La pelota del juego político está en la cancha de la Corte de Constitucionalidad (CC). El máximo órgano judicial del país tiene que resolver en los próximos días nueve acciones legales presentadas contra la decisión del presidente de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de prohibir el ingreso del jefe de esa entidad, Iván Velásquez, al país.
Este pulso contra el presidente en la CC ha llevado a Morales a desafiar la autoridad de la Corte, señalando que la ley le permite desacatar “órdenes ilegales”. En las últimas dos conferencias de prensa de Gobierno, el presidente ha hablado de “respetar la Constitución”, pero ha insistido en que las resoluciones que la contradicen son nulas y por ende no tiene por qué obedecerlas.
En esa misma línea discursiva Jimmy Morales se ha puesto a sí mismo como el encargado de definir qué contradice y qué obedece, ignorando las potestades de los magistrados de la CC:
– Es función del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es decir, que la Presidencia es el garante de cumplimiento de este mandato y, basado en el artículo 175 que establece la jerarquía constitucional, que manda que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución, las leyes que violenten o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure (de pleno derecho)–, dijo el viernes pasado en conferencia de prensa, rodeado de un centenar de militares y jefes de la Policía Nacional Civil.
Sin embargo, aunque Jimmy Morales quiera revestir su rebeldía con un matiz legal, el secretario de la CC, Martín Guzmán, aclaró ayer que no hay ninguna ley que respalde las declaraciones del presidente:
– Como profesional del derecho yo creo que es facultad de la Corte generar la defensa del orden constitucional. Yo no he visto ninguna norma que dé la facultad de desacatar una orden de la Corte, porque precisamente hay una normativa que hace mención de la obligación de los funcionarios públicos y de aquellos que se vean involucrados en una resolución de la Corte a acatar la orden–, explicó ayer a periodistas.
Guzmán dijo que desobedecer una orden de la CC conlleva responsabilidades penales, civiles y, en algunos casos, incluso la destitución. El secretario recordó que en el 2010 la Corte ordenó a Álvaro Colom remover de su cargo al ministro de educación, Bienvenido Argueta, por no acatar una orden de ese organismo.
Aunque en el caso de funcionarios electos popularmente hay un procedimiento distinto que los magistrados deben definir.
La CC todavía no resuelve las tres acciones legales que piden a los magistrados determinar si el presidente desobedeció una de sus resoluciones al prohibir el ingreso del comisionado Iván Velásquez al país.
Martín Guzmán dijo ayer que se requirieron informes al Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Subdirección de Control Migratorio, el Instituto Guatemalteco de Migración, el Ministerio de Gobernación y el Consejo de Seguridad Nacional. Las autoridades tienen un plazo de 48 horas para explicar la situación migratoria del comisionado Velásquez.
Jorge Luis Donado, Procurador General de la Nación (cargo que equivale a ser el abogado del Estado), repitió el discurso del presidente sobre el respeto a la Constitución, obviando mencionar la autoridad de la Corte. Cuando fue consultado en conferencia de prensa sobre la reacción del Gobierno a una resolución desfavorable para el presidente, dijo:
– Nosotros vamos a respetar la Constitución. Ahora, las resoluciones judiciales tienen posibilidades de ser impugnadas y son esas situaciones las que nosotros tendremos que ––valorar en su momento.
Pero sus declaraciones tampoco son del todo fundamentadas, pues según establece el artículo 69 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, contra las sentencias de la CC no cabe ningún recurso de apelación.
Guillelrmo Maldonado C. /
Las perogrulladas de no estar obligado a acatar las órdenes ilegales, es un boxeo de sombras –lo han instruido para que se anticipe a lo que viene—; también es cierto que por disposición legal tiene que respetar las leyes y la Constitución. En esto último la acción política lo tiene al filo de la navaja, y con la intensión de evadir la ley en contubernio con diputados, haciendo más perversa la ley de antejuicio, hasta han manipulado los sentimientos religiosos, alegando ser defensores de la vida (¡Oh Dios Santo y Verdadero, no permitas que los sepulcros blanqueados falsifiquen tu obra divina!). Los que le elaboran el discurso al Presidente son viejos zorros, plumas de a cualquier precio, ahí tenemos a Acisclo Valladares embajador del actual Gobierno que hoy (11 09 2018) en una entrevista radial, sostuvo “…En Guatemala, cuando se explica es que empresarios aportaron dinero para que los fiscales aseguraran el conteo de los votos, eso no es ilícito. El Presidente nunca recibe nada. Entonces no hay delito, pero se persigue el delito. Ese antejuicio no tiene ni pies ni cabeza…”. Para el taimado abogado, no existe el inter criminis, no importa el ocultamiento del origen del dinero —que a la postre se transformará en “favores políticos” e enriquecimiento ilícito— ante las autoridades electorales que fiscalizan el lavado de dinero o el financiamiento anónimo. Para Valladares no existe el artículo 407N del Código Penal.
Mathor mathor /
Estan ustedes equivocados, la Constitución politica respalda al señor Presidente, la cc está parcializada, y es parte de su agenda izquierdosa, ..que se vaya el.ivan ese!! Además los de la cc. han incurrido en previcariato....ya tendran que rendir cuentas.
Gil Zu /
En Quetzaltenango los Quetzaltecos obligaron a Jimy Morales a retirarse en estampida cuando pretendia inaugurar las Fiestas de Independencia. Alumnos de escuela publicas salierona las calles con mantas que decia " JIMY MORALES NO TE QUEREMOS EN XELAJU. Esta situacion puede contagiar a ciudadanos de toda la nacion para repudiar la presencia de Morales en cualquier lugar. En cuanto a su responsabilidad legal ha cometido DESACATO A LA LEY DE AMPAR0 JUNTO A LA CANCILLER, 0bstruccion a la Justicia y pretender ser JUEZ Y PARTE.