¿Debería Vielmann ser enviado a juicio? Tres argumentos a favor; tres en contra

Este caso es complejo por muchos motivos.

Lo principal son los propios hechos. No se está juzgando delitos que casi toda la sociedad rechaza. Se está juzgando delitos que muchos ciudadanos respaldan: el asesinato o la tortura de secuestradores que además se burlaron de las autoridades fugándose de prisión. Además, todo ocurrió hace mucho, hace 13 años. Desde entonces, han sido asesinados miles de guatemaltecos honestos cuya muerte nunca ha sido esclarecida.

Lo otro es quién está siendo juzgado. Entre los acusados hay un hombre respetado, el exministro Carlos Vielmann, que cuenta con el apoyo de obispos, políticos, medios de comunicación y víctimas de la violencia. Vielmann, además, formó parte del gobierno de Óscar Berger (2004-2008), que contó y cuenta con el respaldo de la élite económica del país.

Otro de los acusados,Stu Velasco, es un policía que no solo ayudó a esclarecer muchos crímenes y es recordado con admiración por familiares de secuestrados, si no que hasta hace solo unos meses era un alto mando policial considerado un aliado en la lucha contra la impunidad. ¿Cómo confiaba CICIG en un hombre al que estaban investigando por participar en dos ejecuciones extrajudiciales? ¿Es posible que un hombre que pudo matar innumerables veces y no lo hizo, sí cometió estos crímenes?

Además, eso sí, está acusado Kamilo Rivera, hasta antes de este caso viceministro de Gobernación de Jimmy Morales y uno de los artífices del boicot del Gobierno a capturas de la CICIG y el MP por casos de corrupción. Kamilo Rivera está prófugo.

Luego están los antecedentes. Los hechos que se están juzgando, ¿no habían sido ya esclarecidos en un largo proceso de siete años que tuvo lugar en España, un país supuestamente con un sistema de justicia sólido?

Y las pruebas. ¿Se está dando credibilidad al testimonio de peligrosos secuestradores que incriminan a los funcionarios que los recapturaron?

Y por si todo esto fuera poco, salen a la luz unas grabaciones en las que investigadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que trabaja con CICIG, negociaban en 2013 un trato favorable con uno de los testigos del caso.

Al mismo tiempo, este, como otras acusaciones de la CICIG, es un caso con fundamento. Se ha trabajado durante años y se ha elaborado una teoría congruente sobre las tres muertes. Se han localizado y convencido para que declaren a testigos que sufrieron atentados y temen por su vida. Se ha investigado la muerte no sólo de delincuentes fugados de un penal, si no de un joven albañil hondureño que, aparentemente, solo tuvo la mala fortuna de estar en el lugar equivocado. Quizás, el juicio se celebra y los acusados son absueltos, pero el MP, por medio de la FECI, y la CICIG consideran que sí hay elementos para que ese proceso ocurra.

Durante seis días, la juez Claudette Domínguez, la misma que dejó el libertad al militar Erick Melgar Padilla con el argumento de que era un juez militar (algo que no estipula la ley), escuchó a las partes defender y atacar la necesidad de que se procese a los acusados. Estos son algunos de los principales argumentos que se escucharon en la sala de audiencias.

Tres a favor y tres en contra.

1.El tema de la doble persecución

La defensa de Carlos Vielmann la lidera Antonio Morales Velasco, un abogado que sostiene que el exministro no puede ser procesado en Guatemala porque ya fue juzgado y absuelto en España por el asesinato de algunos de los reos que se fugaron de El Infiernito en 2005. Morales Velasco admite que en este caso las víctimas son diferentes, que son otros de los huidos, pero considera que eso es irrelevante. A Vielmann no se le sindica de participar directamente en las muertes, sino de ser su autor intelectual. Es decir, Vielmann no está más involucrado en uno de los asesinatos que en otro. Su supuesta participación consistió en ordenar o permitir la existencia de un plan ilegal para matarlos a todos en vez de capturarlos. La justicia española concluyó que no había elementos para pensar que el exministro sabía que los reos iban a ser asesinados.

Dado que el propósito de un nuevo juicio Guatemala, sería precisamente probar que Vielmann ordenó o permitió la existencia de ese plan ilegal, se le estaría juzgando dos veces con el mismo objetivo. “Lo relevante aquí no son los fallecidos, si no la creación de la estructura que los mató”, dijo el abogado Morales Velasco durante su alegato. CICIG y FECI, razonó el abogado, pudieron añadir al caso en Madrid las tres nuevas muertes y las torturas que ahora se le atribuyen Vielmann, pero no lo hicieron. Convertir esos hechos en un nuevo proceso, es violar el derecho humano a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

Para el MP y la CICIG, en cambio, el razonamiento es simple: en España Vielmann fue juzgado por la ejecución de tres fugados de El Infiernito: Edwin Santacruz, Juan Morales Blanco y José María Maldonado Sosa. Enfrentó un juicio por estos tres asesinatos y fue absuelto. Ahora se le quiere procesar por la ejecución extrajudicial de otras tres personas: dos de los prófugos (Hugo Humberto Ruiz Fuentes y Douglas Arauz) y un joven que no huía pero que presenció una de las ejecuciones (Adonis Murillo). Además, el exministro enfrenta cuatro acusaciones de tortura. Todas las víctimas son distintas. ¿Dónde está la doble persecución?, se pregunta CICIG. Si los nuevo delitos no se llevaron a España, es porque la investigación no estuvo lista hasta ahora.

De hecho, aún quedan otros dos asesinatos de fugados de El Infiernito (el caso conocido como La Gomera) y estos hechos aún se están esclareciendo. Vielmann, en esa lógica, podría ser llevado ante la justicia una tercera vez y no habría doble persecución porque todas las víctimas diferentes.

2. Un caso hecho con testimonios

Los abogados defensores de los acusados han repetido una y otra vez que en el proceso no hay evidencia científica, que todo está basado en los recuerdos contradictorios de algunas personas. No hay informes forenses que descarten que las heridas que causaron a la muerte a los tres fallecidos pudieron ocurrir en un enfrentamiento o que señalen que fueron ejecuciones extrajudiciales. No hay informes balísticos que identifiquen las armas que se usaron en las escenas de los crímenes. No hay reportes que asocien esas armas con la identidad de quienes las tenían asignadas. No hay constancia oficial de que los acusados estaban trabajando en el día de los hechos ni qué tareas llevaban a cabo. En el caso de la muerte del prófugo Ruiz Fuentes, FECI y CICIG no han podido determinar quiénes exactamente lo capturaron, llevaron a Barberena y después asesinaron. En el caso Douglas Arauz, no se puede identificar con precisión quién jaló el gatillo y quiénes estaban presentes en el lugar de la zona 5 donde murió. Este proceso está construído con palabras, y las palabras las pronuncian personas, casi 40 policías y 4 secuestradores, que pueden equivocarse o mentir por venganza o para obtener beneficios para sí mismos o las personas que quieren o para encubrir su propia participación en los hechos. ¿Puede construirse un caso así? ¿Puede arruinarse la reputación de alguien y enviarle a prisión preventiva con estos argumentos? Para los abogados defensores, la respuesta es no.

CICIG y FECI no niegan los vacíos de la investigación, pero prefieren centrarse en el fondo del asunto. Los reos que se fugaron murieron, es un hecho y nadie les vio empuñando un arma o resistiéndose a la detención. Fueron capturados gracias a informantes que los delataron y cobraron Q50 mil a cambio, algo de lo que sí hay prueba. Cuando grupos numerosos de hombres armados con fusiles de asalto llegaron por ellos, los prófugos simplemente se entregaron. No tenían escapatoria. Después fueron trasladados a otro lugar, asesinados y se les plantaron armas que pertenecían a personas muertas o desaparecidas.

Los dos casos que ahora se juzgan siguen el mismo patrón que las otras tres muertes juzgadas en España. En todas sucedió lo mismo. Es cierto que las pruebas son básicamente testimoniales, pero debe tenerse en cuenta, razonan CIGIG y FECI, que este es un caso de ejecuciones extrajudiciales y estos son especialmente complejos. Quienes cometieron los delitos contaban con todo el poder del Estado para encubrir su participación. Llevaban pasamontañas para no ser identificados. Ni sus armas o vehículos estaban registrados. Sus operaciones no se documentaban o los documentos se destruyeron. No hay informes forenses detallados, ni reportes policiales ni diligencias fiscales porque nadie hacía su trabajo. Todos encubrían a la estructura criminal. ¿Cómo reconstruir los hechos si no es utilizando testimonios? No es claro quién cometió exactamente los crímenes, pero sí que los acusados, al menos, colaboraron para que ocurrieran.

3.La supuesta estructura paralela en el Ministerio de Gobernación

En las audiencias del caso, los abogados defensores han promovido un debate clave: Cuando una institución del Estado es acusada de cometer delitos, ¿en qué punto lo normal se convierte en un indicio de lo criminal? Cuando se produce una fuga de reos condenados por delitos graves, es normal que las autoridades del Ministerio de Gobernación se preocupen, se reúnan, se aprueben planes, se formen grupos policiales especiales y se les asignen vehículos y fondos. Que un ministro participe en una reunión en la que es lógico que tome parte por el cargo que ocupa, ¿puede verse como un indicio de que es parte en una conspiración criminal?

¿Puede un fiscal usar ese hecho como prueba en su contra? Es habitual que ciertas unidades de las policías no utilicen uniformes o que a veces oculten sus rostros con pasamontañas por los riesgos que enfrentan. ¿Es razonable que eso se convierta en prueba de que esas unidades son escuadrones de la muerte? Es cierto que el especialista venezolano Víctor Rivera participó en el plan para recapturar a los reos fugados. Pero él ni fue contratado por Vielmann (trabajaba en el Ministerio desde el gobierno de Álvaro Arzú) ni operaba bajo sus órdenes. Dirigía una unidad que apoyaba al Servicio de Investigación Criminal en casos de secuestro, y todos sus hombres procedían de la PNC. El grupo de Rivera no era clandestino o secreto, todos los conocían. Y dado que muchos de los fugados de El Infiernito eran secuestradores y habían sido encarcelados por Rivera, ¿no era normal que él colaborara en su captura?

La visión de FECI y CICIG es diferente. En su acusación, hubo un plan oficial para recapturar los reos, y eso es normal. Pero ese plan, en realidad, solo existía sobre el papel, como una forma de encubrir la actuación de un grupo clandestino. Los agentes asignados al plan oficial tenían que localizar a los reos, pero no se esperaba que ellos los capturaran. Tenían que informar de todos sus avances a Victor Rivera y eran los hombres de su unidad los encargados de las detenciones.

Eso no era normal, porque la unidad de Rivera, en teoría, no hacía operativos: hacía inteligencia y negociaba en casos de secuestros, siempre siguiendo órdenes de policías o fiscales. Si algunos de los fugados no fueron asesinados, como Julio Oswaldo García Palacios, alias El Gato, fue precisamente porque los agentes del plan oficial se saltaron el procedimiento ilegal: actuaron conforme a la ley y solicitaron una orden judicial y llamaron al Ministerio Público antes de su captura. Su hubiesen seguido las órdenes, habrían llamado a Rivera y entonces hubiesen entrado en acción los hombres encapuchados. Y cuando ellos aparecían los prófugos no regresaban a prisión. Así sucedió en al menos cinco casos.

¿Cómo estar seguro que Vielmann conocía las órdenes reales? Para Feci y CICIG sí lo hacía. Una testigo, una agente de la PNC llamada Mirna Jeanette Flores Flores, lo afirma. También consideran una evidencia el hecho de que Vielmann estuvo presente en reuniones en las que quién daba las instrucciones era Víctor Rivera y no los mandos policiales. Si Vielmann sabía que Rivera estaba a cargo, sabía que algo no habitual estaba sucediendo, que lo normal, se estaba volviendo criminal.

¿Qué argumentos pesarán más? ¿Los de la defensa o los de la acusación? Ahora, la juez Claudette Domínguez es quién tiene la palabra. Este lunes decidirá quiénes de los acusados serán enviados a juicio o quiénes son dejados en libertad.

Lea también: El primer autogol ético del proyecto MP-CICIG (y la falta de una respuesta contundente), por Martín Rodríguez Pellecer