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El ajedrez judicial favorece a Sandra Torres, un analista cuestiona si es honorable la candidatura

La Corte de Constitucionalidad le dio tiempo a Sandra Torres. El fallo le otorgó el amparo al MP y la CICIG con una resolución que no afecta su candidatura presidencial. Para un analista, hay antecedentes donde la honorabilidad pesó para que el TSE no permitiera inscripciones.

Entender la política CC CICIG CSJ Elecciones Guatemala 2019 mp P369 Sandra Torres

Sandra Torres, en campaña.

Foto: Carlos Sebastián

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El caso de financiamiento electoral ilícito

La FECI pidió el retiro de la inmunidad de Torres para investigarla y poder iniciar un proceso penal en su contra por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no declarado.

Según los indicios de la investigación de la FECI y la CICIG, omitió declarar Q19 millones en su campaña presidencial de 2015 (unos US$2.5 millones).

Aquí está el contexto: Así operó la estructura que financió parte de la campaña de Sandra Torres en 2015

El caso contra Sandra Torres involucraba también a otros diputados de la UNE y dos alcaldes del departamento de Quiché y estaba listo mucho antes de febrero. El expediente completo fue presentado a la fiscal general Consuelo Porras el 11 de octubre, cuando Sandra Torres todavía no gozaba de inmunidad política.

Pero la fiscal Porras se tardó cuatro meses en trasladar el expediente a la Corte Suprema de Justicia, justo después de que Sandra Torres recibió sus credenciales para participar en las elecciones presidenciales.

Este es el curso que ha tenido:

• El 6 de febrero Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI),  presentó una solicitud de antejuicio contra Sandra Torres, candidata presidencial del partido UNE.

• El 27 de febrero los magistrados de la CSJ decidieron rechazar sin conocer la solicitud del MP y la CICIG para el retiro del antejuicio a Torres para investigarla por los posibles delitos de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Con el argumento de que el caso carecía de elementos de razonabilidad, la Corte Suprema decidió rechazar in limine la solicitud. Eso quiere decir que la CSJ rechazó sin ni siquiera entrar a conocer el caso antes de rechazar quitarle la inmunidad, a pesar de que el expediente presentado por el MP y CICIG contenía indicios como audios, testimonios y facturas. La decisión de la CSJ dejó el caso en el aire e impidió que la FECI continuara con la investigación.

Posteriormente se filtró el audio de una conversación entre Sandra Torres y Gustavo Alejos sobre la captación de fondos para la campaña electoral en 2015 que nunca fueron registrados.

• El 3 de abril el MP y la CICIG presentaron ante la Corte de Constitucionalidad un amparo contra el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

• Y el pasado 17 de mayo la Corte de Constitucionalidad resolvió a favor del MP y la CICIG. La decisión pareciera favorecer a Sandra Torres. Pospusieron dos semanas más la discusión sobre el expediente contra la candidata de la UNE. La CC mantendrá en sus manos el expediente mientras resuelve en definitiva otros amparos que tienen pendientes por el mismo acto reclamado.

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El escenario que sigue

Lo único que hizo la CC es dejar en suspenso el proceso contra la abanderada de la UNE. No afecta su participación electoral y puede seguir haciendo campaña.

El expediente queda en la CC. La FECI esperaba que la CC ordenara a la Corte Suprema para que le diera trámite a la solicitud de retiro de antejuicio contra Torres, sin embargo, no fue así.

La CC tiene que resolver en definitiva y para esto no hay plazo; además, aún están sin resolverse acciones de amparo que interpusieron diputados de la UNE señalados en este mismo proceso, quienes argumentaron que hubo violaciones a sus derechos constitucionales.

A diferencia de lo resuelto con Zury Ríos y Thelma Aldana, quienes han dado fuera de la contienda electoral, en el caso de Sandra Torres, su candidatura no tiene ningún riesgo. Lo que sigue en materia judicial es un proceso largo que no interfiere en las elecciones. Incluso, si la candidata de la UNE fuera electa presidenta conservaría su inmunidad.

Edgar Ortiz, analista político independiente, explica que el amparo provisional del pasado viernes es una medida de urgencia, y que realmente lo que está en juego es el tiempo.

El analista Ortiz aclara que el tema de la CC no es en contra de Sandra Torres per se, sino que es en contra de la CSJ y su decisión de rechazar la solicitud de antejuicio sin conocer el caso donde se acusa a Sandra Torres.

Será hasta que la CC resuelva en definitiva el amparo del MP y la CICIG y los amparos de los diputados cuando el expediente se traslade de nuevo a la CSJ y vuelva a comenzar el trámite. Si eso ocurre, pasará un largo tiempo para que avance el proceso.

—En ese momento la Corte Suprema tendría que iniciar las diligencias de antejuicio. Significa que tiene que abrir un proceso, que no es un juicio penal, sino simplemente el antejuicio donde se escuchará al MP para que presenten los indicios del caso—, explica el analista Ortiz.

Con los indicios el MP tiene que mostrar que no se trata de un caso espurio ni político contra Sandra Torres, sino que se trata de una investigación fundada, para que el pleno de la CSJ decida por mayoría si recomienda o no quitarle la inmunidad a Torres.

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¿Qué pasa si la CSJ resuelve no quitarle la inmunidad?

Si los magistrados de la CSJ, después de conocer los indicios que fundamentan la solicitud de antejuicio, deciden no quitarle la inmunidad de Torres, el MP puede apelar con otro amparo. El problema sería el momento político.

—Puede ser que como son unos “vendidos”, que la mayoría del pleno decida no quitarle la inmunidad después de analizar el caso. El MP podría presentar otro amparo, pero sería complicado (recuerda la demora del antejuicio contra Alejos, un año en la Corte Suprema y al final dijeron que no). Imaginate, sería un año si esto es el escenario. Si Sandra Torres gana las elecciones, toma posesión. Entonces ya es una presidenta, ya no le correspondería a la Corte Suprema decidir si le quitan o no la inmunidad, sino al Congreso—, añade el analista.

Ortiz agrega que en este escenario el equipo de abogados de la candidata presentaría varios recursos para alargar el proceso y asegurarse que el caso no se resuelva antes de que Torres llegue a la presidencia.

—Si ella mantiene esto atascado en los tribunales y gana la presidencia, puede alegar en enero que el caso está en la Corte Suprema, pero la ley dice que a los presidentes quien le corresponde quitar el antejuicio es el Congreso. Y esto en el Congreso nunca va a pasar con su bancada. Allí se muere—, dice.

—¿Qué pasa si Sandra Torres pierde las elecciones?
—La cosa sería totalmente diferente. Si pierde las elecciones, ya no tiene antejuicio y es un ciudadana común y corriente. Por eso está apostando a que gana y a que el caso lo duerme la corte—, dice el analista Ortiz.

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Sobre la honorabilidad

Hay un escenario que le llama la atención al analista Ortiz, y que asegura está siendo ignorado todavía. Se trata de casos precedentes, recientes y de las elecciones anteriores, donde el Tribunal Suprema Electoral ha decidido excluir a postulantes de las candidaturas presidenciales por la falta de honorabilidad.

—Es complicado pero es un requisito que está en la Constitución y al final tuvo resultados. La Corte tomó un criterio en 2015 de que la honorabilidad se exige a todos los funcionarios públicos. Dijeron que gente que tiene acusaciones pendientes no es honorable, y por ende no puede competir. No es un tema de ser culpables o inocentes.

Hay dos ejemplos en 2015 cuando el TSE canceló las inscripciones del expresidente del Congreso y diputado por el Partido Patriota, Gudy Rivera, y Mirza Arriaga, diputada por el partido Líder después de que la CSJ dio trámite a un antejuicio en su contra.

—En estos dos casos el Tribunal Supremo Electoral decidió no inscribirles, porque una persona que tiene un antejuicio pendiente no es honorable. Ellos impugnaron este criterio, diciendo que eran inocentes, que no habían sido condenados, pero el Tribunal dijo que no era un tema de responsabilidad legal—, recuerda Ortiz.

Otros ejemplos más recientes son los casos de Mauricio Radford, del partido FUERZA y acusado por los delitos de falsedad ideológica y material, y encubrimiento propio; y Mario Estrada, del partido UCN, quien fue capturado en Estados Unidos y acusado por narcotráfico.

Si la CC y el TSE son consistentes con sus fallos anteriores, Ortiz plantea la posibilidad de que la candidatura de Sandra Torres también pueda ser revocada si la CC otorga el amparo al MP-CICIG.

–Si se admite para su trámite el antejuicio de Sandra Torres, el Tribunal Supremo Electoral debería anular su inscripción también. Lo digo porque sí hay casos similares de 2015 y en estas elecciones también hay gente que tenía antejuicio y no la inscribieron ni para el legislativo. Entonces, por lo menos hay que tener la discusión legal y ver si no se cae la candidatura de Sandra Torres—, dijo.

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COMENTARIOS

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    Adolfo Recinos /

    20/05/2019 1:24 PM

    "explica el analista Ortis", vamos Nómada, parecen del Telediario del 3.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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