El Congreso le dio un golpe bajo a los que sí pagan sus impuestos

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El Congreso se tardó dos años en cocinar, perfeccionar y aprobar una ley que se adecúa perfectamente a los intereses de quienes incumplen con el pago de impuestos, los ganaderos y los empresarios agrícolas.

Cuando a los diputados les interesa aprobar una ley, trabajan por jornadas largas. Eso fue lo que ocurrió el martes en una sesión que se extendió hasta las 18:30 horas. El tablero electrónico que registra la cantidad de diputados presentes en el pleno no bajó de 80 y por un momento se elevó hasta más de 100.

Cuando tocaron uno de los últimos puntos de su agenda, había 97 diputados presentes. 87 de ellos votaron para aprobar el decreto 7-2019, Ley de simplificación, actualización e incorporación tributaria, que crea un régimen especial para los contribuyentes agropecuarios.

Una nueva normativa que fue como un regalo de esta legislatura para sectores empresariales morosos, incumplidos y evasores de impuestos.

La iniciativa 5246 no es nueva. Fue presentada en febrero de 2017 por los diputados Carlos Enrique Chavarría Pérez (de CREO), José Arturo Martínez (de TODOS) y Marco Aurelio Pineda (de FCN). El documento fue una versión menos descarada de legislar a favor del sector agro y ganadero, ya que cuatro meses antes diputados del PP y del oficialismo intentaron sin éxito, impulsar una “Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería”.

Una ley que exonera al sector ganadero del pago de IVA, ISR y cualquier otro impuesto o arancel relacionado con la importación de maquinaria; y que fijaba un impuesto único del 1% sobre las ventas.

Expertos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio y el Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (IDIES) expresaron su rechazo a la 5246 por ser una ley que otorgaría privilegios a ciertas actividades económicas y sectores.

La iniciativa se vendió como una forma de permitir que determinados grupos se sumen al sistema tributario, de ahí el por qué del concepto “incorporación tributaria”. Sin embargo, también implicaba que no fueran sancionados por no estar en el cumplimiento.

—Cuando SAT e ICEFI promovieron y se aprobó el acceso a la información bancaria para fines de control y fiscalización, algunos grupos especialmente agricultores y ganaderos que manejan grandes cantidades de dinero se dieron cuenta que si ellos no reportaban podrían ser considerados lavadores de dinero, podrían ser considerados delincuentes porque la entidad recaudadora podría ver sus cuentas, explica el analista Abelardo Medina.

El hecho de que se le diera luz verde a la SAT para indagar en las cuentas bancarias de los contribuyentes, encendió las alarmas en quienes han evadido impuestos por años. Eso explica por qué algunos diputados, entre los cuales hay varios ganaderos, se acercaron para promover la aprobación una ley que los sacara de apuros: que a los ganaderos y gente del ámbito agropecuario (ganado, cultivos, café, cardamomo, etcétera) siempre y cuando tengan ingresos menores Q3 millones al año paguen el 5 por ciento en impuestos. Lo mismo que declara un pequeño contribuyente, con ingresos mucho menores.

Es ahí, desde el primer artículo de la ley cuando empiezan las inconsistencias y anomalías.

1. Una ventaja inconstitucional

Las voces a favor de otorgar estos privilegios argumentan que será positiva la incorporación de nuevos contribuyentes que, por ahora, están fuera del sistema tributario. Sin embargo, dos principios constitucionales resultan violados a partir de esta nueva ley: la justicia y la equidad.

El artículo 243 de la Constitución Política de la República establece que:

“El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago”.

Ese principio se resume en: mientras más tengo, más pago.

El artículo 8 también es otro descuentazo.

Los pequeños contribuyentes, cuyos ingresos no superan los Q150 mil, declaran el 5 por ciento de sus ingresos, cada mes. Esta ley le da a los ganaderos y empresarios del agro la oportunidad de declarar ese mismo porcentaje por ingresos de hasta Q3 millones.

El artículo 8 de la ley ordena que a partir del 1 de de marzo de 2020, la SAT deberá poner a disposición de los contribuyentes una plataforma electrónica especial de régimen de contribuyente agropecuario.

“Los contribuyentes que soliciten su incorporación a este régimen, en todas sus ventas, están obligados a emitir factura electrónica y estarán afectos a un tipo impositivo reducido del 4 por ciento”, dice el artículo.

Básicamente hay un bonus: si ellos se califican al régimen de facturación electrónica- es decir, que emitan facturas de manera electrónica- entonces no tendrán que pagar el 5 por ciento, sino el 4. Esta es una ventaja que no se otorga a ningún otro comerciante, contribuyente o empresario.

2. La palabra escondida: amnistía

En ninguna parte del documento de 15 páginas aparece la palabra “amnistía”. Sin embargo, el concepto está inmerso en el fondo de esta ley.

“La ley permite la regularización de adeudos tributarios ante la Administración Tributaria, ya sea mediante la rectificación de declaraciones o bien por presentación extemporánea de las mismas”, así empieza el segundo párrafo del primer artículo.

Esa parte simplifica uno de los objetivos de la ley: otorgar una amnistía. Incluso, unas líneas más adelante, se lee: “las disposiciones del presente decreto aplican a procesos de verificación, al cumplimiento de obligaciones tributarias que se tramitan ante las distintas dependencias de la SAT, así como ante las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.

El artículo 10 es aún más complaciente: “el contribuyente que hubiere omitido su declaración o quisiere rectificar, podrá realizar la presentación extemporánea o rectificación de sus declaraciones... aplica también para contribuyentes que ya hubieran sido notificados de alguna audiencia en la fase administrativa o que se encuentren en el proceso contencioso administrativo”.

La redacción técnica resulta confusa pero, en otras palabras, se refiere a que cualquier persona, y esto incluye a todo tipo de personas, que esté atrasada, en deuda, que no haya presentado declaraciones, las puede presentar y salir de problemas.

—Esto quiere decir que si la SAT los está persiguiendo con el simple hecho de pagar ya no tienen ninguna responsabilidad. Además, el artículo 17 autoriza al Presidente emitir el acuerdo para la emisión de exenciones de multas. Cualquiera que tenga un problema puede ir y pagar, sin multas y regulariza su situación. Prácticamente hay dos grandes vectores: crear un sistema tributario para que los agropecuarios y los ganaderos aunque ganen más, paguen menos; y otorgar una amnistía diseñada para todos, sin exclusión, los que tengan problemas con la SAT, explica Abelardo Medina.

Y los regalos continúan:

Desde antes de 2013, la SAT investigó e identificó a personas que exigen el pago de la devolución del crédito fiscal y presentan solicitudes con facturas falsas. Ante estas anomalías, la SAT pedía la corrección del procedimiento y, en última instancia, presentaba denuncias penales contra aquellos que pretendían estafar las arcas públicas de esta forma.

El artículo 11 les cae como anillo al dedo a esas personas.

En palabras simples, permite que aquellos contribuyentes a los que la SAT haya denunciado penalmente por falsificación de facturas, paguen lo que deben pagar, dejando de lado la persecución penal.

3. Una canallada y un golpe a la moral tributaria

Desde 2015, cuando salió a la luz el mayor escándalo de corrupción en la SAT, de una estructura liderada por Otto Pérez Molina y que se dedicaba a defraudar al fisco, los contribuyentes recibieron un golpe duro. Robos de esa magnitud a las arcas públicas debilitan la moral tributaria de los guatemaltecos, los dispuestos a pagar impuestos y cumplir con las obligaciones fiscales.

Pero también es un golpe bajo para un contribuyente puntual y responsable, saber que existen beneficios y privilegios para otros que tienen ingresos mucho mayores o iguales.

Mynor Cabrera, de la Fundación Económica para el Desarrollo, explica que muchos contribuyentes pueden sentirse molestos y traicionados ante un sistema injusto.

—Si le doy un regalo a uno de mis hijos, obviamente los demás también van a querer uno. Entonces otros sectores, ante este tipo de regalos, van a querer beneficios fiscales también, advierte el experto.

La moral tributaria se mantiene elevada en la medida que los contribuyentes perciben que el sistema tributario es justo y mientras se impongan sanciones a quienes no pagan.

Pero el regalo que el Congreso le hizo a ganadores y empresarios agrícolas rompe con estos dos factores.

Entonces los escenarios son múltiples: los que pagan puntualmente se van a molestar, los que evitan tener multas van a perder el temor a atrasarse porque saben que existen formas de resolver estos incumplimientos. Es por eso que, en términos de ingresos tributarios, es incalculable el daño que esta medida puede implicar.

—Existe el riesgo de que si alguien hoy, ya está pagando ciertos impuestos, se puede calificar a este régimen para pagar menos. Sí puede haber un efecto negativo sobre la recaudación pero el Congreso incumplió con pedirle a la SAT un dictamen técnico para calcular los efectos de esta ley para las cifras de recaudación, señala Erick Coyoy, uno de los economistas que en 2017 se presentó ante el Congreso para pedir que la iniciativa fuera retirada.

Los 19 artículos de la ley, con todo y sus 17 enmiendas, se resumen de esta forma: un atentado a la igualdad y a la moral tributaria.

4. Narcoganaderos y evasores históricos

Los ganaderos y empresarios del agro no son precisamente quienes más impuestos pagan. Según las estadísticas tributarias oficiales, de los Q60 mil 600 millones recaudados en 2018, Q2,077 millones ingresaron de la ganadería, agricultura, caza y silvicultura.

Por eso, otorgarles beneficios fiscales parecía una idea escandalosa desde un principio. Desde 2017, cuando la primera versión de esta ley salió a la luz, el ICEFI fue la primera entidad en protestar.

Ricardo Barrientos, analista de este centro de análisis, dijo en una entrevista radial:

“A los ganaderos poco les ha importado el pago de impuestos, la economía formal y han mostrado un menosprecio a lo que dicen las leyes. El gobierno de Otto Pérez Molina les otorgó a los empresarios la amnistía más generosa, los ganaderos no hicieron nada y ahora que la SAT puede comparar qué ponen en sus declaraciones juradas - a través del acceso a sus cuentas- y cuánto les ingresa es donde les preocupa”.

La iniciativa 5246 fue desde el principio bastante criticada. En los pasillos del Congreso y para expertos en la materia es considerada como la ley de los narco ganaderos.

Básicamente se ha señalado como una actividad ligada a tráfico de drogas porque las áreas de pasto son utilizadas para ocultar pistas clandestinas. El economista Ricardo Barrientos lo explicó en una columna titulada Jimmy y sus narcoganaderos, que fue publicada por Plaza Pública. Ahí describe este proyecto de ley como una estrategia de Jimmy Morales, de buscar el respaldo de grupos oscuros a cambio de “ofrecer impunidad a uno de los sectores delincuenciales de cuello blanco más oscuros y agresivos de Guatemala”. La llama “la narcoley”.

Según Mynor Cabrera este sector, lejos de tener beneficios, debería ser uno de los más controlados porque, no solo en Guatemala, estas actividades son consideradas de alto riesgo a facilitar el lavado de dinero.

Es por eso que, en los peores casos, otro de los desaciertos de esta ley fue legalizar las actividades que sirven para lavar dinero y dar apariencia de legalidad a ingresos ilícitos.

En una de las actividades del ENADE 2019, Marvin Flores, integrante de Acción Ciudadana, puso el tema sobre la mesa:

—Lo dicen estudios técnicos del ICEFI, que esa ley es una amnistía tributaria para el tema de los ganaderos y la información que nos pasaron un poco es que corrió dinero a cambio de narcotráfico y lavado de dinero. Si eso es cierto, es delicado. No quiero entrar en discusión sobre ese punto. Yo soy de Oriente y conozco el tema de ganadería y no se vale tener al estado de rodillas.

***

En la sesión del Congreso del martes, los diputados parecían muy determinados y decididos a aprobar este paquete de beneficios. Juan Manuel Giordano, en su calidad de secretario de la Junta Directiva, se paró frente a los 97 diputados presentes y recitaba los artículos de la ley, con tal velocidad que resultaban incomprensibles. A su derecha, Felipe Alejos le pedía acelerar aún más la lectura de la ley.

Uno a uno, Giordano fue leyendo los artículos y las enmiendas, ante el desinterés del resto de diputados que parecían entender su asignación: votar a favor.

En medio de todo este escándalo, los más callados son el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). La normativa recién aprobada pone en una serie de aprietos a la SAT, le asigna nuevas obligaciones para crear controles y regímenes específicos para ganaderos, criadores, vendedores, etcétera.
Aún así, la entidad recaudadora no ha hecho un pronunciamiento público. Su oficina de comunicación informó que deben revisar cómo quedó la redacción y hacer el análisis correspondiente, antes de emitir un comentario.

Al ser consultado, Abel Cruz, jefe de la SAT, se limitó a decir:

—Estoy en Chiquimula en un foro, pero ese tema lo manejó el Ministerio de Finanzas con el Congreso. Yo desconozco lo que aprobaron, estoy a la espera que se publique en el diario oficial para hacer los análisis respectivos, pues SAT dictaminó sobre una iniciativa de 19 artículos pero enmendaron 15, y sin preguntarle a SAT.