El delito y las tres contradicciones de la jueza que dejó libres a los jefes del #casoSAT

La resolución de la jueza sorprendió por falta de coherencia en sus argumentos. A continuación, tres contradicciones.

Primera: el delito por resolver “sin evidencias”

Tres días después de emitir la resolución, la jueza Sierra de Stalling amplió en una entrevista los motivos de su decisión. El más fuerte de ellos fue el “clamor popular” que pedía que los implicados fueran ligados a proceso. La jueza dijo que, a pesar de que las pruebas del MP no fueron contundentes, ella tuvo que resolver por sentirse presionada por los medios y la opinión pública. Añadió que, de no resolver como lo hizo, le estarían ahora pidiendo la renuncia.

Los documentos aduaneros, las escuchas telefónicas, los diagramas de la estructura, la división de las operaciones en dos momentos y todo lo demás no fueron evidencia suficiente para ella. Pero aun así resolvió. Muy a su pesar y para salvar su carrera profesional.

En el Código Penal existe un tipo de delito llamado prevaricato culposo. El artículo 463 explica que ocurre cuando un juez, por negligencia o ignorancia inexcusables, dicta resoluciones contrarias a la ley o las funda en hechos falsos. La sanción: multa de Q100 a Q1,000 e inhabilitación especial de uno a dos años.

Si se resuelve sin atender al debido proceso o por otras razones que no sean basadas en las pruebas presentadas por el ente investigador existe el delito de resoluciones violatorias a la constitución. Que el Código Penal sanciona con una multa y prisión máxima de dos años.

Si quería violar la ley para quedar bien con el clamor popular, tampoco parece haberlo logrado. Su decisión de dar medida sustitutiva a los dirigentes fue rechazada por la opinión pública. El MP y la CICIG ya apelaron la resolución.

Segunda: el monto de las fianzas

La jueza puso fianzas por Q200 mil y Q250 mil (entre US$25 mil y US$32 mil). A los jefes capturados, Estuardo González, gerente del diario Siglo 21, y Francisco El teniente Ortiz, con vínculos con la histórica red de defraudación Moreno, les dijo que si pagaban Q200 mil salían ese día libres. Lo pagaron el mismo día.

Mientras que a los vistas de aduanas se les impuso una multa de Q250 mil. José Gil Monterroso y Carlos Ixtuc Cuc (ambos vistas de aduanas en Puerto Quetzal que ocupaban un nivel inferior) tenían como función realizar una verificación falsa de los contenedores, que les permitía realizar cobrar menos impuestos y sobornos. Eran subordinados del Teniente Ortiz.

Si bien es cierto que Gil e Ixtuc fueron imputados por dos delitos (asociación ilícita y defraudación aduanera) fueron también los que menos beneficios obtuvieron de las operaciones ilegales. Según el informe de la CICIG los niveles bajos obtenían alrededor de Q2.5 millones cada quince días, mientras que los mandos altos hasta Q40 millones en ese tiempo.

La jueza afirmó que la fianza se impuso de esta manera porque los delitos de asociación ilícita son de menor impacto social. Aunque el Código Penal los castiga con la misma cantidad de años de prisión.

De igual manera, la cantidad de la fianza, imposible para casi todos los guatemaltecos, fue pagada por todos ese mismo día.

Tercera: beneficia a los jefes y a algunos mandos medios

El Ministerio Público y la CICIG demostraron en su investigación que en la red de defraudación aduanera que llegaba a la cabeza de la SAT y a la oficina de la Vicepresidencia había estructuras bajas, medias y altas. Había estructuras internas en la SAT y había estructuras externas, que incluso decidían quiénes iban a dirigir la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por su capacidad de influencia sobre el presidente Otto Pérez Molina. En este enlace puede encontrarse la presentación de las investigaciones del MP y la CICIG, con base en escuchas telefónicas, videos y fotografías de los acusados.

Al emitir su resolución, la jueza dijo que tomaba en cuenta “los aspectos y condiciones distintas de cada uno de los imputados” y las posibilidades de fuga y obstaculización de las investigaciones.

Según la lógica de la jueza, quienes eran parte externa de la estructura, que continuaron desfalcando las aduanas a pesar del cambio de autoridades de la SAT, no tenían peligro de fuga ni de obstaculizar las investigaciones. Por eso dejó en libertad condicional a Francisco Ortiz Arriaga (Teniente Jerez, con vínculos con la histórica red de defraudación Moreno) y Salvador Estuardo González (Eco, gerente de Siglo 21).

Esto a pesar de que tenían más influencia que los mismos superintendentes de la SAT. Además, tanto Ortiz como González pertenecen a la estructura actual de La Línea. Es decir que fueron ellos los que coordinaron y se beneficiaron de los últimos negocios de la red criminal. En cambio, un integrante más antiguo que pertenecía a la primera etapa de la estructura, Osama Azziz, sí fue enviado a prisión.

¿Por qué no dejar en prisión a los jefes actuales que tienen más contactos, más influencia y más información, pero sí a los anteriores o a los mandos medios?