El Cacif invirtió Q1 millón en lobby en Washington; asegura que no es contra la CICIG

Así como en Guatemala sus agremiados financian campañas electorales (de manera legal o ilegal) para influir en la política, en Estados Unidos, el Cacif usa mecanismos para hacerse escuchar con congresistas y senadores en Washington, el epicentro de la política estadounidense.

El Consejo de Negocios Estados Unidos–Guatemala o US Guatemala Business Council, es la oficina del Comité Coordinador de Cámaras Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) en Washington. El 20 de abril de 2018 fue inaugurado por el entonces presidente de la gremial de empresarios, Antonio Malouf.

La presentaron como un “puente” para fortalecer las relaciones económicas entre ambos países, y para lograrlo pagaron a dos firmas de lobistas (cabilderos) para tener acceso a funcionarios del Senado y el Congreso, y buscar acuerdos a puertas cerradas.

Aquí puede descargarse uno de los documentos de registro del lobby.

Su intención, describen en su página web, es ganar influencia en temas económicos, de inversión y lucha contra la corrupción. También dicen que les interesa cabildear por la creación de empleos, reducción de migración, pobreza y desnutrición crónica.

Erick Stewart, quien fue nombrado director ejecutivo, además es socio de la firma de lobistas Williams and Jensen, y tiene como clientes a otros ocho grupos de empresarios de México, Lituania o Polonia; trabajó en el Departamento de Comercio y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Edgar Villanueva es el director ejecutivo de parte de Guatemala. Es un diplomático de carrera guatemalteco y llegó a ser el ministro consejero de la embajada de Guatemala en Washington, el número dos.

Informes en el Senado de los Estados Unidos detallan que en abril y junio de este año, esta oficina del Cacif pagó $135 mil a dos firmas de lobistas, una práctica común en Washington. En este enlace se pueden descargar los reportes: https://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=processSearchCriteria

En los documentos públicos de esa transacción, la firma registró que el cabildeo es para promover la relación económica entre ambos países y para discutir asuntos relacionados con la asignación del presupuesto para el 2019 del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados.

En la propuesta de presupuesto que Donald Trump presentó al Congreso de Estados Unidos, le asigna US$ 41.86 mil millones al Departamento de Estado, un 22.7% menos en comparación con el 2018.

El Cacif también contrató a la firma William Hilleary, un expolítico republicano y excongresista (1995-2003), para cabildear los mismos temas.

En Washington, el trabajo de los lobistas, los grupos de presión que buscan influenciar la administración de Donald Trump han aumentado desde que tomó posesión. Una investigación de Washington Post reveló que la oficina del vicepresidente Mike Pece se convirtió en un nuevo punto de entrada para las firmas de lobby, a niveles exponenciales: 236 lobistas reportaron contacto con el vicepresidente Pence durante 2017; su antecesor, Joe Biden, recibió a 120 lobistas en ocho años.

La senadora demócrata de Massachussets quiere cambiar esta dinámica y hacer los procesos más transparentes. En agosto, Elizabeth Warren presentó una propuesta de ley anticorrupción que ha sido calificada de “agresiva”, porque entre otras cosas, busca prohibir a los exfuncionarios que sean contratados por grupos de lobby o que estadounidenses hagan lobby para países o empresas extranjeras.

Warren, quien ha hecho carrera desde posiciones muy progresistas, anunció su propuesta en una conferencia. La resumió el medio de análisis Politico.com:

“Nuestra crisis de confianza en el Gobierno se reduce a un hecho simple: Los ciudadanos no confían en que el Gobierno hará bien las cosas porque creen que el Gobierno trabaja para los ricos, los poderosos y los bien-conectados y no para el pueblo de Estados Unidos. Y aquí está el problema: tienen razón”.

Los documentos públicos de este tipo de transacciones reportan aspectos generales del contrato y los lobistas no están obligados por la ley a declarar los detalles y resultados de sus influencias.

El Cacif, en conferencia, en 2015.

El silencio del Cacif y el contenido de los cabildeos

Para abordar el alcance de estos contratos, se solicitó una entrevista con el presidente o alguno de los directivos del Cacif. La comunicadora Lesly Véliz dijo que la agenda de los directores les impedía dar una entrevista.

Un ex directivo del gremio de empresarios dijo fuera de grabación que el consenso entre las cámaras para contratar los servicios de cabildeo fue “no mencionar” a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Esto es poco probable, pues la CICIG es el epicentro de la lucha contra la corrupción en Guatemala y ha incluido a decenas de empresarios entre sus acusados de financiamiento electoral ilícito o sobornos a funcionarios.

De hecho, una fundación que trabaja en Washington confió a Nómada que recibió dos visitas del US-Guatemala Business Council. Accedieron a compartir su contenido bajo condición de anonimato:

– En la primera reunión me hablaron de manera muy crítica de la CICIG. En la segunda ya se moderaron y nos dijeron que ellos sí apoyaban a la CICIG y que solo habían sido eran empresarios particulares quienes habían invertido fondos en desprestigiar a la CICIG por el caso de los Bitkov.

El caso Bitkov es uno de una familia rusa que compró pasaportes falsos guatemaltecos y cuando el MP y la CICIG capturaron y acusaron a la estructura de pasaportes ilegales, ellos también fueron condenados. Después fueron apoyados por el magnate Bill Bowler en su campaña contra el presidente ruso Vladímir Putin, y acusó a la CICIG de ser financiada y manipulada por el Kremlin, algo evidentemente falso pero que sirvió para minar el apoyo de senadores y congresistas republicanos a la CICIG.

Edgar Villanueva, director ejecutivo del US–Guatemala Business Council, rechazó que hayan hecho campaña contra la CICIG:

– La agenda del US-Guatemala Business Council se enfoca estrictamente en temas que permitan mejorar el clima de negocios, el crecimiento económico y el fortalecimiento de la relación entre Guatemala y Estados Unidos. Dicha iniciativa valora la lucha contra la corrupción al ser parte importante de esa agenda de mejoramiento del clima de negocios por lo que hemos pedido que ambos gobiernos sigan colaborando para fortalecerla. Rechazamos cualquier afirmación sobre gestiones en contra de CICIG, pues no es parte de nuestra misión ni de nuestros objetivos.

En Guatemala, en cambio, el Cacif y la Cámara de Industria no solo no emitieron ninguna crítica ante la decisión del presidente Jimmy Morales de anunciar el fin de la CICIG en septiembre de 2019, sino que fueron uno de los escasos actores políticos que tampoco condenó la intimidación contra la Comisión el 31 de agosto con carros artillados de Gobernación. En estas últimas dos semanas de giros autoritarios por parte del presidente Jimmy Morales, los directivos del Cacif lo han continuado invitándolo a inauguraciones y el presidente de la gremial de exportadores, Agexport, Antonio Malouf, ha defendido esta posición en Twitter con una frase: “Cuando toca, toca”.

Esta semana, cuando el presidente Jimmy Morales desacató la orden de la Corte de Constitucionalidad de permitir el regreso del comisionado Iván Velásquez al país, el Cacif es una de las instituciones que no ha emitido comentarios críticos con el Gobierno.

Max Quirín y al fondo, Julio Suárez. Ambos acusados en el caso IGSS-Pisa

Decenas de agremiados al Cacif, acusados

Estos silencios puede deberse a la gran cantidad de sus agremiados acusados por la CICIG o por el MP.

La lista empieza en mayo de 2015 con la captura de Max Quirín, expresidente de Anacafé, por el caso IGSS-Pisa. A Quirín, quien era directivo del Seguro Social, se le acusa, junto a otras 16 personas, de no haber sido un contrapeso para evitar que por un soborno de Q18 millones ($2.4 millones), se entregara un contrato de diálisis a una empresa prácticamente de cartón. La Junta Directiva no está acusada de haber recibido ningún centavo de este negocio que costó la vida de más de 50 pacientes. Por retardos maliciosos de la defensa de algunos de los acusados (como el militar retirado Juan de Dios Rodríguez) y porque el anterior juez que llevaba el caso se inhibió de conocerlo en la penúltima audiencia, tres años después todavía está pendiente de una sentencia. Los defensores de Quirín cuestionan que haya pasado tres años en prisión preventiva cuando la pena del delito –si es encontrado culpable– podría ser de esa cantidad de tiempo.

Los casos continuaron en 2016 con las capturas de decenas de empresarios descubiertos en el financiamiento ilegal al Partido Patriota por medio de Roxana Baldetti en 2011. Encabezaron la lista el expresidente de la Cámara de Construcción Eduardo Mayorga y miembros prominentes de la Cámara de Finanzas. También se acusó al gerente general de la telefónica Claro o de la minera Montana Exploradora. Estas empresas también están asociadas a la Gremial de Telecomunicaciones y a la Gremial de Industrias Extractivas.

Continuó en 2017 con grandes constructores que dieron sobornos al exministro Alejandro Sinibaldi entre 2012 y 2015.

Este año se incluyó en el caso a José González Campo, quien presidió también la Cámara de la Construcción y fue presidente del mismo Cacif en 2016, el año en que la patronal se opuso a las reformas constitucionales para el sector justicia que promovían el MP y la CICIG.

En agosto de 2018, como parte del caso Construcción y Corrupción 2, se le citó a una primera declaración sobre financiamiento electoral ilícito.

En la primera fase de ese caso nueve empresarios que se declararon culpables y fueron condenados a cinco años de prisión conmutables y pago de multas entres los Q500 mil y Q100 mil. Entre ellos estaban Álvaro Mayorga, José Luis Agüero, Rafael Ángel Díaz Fion, Juan Luis Tejada Argueta, Allen Robert Krebs Wickfors y Pedro Luis Rocco Arrivillaga.

En 2018, el turno llegó para quienes están acusados de financiar de manera ilícita la campaña electoral de Jimmy Morales y FCN en 2015. Entre ellos los grandes empresarios Felipe Bosch, Guillermo Castillo, José Miguel Torrebiarte, Fraterno Vila y Salvador Paiz. Todos son parte de las mayores corporaciones del país y eran de la directiva de Fundesa, el think tank del sector privado organizado. Todos ofrecieron disculpas públicas por el financiamiento electoral ilícito, pero solo Salvador Paiz se abstuvo de contradecir la acusación del MP y la CICIG en las audiencias.

Los empresarios que financiaron ilegalmente a Jimmy Morales: Stefano Olivero, Felipe Bosch, Salvador Paiz, Guillermo Castillo, Herbert González y Fraterno Vila.

Los casos no se limitan a financiamiento electoral ilícito.

Otro de los empresarios acusados ha sido Luis Fernando Leal, CEO del Grupo Magdalena y parte de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua). Fue capturado la mañana del 25 de enero. El MP y la CICIG lo acusaron de sobornos para trámites de impuestos.

Por ese mismo caso fueron detenidos, Hugo Alberto y Juan Milton Molina Botrán, quienes dirigen la palmera más grande del país, REPSA, del Grupo HAME y fueron ligados a proceso por sobornos y defraudación tributaria. Según el Ministerio Público, para agilizar el pago del crédito fiscal, hicieron pagos al exvicepresidenciable de la UNE Mario Leal Castillo y al tramitador Giovanni Marroquín para acelerar los trámites en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). El mecanismo utilizado era poner amparos para dar apariencia de legalidad a los trámites que apuraban las devoluciones fiscales.

Eso sí, ha habido voces críticas dentro del mismo Cacif por esta cantidad de acusados de corrupción. En 2016, la directora de la Cámara del Agro, Carla Caballeros, aplaudió que se persiguiera casos de corrupción en la construcción de obras públicas, que restan competitividad a su sector. Aquí, la entrevista: “Ser parte de Cacif no te hace inmaculado”.

650 acusados en 4 años (que no son empresarios)

Las acusaciones del MP y la CICIG no se han limitado a empresarios. En los últimos 4 años van más de 650 acusaciones, especialmente contra estructuras de contrabando, funcionarios públicos del gobierno del Partido Patriota, exdiputados e integrantes del partido Líder de Manuel Baldizón, el gabinete completo del gobierno de Álvaro Colom (UNE), funcionarios de la municipalidad del exalcalde Álvaro Arzú (Unionista), líderes de partidos que podrían cobijar la candidatura presidencial de Thelma Aldana (Encuentro por Guatemala y Semilla), jueces, militares, dueños de medios de comunicación, abogados y ciudadanos que han sido beneficiarios del sistema de corrupción e impunidad.

El comisionado Iván Velásquez, que dirige la CICIG desde finales de 2014, redirigió la estrategia de la Comisión no solo hacia las estructuras paralelas que producen impunidad, sino hacia las estructuras que las proveen de financiamiento (que después usan para comprar jueces o crear estructuras que impiden la justicia).

Encontró que ha habido dos fuentes principales de estos fondos: el contrabando aduanero y el financiamiento electoral ilícito.