucedió entre las 18:30 y las 23:00 horas. Su versión, incluidas sus declaraciones contradictorias, fue la base con la que el Ministerio Público armó el caso.

Pero las piezas no cuadran en el rompecabezas.

Lemuel Valle, biólogo que acompañaba a los tres estudiantes el día de la tragedia, escucha la sentencia. Foto: Carlos Sebastián

1. Las evidencias de violencia fueron ignoradas

En siete años, Lemuel Valle dijo que Juan Carlos, Ángel y Nahomy utilizaron chaleco salvavidas; que murieron porque de forma repentina la lancha volcó y todos cayeron al agua; que él sobrevivió, aún sin salvavidas, porque no ingirió bebidas alcohólicas y porque estaba en buena condición física. En los siete años que ha durado el caso, los padres de los jóvenes, sus abogados y el Ministerio Público han señalado contradicciones en su relato.

– Los guardias anotaron los nombres de las personas y proveyeron chalecos salvavidas a cada uno de los estudiantes. No había más que tres chalecos salvavidas en el muelle, por lo que no me proveyeron de chaleco a mí, dijo Lemuel Valle en una de sus primeras declaraciones ante fiscales.

En el juicio que se desarrolló en el Tribunal de Puerto Barrios durante cuatro meses, ese fue uno de los puntos más cuestionados, porque en un accidente en el agua, llevar puestos los chalecos salvavidas puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y los cuerpos de los tres estudiantes no tenían puestos los chalecos.

Hubo un momento de tensión en esa noche de la muerte de los tres. Entre las 20:30 y las 21:00 horas, Juan Carlos llamó a su papá y le dijo que todo estaba bien y le mencionó que traía puesto un chaleco. Pero después hizo otras 17 llamadas a sus compañeros, sin que nadie le contestara. Su padre cuestiona en qué condiciones le llamó, si estaba coaccionado mientras hablaban.

Cuando describió los chalecos, Lemuel Valle dijo que Juan Carlos y Ángel utilizaron uno de color anaranjado y Nahomy uno de color azul. Cuando los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados en el agua, no los tenían puestos. Tras los hechos, la mina dijo que “encontró” los chalecos y le entregó al Ministerio Público tres de color naranja.

Los cuerpos de Juan Carlos y Ángel tenían señales de golpes en las cabezas y aparecieron en el fondo del lago. El de Nahomy, el primero en ser localizado, tenía tres moretones menores en las piernas, y apareció flotando.

Luego de escuchar a más de 30 testigos, peritos, expertos, forenses, ex estudiantes y trabajadores de la mina, el juez Jesús Felicito Mazariegos condenó a Lemuel Valle a 5 años de cárcel conmutables porque se probó que los jóvenes nunca portaron esos chalecos salvavidas y quedó en evidencia que Lemuel Valle había mentido. El biólogo, que durante todo el proceso no pisó la cárcel, podrá evitar la prisión si paga, cuando la sentencia quede en firme, Q27,375 (US$3,555).

Para el juez también quedó probado que Lemuel Valle mintió en otro aspecto.

En sus declaraciones dijo que la lancha volcó porque Nahomy se levantó de forma repentina y desestabilizó la embarcación, pero el juez Mazariegos dijo que el cambio del oleaje en la salida del canal artificial de agua que conecta a la mina con el Lago de Izabal fue el que provocó que todos cayeran al agua. En el juicio testificaron trabajadores de la mina que contaron que la corriente de agua entre el canal y el lago cambia, incluso aseguraron que la noche de los hechos habían “olas de dos metros de altura” y que eso complicó las labores de búsqueda. Para los abogados querellantes, los que representaron a las familias, esa versión de los trabajadores de la mina y del biólogo era mentira porque un experto de la Base Naval del Atlántico declaró en el juicio que según sus registros, el oleaje de esa noche era de tipo 1, es decir el agua estaba “tranquilo”, algo que incluso Lemuel Valle reconoció en un momento del juicio.

La acusación del MP y la sentencia del juez Mazariegos ignoraron la evidencia científica sobre los golpes detectados en los cuerpos de los tres jóvenes: dos chinchones similares en las frentes de Ángel y Juan Carlos, y tres moretones en las piernas de Nahomy.

Julio Iriarte, el forense que realizó la necropsia de los dos hombres, dijo que los golpes eran “hematomas de cuatro centímetros de ancho por ocho centímetros de alto. Que se necesita una carga cinética considerable para producir una lesión de ese tipo, y que el choque tenía características de brutalidad que podía afectar la función cerebral, causándoles falta de consciencia a las víctimas”. Eso significa que hay indicios de que Ángel y Juan Carlos recibieron un golpe en la cabeza.

Pese a esos hallazgos, el MP no los mencionó en sus alegatos finales, ni el juez hizo una mención de ellos cuando dio a conocer las conclusiones de sentencia, en una audiencia realizada en el Tribunal de Puerto Barrios el pasado 12 de junio. El juicio finalizó sin que entre los testigos y pruebas aportadas se encontrara una explicación.

El MP nunca acusó a Lemuel Valle de asesinato o de ser cómplice de un asesinato. Y el juez tampoco lo exigió ni lo incluyó en su sentencia. La conclusión fue que no hubo intención criminal de su parte.

2. La manipulación de la escena del crimen

Días después de la desaparición y muerte de Juan Carlos, Nahomy y Ángel, trabajadores de la mina encontraron algunas de sus pertenencias y se las entregaron al Ministerio Público. Entre ellas estaban tres chalecos anaranjados y una botella de vino, que supuestamente eran de los estudiantes.

Sus compañeros que declararon en el juicio mencionaron que en una salida al muelle de El Estor, Juan Carlos tomó una cerveza. Nadie mencionó una botella de vino.

–¿Quién a sus 20 años puede costear una botella de vino?, preguntó al salir de una audiencia María Chavarría, exnovia de Ángel, quién fue entrevistada por Nómada

La botella de vino le servía a la minera CGN para responsabilizar de la tragedia a los estudiantes, porque supuestamente consumieron alcohol. La realidad es que esa botella le sirvió al MP y a los abogados de las familias para probar que la compañía niquelera alteró la escena del crimen.

– (Eso provoca) mucha sospecha. Buscando a los estudiantes esa noche había más de 17 muchachos y personal de la mina. ¿Por qué no aparecieron esas esos elementos (a botella y los chalecos) esa noche?, cuestionó Jair González, el abogado de las familias.

Esa noche, sus compañeros y amigos no encontraron nada más que la lancha volteada a la orilla del Lago de Izabal.

El fiscal Jorge García señaló a la mina de implantar pruebas.

El Ministerio Público señaló que la CGN –pese a contar con más de mil protocolos de seguridad, según declaró su presidente, el ruso Dimitri Kurdyakov– no verificó si los universitarios recibieron los chalecos, si la lancha estaba en buenas condiciones o si tenía alguna rajadura, y recriminó que la embarcación ni siquiera estaba inscrita en la Marina, como manda la ley, pues toda embarcación que toca el agua tiene que ser registrada para navegar de forma legal.

El abogado defensor de la mina trató de evitar que la empresa no fuera declarada responsable del hecho con acusaciones contra los jóvenes.

– Estaban en un estado de euforia, de alegría, dijo Mynor Alvarado, abogado de la CGN en sus alegatos finales.

Según la mina, la emoción de los estudiantes por realizar monitoreos ambientales hizo que se emborracharan y afectó sus habilidades de natación.

Durante el juicio la empresa insistió en que los jóvenes estaban alcoholizados. Pero según declaraciones de médicos forenses no puede precisarse si el etanol detectado en el cuerpo de Ángel y Juan Carlos equivale al consumo de alcohol, pues el cuerpo por sí solo produce ese químico cuando inicia el proceso de putrefacción y ellos estuvieron sumergidos en el Lago de Izabal durante más de 15 horas, lo que aceleró la descomposición.

– Es un hecho probado que los hombres (Juan Carlos y Ángel) ingerían bebidas alcohol ocasionalmente y que había etanol en su sangre, dijo el defensor de la mina en la audiencia.

Para explicar por qué no había etanol en el cuerpo de Nahomy, el abogado sacó esta conclusión sorprendente:

– Existe un examen realizado a la señorita Nahomy en el que la perito hace constar que ella se encontraba con una toalla íntima (sanitaria), lo cual hace presumir que ella estaba en el período de menstruación y por eso no tomó.

El juez Mazariegos sentenció que la Compañía Guatemalteca de Níquel debe responder como responsable civil por los hechos que llevaron a tres estudiantes a la muerte. Eso implica el pago de una indemnización económica a las familias por los daños causados, que asciende a Q51.8 millones, que deberá cancelar en conjunto con Lemuel Valle La mina puede apelar ese fallo.

El juez Felicito Mazariegos hace lectura de la sentencia en el tribunal de Izabal.

3. Cómo la UVG se libró de responsabilidad

Los padres y madres de Nahomy, Juan Carlos y Ángel demandaron a la Universidad del Valle como terceros civilmente responsables para que la casa de estudios responda legalmente sobre sus acciones y omisiones en los hechos que llevaron a la tragedia.

Para las familias, la UVG tiene responsabilidad porque sus hijos viajaron a El Estor, a la mina CGN para participar en una actividad para su carrera de Biología, también porque no verificó que las condiciones en que se realizaría el conteo de cocodrilos era seguro ni monitoreó el desarrollo de la actividad.

El juez Felicito Mazariegos eximió la Universidad del Valle de toda responsabilidad civil sobre la muerte de tres de sus estudiantes porque según él no se cumplió con lo que establece el Código Procesal Penal. La ley dice que para que haya una condena de este tipo debe existir una relación laboral directa entre la empresa y el acusado.

Luis Pedro Martínez, abogado de la UVG, centró su defensa en ese punto. Aseguró que entre la casa de estudios y el instructor Lemuel Valle no hay ningún vínculo laboral o jurídico, que las muertes no ocurrieron en las instalaciones de la casa de estudios y que, por lo tanto no se le puede atribuir responsabilidad ni ser condenada civilmente.

El juez le dio la razón, no hay un lazo jurídico.

No obstante, las familias y el MP querían que se incluyera en el juicio que los estudiantes no fueron a la actividad por voluntad propia, sino porque era una parte indispensable de la carrera de biología de la UVG. Y ahora buscan procesar al profesor de la UVG encargado de la actividad, Arnoldo Font Nájera. Y entonces la UVG podría tener que responder sobre su relación laboral.

Font está citado a rendir primera declaración en el juzgado de Zacapa pero no se ha presentado porque se encuentra becado en Polonia, estudiando un Doctorado en Ecología.

Para los abogados de los padres y madres de Juan Carlos y Ángel y la madre de Nahomy, quedó demostrado que sus hijos no viajaron 300 kilómetros desde la Ciudad de Guatemala a Izabal por mera voluntad propia. Recorrieron esa distancia para participar en una actividad obligatoria de la Universidad del Valle, que tenía una ponderación académica para la carrera de Biología.

– Los estudiantes confiaban en la Universidad del Valle, en las instalaciones de la CGN y en Lemuel Valle al momento de realizar esta actividad. Él (Lemuel Valle) era quien conocía la actividad y el lugar. ¿En las manos de quién quedaba la verificación de estos elementos?, dijo Jair González, abogado de las familias en sus alegatos finales.

Las familias reclaman que Font-Nájera, representante de la Universidad, no hizo ni una llamada para monitorear que Juan Carlos, Ángel y Nahomy estuvieran bien.

– Se dejó en manos de una persona inexperta (Lemuel Valle) el desarrollo de una actividad delicada para tres estudiantes que trágicamente murieron (...) ¿Dónde está la seguridad y la confianza que los estudiantes pusieron en su casa de estudios para desarrollar esa actividad? No la hubo porque el catedrático no se encontraba allí, enfatizó el abogado González en sus conclusiones.

Luis Pedro Martínez, abogado de la Universidad, rebatió ese argumento diciendo que todos los jóvenes eran mayores de edad y que tuvieron la oportunidad de decidir si asistían o no a los monitoreos en la mina.

– La Universidad realizó todos los esfuerzos necesarios y en su poder para que los estudiantes realizaran prácticas en instalaciones seguras. Los estudiantes podían haberse encargado de buscar su hospedaje y buscar su propia embarcación, pero el esfuerzo de la casa de estudios fue facilitar el acceso a un lugar con instalaciones seguras y condiciones biológicas adecuadas, dijo.

En la última audiencia, antes de la sentencia, el abogado de la Universidad del Valle dijo que no asumiría el costo económico de una indemnización si eran responsabilizados civilmente. Luis Pedro Martínez, abogado de la casa de estudios, dijo que si eran declarados responsables, el dinero saldría de los fondos utilizados para dar becas a los estudiantes.

– Aquí no se afectarían los bolsillos de los directores y los catedráticos. Los fondos que desaparecerían ante una condena son los utilizados para otorgar becas a miles de estudiantes, dijo Luis Pedro Martínez.

Esa declaración provocó reacciones en redes sociales de ex estudiantes de la Universidad Del Valle que aseguraron que algunas de las becas en realidad son créditos que deben pagar al finalizar su carrera.

4. La reacción de las familias

Las familias pasaron siete años buscando esclarecer el caso y que se condenara a los responsables. Este juicio les dio un poco de justicia, pero no respondió por qué sus hijos murieron.

– Lo que para nosotros significaba lo más fácil de probar no se logró, dijo Mauricio Velásquez, padre de Juan Carlos, sobre el vínculo de la actividad con la Universidad del Valle.

Los afectados están analizando la sentencia para decidir si apelarán la resolución en favor de la Universidad del Valle y aún quieren saber exactamente qué pasó la noche del 31 de marzo de 2012.

Que tanto el MP como el juez ignoraran las evidencias de violencia o que la sentencia solo llegara a condenar al biólogo como homicidio culposo (por imprudencia), dejó inconformes a algunos familiares.

– Estoy enojada y creo que lo voy a seguir estando por el resto de mi vida. Es una sentencia injusta, dijo Edna Marroquín, madre de Juan Carlos.

Desde que su hijo murió, hace siete años, nunca ha dejado de vestir de negro.

Después de más de siete años, los padres y madres de los estudiantes de la UVG escuchan una sentencia en el caso, pero no se resolvió cómo fallecieron sus hijos. Foto: Carlos Sebastián